San José, Costa Rica.
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ELECCIONES 98La Nación Digital 
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Razón y valor del quehacer políticoConferencia del Lic. Eduardo Ulibarri, director de La Nación, durante la inauguración del foro "La revalorización del quehacer político". Asamblea Legislativa, San José, 30 de julio de 1997.Desde el acto fundacional que fue el Pacto de concordia, con la certeza que da la costumbre y la sencillez que brota de la seguridad, Costa Rica ha reafirmado esa frase de Aristóteles según la cual "la naturalza arrastra instintivamente a todos los hombres a la asociación política". Mejor aún, lo ha hecho rechazando al mismo Aristóteles que, con visión esclavista, también consideró natural la existencia de "unos seres para mandar y otros para obedecer". Porque si alguna característica ha tenido el quehacer político en nuestro país, ha sido su gran sentido de igualdad posible, su profunda raigambre ciudadana; la cercanía que ha existido entre los conceptos esenciales de la democracia y la práctica cotidiana de la convivencia. El instinto político-democrático nacional ha sido realmente exitoso --incluso sumando sus mayores traumas-- en desarrollar mecanismos de participación y representación popular. A partir de ellos, la legitimidad de la política y de las instituciones mediante las cuales esta se desarrolla ha tendido a ser amplia y estable. La capacidad que ha demostrado la sociedad costarricense para incorporar sectores, absorber tensiones y administrar el cambio solo se puede explicar a partir de este trasfondo. ¿Podemos estar seguros de tan importantes logros? ¿Es lógico dar a nuestra democracia un carácter casi "natural" y, por ello, permamente? ¿Está la legitimidad política grabada en piedra para la eternidad? Un elemental sentido crítico nos impide responder que sí. Y un cúmulo de preocupantes señales nos obliga a responder que no. Cada vez son más diversos y profundos los elementos que sugieren ya no un simple y puntual descontento con políticos o gobiernos, sino un proceso de deterioro profundo de las instituciones políticas esenciales y del capital sin el cual estas pierden todo valor: la credibilidad ciudadana. "La revalorización del quehacer político", tema de la serie de mesas redondas que hoy tengo el honor de prologar, se torna, así, en tarea indispensable. Más aún, acuciante. Porque ese quehacer va camino a la crisis. Dichosamente, la tendencia puede revertirse si, además de una seria reflexión, se acude a una rápida y eficaz acción.
Hace cuatro años, en agosto de 1993, una encuesta de la empresa Unimer determinó que un sólido 84 por ciento de los votantes acudiría a las urnas en febrero siguiente. Hace menos de dos semanas, solo un 47,4 por ciento de los entrevistados manifestó la misma intención. En el primero de esos dos sondeos, apenas un 8 por ciento afirmó no simpatizar con ningún partido político. Hoy esa cifra alcanza el 36 por ciento. Otra consulta de Unimer, precedida por varias sesiones grupales, detectó en mayo de 1995 una gran apatía política. Un 51,7 por ciento de la muestra expresó profunda insatisfacción e incredulidad hacia partidos e instituciones. Y la tendencia a hacer de los políticos blanco de los más gruesos epítetos resurgió con hostilidad inusitada. El panorama no es mejor a escala institucional. Los datos más recientes provienen de una encuesta realizada en junio por el Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO), de la Universidad Nacional. Se preguntó a dos muestras diferentes su confianza en una serie de entidades públicas nacionales. El resultado fue demoledor. Apenas un 6,3 por ciento de las personas de ingreso medio y alto de la Gran Area Metropolitana dijo tener mucha confianza en el Poder Ejecutivo y un 4,6 por ciento en el Legislativo. El Poder Judicial alcanzó el 12,2 por ciento. El resto de los consultados respondió tener poca o ninguna confianza en esas instituciones. En una segunda muestra, constituida por personas de ingreso bajo de la misma zona, el 10,3 por ciento expresó mucha confianza hacia el Ejecutivo y Legislativo, y 19,2 por ciento hacia el Poder Judicial. Es