4. TEMAS ANALIZADOS

4.9.3 Competencias y actuación de la Auditoría General de Entidades Financieras

Desde febrero de 1993, el Lic. Rafael Díaz se sorprendió de la situación bollante del Banco Anglo Costarricense, por lo que conforme a lo expresado por él ante esta Comisión, decidió prestarle especial atención. Sin embargo, no se denota de su misma intervención, que la AGEF tuviera un particular interés sobre el Banco Anglo.

En realidad, la única circunstancia que motivó alguna actuación por parte de la Auditoría General de Entidades Financieras fue la siguiente, ya comentada con anterioridad en este informe: al recibir los estados correspondientes del Banco Anglo Costarricense al cierre a diciembre de 1993, la AGEF objetó una utilidad de 814,9 millones, explicada por el Banco como producto de la venta de documentos de deuda externa a AVC Valores (Costa Rica), utilidad que no fue aceptada por la AGEF por tratarse de una transacción interna (entre casa matriz y subsidiaria) que desaparece al consolidar sus estados financieros, asimismo, se cuestionó que la venta fuera pagada con certificados de inversión emitidos por AVC Valores. La Auditoría General pidió entonces al Banco Anglo Costarricense consolidar los estados financieros con sus subsidiarias, así como explicar la base legal de la emisión de los certificados de inversión por parte de AVC Valores. Posteriormente, en marzo de 1994, la AGEF comunicó al Banco Anglo Costarricense su preocupación por el monto de las cuentas a cobrar a AVC Valores y por la falta de respaldo en cuentas registradas como inversiones.

El 24 de mayo de 1994, el señor Rafael Díaz Arias, envió una carta a don Carlos Manuel Castillo en la que le informaba que el Banco Anglo insistió en que la utilidad de los 814 millones de colones se dio, por cuanto los títulos valores se vendieron a un tercero, pero que tal hecho no quedó demostrado. Igualmente, le hizo saber que a cambio de los bonos de deuda externa, AVC dio certificados de inversión, lo que la AGEF objetó. También se determinó que AVC otorgaba créditos con recursos del Banco Anglo, lo cual, a la fecha de esa carta, se estaba investigando.

Efectivamente, en su comparecencia ante esta Comisión , el señor Díaz Arias señaló que desde hacía años el Banco Anglo presentaba problemas por lo que le sorprendió su aparente rápida recuperación. Es a raíz del análisis en 1993 de los Estados Financieros y el reporte de la ya citada utilidad de los más de 814 millones provenientes de la venta de títulos del Banco Anglo y AVC Valores -según lo informado por el propio Banco-, que la AGEF entró en una discusión con éste.

Los estados financieros que presentó el Banco Anglo fueron en una primera oportunidad rechazados por incompletos (carecían de la firma del señor Gerente General y del refrendo del Auditor). Se realizó una inspección en AVC Costa Rica, pues como ya se dijo, se cuestionaba la facultad de esta empresa para emitir certificados de inversión. El Lic. Díaz insistió en su comparecencia ante esta Comisión, que la compra de AVC se hizo con apego a la ley en cuanto al procedimiento utilizado, pero con una intención manifiesta -que dice él consta en Actas de Sesiones de la Junta Directiva del Banco Anglo- de utilizar las empresas adquiridas para cosas no reguladas por el Banco Central ni supervisadas por la AGEF. No obstante, señaló que hubo dificultades para inspeccionar AVC, debido a que, por ejemplo, se negó el acceso a las instalaciones físicas de la empresa, y una vez superado ese obstáculo, se facilitó información incompleta, con el argumento de que una resolución de la Sala Constitucional establecía que la negativa a brindar información a la AGEF no constituía falta grave.

La AGEF afirma que bajo el esquema tradicional de operación, solo el Banco Anglo estaba autorizado para prestar, captar, emitir certificados de inversión, ceder créditos y otros, quedando el Almacén de Depósito limitado a transacciones permitidas por Ley a tales almacenes. Sin embargo, AVC Valores, además de realizar actividades permitidas por Ley, efectuó otras como la emisión de certificados de inversión, otorgamiento de préstamos y la prestación de diversos servicios que contravienen las disposiciones del artículo 73 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional. Al traspasar el Banco Anglo recursos a AVC Valores, quedaba un alto porcentaje de activos fuera de revisión continua.

