San José, Costa Rica.
|
San José, Costa Rica. |
ELECCIONES 98La Nación Digital    |
 Triángulo de solidaridad / Educación / Mujer / Salud / Trabajo / Cultura / Vivienda / Seguridad Social / Familia / Urbanismo / Juventud / Deporte / Discapacidad / Personas mayores / Indígenas / Economía / Agropecuario / Pesca y Agricultura / Industria / Recursos Naturales / Ciencia y tecnología / Infraestructura / Turismo / Energía / Comercio Exterior / Intermediación financiera / Presupuesto y Gasto Público / Política monetaria / Intermediación Bursatil / Cooperativas / Sector político / Descentralización Territorial / Seguridad Ciudadana / Justicia / Procedimiento Judicial / Política exterior / HACER JUSTICIALa función de Justicia del Ejecutivo debe partir de un enfoque integral que contemple: la rectoría de la política criminológica, penal y preventiva del delito; la función de enlace entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial; la representación del Poder Ejecutivo en su relación con el Poder Judicial; la administración del Sistema de Registros Oficiales sobre bienes y personas jurídicas; la participación activa en la definición las estrategias generales de política social y de seguridad pública del Estado costarricense; la promoción de los Derechos Humanos. Con ese propósito nos proponemos impulsar las siguientes acciones:
⋅ Crear el Consejo Gerencial, con los directores de las diferentes instituciones involucradas, con el propósito de promover la descentralización y la modernización administrativa del Ministerio de Justicia y Gracia. Este Consejo llevará adelante funciones de planificación y evaluación estratégica del desempeño. ⋅ Reactivar la Comisión de Mejoramiento de la Administración de Justicia y la Comisión de Asuntos Penales, para promover las acciones coordinadas y facilitar el proceso de modernización de las leyes vigentes. ⋅ Promover la participación ciudadana en los asuntos judiciales que les conciernen. ⋅ Aprovechar el potencial del ILANUD como fuente de financiamiento para proyectos sobre la Administración Penitenciaria, los programas preventivos y la investigación sobre criminidad y prevención. ⋅ Modernizar la Dirección General de Adaptación Social y Prevención del Delito. ⋅ Dotar al Sistema Carcelario Nacional de un pabellón hospitalario y psiquiátrico para los presos. ⋅ Promover el Sistema Laboral Penitenciario, que le permita a la persona presa seguir siendo una productiva y aportar a la manutención de su familia. ⋅ Promover la superación personal de los privados de libertad por medio de programas de capacitación, para contribuir no sólo a su rehabilitación, sino también a la disminución de la inseguridad ciudadana. ⋅ Brindar una atención adecuada a los privados de libertad que presenten discapacidad, como rehabilitación física o adecuaciones de acceso. Dirección General de Adaptación Social y Prevención del Delito
Con el propósito de fortalecer la Dirección General de Adaptación Social y Prevención del Delito, promoveremos las siguientes acciones a nivel legislativo:
⋅ Impulsar el proyecto de ley de Creación de la Dirección General de la Administración Penitenciaria en sustitución de la ley de Creación de la Dirección General de Adaptación Social. Esta ley está orientada a modernizar la estructura administrativa. Entre otros cambios, propone: ⋅ La creación de tres Subdirecciones: Gestión Penitenciaria; Desarrollo Productivo y Técnica y Criminológica. ⋅ La modificación sustancial del Instituto Nacional de Criminología. ⋅ La superación de los problemas que presenta la ejecución penal de acuerdo con los procedimientos y órganos actuales. ⋅ El establecimiento de la carrera Administrativa Penitenciaria.
También Impulsaremos el proyecto de ley de Ejecución Penal, para regular la relación de las personas privadas de libertad con la institución carcelaria y el papel de los órganos de control como el Poder Judicial. A nivel administrativo, nos proponemos revisar y actualizar todos los reglamentos, relacionados con el Sistema Penitenciario, en particular, lo que concierne a la organización funcional de la Dirección; los deberes y derechos de las personas privadas de libertad; el Régimen de Visitas, así como el desempeño de la Policía Penitenciaria. El Sistema Penitenciario está a punto de colapsar: cientos de personas viven en condiciones infrahumanas, viviendo y durmiendo en pasillos y baños por falta de espacio. El hacinamiento fomenta la violencia, la promiscuidad, el consumo de drogas y limita las posibilidades de ejecutar programas de rehabilitación. Si a esta situación le sumamos el gran desperdicio de tiempo y recursos humanos debido al ocio improductivo y deshumanizador, debemos reconocer que el Sistema Penitenciario carece de las condiciones necesarias para rehabilitar al privado de libertad de manera que pueda convetirse en un ciudadano útil.