decir, los poderes esenciales del Estado, aquellos que Montesquieu definió como base de la vida política democrática, y que deben legislar, ejecutar o juzgar las decisiones de mayor calado nacional, se encuentran en una profunda crisis de credibilidad. En cambio, instituciones que, como los medios de comunicación o la Defensoría de los Habitantes, de alguna forma se contraponen a esos poderes o refuerzan al ciudadano frente a ellos, reciben un evaluación mucho mejor: 41,3 por ciento de "mucha confianza" para los medios y 33,7 por ciento para la Defensoría en la en los grupos medio y alto, y 54 y 37,6 por ciento, respectivamente, en los de ingresos bajos. (El Tribunal Supremo de Elecciones estuvo muy cerca de la Defensoría). Si a estos datos se suman, por ejemplo, los niveles mínimos de participación en las elecciones estudiantiles universitarias, la obstinada incapacidad de los sindicatos para captar y movilizar afiliados, o el pesimismo generalizado sobre el futuro que a menudo revelan las encuestas, sería suicida concluir que estamos, simplemente, ante fenómenos coyunturales. Al contrario, es mucho más probable que asistamos a un proceso de decepción aguda y deterioro severo. Aparentemente solo está en sus inicios; por ello se puede conjurar sin grandes conmociones, siempre que partamos de una actitud razonablemente crítica y avancemos hacia soluciones profundas. Muchas de ellas no pueden consistir simplemente en tratar de hacer mejor lo que siempre se ha hecho, sino en modificar radicalmente modalidades del quehacer político. Es incluso posible que las reformas más eficaces obliguen a las entidades políticas tradicionales --como los grandes partidos o el Gobierno central--a trasladar mayor poder de decisión hacia otros actores sociales e individuales. Desde el espírutu de reflexión crítica que acabo de recomendar, planteo mi preocupación porque, hasta el momento, es poco lo que los principales sectores políticos costarricenses se han preocupado por el asunto. Salvo contadas excepciones, como este esfuerzo que hoy se inicia, ha sucedido lo contrario. A veces pareciera como si, producto de un proceso de extrañamiento psicológico y distanciamiento con respecto a la sociedad de hoy, muchos de nuestros líderes no hubieran reparado en el problema. Quizá, de haberlo hecho, desdeñen su profundidad, o se limiten a atribuir sus causas a chivos expiatorios supuestamente inconscientes o irresponsables. Entre estos, por cierto, periodistas y medios solemos ser blanco predilecto. Cuando se tiene una visión tan superficial del problema y cuando las culpas propias se trasladan al campo ajeno, se tiende a creer que la crisis de los partidos y las instituciones del Estado se puede resolver con buenas capas de maquillaje propagandístico. O que el entusiasmo se rehabilita con banderas y camisetas. O que el descreimiento se puede conjurar con buenas intenciones y promesas que, al contrario, son parte del problema. Pero resulta que todo esto se hace y el desencanto continúa o crece. Resulta que políticos y funcionarios cada vez tienen más instrumentos para auscultar la opinión de los ciudadanos y, por tanto, hacerles propuestas que concidan con ellos, pero, a pesar de esto, cada vez es mayor el distanciamiento entre ambos. Resulta que cuando hay más herramientas para medir aspiraciones y deseos y responder ante ellos con mensajes técnicamente atractivos, es también cuando más desencanto parece existir. ¿Un fallo técnico? No. ¿Una paradoja? Algo hay de esto. Pero en el fondo esta incapacidad para obtener efectos favorables con herramientas y métodos cada vez más poderosos, es un gran mensaje para los políticos: el mal no es tan superficial como muchos creen. El desencanto ha permeado desde la superficialidad social que se puede modificar con campañas, lemas y pitoretas hasta las profundidades perceptivas de individuos y grupos. Y esto requiere mucho más tiempo, esfuerzo y hechos tangibles para cambiar. Nos encontramos ante lo que, en otro contexto, los investigadores nacionales Nora Garita y Jorge Poltronieri han calificado como un fenómeno de estructuras de opinión pública, más que de preferencias o reacciones momentáneas del público.