Llama la atención -como lo afirmó el señor Robles Macaya en su comparecencia ante esta Comisión-, que si en las revisiones periódicas del portafolio de inversiones que realizaba la AGEF hubiera detectado algún documento, o carencia de documento, que no satisfaciera los requisitos por ellos impuestos, no lo hubiera comunicado de manera inmediata a la Junta Directiva del Banco. Esto en particular en lo que se refiere a la verificación de los bonos de deuda externa.

El Lic. Díaz procuró desentenderse de las consecuencias de la omisión en las actuaciones de la AGEF, al decir que todas las decisiones importantes de la Auditoría General de Entidades Financieras deben ser consultadas con el Banco Central de Costa Rica. Agregó que el acto de intervenir el Banco Anglo no fue por decisión de la AGEF sino del Banco Central de Costa Rica, pero momentos después, dijo que esta decisión no había sido tampoco del Banco Central de Costa Rica sino del Consejo de Gobierno.

4.9.4 Competencias y actuación de la Interventoría y Ejecutoría

Habiendo sido nombrado el Lic. Rafael Díaz Interventor del Banco Anglo, decidió nombrar el 14 de junio de 1994 al Lic. Rodrigo Bolaños Zamora como su Ejecutor.

Si bien el Lic. Bolaños quedaba como subalterno del Auditor General de Entidades Financieras, esto no impidió que en diversas ocasiones ignorara a su superior inmediato, o bien, tomara decisiones vitales de manera inconsulta con el Lic. Díaz.

Ejemplo de estas situaciones, fue la contratación de abogados penalistas externos para procurar la recuperación de la cartera crediticia del Banco, en abierta contradicción con las indicaciones de don Rafael. Esto se evidencia en el oficio AGEF-1127, de fecha 23 de agosto de 1994, dirigido a Rodrigo Bolaños, en que el señor Díaz reitera su oposición (que originalmente había sido verbal) a la contratación de los penalistas, por las siguientes razones:

"1. La acción civil resarcitoria es materia propia del derecho civil, no del penal;

2. La estimación de los daños económicos sufridos por el banco tendrá que ser hecha por funcionarios de la propia institución y ésta, por su parte, disponde de un Departamento Jurídico que bien puede encargarse plantear las respectivas acciones civiles resarcitorias;

3. Si se llegara a establecer que es indispensable la contratación de abogados ajenos al Banco, los honorarios deberían pactarse obre la base de un porcentaje de la recuperación económica efectiva, pues de otra manera se correría el riesgo de que esos honorarios exceden lo recuperado, complicando aún más la difícil situación financiera del Banco Anglo Costarricense.//

Finalmente deseo aprovechar la oportunidad para solicitarle, de manera muy respetuosa, que decisiones de tanto alcance como la comentada las discutamos y las adoptemos de común acuerdo." (El resaltado no es del original)

Sin embargo, debe aclararse que el Lic. Rafael Díaz, en su carácter de Interventor también fue negligente en su supervisión sobre el Ejecutor, ya que como él mismo lo reconoció, no se le consultaba sobre los contenidos de los informes que el Ejecutor remitió al Consejo de Gobierno.

Esta Comisión encontró que el Lic. Bolaños no sólo se excedió en sus funciones, sino que la precipitación en sus actos lo motivó a incurrir en serios errores, que perjudicaron innecesariamente a ciudadanos costarricenses. Ejemplo de esto fue el informe AU-222-94, de fecha 27 de junio de 1994, elaborado por la Auditoría Interna del Banco, donde se señalan una serie de irregularidades en la parte de créditos y sobregiros concedidos por el BAC. Este informe tuvo luego que ser enmendado, ya que el 7 de noviembre, el Lic. Rodrigo Bolaños envió al Lic. Harry Muñoz, Secretario del Consejo de Gobierno, el oficio G.I./137/94, en el que indicaba que habían aparecido las garantías de 8 de los 24 sobregiros clasificados como sin garantías en citado informe de la intervención. Otro caso fue el siguiente: el 23 de abril de 1992, el Banco Anglo otorgó créditos por 249 millones a favor de una empresa bananera y se constituyó un crédito hipotecario por un monto de 200 millones a favor del Banco Anglo Costarricense. La segunda operación por 49 millones se constituyó mediante prenda de primer grado por una cantidad de 224.190 racimos con un valor de 137,2 millones. Don Rodrigo Bolaños había indicado el 10 de noviembre de 1994 ante la Comisión Legislativa, que los préstamos tenían garantías fiduciarias y sin cédula hipotecaria y que estaban atrasados; luego, al ser emplazado por la parte interesada, se vio obligado a rectificar esas afirmaciones por medio de carta enviada a la Comisión el 22 de ese mismo mes.

