San José, Costa Rica.

ELECCIONES 98 PUSC Portada La Nación Digital

Programa de Gobierno Triángulo de solidaridad / Educación / Mujer / Salud / Trabajo / Cultura / Vivienda / Seguridad Social / Familia / Urbanismo / Juventud / Deporte / Discapacidad / Personas mayores / Indígenas / Economía / Agropecuario / Pesca y Agricultura / Industria / Recursos Naturales / Ciencia y tecnología / Infraestructura / Turismo / Energía / Comercio Exterior / Intermediación financiera / Presupuesto y Gasto Público / Política monetaria / Intermediación Bursatil / Cooperativas / Sector político / Descentralización Territorial / Seguridad Ciudadana / Justicia / Procedimiento Judicial / Política exterior / UN ESTADO AL SERVICIO DE LA PERSONA El Estado y la sociedad costarricenses se han venido deteriorando significativamente como resultado de la falta de visión a futuro y de la permanencia de estrategias de desarrollo cambiantes. El mundo en su conjunto ha experimentado transformaciones en un lapso relativamente corto. Algunos países han sabido interpretar correctamente los nuevos paradigmas, colocándose a la vanguardia de la modernización y del cambio. Otros, en cambio, han quedado rezagados, víctimas de privilegios, clientelismos, autoritarismos, exceso de regulaciones, burocracias excesivas y sistemas de organización obsoletos. El Partido Unidad Social Cristiana se propone entrar de lleno al Siglo XXI con un modelo de Estado que sitúe a la persona humana en el centro del quehacer institucional. Un Estado para la gente y con la gente. Los socialcristianos consideramos que el factor clave, esencial y estratégico para reemprender con renovado vigor el camino del desarrollo humano, es la promoción de la democracia participativa. Consiste en abrir espacios para la participación plena de personas y grupos organizados de la sociedad civil, en los procesos de toma de decisión y de ejecución de los proyectos de desarrollo que les conciernen. La democracia participativa hace necesaria la descentralización para promover la división del poder y el surgimiento de más centros para la toma de decisiones; demanda capacitación, para que más personas tengan acceso al poder y puedan obligar a los gobernantes a rendir cuentas para evitar la concentración, el desvío de los recursos, el abuso del poder y la ineficiencia. GOBERNAR PARA Y CON LAS PERSONAS Numerosos programas sociales han fracasado en su intento de obtener los resultados propuestos, entre otras razones, por cuanto no lograron visualizar a las personas como actores que pueden contribuir a su propio desarrollo. El desarrollo, por su esencia, siempre debe estar centrado en las personas. La gente debe de ser el punto focal de todos los esfuerzos tendientes a promover el desarrollo. La experiencia confirma una y otra vez, que los planes tienden a fracasar cuando las instituciones públicas y privadas pierden de vista a las personas como sujetos esenciales del desarrollo. LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO Y EL ESTADO Debemos reconocer las limitaciones humanas y nuestra incapacidad para diseñar centralmente los sistemas sociales, así como nuestra dependencia en avances graduales y ajustes basados en pruebas y rectificaciones. Consideramos que para ejercer una administración eficiente del desarrollo, con participación activa de la sociedad civil, debemos modernizar las instituciones públicas para que respondan adecuadamente a los nuevos retos. Aún prevalece la falsa y soberbia percepción de que la gente no logra comprender sus problemas y que simplemente, carece de la capacidad para mejorar su situación. Por tanto, se les ha asignado a las personas un rol como receptores de los beneficios que ofrecen las instituciones del Estado. Desde esta óptica, existe la tendencia de ver a la gente como "el problema" y a la administración pública como "la solución". Todo lo anterior ha permitido la exclusión de los beneficiarios de los procesos de planificación e implementación de los programas de desarrollo. Otras consideraciones han limitado la apertura de posibilidades de participación, en particular, la suposición de que la participación hace más lento el proceso de toma de decisiones. Nosotros planteamos lo contrario. Sólo las personas pueden evaluar sus soluciones; cada persona posee conocimientos necesarios para el progreso. Sólo con incentivos que motiven la participación se logra la contribución de todos. LLEGAR A LAS PERSONAS La conformación del Estado costarricense en el momento actual, no facilita el logro de un desarrollo basado en las personas. Por esta razón, estamos convencidos de la necesidad de modernizar las instituciones estatales, y promover cambios en la forma de abordar los retos que plantea la dinámica social. Sabemos que los funcionarios públicos están agobiados por un legado de relaciones paternalistas y tecnocráticas. Es lógico entonces, que presenten limitaciones para trabajar en cooperación e interacción con los beneficiarios directos de los servicios que ayudan a proveer. Es evidente que necesitarermos llevar adelante ajustes en materia de