Dijimos en aquel momento que procuraríamos escuchar e involucrarnos en los problemas e inquietudes de los habitantes con el fin de derivar datos y enseñanzas que facilitaran el abordaje integral de los problemas que se plantearan. En ese sentido, la atención de casos individuales nos permitió profundizar en investigaciones más generales que nos revelaron información esencial para atender con prioridad muchos temas que por su carácter estructural se constituían en serias amenazas para los derechos de la población. Este salto cualitativo nos permitió asumir posiciones fundadas en los distintos foros en los que se discutieron los principales asuntos de interés nacional.
También señalamos la importancia de buscar el equilibrio necesario entre el consenso y la denuncia, entre la negociación y el enfrentamiento. Al respecto hemos considerado que lejos de buscar confrontaciones con los órganos o funcionarios denunciados, las investigaciones realizadas por la Defensoría tendrían también el objetivo de contribuir a lograr una mejora en la gestión de las instituciones involucradas.
Otro responsabilidad que asumimos con especial convicción fue la de preservar la independencia de criterio y fortalecer el compromiso de la institución con todos los habitantes pero con la conciencia de que no todos ellos son iguales, ni tienen las mismas oportunidades y necesidades. En ese sentido, la Defensoría ha reconocido las circunstancias particulares de los que más la necesitan y ha dirigido sus actuaciones a la atención prioritaria de los sectores más vulnerables de la población. Esta definición se ha visto reflejada en una jerarquización del trabajo de la Defensoría que se evidencia, precisamente, en el contenido de este Informe.
Estamos convencidos de que la construcción de esta filosofía institucional y su aplicación al trabajo cotidiano de la Defensoría ha fortalecido su capacidad para interpretar la realidad y evolucionar hacia nuevas perspectivas de abordaje.
En ese sentido, uno de los temas que la Defensoría planteó como esencial se refiere a la incapacidad del sistema político y de sus instituciones para relacionarse con la sociedad civil y articular sus demandas lo cual alude a la necesidad de replantear las relaciones existentes entre las instituciones del sector público y los habitantes. Se trata de establecer nuevas reglas y formas de relación teniendo presente la necesidad de facilitar la participación de los habitantes además de incorporar criterios para evaluar la calidad y eficacia de los servicios públicos.
Nuestro planteamiento, en ese sentido, pretende insistir en que el asunto de la gobernabilidad es más que un problema de poder o de ejercicio administrativo de la función pública pues se refiere también a las condiciones necesarias para ejercer el poder con eficacia, legitimidad y respaldo ciudadano.
Es criterio de la Defensoría de los Habitantes que esta concepción de la gobernabilidad democrática encuentra su contenido concreto en el respeto a los derechos humanos de los habitantes y, fundamentalmente, de los sectores más vulnerables de la población. Se trata, entonces, de que esa interacción entre el sector público y la sociedad civil evolucione en un entorno que garantice la libertad, la participación, la satisfacción de las necesidades básicas y la igualdad de oportunidades..
Para lograr una modificación en esta cultura del poder resulta necesario invertir los términos de la relación.
Alguna distorsión en la interpretación de las normas y principios que rigen nuestro sistema ha derivado en una percepción inadecuada sobre el ejercicio del poder. De un lado los órganos públicos han asumido una actitud de suficiencia en la que la participación de los administrados ha pasado a ser residual en tanto, de otro, los habitantes se sienten disminuidos al verse en la necesidad de entrar en contacto con los esquemas tradicionales la Administración Pública. Y así hay que decirlo: constantemente llegan a solicitar los servicios de la Defensoría de los Habitantes personas que se sienten disminuidas, con miedo a enfrentarse a las instituciones del sector público y en algunas ocasiones hasta amenazadas por sus mismos funcionarios. Hemos constatado que al acercarse a solicitar la intervención de una de estas entidades, los habitantes sienten que piden un favor que debe ser agradecido en caso de que el servicio se preste con propiedad.