Desde los años cuarenta y hasta inicios de la pasada década, es posible afirmar que el gran tema en torno al cual se desarrolló nuestra vida pública fue el de la incorporación de sectores marginados de los ciudadanos a la política, la economía y la sociedad en general. Es decir, al empleo, la salud, la educación, las garantías laborales, el crédito, la vivienda, las comunicaciones, el transporte, el disfrute cultural. Fue una etapa de extensión de servicios, infraestructura, mecanismos de ascenso social y participación institucional. Su desenvolvimiento no fue un lecho de rosas. Hubo corrupción, falsedades, impunidad y --creo-- excesivo centralismo. El debate por momentos fue rudo. Unas veces se agudizó artificialmente al disfrazarlo de macroconceptos ideológicos; otras sirvió de parapeto a intereses de grupos o sectores. Pero, en esencia, había acuerdo sobre el eje de la gran discusión, que a menudo se concentró en métodos, procedimientos, ritmos de acción y formas de incorporación. Este centro de gravedad era también una visión y planteaba un sentido de destino. Se dio en una etapa en que los procesos de urbanización, industrialización incipiente, integración geográfica y extensión educativa justificaban el desarrollo de grandes partidos --llamémoslos "de masa"-- como las modalidades organizativas más eficaces para la movilización y representación política de los ciudadanos. Eso ha sido Liberación Nacional y a eso tendió la pluralidad de fuerzas políticas que hace poco más de una década constituyó la Unidad Socialcristiana. A partir de entonces, el bipartidismo se ha constituido en una realidad de nuestro sistema político. Pero mientras la organización política ha tendido hacia dos grandes bloques autodefinidos a partir del gran hecho que fue la guerra civil de 1948, la sociedad se encamina cada vez más por otros rumbos. Generacionalmente, muchos de quienes se han incorporado a la vida cívica en estas dos últimas décadas rechazan cualquier determinismo surgido hace 50 años. La extensión educativa ha creado votantes que se sienten más iguales que sus pretendidos representantes y, por ello, les reclaman mucho más. La tradición como factor determinante de opciones políticas ha perdido legitimidad social; ha sido sustituida por el dinamismo del cambio. Los factores de identidad --sea con grupos o causas-- tienden a hacerse más específicos y, por ello, a rechazar mensajes muy generales como fuente de inspiración. El constante bombardeo publicitario y simbólico, si bien a ratos congestiona y confunde, también dota a muchos receptores de mayor capacidad para analizar contenidos, para cotejar promesas con realidades y, por ello, para recibir críticamente los mensajes persuasivos. Se perciben incluso importantes sectores que, en materia de discusión pública, no establecen divisiones según el partido de simpatías, sino según se esté dentro o fuera de la política. La desideologización de la vida ciudadana, que se aceleró con el colapso de los regímenes y la idea marxistas, ha redefinido mucho del debate público. El consenso básico que se ha logrado en torno a la democracia como forma de organización política y del mercado --con sus variantes-- como forma de organización económica, ha focalizado intereses hacia ámbitos más concretos de la vida. Muchas de las grandes discusiones, de los grandes desafíos, de los grandes y acuciantes problemas que enfrentan los ciudadanos de hoy, poco tienen que ver con la dimensión conceptual e ideológica de la política, y mucho con su vida cotidiana, con su salud, con la buena o mala administración, con las relaciones personales, con los conflictos éticos de cada día. Por esto la exigencia de soluciones y la insistencia en su realismo. Para mejor explicación podemos definir tres grandes niveles de actividad política. Uno tiene que ver con los valores e instituciones fundamentales; otro, con la representación ideológica que de ellos hacen los grupos políticos, y