administración pública. Los socialcristianos nos proponemos impulsar una nueva forma de pensar y de actuar en el ámbito estatal. Buscamos superar la visión de la gente en términos de sujetos pasivos de los sistemas de prestación de servicios públicos. Reconocermos que la gente tiene la capacidad de contribuir a su propio bienestar. Por tanto, nos comprometemos a promover su participación en todas las etapas del proceso de desarrollo, partiendo de la identificación de los problemas que les aquejan directamente, pasando por la formulación, ejecución, supervisión e incluso, su evaluación. Consideramos que el desarrollo centrado en la gente tendrá éxito en el tanto logremos llevar adelante una profunda reforma política-administrativa. En una acción concertada, con la participación de los funcionarios públicos de cada una de las instituciones del Estado, promoveremos los cambios requeridos, desde la formulación de las estrategias en el más alto nivel político, hasta su ejecución a nivel local. La tarea de capacitar y orientar a los funcionarios públicos, reviste la misma urgencia en los altos niveles así como en el personal de campo. Bajo esta nueva óptica, el funcionario público adquiere un rol relevante en el proceso de transformación y de cambio. Concientes de su relevancia, enfatizamos la necesidad de promover su activa participación en los procesos de modernización institucional que les conciernen. El interés de la gente en su propio desarrollo supera ampliamente el interés que puedan tener personas y funcionarios externos a su localidad. Reconocemos que los habitantes de cada comunidad son fuente de información relevante y que su colaboración es imprescindible. En numerosas oportunidades se ha demostrado la superioridad de las soluciones autóctonas. Para lograr efectivamente tareas de desarrollo centradas en la gente, debemos tener un adecuado respeto por sus valores, costumbres, creencias, necesidades y objetivos. Por tanto, daremos importancia a las variables culturales en los procesos de planificación y ejecución. IMPULSAR A LAS PERSONAS A DESPLEGAR SU POTENCIAL El desarrollo humano requiere la disponibilidad de suficiente capacidad para planificar y administrar planes de desarrollo a pequeña escala, en el nivel local. Los socialcristianos estamos convencidos que las Municipalidades y las organizaciones de la socidad civil de nivel local, pueden desempeñar un papel clave para acelerar el ritmo de desarrollo. Dichas organizaciones pueden ampliar la base de participación, incrementar el acceso a los servicios y los recursos y promover el cambio. El apoyo a estas organizaciones también contribuye al desarrollo de la capacidad de solución de problemas en el nivel local y permite que el proceso de desarrollo sea autosostenible. Para apoyar a las personas a desplegar su potencial, llevaremos a la práctica un Programa de Capacitación Intensiva, orientado a funcionarios públicos directamente involucrados con la población beneficiaria de servicios, a miembros de las Municipalidades y a líderes comunales. Nos interesa de manera particular capacitar a la gente en materia de administración y otras destrezas, para que puedan tener un concepto más informado del desarrollo y del papel que pueden jugar en su promoción. Consideramos de especial relevancia estimular la conciencia y motivación para que las personas adquieran confianza en la riqueza de sus propias capacidades. Una vez que la gente tome conciencia de las posibilidades que tienen para alcanzar una vida mejor, estamos seguros que asumirán un papel más activo para promover su bienestar. En síntesis, consideramos que el éxito consiste en reorientar las instituciones públicas para asumir un nuevo rol, así como en crear conciencia en la gente de la necesidad de organizarse para lograr su propio desarrollo. EL TRIÁNGULO DE SOLIDARIDAD Una de las estrategias más importantes que impulsaremos para alcanzar mayores niveles de bienestar y felicidad, será el Triángulo de Solidaridad. Este mecanismo para el trabajo coordinado entre las instituciones del Estado, las Municipalidades y la sociedad civil organizada, (el cual está ampliamente explicado en otra parte de este Programa de Gobierno), fue concebido para dar el necesario salto cualitativo en materia de planificación y ejecución de programas para el desarrollo humano sostenible. El principal objetivo del Triángulo de Solidaridad es promover el progreso material y espiritual de todos los costarricenses. Este triángulo será el catalizador ideal para la consecución de uno de los principios fundamentales del socialcristianismo: la solidaridad, que nace del objetivo común de alcanzar una vida humanamente digna para todos. La sociedad se mantiene y progresa gracias al apoyo solidario de todos sus miembros. Sin instituciones cálidas, humanas y solidarias, el progreso verdadero no es posible. COMPROMISOS CON LA DESCENTRALIZACIÓN Los socialcristianos estamos convencidos de la necesidad de desarrollar mecanismos y procedimientos que permitan la desconcentración y descentralización administrativa y financiera del sector