"Esto hubiese sido un enorme paso hacia adelante para las víctimas de las atroces violaciones de los derechos humanos cometidos durante la dictadura militar en los años 70 y 80", dijo Guadalupe Marengo, subdirectora del programa Américas de la organización establecida en Londres.
"Los uruguayos han dejado escapar una oportunidad de pasar un página muy difícil suprimiendo una norma que en la práctica pone a los responsables de violaciones de derechos humanos por encima del sistema legal, en violación de los principios de igualdad ante la ley", agregó Marengo en un comunicado.
El proyecto para anular la llamada Ley de Caducidad de 1986, que evitó que se investigaran violaciones de derechos humanos durante la dictadura, fracasó en la madrugada en la Cámara de Diputados, luego de que gobernante Frente Amplio (izquierda) no lograra la mayoría necesaria por la rebeldía de un diputado.
La iniciativa fue impulsada después de que la Suprema Corte de Justicia uruguaya declarara inconstitucional la Ley de Caducidad, y ante una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ordenó a Uruguay investigar y sancionar las desapariciones forzadas.
Amnistía recuerda que siempre se ha opuesto a esta ley, que según la organización es "en la práctica, una amnistía general que durante muchos años ha protegido a presuntos violadores de derechos y va en contra de las obligaciones de Uruguay bajo el derecho internacional".
"Uruguay tiene una obligación moral y legal de proveer justicia a quienes sufrieron torturas y otros abusos, no de proteger a sus torturadores de investigación y juicio", señaló Marengo.
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