Frente a esta realidad, pretendemos desarrollar un Plan Maestro de Infraestructura, el cual se llevará a la práctica de manera gradual. Buscamos reorganizar el espacio existente; clasificar y reubicar a la población penitenciaria nacional; reestablecer las modalidades de ejecución de la pena; explorar alternativas de administración de las cárceles; así como reestablecer la calificación a la entrada y el régimen progresivo. Estamos convencidos de la necesidad de invertir en infraestructura penitenciaria, con el propósito de hacer frente al problema de la sobrepoblación y también para hacer realidad la descentralización del sistema carcelario. En esa dirección, consideramos prioritario la ejecución de las siguientes obras:
⋅ Cárcel de máxima seguridad para cien personas (700 millones de colones).
⋅ Ampliación del Centro Penal de Pérez Zeledón en dos módulos, para ciento sesenta personas. (200 millones de colones),
⋅ Ampliación del Centro Penal de Puntarenas para 160 personas. (200 millones de colones).
⋅ Contrucción de dos etapas para ochenta personas en el Centro Institucional de Liberia. (150 millones de colones).
⋅ Construcción de segunda etapa para ciento sesenta personas en el Centro La Leticia de Guápiles. (200 millones de colones).
⋅ Construcción del Centro Penal de Heredia para ciento sesenta personas. (300 millones de colones).
⋅ Construcción de la segunda etapa, un módulo para ochenta personas, en el Centro Penal de Cartago. (150 millones de colones).
⋅ Reconstrucción del Buen Pastor. (100 millones de colones).
⋅ Reconstrucción de la Unidad de Admisión de San Sebastián (250 millones de colones).
⋅ Reconstrucción de La Reforma. (700 millones de colones).
⋅ Creación de Centros de Menores Infractores en Puntarenas, Limón y Pérez Zeledón, para cumplir con la Ley de Justicia Penal Juvenil. (600 millones de colones).
Con el propósito de promover el desarrollo y superación de las personas que trabajan en los centros penales nos proponemos desarrollar el Centro de Capacitación Criminológica y Penitenciaria a nivel regional; mejorar las condiciones físicas y de salud mental de los trabajadores; desarrollar una cultura administrativa que esté a tono con las demandas actuales. Buscamos capacitar a los directores de los Centros a través de un convenio de colaboración con el Instituto Centroamericano de Administración Pública. A nivel de la atención de la población carcelaria, buscamos retomar los cinco principios básicos para el manejo de una prisión: seguridad, alimentación, salud, trabajo y educación formal y no formal. Tenemos que garantizar el control adecuado de las cárceles. Hoy en día, las cárceles están en gran parte en manos de la población penal. Homicidios, asaltos, riñas, son el resultado de un mundo dominado por la droga y las pandillas. La alimentación insuficiente, mal preparada y en condiciones de pésima higiene, genera más violencia. Las enfermedades no atendidas, entre estas, el SIDA; el consumo de drogas, y las pésimas condiciones de vida, no solo violan los derechos humanos sino que aumentan la agresividad. El ocio mal encaminado, es el peor de los consejeros. El trabajo de los privados de libertad debe promoverse para utilizar positivamente el tiempo, para que la persona presa sea dignamente productiva, aporte a su manutención y ayude a su familia. Para ello, promoveremos también la capacitación en su sentido más amplio, para facilitar a los reclusos el desarrollo de sus potencialidades. En función de los cinco principios básicos, desarrollaremos tratamientos y programas de atención profesional específicos y especializados, con el fin de fortalecer los procesos de rehabilitación de los privados de libertad y reducir la inseguridad ciudadana. La Dirección General de Adaptación Social y Prevención del Delito también impulsará el Plan Nacional de Prevención. Estas serán las líneas de acción:
⋅ Investigar el fenómeno de la criminalidad, el delito, el delincuente y la víctima para fundamentar planes de acción represiva y preventiva. ⋅ Desarrollar la alternativa de trabajar con las víctimas de un delito, en procura de garantizar sus derechos. ⋅ Desarrollar distintos programas de capacitación y divulgación a nivel nacional sobre la legislación vigente; los Derechos Humanos; la resolución no violenta de los conflictos y el pensamiento prosocial. ATENCIÓN A LOS MENORES INFRACTORES