un tercero con la forma en que esos valores y esas representaciones, sumados a la capacidad de análisis y ejecución, conducen a acciones específicas de gobierno y administración. Cada día más el nivel de representación o legitimación ideológica --centro de muchas polémicas pasadas-- pierde más importancia. En su lugar la gana una creciente preocupación sobre lo concreto, pero junto a una exigencia --casi clamor-- porque se respeten los valores básicos en que descansa el andamiaje institucional; entre ellos, honestidad, solidaridad, representatividad, justicia e igualdad ante la ley. En conjunto estos principios ampliamene aceptados constituyen el sustrato de la vida ciudadana. Además, individuos más emancipados gracias, precisamente, al éxito del esfuerzo de incorporación realizado en décadas anteriores, han desarrollado más su espíritu crítico, su capacidad de organización autónoma, su ímpetu de búsqueda, su autodefinición. ¿Y qué ha surgido, como respuesta, de parte de los partidos políticos, como organizaciones, como oposición o como gobierno? Hasta ahora muy poco y a menudo mal encaminado. Difícilmente se puede percibir hoy un centro de gravedad de nuestra vida política. Si lanzamos una mirada hacia el pasado reciente, veremos que los mayores esfuerzos estatales han estado destinados a administrar o conjurar crisis. Unas han sido locales y otras regionales, unas económico-sociales y otras de seguridad; pero ante todas simplemente hemos reaccionado. Ciertamente lo hemos hecho a partir de ciertos principios y de un marco institucional que aún funciona, pero sin asumir la misión de generar visiones de futuro posible; sin articular las medidas fragmentarias --y probablemente necesarias-- en un todo coherente. Las más importantes decisiones (quizá con excepción de los esfuerzos reconciliadores centroamericanos del gobierno de Oscar Arias), se han nutrido más del aporte de iniciativas, recetas o imposiciones externas que de propuestas internas. Por una curiosa mezcla de atavismos ideológicos, coyunturas apremiantes, dispersión y falta de liderazgo, muy pocas de las grandes y apremiantes acciones que se han debido emprender en estas dos últimas décadas responden a una visión de largo plazo sobre el país y la sociedad. En general han sido respuestas rápidas a problemas urgentes. La culpa no la podemos achacar a los organismos internacionales. De no haber actuado ellos probablemente los traumas habrían sido mayores o la parálisis más esterilizante. El problema ha sido nuestra anemia para generar propuestas de amplio espectro, modernas y valientes, que busquen su identidad e inspiración en horizontes de esperanzas realizables, no en la adoración de símbolos y prácticas decadentes. Que las energías de partidos y gobiernos hayan estado concentradas por casi 20 años en conjurar crisis, no en construir un nuevo centro de gravedad, importante, realista y legítimo para la vida política y social costarricense, ha impuesto un indudable costo sobre el valor del quehacer político, sobre su identificación como actividad esencial, sobre la legitimidad misma de las organizaciones tradicionales y las personas que las constituyen. La cuenta, para toda la sociedad, ha sido mayor de cara a un mundo en creciente integración, más competitivo, más demandante y más lleno de desafíos, pero también de oportunidades. La falta de visión ha hecho que, en estas dos décadas, los partidos se distingan entre sí más por el aspecto coyuntural de estar en la oposición o en el gobierno, que por la dinámica esencial de sus propuestas. El problema --o al menos su percepción-- no es nuevo. En 1941 Roberto Brenes Mesén lo expuso lapidariamente en su demoledor ensayo "El político", con estas palabras: "La moral y sus principios políticos, sociales y económicos guardados están, como los uniformes de gala, para los días de airada oposición. Sin escrúpulos para hacer mañana, él mismo, lo que hoy, desde su Sinaí, condena".
