Tokio. AFP. La comunidad internacional prometió ayer en Tokio $16.000 millones a Afganistán hasta el 2015 para garantizar la viabilidad de este país, arrasado por 30 años de guerra, cuando se vayan los soldados de la OTAN.
Los donantes también honrarán los compromisos actuales y, de igual modo, se esperan nuevas promesas para el periodo 2015-2024, denominado década de la “transformación del país”.
“La comunidad internacional se ha comprometido a entregar más de $16.000 millones hasta 2015, y seguir ayudando hasta el 2017, a un nivel igual o parecido a las ayudas de la década pasada”, indica la Declaración de Tokio, adoptada al término de la conferencia.
La comunidad internacional ya había prometido $4.100 millones anuales al país solo para gastos de seguridad en una reunión celebrada recientemente en Chicago.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, advirtió entonces a los participantes que si no se invierte en gobernabilidad, justicia, derechos humanos, empleo y progreso social, “las inversiones y sacrificios realizados desde hace diez años podrían verse reducidos a la nada”.
Las autoridades afganas necesitan desesperadamente ayuda de la comunidad internacional para este periodo clave que seguirá a la retirada de las tropas de la Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN) del país para finales de 2014, 13 años después del inicio de la intervención internacional, bajo la égida de Washington, que desalojó a los talibanes del poder.
“Afganistán sigue estando gravemente amenazado por el terrorismo y el extremismo”, advirtió el presidente afgano, Hamid Karzai.
Catorce civiles perdieron la vida ayer en la explosión de dos bombas en la provincia de Kandahar.
Afganistán es muy dependiente de la ayuda exterior, y tras 30 años de conflictos, los casi 30 millones de afganos siguen entre las poblaciones más pobres del planeta.
Sin embargo, los nuevos compromisos asumidos ayer llegan con estrictas condiciones para los afganos, que deberán organizar elecciones transparentes y democráticas en el 2014, respetar los derechos humanos, en particular, los de la mujer, y luchar contra la corrupción endémica de su sector público.