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Anuncio uruguayo sobre control de información despierta cuestionamientos

Actualizado el 21 de junio de 2012 a las 12:00 am

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Anuncio uruguayo sobre control de información despierta cuestionamientos

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Montevideo (AFP). El anuncio del gobierno uruguayo de que controlará que los informativos televisivos no emitan imágenes violentas, en el marco de una serie de medidas para combatir la inseguridad, generó ayercuestionamientos desde la oposición y la prensa.

En el documento de 20 páginas en el que explicó las medidas que adoptará para enfrentar la creciente violencia social, el gobierno cuestionó que "la caída de la pobreza, la casi erradicación de la indigencia, el más bajo desempleo de la historia, las mejoras del salario real, etc, nada de esto aparece reflejado con la importancia que tienen en los medios masivos de comunicación".

"No ocurre lo mismo con la crónica roja", señala el texto. En 2006, indica, hubo "algo más de 25.000 segundos por mes dedicados a temas policiales, en mayo del 2011 las noticias policiales ocuparon 35.000 segundos, en tanto en mayo de 2012 fue de más de 50.000".

Según el documento, al mostrar determinadas imágenes "los medios de comunicación, en especial la televisión", terminan muchas veces "exaltando la violencia y estimulando conductas agresivas".

El gobierno sostiene que esto ocurre cuando se maneja la información "de manera irresponsable y sensacionalista" y llamó a "reflexionar" para encontrar un "sano equilibrio entre el derecho de los medios de informar sobre asuntos de interés público con los derechos que tienen las personas ante esos propios medios".

"Esto no implica de ninguna manera la censura, la noticia se puede dar perfectamente pero sin acompañarla de aquellas imágenes que implican un contenido de violencia explícito", aseguró hoy el secretario de la Presidencia Alberto Breccia.

Así, la resolución de modificar un decreto de 1988 que excluye del horario de protección al menor los informativos de televisión y programas periodísticos será implementada "de forma inmediata", dijo Breccia.

Esto implica que se podrá "decir que un funcionario de determinado comercio fue ultimado (...) pero no poder mostrar 42 veces en menos de 24 horas un video que muestra repetidamente la muerte de esa persona", añadió.

En mayo, el gobierno manifestó su malestar por la reiterada difusión televisiva (en 42 oportunidades, según un estudio) del asesinato de un empleado de un bar por parte de un delincuente, grabado por las cámaras de seguridad del comercio.

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Breccia se manifestó además partidario de controlar los comentarios difundidos en los sitios de internet de los medios.

"En esos espacios de comentarios se incurre en agravios absolutamente imperdonables por quienes, escudados en el anonimato, dicen cualquier cosa de cualquier persona. Nosotros entrendemos que eso amerita una regulación", indicó.

Para el senador del opositor Partido Nacional Jorge Larrañaga la regulación de la información sobre hechos de violencia es "un cangrejo debajo de la piedra" en el paquete de medidas para combatir la inseguridad.

Según el legislador, el anuncio es violatorio de la Constitución, "que prohíbe la censura previa de los medios de comunicacion".

"No vamos a poder vivir en una suerte de Gran Hermano. ¿Quién va a ser el censor con respecto a los contenidos de los medios de comunicación?", se preguntó.

El líder del también opositor Partido Colorado, Pedro Bordaberry, manifestó igualmente su preocupación por el intento de "regular el contenido de los noticieros".

"Creo que no es prohibiendo que se informe que se solucionan los problemas", dijo el senador.

Desde la prensa, el gerente periodístico de canal 12, Alfonso Lessa, cuestionó la medida indicando que "acá se quieren censurar cosas. ¿Con qué parámetros?"

"En el mundo, todas las censuras se disfrazan del interés de la gente", dijo al diario El País. "En un principio, parecerían medidas que violan la Constitución porque limitan la información".

A su vez, el semanario Búsqueda cuestionó en su editorial de este jueves que "los gobernantes siguen creyendo en las teorías de que son las noticias las que crean inseguridad y no los delincuentes".

En tanto, el presidente de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), Daniel Lema, dijo a la AFP que "no queda claro bien qué es lo que el gobierno quiere hacer, de qué manera va a aplicarlo".

"Obviamente que defendemos el valor de la libertad de expresión pero tampoco en base a eso nos negamos a que algunas cosas se regulen. En APU tenemos una visión crítica con alguna forma de trabajar del periodismo en cubrir determinados temas de violencia", añadió.

Lema indició que la asociación promueve actualmente un debate entre los periodistas sobre medidas de autorregulación que podrían derivar en un código de ética.

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