Al contrario, si algo necesita nuestro momento político, tan fluido e indefinido, es comunicación, búsqueda de acuerdos, capacidad de adaptación y coincidencias sobre grandes objetivos comunes. Pero su desarrollo requiere consistencia, congruencia entre lo que se proclama y lo que se hace, independientemente del lado que se ocupe en la frontera entre gobierno y oposición. La doble moral es la mejor receta para el desencanto popular. Así como las diferencias deben proclamarse siempre, las coincidencias deben reconocerse y convertirse en acuerdos francos, abiertos, transparentes y dotados de justificaciones legítimas para los ciudadanos. Si, en la actualidad, las similitudes de los partidos son más que sus diferencias, si la realidad obliga a seguir ciertos cursos de acción política y económica al margen de la ideología, ¿por qué empeñarse en las pugnas artificiales o, peor aún, en los juegos sucios? Tony Blair no llevó a los laboristas británicos a su más contundente victoria desde la posguerra por críticar o negar la exitosa transformación económica y social desarrollada por Margaret Thatcher. Lo hizo porque al letargo de John Major enfrentó una nueva visión de futuro a partir de la realidad imperante. Creó --o, más bien, descubrió-- un nuevo horizonte en la vida política británica. No dijo, sino que mostró, cuánto progreso adicional, cuánto cambio positivo, cuánta solidaridad inteligente podía desarrollarse en una nueva era que capitalizara con inteligencia lo construido. Blair entendió --e hizo entender a los votantes-- que la solución no estaba en tratar de hacer mejor lo que su partido había propuesto en el pasado y la realidad ya había superado, sino en construir una nueva visión de futuro a la cual pudiera sumarse toda la sociedad. Siento que nuestros políticos, partidos e instituciones han avanzado muy poco en este necesario camino. Al contrario, basta observar las temerosas y astringentes discusiones sobre temas relativamente específicos como el monopolio de las comunicaciones, los seguros o la banca para percatarnos de la parálisis en que a menudo caemos. Cuando observamos cómo, en estos casos, la legitimación del cambio ha estado en función de respetar los atavismos del pasado; cuando no surgen desde la dirigencia política voces que asuman el riesgo de tomar el liderazgo de una reforma profunda, de enfrentarse a las clientelas, y de redefinir totalmente la discusión; cuando, más bien, la competencia es por ver quién promete cambiar menos, aunque todos estén convencidos de lo mucho que se debe cambiar, podemos entender perfectamente cuánta tarea hay pendiente para revalorizar el quehacer politico en nuestro país. Curiosamente, muchos políticos o funcionarios justifican su actitud en que no hay ambiente para las transformaciones, en que las encuestas muestran poco apoyo para el cambio. Es muy probable que así sea. Pero olvidan que las encuestas son excelentes instrumentos para determinar lo que la gente sabe, pero pobres métodos para explorar reacciones ante propuestas inéditas bien planteadas y capaces de penetrar en las estructuras profundas de la opinión pública. Por ir a la segura, a menudo nos hemos quedado adheridos a una estabilidad que es simple falta de movimiento, no solidez para emprenderlo. Siguiendo a Isaías Berlin en su último libro, El sentido de la realidad, podemos afirmar que la principal carencia de muchos de nuestros políticos no es la falta de conocimiento o de un acceso directo a él. Es relativamente fácil aprender reglas, dominar conceptos, saber datos, coleccionar agregados de opinión, o tener alrededor quienes suplan tal conocimiento. La dificultad mayor está en lograr un entendimiento de la realidad y de los desafíos inéditos que con frecuencia debe enfrentar. Los políticos necesitan ir más allá de las abstracciones, de las fórmulas sabidas --y, por tanto, de las respuestas que a menudo revelan las encuestas--, no para desdeñarlas, sino para superarlas. Son el entendimiento y la penetración los que, junto a un adecuado sentido del riesgo, permitirán construir un liderazgo sólido a partir del conocimiento. Pero, al contrario, nuestra vida política se ha sumergido en los lugares comunes; ha perdido relieve intelectual. Peor aún, pareciera que se ha desentendido peligrosamente del deber de representar ciudadanos, para adoptar una visión corporativa de la vida social. La satisfacción de grupos con algún poder de organización, el cortejo de clientelas específicas y el reparto entre los leales, a menudo tienen más importancia o proyección que el contacto con los ciudadanos o el entendimiento de sus necesidades. Para algunos de sus sectores, los partidos son más grupos de presión legitimados electoralmente que instituciones