público. También del imperativo de fortalecer la capacidad de gestión y ejecución de las Municipalidades y otras instancias de poder local. Con tal fin, promoveremos la regionalización efectiva, así como la modernización de las instituciones públicas para adecuarse a las nuevas estrategias de desarrollo, las cuales conllevan la acción concertada, articulada, entre el ámbito público y privado. Brindaremos la asesoría adecuada a los funcionarios públicos, para aprovechar su óptimamente la experiencia y capacidades en la conformación de un nuevo modelo de Estado y sociedad. Facilitaremos y apoyaremos nuevos modelos de gestión ciudadana, en particular, el Triángulo de Solidaridad. PROMOVER LA SOLIDARIDAD En su apartado N°ree;239 la Carta Socialcristiana a Costa Rica propone: "El Estado de Derecho y el Estado Social se complementan. Abogamos por un Estado Social que se preocupe por la previsión necesaria de la vida y por la seguridad común de los ciudadanos. La mayor parte de la población no puede prevenir aisladamente ni en forma satisfactoria la enfermedad, la invalidez ni la vejez. La justicia social se acredita sobre todo frente a los marginados y a los desfavorecidos. Entre estos están muchas mujeres cabezas de familia. La justicia social obliga al Estado a brindar la compensación social". Esta visión otorga al Estado la responsabilidad de garantizar la justicia y la solidaridad social. Para los socialcristianos lo más preciado de una sociedad es su gente. Cada persona y su bienestar constituye el norte de toda acción política. Desde nuestra perspectiva, el acto de gobernar adquiere sentido en la medida en que las acciones políticas se traduzcan objetivamente en una mejor calidad de vida de toda la población. Creemos firmemente que la función general de la política es promover el bien común. Por ello, nos proponemos construir un modelo de Estado cuya eje sea la satisfacción óptima de las necesidades de sus ciudadanos, a través de la provisión directa de servicios o de la supervisión y apoyo a las Municipalidades y entidades de la sociedad civil organizada que proveen servicios sociales. RECUPERAR LA GOBERNABILIDAD La persistente pérdida de confianza y credibilidad de los ciudadanos en las instituciones políticas, obedece en buena medida, a que las funciones esenciales de éstas se han venido desnaturalizando. En consecuencia, estas instituciones se ven imposibilitadas de cumplir satisfactoriamente con las demandas y aspiraciones de los ciudadanos. Los socialcristianos nos proponemos devolver la credibilidad a la función pública, mejorando la capacidad de respuesta de las instituciones públicas. En esta dirección, promoveremos la modernización institucional, a la par que propiciaremos mecanismos para la participación ciudadana. También propiciaremos una transformación de nuestro sistema político-electoral, para propiciar la democracia participativa. En esa dirección, pondremos nuestros mejores esfuerzos en aprobar, entre otras medidas, la reforma y fortalecimiento del Régimen Municipal; la administración por parte de las Municipalidades de las Partidas Específicas; la descentralización administrativa; la participación efectiva de la mujer en los procesos de toma de decisiones y en cargos de elección popular; crear el plebiscito y el referéndum, así como las circunscripciones electorales. Parte esencial de la nueva forma de gobernar, será la rendición periódica de cuentas de nuestras máximas autoridades políticas, en particular, del Presidente de la República. Con el propósito de recuperar la gobernabilidad, también promoveremos el fortalecimiento de la Defensoría de los Habitantes, la Contraloría General de la República, la Superintendencia General de Entidades Financieras y propiciaremos la creación de las Contralorías Ciudadanas a nivel municipal, como instrumento de control directo ejercido por los propios ciudadanos. LUCHA FRONTAL CONTRA LA CORRUPCIÓN La corrupción constituye una de las lacras más dañinas de la sociedad contemporánea. En el ámbito público, la corrupción adquiere especial dimensión, por cuanto inhibe la provisión de los necesarios servicios a la población, distorsionando programas, procedimientos y conductas. La preocupación del Dr. Miguel Angel Rodríguez en materia de combate a la corrupción, se ha plasmado en varias iniciativas que serán objeto de especial promoción durante la próxima administración. PODER LEGISLATIVO La Jurisdicción Penal de Hacienda y Deberes de la Función Pública Este proyecto busca descongestionar el Poder Judicial, para dar un trámite de mayor celeridad a los juicios por corrupción. Se preveé que el dictado del auto de procesamiento por cualquiera de los delitos contra la Hacienda Pública o los Deberes de la Función Pública, obliguen al superior jerárquico del encartado, a suspenderle temporalmente de sus funciones. El OIJ fortalecerá la Sección Contable a fin de especializar la investigación criminal. El Poder Ejecutivo enviará a la Asamblea Legislativa un proyecto de presupuesto extraordinario para la implementación de esta jurisdicción. Por su parte, la