En el campo de los menores infractores, consideramos necesario redefinir la atención de los jóvenes a la luz del aumento de la violencia y de los lineamientos que señala la Ley Penal Juvenil. Frente a estos retos proponemos:
⋅ Consolidar el modelo de atención y regionalización. ⋅ Separar físicamente a los menores infractores de la población penal adulta. ⋅ Promover los proyectos comunitarios que den respuesta a las medidas alternativas estipuladas en la Ley de Justicia Penal Juvenil, como medida efectiva para la gradual desinstitucionalización de los menores en conflicto con la ley. ⋅ Reabrir el Centro de Ingreso y Referencia en el área metropolitana. ⋅ Crear un Centro de Desintoxicación para jóvenes, tal como lo señala el Transitorio II de la Ley de Justicia Penal Juvenil. ⋅ Apoyar la legislación especial para la ejecución de la sanción, sobretodo la sanción socioeducativa. ⋅ Implementar un nuevo tratamiento de rehabilitación llamado "pensamiento pro-social". Se trata de una terapia para desarrollar los conocimientos y capacidades de los menores en el campo de las relaciones interpersonales, el autocontrol y el pensamiento crítico. La formación académica y técnica se realizará a través de convenios con el INA y el MEP. ⋅ Hacer efectiva la creación de albergues y otras instacias intermedias, con participación de padres de familia y grupos organizados de la sociedad civil, como medida alternativa a la institucionalización, de acuerdo con lo establecido por la Ley de Justicia Penal Juvenil. ⋅ Reabrir y reestructurar el Centro de Menores Luis Felipe González Flores. Consejo Nacional de Espectáculos Públicos y afines
Los socialcristianos creemos necesario consolidar esta instancia de control. Para ello impulsaremos las siguientes acciones:
⋅ Reglamentar la Ley 7440 para establecer las políticas, procedimientos y normas que deben regular la relación entre los empresarios y los órganos de control. ⋅ Dotar de los necesarios recursos humanos y materiales a este Consejo, con el propósito de que cumpla con el carácter estratégico de su función. ⋅ Promover la formación de un espectador más inteligente y creativo frente a los programas y mensajes proyectados en los medios de comunicación y los espectáculos públicos. ⋅ Hacer efectiva la creación de los Comités Auxiliares de cada Cantón. ⋅ Defender a los menores de la violencia, la inducción a vicios y conceptos como el "p´orta a mí". La Procuraduría General de la República
Nos proponemos dar a esta institución una proyección más dinámica y permanente. Para ello, actualizaremos el proceso de informatización y fortaleceremos la capacitación especializada. El Registro Nacional
Nos proponemos modificar la ley de creación del Registro Nacional para alcanzar los siguientes objetivos:
⋅ Mejorar el servicio brindado a los usuarios. ⋅ Garantizar la seguridad jurídica en todos los Registros. ⋅ Modernizar el sistema de información, para dotarlo de mayores controles y ofrecer así la seguridad y eficiencia que los costarricenses merecen. ⋅ Implementar un control cruzado con el Archivo Nacional, a fin de que se erradiquen las violaciones a la propiedad. Entre otras medidas, buscamos ratificar a los notarios y el número de escrituras. ⋅ Ampliar las bases de datos e implementar un sistema de acceso externo para para asegurar la propiedad intelectual, de acuerdo con las políticas internacionales.
Los socialcristianos trabajaremos en la descentralización del Registro Nacional. Queremos regionalizar los servicios de esta institución, a través de las Municipalidades. Con el concurso de una comisión de expertos, diseñaremos, en un lapso no mayor de dos meses, una red de informática con los adecuados sistemas de control para dar seguridad jurídica a los bienes. Asimismo promoveremos una red de acceso al Registro Nacional, para el estudio registral de las propiedades. También ampliaremos las posibilidades de recepción de documentos a través de convenios con bancos del sistema nacional. PAGINA DEL PUSCEncuestas Políticas | Partido Liberación Nacional |