Desafortunadamente, los errores de apreciación y de hecho cometidos por el Lic Rodrigo Bolaños Zamora, en su calidad de Ejecutor y posteriormente de Interventor fueron reiterados, generando en algunos casos daños morales irreparables y la obligación de este funcionario de tener que solicitar excusas por su actuación, en diversas ocasiones en que fue emplazado por los medios de comunicación o por comparecientes ante esta Comisión.

Aunado a lo anterior, probablemente se incurrió en mayores financieras, al negarse el Lic. Bolaños Zamora a recibir al señor José Luis López Gómez, cuando al inicio de la intervención éste le solicitó audiencia. Esta actitud fue incluso incomprensible para el Lic. Rafael Díaz Arias, Auditor General de Entidades Financieras, superior jerárquico del Lic. Rodrigo Bolaños Zamora, quien al consultársele sobre esta negativa del Lic. Zamora, declaró que habría que preguntarle al Ejecutor las razones que tuvo para proceder de esta manera.

El 12 de diciembre de 1994, el Lic. Rodrigo Bolaños envió al Presidente del Banco Central de Costa Rica el informe final de la intervención, por medio del oficio G.I./192-94. Entre los datos nuevos contenidos en este informe, se señalaba lo siguiente:

a) Desde el inicio de la intervención se determinó la existencia de una carga excesiva e imposible de soportar, por los voluminosos gastos de operación del Banco que representaban alrededor del 92% de los ingresos.

b) El traslado al Banco Crédito Agrícola de la función de cobro de la cartera no se pudo materializar. No obstante que el Banco Crédito continuó recibiendo pagos de obligaciones por cuenta del Banco Anglo, el detalle de los saldos y la confección de recibos definitivos se mantuvo en el BAC.

c) En términos globales, las recuperaciones totales tuvieron leves disminuciones hasta octubre; en noviembre se produjo un incremento en las recuperaciones que alcanzó a cerca de 900 millones, (aproximadamente un 93% más de lo recuperado en octubre), la mayor parte de las cuales fueron producto de operaciones que estaban al cobro judicial cuyos deudores pusieron al días sus obligaciones.

d) Al mes de noviembre se observó una disminución de la cartera morosa con respecto al mes anterior de aproximadamente un 8%, producto en buena parte de las más estricta gestión de cobro.

e) Después del 14 de setiembre se prepararon 545 operaciones para enviar al cobro judicial, sin embargo 344 de ellas por un monto total de 309.136.026,64 fueron retiradas de ese trámite por haberse puesto al día en sus pagos vencidos. Por lo tanto quedaron formalmente presentadas para el cobro judicial 203 operaciones, por un monto de 445.859.293,91.

f) Venta de la cartera a esta fecha: de los bancos estatales, solamente el Banco de Costa Rica ha realizado adquisiciones por una suma aproximada de 692 millones; 7 bancos privados han comprado un poco más de 1.700 millones.

En relación con la opción de compra efectuada el 27 de mayo de 1994, (ver arriba punto 4.3.2.1, El Acta 43-5/94), luego de la intervención, el BAC tenía dos posibilidades de acción; una era ejercer la opción de compra a su vencimiento y la otra era venderla en el mercado por medio de ING Securities, antes de su vencimiento. El precio de golpe ("strike price") era de 41,3%. En los meses de la intervención, con anterioridad a que finalmente fuera vendida la opción de compra, el precio del mercado oscilaba entre un 44 y un 45% -según lo reconoció el mismo señor Bolaños Zamora. Sin embargo, la tardanza incurrida por el señor Interventor implicó que cuando al fin se decidió vender la opción de compra, ésta estaba por debajo de la prima pagada de US$5,5 millones.

Concluida la intervención y cerrado el Banco Anglo Costarricense, se nombró una Junta Liquidadora bajo la Presidencia del Lic. Marco Hernández. A la fecha de la elaboración de este informe, esta Junta no ha tenido la capacidad para concluir la liquidación del Banco, incurriéndose en cientos de millones de costos adicionales.

