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PROCEDIMIENTOS JUDICIALES:
DEMOCRATIZACIÓN Y EFICIENCIA
Este apartado del Programa de Gobierno tiene como propósito fundamental analizar y proponer soluciones atinentes a los problemas que presenta la situación vigente en materia de procedimientos judiciales. Por su propia naturaleza, la mayor parte de las propuestas son competencia del Poder Judicial, aunque su ejecución requiere de la participación activa en campos concretos de los demás Poderes y otros entes públicos.
La población meta de esta área, está constituida por todas las personas que residen en Costa Rica e inclusive por aquellas que transitoriamente nos visitan, pues todas ellas, en algún momento, pueden verse enfrentadas y relacionadas con conflictos de naturaleza judicial.
Desde 1992 se han efectuado encuestas para medir la opinión del público sobre el Poder Judicial. Es especialmente relevante indicar, que un 41% de los propios funcionarios judiciales, consideran que la gestión de ese Poder es de regular a mala; en tanto un 64% de los mismos, cree que el principal problema es el atraso de los procesos. En cuanto a la valoración de las otras personas encuestadas, un 50% consideran que el Poder Judicial es lento; solamente el 18% lo califican de bueno o muy bueno. Un dato fundamental es que el 25% de los encuestados estiman que el aspecto más negativo es la desigualdad en la aplicación de la ley.
Contamos con una estructura constitucional elaborada, con un Poder debidamente financiado a través de una reforma constitucional histórica e inspiradora para otras latitudes (Artículo 177 de la Constitución Política) y con un equipo bien capacitado de funcionarios judiciales. Por la especificidad de la materia, los recursos disponibles son bastante precisos.
Presentamos estas ideas con gran respeto hacia el Poder Judicial y con plena conciencia de su independencia, la cual siempre respetaremos.
DEMOCRATIZAR EL ACCESO Y AGILIZAR LOS PROCESOS
A partir del diagnóstico inicial, se desprende que los problemas fundamentales que afectan al público en cuanto a los procedimientos judiciales son la lentitud, el atraso de los procesos, la desigualdad en la aplicación de la ley y el acceso a la justicia. No se percibe la vigencia real y efectiva del artículo 41 constitucional, que establece el derecho que toda persona tiene a recibir justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes. En este sentido, la modernización y adaptación de los procesos judiciales existentes, pasa por garantizar la equidad en el acceso a los Tribunales y la agilidad de sus decisiones. Creemos que es el momento de dejar patente que en asuntos de carácter patrimonial, es preferible un proceso expedito, barato y menos fino, que uno lento, dispendioso y perfecto. En este sentido, impulsamos propuestas integrales, las cuales se orientarán de acuerdo con los siguientes siete ámbitos de acción:
⋅ Mejoramiento de la gestión de los Despachos Judiciales.
⋅ Incremento de la capacitación judicial.
⋅ Fortalecimiento de la gestión administrativa.
⋅ Desarrollo de procesos de informatización jurídica.
⋅ Impulso a mecanismos de solución alternativa de conflictos.
⋅ Creación y fortalecimiento de instrumentos de acceso a la justicia.
⋅ Establecimiento de estímulos a los jueces y funcionarios judicales en general.
Asumimos con responsabilidad el desarrollo de las siete propuestas, a través de medidas inmediatas y de corto plazo, así como medidas de mediano y largo alcance. Primeramente, las medidas urgentes:
⋅ Solicitaremos a la Corte Suprema de Justicia y al Colegio de Abogados los proyectos de ley de reforma al Código Procesal Civil, los Códigos Procesales de Familia y Laboral y de modificación a la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa, con el propósito de remitirlas a la Asamblea Legislativa.
⋅ Constituiremos una Comisión de Expertos en Derecho Procesal y de fondo, para que con la ayuda de especialistas en Administración Pública e Ingeniería de Procesos, detecten los principales obstáculos que impiden la simplificación y celeridad de procedimientos y para que rindan un informe en un plazo máximo de seis meses. Los proyectos respectivos serán tramitados por medio de la Corte Suprema de Justicia. En todos los casos procuraremos establecer el proceso oral ante Tribunales Colegiados así como la eliminación de la doble instancia de la sentencia, salvo en materia penal. El recurso de casación se sustituirá por un contralor judicial de constitucionalidad de la sentencia, mediante un acceso restringido a la Sala Constitucional, quien escogerá libremente los casos que admite y sin necesidad de razonar las resoluciones que denieguen el acceso (writ of certiorari).