al servicio de amplias colectividades de hombres y mujeres independientes y exigentes. Si a esto se añade el desvanecimiento de las ideolgías como factores de legitimación, podríamos estar cerca de un peligroso punto en que los partidos lleguen a convertirse en simples organizaciones con capacidad para manejar clientelas electorales, no en entidades de representación vitales para la democracia. Pero como esas clientelas son cada vez más volátiles, menos leales, más críticas y menos complacientes, ni siquiera la capacidad movilizadora está asegurada. Y de esta pérdida a la decadencia total la distancia puede ser muy corta. Muchas veces la lealtad al partido se premia más que la lealtad al deber ciudadano o a la ética pública. El rendimiento de cuentas, entendido como parte del deber político, solo habita en el terreno simbólico de los discursos, no en la realidad de la acción gubernamental o la militancia partidaria. La amistad o la lealtad personales suelen ser más fuertes que los deberes institucionales. La impunidad se ataca cuando cobija a los contrarios, pero se corteja con insistencia para los propios. Se dedican enormes esfuerzos a buscar portillos para obviar leyes y reglamentos que nos molestan o limitan la acción, en lugar de asumir públicamente la tarea de reformarlos. Con esta destructiva actitud muy pocas veces se reduce el supuesto entrabamiento, pero siempre se debilita el marco conceptual e institucional básico sin el cual no hay reglas del juego claras y sí una degradación de la democracia. Se rehúye el riesgo de impulsar reformas y, en su lugar, se acude a la triquiñuela. ¡Cuánto habríamos logrado en el país si la energía consumida en buscarle "la comba al palo" de leyes que nos incomodan se hubiera utilizado en emprender reformas de amplio espectro! "El terreno público --ha escrito el pensador estadounidense Daniel Bell-- es ante todo un terreno de procedimientos (un buen principio liberal) en el que se establecen las reglas del juego y en el que un marco constitucional fija los límites del contrato." Esta norma elemental suele olvidarse cuando las reglas generales chocan con objetivos específicos, no importa que sean tan pedestres como la concesión de una frecuencia radial o la construcción de una carretera. También suelen postergarse decisiones relativamente eficaces para el reforzamiento de la participación ciudadana y del funcionamiento del sistema político, por razones que solo se explican en una miope visión de coyunturas. ¿Por qué, por ejemplo, la reforma municipal se quedó en su dimensión tributaria y no pasó a la más esencial, que es la política? ¿Por qué no se dio curso a las elecciones de medio período, a la elección directa de ejecutivos municipales o alcaldes? ¿Por qué se cortaron las alas a esta excelente oportunidad de desarrollo de líderes, de descentralización, de cercanía entre los problemas y sus posibles soluciones? ¿Por qué no se ha hecho un esfuerzo realmente consciente por reformar la elección de diputados por listas provinciales y acercar su ecogencia directamente al ciudadano durante los comicios nacionales? ¿Cómo se mantiene un reglamento interno de la Asamblea Legislativa que una gran cantidad de diputados, presentes, pasados y seguramente futuros, considera entorpecedor e ineficaz?
La búsqueda de opciones, de caminos para consolidar esos espacios de decisión pública en que la política tiene un papel esencial, es menos compleja de lo que parece. Pero su sencillez depende de una lectura realista del entorno y de una disposición a que las soluciones estén en función de resolver los grandes problemas y abrir las grandes oportunidades, no de proteger clientelas o ámbitos de poder. La honestidad debe ser una exigencia tan clara para ocupar cargos como es la ciudadanía. El rendimiento de cuentas, con sus vertientes de sanción, reparación de daños y prevención, debe incoporarse a la práctica cotidiana de la función pública. La "razón de patria" debe imponerse a la de partido. La reducción de trabas en el quehacer gubernamental y su sustitución por fuertes sanciones a los corruptos o ineptos, sin duda agilizará la toma de decisiones. Todo esto es importante, pero no suficiente. Hay que ir mucho más alla y responder a los cambios más profundos que se están dando en nuestra sociedad. Aunque parezca otra paradoja, la supervivencia de los partidos políticos e incluso la vitalidad de las instituciones democráticas tradicionales, dependerá en gran medida de la capacidad que tengan para delegar poder, para descentralizar, para correr el riesgo de trasladar a individuos y sectores sociales más específicos y difusos decisiones que, antes, se guardaban celosamente en el sancta sanctorum de los directorios nacionales, los