Resulta necesario romper con esta cultura que tiene por efecto fomentar el clientelismo electoral y obligar a las personas a pedir como favor y no como derecho, al tiempo que ensancha en proporciones ya casi inmanejables la brecha existente entre el aparato burocrático y la sociedad civil.
Se torna indispensable, desde ese punto de vista, que las instituciones se construyan para mantenerse en constante relación con su entorno. Es decir, se trata de que sus funciones y los servicios que prestan respondan directamente a las necesidades de la comunidad y que puedan adaptarse a lo largo del tiempo a las demandas y valores de la sociedad. Se trata, además, de que establezcan interacciones constantes y fluidas con los otros órganos que comparten responsabilidades en el ejercicio de una función pública. Entonces podrá el administrado comprender que las instituciones tienen por finalidad la satisfacción de los intereses colectivos y que, además, sus funcionarios son, y deben actuar, como simples depositarios de la autoridad que se les delega.
Es criterio de la Defensoría de los Habitantes -conforme se indicó en el Informe Anual 1997- que uno de los instrumentos que contribuirían decididamente en este proceso sería el desarrollo de una cultura de rendición de cuentas que funcione en una doble dimensión: la de las autoridades públicas y la de la sociedad civil.
Desde el punto de vista de las instituciones públicas y sus funcionarios, ello exige el cumplimiento legal y moral de las responsabilidades que derivan del ejercicio de una función pública y la consiguiente obligación de dar cuentas sobre el resultado de la gestión. Se trata de adoptar medidas que sirvan como mecanismos para prevenir no solo la corrupción, sino el manejo eficiente y equitativo de los recursos transitoriamente depositados en los gobernantes de turno.
Ahora bien, desde el punto de vista de la sociedad civil, el desarrollo de una cultura de rendición de cuentas implica asumir como propio el derecho, y aún más la obligación, de exigir cuentas a los órganos y autoridades públicas sobre los resultados de su gestión y el respeto a los derechos fundamentales de los habitantes. Es en este punto en el que adquiere especial relevancia el papel de la educación.
Estamos convencidos de que la educación formal no esta formando habitantes informados. Sin temor a equivocarnos nos atrevemos a afirmar lo contrario: los costarricenses somos educados pero no informados. Ni siquiera estamos informados acerca de nuestros derechos fundamentales. No informados ni siquiera de nuestras posibilidades cívicas como ciudadanos, no informados ni aun de nuestros derechos como usuarios o como consumidores. Ello sumado, a la cultura del clientelismo electoral constituye para la Defensoria uno de los problemas mas serios en la relacion Instituciones-Habitantes y consecuentemente en la ecuacion propicia para una gobernabilidad democratica y participativa.
Hace un año dijimos también que una Defensoría eficiente debe caracterizarse por su capacidad para reconocer el momento histórico y responder a sus exigencias. Los esfuerzos realizados por ampliar la cobertura de los servicios de la institución a la mayor cantidad posible de habitantes nos ha llevado a iniciar un proceso de desconcentración con la colaboración de las comunidades y las instituciones locales que iniciará con la apertura de la primera oficina permanente de la Defensoría en la ciudad de Liberia y continuará con el establecimiento otras dependencias similares en el resto de las regiones del país. Se espera que éste sea el primer paso de un proceso más integral que facilite el establecimiento de nuevos esquemas de relación entre las instituciones y los habitantes en el nivel local.
La Defensoría de los Habitantes cumple con su mandato legal de presentar el Informe Anual 1997-1998, a la Asamblea Legislativa con la certeza de que la práctica de rendir cuentas es no solo un principio de sana administración pública, sino fundamentalmente un elemento indispensable para el establecimiento de relaciones adecuadas entre gobernantes y gobernados.
Rendir cuentas a quienes han depositado su confianza en las instituciones públicas se constituye así, no solo en una obligación, sino también en un derecho: un derecho de los habitantes a conocer, evaluar y participar de la cosa pública con información cierta, y sobre todo a decidir el destino de la patria, con la seguridad de quien tiene en sus manos la información necesaria.