4.9.5 Competencia y actuación de la Contraloría General de la República

La Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, indica que le corresponde a este organismo ejercer el control y fiscalización de los fondos públicos. En esta medida, le corresponde asegurarse que las entidades bancarias -y el órgano específico de supervisión sobre ellos, a saber antigua Auditoría General de Entidades Financieras -hoy Superintendencia General de Entidades Financieras-, acaten las disposiciones reglamentarias y legales al efecto.

Como ya se describió arriba en el punto 4.2.2, Criterios Legales y Antecedentes de la compra por parte del Banco Anglo Costarricense, cuando el Banco Anglo Costarricense solicitó la autorización de la Contraloría General de la República para efectos de esta compra, el órgano contralor dio su autorización para efectuar una compra directa.

Sin embargo, si se analiza la documentación remitida a Segura Transportadora de Valores, originada en la apelación que esta firma elevó ante la Contraloría, se puede observar que la Dirección General de Contratación Administrativa calificó como ordinaria únicamente la actividad referida al Almacén de Valores, sin hacer referencia al transporte de valores. A pesar de esta omisión sustancial en términos de la determinación para efectuar una compra directa, la Contraloría General de la República dio su aprobación para una negociación que obviamente violenta la normativa existente.

Ante las protestas que a este efecto elevó la empresa SEGURA TRANSPORTADORA DE VALORES S.A., la Contraloría se limitó a determinar que ABC Transportadora de Valores sólo podía prestar sus servicios al Banco Anglo Costarricense. Si esta apelación hubiera sido analizada con más detenimiento por parte de la Dirección General de Contratación, en el mejor de los casos se hubiera detenido la compra de AVC, o en su defecto, por lo menos se hubiera hecho una investigación más exhaustiva que hubiera impedido que posteriormente se hicieran las negociaciones con los bonos venezolanos.

4.9.6 Comportamiento del Poder Judicial

En realidad ha sido meritorio el accionar de los Juzgados en relación con el caso del Banco Anglo Costarricense, pues es claro que han actuado y actúan apegados a los más estrictos cánones legales, a la vez que las investigaciones que han realizado han sido objetivas y exhaustivas, maximizando los recursos que tiene el Poder Judicial a su alcance. En aras de no invadir su jurisdicción, en este informe los infrascritos diputados nos limitamos a brindar nuestro apoyo ilimitado a las gestiones que realizan los agentes fiscales y el señor Juez en procura de aclarar lo ocurrido en el Banco Anglo Costarricense.

4.9.7 Comportamiento de otras instituciones públicas

De especial interés para la Comisión, fue conocer el comportamiento de las instituciones públicas derivado de los rumores sobre el posible cierre del Banco Anglo, ya que un retiro masivo de efectivo por parte del sector público, únicamente conduciría a hacer más grave el problema existente.

Si bien el Lic. Rodrigo Bolaños fue enfático en su insistencia de que no había ocurrido un retiro masivo de fondos por parte del sector público, la documentación existente en poder de la Comisión contradice las declaraciones del entonces Ejecutor/Interventor del Banco Anglo Costarricense. Ejemplo de esto es la nota enviada al Diputado Carazo Zeledón, en la que el Ministro de Trabajo le señala que:

"...se estuvo depositando del Fondo de Asignaciones Familiares a diferentes instituciones ejecutoras, a raíz de todo lo sucedido en el Banco Anglo, se tomó la decisión de no depositar más fondos a estas cuentas, informándoles a estas instituciones que hasta tanto no cambiaran de Banco no se le iba a depositar nada. Los dineros que estaban depositando eran al Consejo Nacional de Rehabilitación, montos de 12 millones, de 25,6 millones, de 5,8 millones, para un monto de 43,4 millones, al Patronato Nacional de la Infancia montos por 546,7 milllones, al Instituto Mixto de Ayuda Social 1.307,9 millones de colones, al Centro Nacional de Desarrollo de Mujer y Familia 61,5 millones de colones, al Banco Hipotecario de la Vivienda 419,4 millones de colones y al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 248,2 millones de colones."

Igual comportamiento tuvieron instituciones como el Banco Popular de Desarrollo Comunal, RECOPE, el ICE y la Caja Costarricense de Seguro Social.