gabinetes o las juntas directivas. Acudo a una analogía que, por actual, espero sea ilustrativa: La primera etapa en el desarrollo de la informática perteneció a las computadoras centrales caras, voluminosas y relativamente torpes, desde las cuales se extendían una serie de terminales sin vida propia. Estas dependían en su totalidad del centro para poder realizar funciones en la periferia. Su funcionamiento era caro; su ampliación, costosa y traumática; el potencial desplome del cerebro central, un colapso de enormes proporciones. Hoy el panorama ha cambiado. Prevalecen las redes. Estas consisten en terminales inteligentes, capaces de funcionar por sí mismas, pero que al interconectarse aumentan su poder individual. Así, la unidad se refuerza con la totalidad y esta mejora con cada nuevo elemento que se incorpora a la red. Se gana en flexibilidad, capacidad de adaptación y de expansión. A la vez se mantiene gran autonomía. Este es el modelo de quehacer político que más conviene a nuestra sociedad y ciudadanos actuales. Es el que mejor puede combinar la iniciativa con la disciplina, la diversidad con las normas generales, el derroche creativo con el plan sistemático, la solución rápida con la buena dirección. Es el que incorpora como una práctica cotidiana la adaptación al cambio. El modelo y el quehacer políticos contemporáneos deben pasar por mayor descentralización, por el estímulo de liderazgos regionales y sectoriales, por la claridad de deberes, por la ampliación de derechos, por la transparencia, por la observancia de las grandes reglas y principios, y por el respeto a la especificidad de instituciones y personas. Esto no implica olvidar las tareas pendientes en cuanto a justicia social, desarrollo o incorporación de sectores marginados a una vida plena. Al contrario, consiste en hacerlo de una forma más legítima, eficaz y sostenible. Retorno a Daniel Bell cuando dice lo siguiente: "Dentro de la sociedad moderna, un orden social viable solo puede mantenerse mediante un principio de liberalismo que trate de acentuar la diversidad de las creencias particulares y grupales, y equilibre el particularismo de los grupos constituyetes con el universalismo de las reglas comunes". Son estas reglas las que deben constituir el foco esencial de las agrupaciones políticas, las entidades gubernamentales, los poderes públicos y los dirigentes de todos ellos. De sus amplios principios debe derivarse la acción política; de estos también, el estímulo a la búsqueda de soluciones en ámbitos más concretos de la vida individual y social. Si alguna tarea se torna esencial en este contexto, es la consolidación de los espacios e instancias públicos en que florezcan la discusión amplia, la búsqueda de soluciones, la confluencia de intereses dispares hacia acciones necesariamente globales. Esto implica un rol esencial para el Estado y sus instituciones, que no deben perder de vista sus deberes de integración, mediación, regulación y vigilancia de los intereses comunes. Parte del costo que deberán pagar los políticos es cierta pérdida de poder, una limitación de su relevancia, una dispersión de muchas decisiones, una aceptación de que, en diversos ámbitos o grupos, la política tradicional se ha tornado, simplemente, irrelevante, y probablemente nunca dejará de serlo. Deberán asumir también el costo de mayor incertidumbre sobre el resultado de ese ritual esencial que son las elecciones. Esta incómoda fluidez se ha hecho evidente, hasta ahora, en las encuestas sobre las intenciones del público ante el próximo torneo electoral. Espero que sea otro indicio capaz de despertar a los políticos y conducir a eficaces acciones correctivas, no a simples estrategias comunicativas. Los males de nuestra política, sin ser terminales, son profundos. Penetran en instancias muy diversas. En ellas hay que buscar la solución, con sentido crítico y valentía; también con serenidad y justicia. Espero no haber sacrificado esto último durante mi intervención. Si ha sido así, les ruego me disculpen. Pero, en cualquier caso, mi deseo mayor es haber contribuido a reforzar la fragua de inquietudes y a alimentar el crisol de soluciones ante el momento que viven nuestro quehacer e instituciones políticas. Lo he hecho porque creo en la política y en su importancia. Creo en la representatividad ciudadana, en la necesidad de los partidos y en el papel indispensable del Estado democrático para la vida en sociedad. Y como Brenes Mesén, también creo que "el buen político suele serlo en grande. Y de sus entrañas espirituales se levanta el Estadista". Ojalá haya muchos, dispuestos al riesgo creativo, la aventura cívica y el liderazgo constructivo. Muchas gracias.
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