Escuela Judicial recibirá fondos de dicho presupuesto para la formación de personeros capacitados y especializados en este tipo de delitos. La Fiscalía Penal de Hacienda y Deberes de la Función Pública Este proyecto pretende crear una Fiscalía Especial contra la corrupción dentro del Ministerio Público, con competencia y recursos para investigar en forma exhaustiva y objetiva, cualquier denuncia sobre corrupción, pequeña o grande, de cualquier funcionario estatal. Dicha fiscalía operaría directamente sobre aquellos casos de delitos contra la Hacienda Pública y los deberes de la Función Pública, integrándose como parte importante del proyecto anterior, el cual crea la Jurisdicción Penal de Hacienda y Deberes de la Función Pública. Ante ella, todo ciudadano podrá denunciar lo que considere actos corruptos, para que sean investigados, se identifique a los responsables y se les someta a juicio y sentencia. Legajo de Mociones para incorporar al Código de Ética Esta iniciativa busca apoyar la pronta promulgación como ley de la República, de un Código de Ética de la Función Pública, que no sólo establezca los cánones morales del ejercicio de la función pública, sino que obligue al Presidente de la República, a los Ministros, a los Diputados, a los Presidentes Ejecutivos y los Magistrados, y a todos los funcionarios públicos, a rendir cuentas claras y precisas de su desempeño y de la utilización de los recursos públicos que les sean confiados. Dicha ley prohibiría la concesión del indulto a los condenados penalmente por hechos de corrupción política. Debe también prohibir, en forma temporal, el ejercicio de la función pública a cualquier funcionario, en el caso de autoprocesamiento y en forma definitiva, si resultara jurídicamente culpable de hechos de corrupción. Establecerá también la declaración de bienes de los diputados. PODER EJECUTIVO Durante la próxima administración del Dr. Miguel Angel Rodríguez no nombraremos, en ningún cargo público, a personas sobre las que pese auto de procesamiento penal. Suspenderemos al funcionario que sea procesado mientras dura el proceso, quien no será reincorporado sino después de resolución de sobreseimiento o sentencia absolutoria. Asimismo destituiremos a cualquier funcionario culpable de actos de corrupción. Nos comprometemos a someter a todas las instituciones del Poder Ejecutivo, especialmente las del sector social, a un proceso de planificación estratégica y de evaluación, para evitar el desvío de recursos, la excesiva discrecionalidad y el clientilismo; asegurar su eficacia, organizar sus procesos y procedimientos. En este proceso participarán de manera obligada todos los funcionarios, incluídos los más altos jerarcas. También participarán, de manera protagónica, las Municipalidades y las organizaciones de la sociedad civil. PODER JUDICIAL Con todo respeto, pero con vehemencia, en nombre de todos los costarricenses honrados, el Dr. Miguel Angel Rodríguez ha instado a los jueces de la República a actuar libre, acelerada y valientemente, para concluir sus investigaciones, identificar a los delincuentes y pronunciar sus sentencias, sin distingos de ninguna especie, en los casos de corrupción que tienen bajo su jurisdicción. También Instó a la Corte Suprema de Justicia a adoptar los procedimientos y destinar los recursos necesarios, para fortalecer los organismos de investigación y los tribunales competentes. Los tribunales deben utilizar de todos los recursos que les da la ley para garantizar una investigación transparente, un proceso con todas las garantías de audiencia y de defensa, así como una sentencia justa. Los hallados culpables deben cumplir su sentencia a cabalidad y los inocentes deben ser liberados de linchamientos morales arbitrarios o malintencionados. Quienes hayan sido acusados con razón que paguen su delito. Quienes hayan sido involucrados sin fundamento que recobren su tranquilidad y buen nombre. Pero que no haya impunidad ni prescripciones, ni indultos. A NIVEL DE PARTIDO Y DE EJECUCIÓN INMEDIATA El Dr. Miguel Angel Rodríguez se ha comprometido públicamente a mantener una firme posición por parte del Partido Unidad Social Cristiana, en la lucha contra la impunidad de los delitos cometidos por funcionarios estatales, contra la ética pública y la legalidad. Actuaremos contra quienes hayan traicionado la confianza depositada en ellos y sean hallados culpables de delitos contemplados en la ley. ⋅ Este compromiso es especialmente válido en el caso del Banco Anglo Costarricense. ⋅ Aplicaremos con todo rigor los estatutos que ordenan suspender a cualquier partidario contra el que se dicte auto de procesamiento. ⋅ Expulsaremos de manera autómatica a quien que sea condenado penalmente. Cabe señalar que el 18 de junio del presente año, el Partido Unidad Social Cristiana inició los cursos obligatorios de formación ética para los candidatos a puestos de elección popular, según lo aprobó en enero pasado la Asamblea General. PAGINA DEL PUSC Datos sobre campaña electoral | Noticias publicadas por La Nación Encuestas Políticas | Partido Liberación Nacional