Estos hechos fueron corroborado por medio de la información remitida a esta Comisión por el señor Víctor Manuel Arroyo el 13 de febrero de 1995, sobre los depósitos que mantenían las instituciones del Estado en el Banco Anglo Costarricense (depósitos a plazo y cuentas corrientes juntos), que se detalla a continuación:

MES MILLONES DE COLONES

VARIACION

MAYO 94 19.576

JUNIO 94 18.408

JULIO 94 16.903

AGOSTO 94 13.315

4.9.8 Conclusiones

1. La decisión desencadenante de la pérdida incurrida por el Banco Anglo Costarricense, fue la de adquirir AVC Almacén de Valores Comerciales S.A. y sus subsidiarias; decisión que si bien formalmente fue adecuadamente tramitada, de conformidad con el principio de la realidad económica constituye un típico ejercicio abusivo del derecho, violatorio del ordenamiento jurídico, ya que permitió la ejecución de actos ilegales en la banca estatal.

2. No existió ningún sustento técnico al acuerdo tomado por parte del Consejo de Gobierno de cerrar el Banco Anglo.

3. El costo del cierre fue considerablemente mayor a los costos en que se hubiera tenido que incurrir para mantener abierto el Banco Anglo.

4. Una revisión minuciosa por parte de la AGEF del portafolio de inversiones del Banco Anglo, hubiera permitido una detección más temprana de las anomalías que se estaban dando en estas transacciones.

5. Existió negligencia en la supervisión que el Interventor debió realizar sobre el Ejecutor.

6. El Ejecutor de la intervención, Lic. Rodrigo Bolaños Zamora, se excedió en sus funciones y se precipitó en muchos de sus actos.

7. La tardanza incurrida por el señor Interventor Rodrigo Bolaños en la venta de la opción de compra por US$5,5 millones, implicó una pérdida adicional para el BAC, que pudo haberse evitado si el Interventor hubiera actuado con la oportunidad necesaria.

8. La superficialidad con que la Dirección General de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República analizó las apelaciones de la empresa SEGURA TRANSPORTADORA DE VALORES S.A., impidió que oportunamente se detectaran irregularidades en la compra de AVC. De haberse hecho una detección oportuna, es muy probable que no hubieran ocurrido las irregularidades referidas en las supuestas transacciones con los bonos venezolanos de deuda externa.

9. El comportamiento de las instituciones públicas al hacer un retiro masivo de fondos del Banco Anglo y al descontinuar sus depósitos, incidió severamente en la gravedad del problema.

® SOBRE EL CIERRE PRECIPITADO DEL BANCO ANGLO COSTARRICENSE:

1) Se recomienda legislar con el fin de obligar a que una decisión de cierre de un banco estatal, únicamente pueda efectuarse por parte del Consejo de Gobierno, previa justificación técnica de esta decisión, sustentada en un informe de la SUGEF y recomendado por el Banco Central de Costa Rica. Se traslada esta recomendación a la Comisión de Reformas Financieras.

® SOBRE LA SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS:

2) Se recomienda legislar con el fin de permitirle a la Superintendencia General de Entidades Financieras, algún tipo de supervisión sobre los bancos costarricenses fuera de nuestra jurisdicción (off-shore). Se traslada esta recomendación a la Comisión de Reformas Financieras.

3) Se recomienda legislar a fin de hacer vinculante para la Superintendencia General de Entidades Financieras, comunicar de manera oficial al Banco Central de Costa Rica, sobre anomalías que considere graves o situaciones inexplicables en los bancos estatales. Se traslada esta recomendación a la Comisión de Reformas Financieras.

4) Se recomienda establecer la reglamentación correspondiente al proceso de Intervención de un banco estatal, incluyendo el nivel de supervisión que debe ejercer el Interventor sobre el Ejecutor, ya que actualmente dicho reglamento no existe para los bancos estatales.

5) Se recomienda al Ministerio Público investigar lo relativo al comportamiento del Ejecutor de la intervención, Dr. Rodrigo Bolaños Zamora, por abuso de autoridad y no acatamiento a disposiciones superiores; además, por su tardanza en la venta de la opción de compra por US$5,5 millones, que implicó pérdidas adicionales para el Banco Anglo Costarricense.

® SOBRE LAS FUNCIONES DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LOS BANCOS DEL ESTADO:

6) Se recomienda legislar a fin de que se incluya específicamente en las funciones de las Juntas Directivas de los Bancos del Estado, el deber de darle un mayor seguimiento a los planes anuales operativos de la institución por medio de la Auditoría Interna y demás órganos competentes, complementariamente con el deber de ejercer una estricta vigilancia sobre las políticas generales administrativas de las instituciones a su cargo.