Destinamos el primer capitulo a exponer los siete temas que por su impacto y características especiales propusimos como prioritarios en el informe del año pasado: pensiones con cargo al presupuesto nacional, asuntos municipales: bienes inmuebles y zona marítimo terrestre, la violencia doméstica y el hostigamiento sexual, la situación de las personas con discapacidad, el accidente del servicio de radioterapia del Hospital San Juan de Dios, el caso del Banco Anglo y el tema de vivienda. Este último, por su complejidad e impacto, se traslada en esta oportunidad a otra parte de este informe.
En cada uno de los temas indicados, se resumen las gestiones realizadas por las instituciones correspondientes, así como por la Defensoria, y se confrontan las recomendaciones que se emitieron el año pasado con la situación actual del problema abordado. Además, a manera de conclusión se reiteran algunas de las recomendaciones, o bien, se hacen nuevos planteamientos tendientes a dar seguimiento a los asuntos planteados.
Un segundo capítulo informa acerca de otros temas que han ocupado la agenda de la Defensoría de los Habitantes ya sea por lo reiterado de las denuncias o bien por la necesidad de situarlos en el foro de la discusión nacional. Se trata de enfocar los grandes asuntos como vivienda, educación, calidad de los servicios públicos y recursos hídricos, desde la perspectiva que más afecta a los habitantes: desde la óptica de quienes diariamente acuden a la Defensoría con sus problemas.
Así, en materia de vivienda se analiza el costo económico y social de las reubicaciones habitacionales que deben realizarse en virtud de los malos manejos y la ausencia de controles; en educación se enfatiza el tema de las adecuaciones curriculares y la falta de reglamentación en la educación privada, entre otros; la calidad de los servicios públicos se centra en el problema del transporte remunerado de personas y la referencia a la situación de los recursos hídricos desarrolla la deficiencia en la prestación del servicio de agua potable, la inadecuada administración de los acueductos rurales y el mal funcionamiento de los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial.
Además, se incluyen dos planteamientos de especial significado para la Defensoría: la salud visualizada desde el punto de vista de algunas de las causas que están provocando el deterioro del sistema de seguridad social y la administración de justicia como un derecho consagrado en la Constitución Política y un servicio público sujeto a controles que debe prestarse con eficiencia para garantizar el acceso de los habitantes a una justicia pronta y cumplida. Otro tema prioritario incluido en este capítulo es el de los adultos mayores. Su razón de ser radica en la inexistencia de políticas integrales dirigidas a este importante sector de la población. Considera la Defensoría que razones de planificación económica y social pero, sobre todo, de índole moral, hacen que exista con este sector de la población, un compromiso que las nuevas generaciones debemos honrar.
El tercer capítulo profundiza en la labor de defensa sustantiva que realizan las distintas Direcciones que componen la Defensoría de los Habitantes, a saber, la Dirección de la Defensoría de la Mujer, la Dirección de Protección Especial, la Dirección de Calidad de Vida, la Dirección de Control de Gestión Administrativa, la Dirección de Asuntos Económicos y la Dirección de Niñez y Adolescencia.
En forma correlativa a esta labor de defensa de los derechos e intereses de los habitantes realizada por estas Direcciones, subyacen las actividades de promoción y divulgación, las cuales ocupan un lugar de enorme importancia en el quehacer institucional. Ese es, precisamente, el contenido del cuarto capítulo del este Informe.
En el quinto capítulo se incluye un Informe de Gestión en el que se comentan los cambios de la estructura orgánica y funcional ejecutados durante ese período, así como una referencia a las medidas administrativas que se han adoptados con el fin de cumplir con los objetivos planteados y a los informes financieros correspondientes. Además se realiza un análisis estadístico del trabajo realizado entre el 1º de mayo de 1997 y el 30 de abril de 1998.