⋅ Apoyaremos, por todos los medios posibles, las propuestas de la Corte Suprema de Justicia derivadas del Programa Poder Judicial-Banco Interamericano de Desarrollo.
⋅ Estableceremos Centros de Mediación con carácter experimental en Municipalidades y Centros Educativos, para resolver problemas comunales e internos de escuelas y colegios, como ensayos para el desarrollo de resoluciones alternativas de conflicto en otras materias.
⋅ Crearemos tribunales vecinales sin carácter jurisdiccional, para estimular la solución popular de conflictos vecinales y de escaso efecto patrimonial, abaratando los costos y facilitando la solución de conflictos.
⋅ Impulsaremos el desarrollo de los Centros de Mediación existentes en el Patronato Nacional de la Infancia, la Cámara de Comercio y otros entes que correspondan.
El desarrollo de estos instrumentos que mejoran la gestión de los despachos judiciales e impulsan mecanismos de solución alternativa de conflictos, tiene efectos importantes en el campo de la armonía social. Es utópico pretender que la sociedad no genere conflictos pero es humano procurar que éstos se solucionen en armonía y con la mayor celeridad posible. El sistema productivo tampoco soporta lentos procesos judiciales que afectan la seguridad jurídica y desvían la atención del empresario a la malicia propia de los abogados litigantes, cuyo propósito es atrasar la solución de los asuntos. Está demostrado que los grupos marginados son las principales víctimas de la lentitud procesal, pues la necesidad de una pronta solución para su propia subsistencia les inhibe de acudir ante los órganos jurisdiccionales. La participación de los ciudadanos en la administración de la justicia mediante centros de mediación en municipalidades y comunidades, así como juntas de vecinos que solucionen armónicamente los conflictos, tiende a generar una democracia mucho más real y participativa.
En el mediano y en en largo plazo, impulsaremos las siguientes estrategias:
⋅ Tramitar aceleradamente todos los proyectos de ley que simplifiquen los procedimientos judiciales.
⋅ Elaborar, presentar y tramitar un proyecto de reforma constitucional que establezca al menos los siguientes aspectos: establecer el derecho a la estabilidad para los jueces; elevar a rango constitucional el Consejo Superior del Poder Judicial e incorporar como un derecho constitucional el acceso a la justicia.
⋅ Garantizar el acceso a la justicia para todas las personas, mediante el fortalecimiento de la figura de los Consultorios Jurídicos y con la participación de las Facultades de Derecho y del Colegio de Abogados. Para su financiamiento se utilizará el 50% de lo que se recauda actualmente por concepto del timbre del Colegio de Abogados.
⋅ Tramitar el proyecto de ley de mediación que se encuentra en conocimiento de la Asamblea Legislativa.
⋅ Fortalecer la Sala Constitucional y la Defensoría de los Habitantes, elevando ésta a rango constitucional.
La garantía de un verdadero acceso a la justicia para todas las personas es un requisito indispensable para procurar la equidad y la armonía social. A los grupos marginados de nuestro país se les dificulta la movilidad social en virtud de una discriminación real en el acceso a los remedios jurisdiccionales. Un eficiente control de la Administración Pública por los habitantes, íntimamente ligado con procedimientos judiciales ágiles, expeditos y baratos hacen posibles la gobernabilidad y la participación popular. El fortalecimiento de órganos como la Defensoría garantizan la defensa de intereses difusos y colectivos, cuya protección es absolutamente inapropiada con los mecanismos procesales comunes.
FUENTES Y MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO
Debemos asumir el compromiso de garantizar el financiamiento constitucional para el Poder Judicial. Es necesario obtener recursos de organismos internacionales para continuar desarrollando el proyecto de mejoramiento de este Poder. Los recursos provenientes del Timbre del Colegio de Abogados deben utilizarse, tal como ya lo propusimos, en un 50% para el desarrollo de proyectos de acceso a la justicia para los grupos marginados.
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