® SOBRE EL NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES EN EL SISTEMA BANCARIO NACIONAL:

7. Previo al nombramiento de un director a la Junta Directiva General de un Banco estatal, el Consejo de Gobierno deberá someter su nombre o nombres, antecedentes y curriculum vitae a la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica, para que éste emita criterio, que tendrá carácter de confidencial, con votación secreta.

8. Las personas que desempeñan cargos de Directores de Juntas Directivas Generales de los bancos estatales, deberán cumplir con los requisitos académicos y de otra índole que establece la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional.

9. Se recomienda sancionar severamente a los Directores y altos jerarcas de bancos estatales que acepten responsabilidades que entren en conflicto con su labor como Director. Se traslada esta recomendación a la Comisión de Reformas Financieras.

10. Se recomienda sancionar severamente a los Directores de bancos estatales que abusen de su alto cargo, con el fin de beneficiarse de los servicios de la banca estatal.

11. Se recomienda que mientras los Directores de una Junta Directiva General estén desempeñándose en ese cargo, no hagan uso de los Bancos Estatales con el fin de procurar créditos para nuevas actividades iniciadas posteriormente a su designación y que no formen parte del giro normal de las actividades que desempeñaba antes de ser nombrado.

12. Se recomienda que mientras los Directores de una Junta Directiva General estén desempeñándose en ese cargo, no hagan uso del Banco que dirigen para accesar créditos a título personal o de las empresas que posean parcial o totalmente.

13. No debe nombrarse como Director de un banco estatal a quienes tengan altos montos de endeudamiento con el sistema bancario estatal.

® SOBRE LOS FUNCIONARIOS DEL BANCO ANGLO COSTARRICENSE:

14. Se recomienda al Ministerio Público investigar las actuaciones de las siguientes dependencias, a fin de determinar si existen responsabilidades por comisión u omisión en el cumplimiento de los deberes de los diversos funcionarios -tanto de jefatura como subalternos- que allí laboraron: Gerencia General, Auditoría Interna del Banco Anglo, Departamento Legal, Subgerencia de Crédito, Subgerencia Administrativa y Secretaría de Actas.

® SOBRE LA CARTERA CREDITICIA DEL BANCO ANGLO COSTARRICENSE:

15. Parte de la cartera crediticia que tuvieron que recibir los Bancos del Estado, está clasificada por la SUGEF como C y D, lo que implica una recuperación mínima. Por esta razón se recomienda que:

a) que se faculte a los Bancos del Estado para que puedan negociar con el

cliente valores inferiores del total del monto adeudado;

b) se faculte a los Bancos estatales a llevar a cobro judicial e incluso declarar

insolventes a los deudores, permitiéndoseles negociar previamente a este declaratoria, con los deudores o sus representantes legales, el pago de una suma o comisión que tendrá como base el monto que va a cobro judicial, todo esto sujeto a la aprobación de la SUGEF.

16. Los créditos que otorguen los bancos estatales para actividades productivas, deben contar no sólo con suficiente garantía, sino que debe garantizarse la dedicación real de los deudores a la respectiva actividad, para que asuman la responsabilidad directa del rendimiento de la actividad.

® SOBRE LOS BIENES DEL BANCO ANGLO COSTARRICENSE:

17. Se recomienda que en caso de segundo y subsecuentes remates, los bienes que los Bancos del Estado han recibido por traslados del Banco Anglo, se otorgue una discrecionalidad de un menos un 1% sobre el avalúo, por lo menos en segundo remate. En estos casos no se publicaría la referencia del avalúo. Se haría la aclaración que esta no sería una práctica generalizada.

® SOBRE EL FINANCIAMIENTO DE LAS CAMPAÑAS POLITICAS:

18. Se ha caído en un vacío debido al pronunciamiento de la Sala Constitucional referente a la Deuda Política, lo que no elude la responsabilidad de todos los partidos politicos para asegurarse medios legales y morales de autofinanciamiento. Es por esto que se recomienda impulsar la legislación que se ha venido discutiendo en la Comisión de Reformas Electorales y dentro del marco de todas las leyes, en especial lo referente a:

a) el esquema de confidencialidad que cubren las donaciones políticas de manera

que se garantice su transparencia; y

b) el tema de la deuda política.

19. La participación de entidades bancarias en bonos de la deuda política debe hacerse con valores estrictamente de mercado y las tasas de descuentos deben ser fijados con parámetros objetivos, para evitar que se conviertan en entes subsidiadores de los partidos políticos o que los favorezcan de manera encubierta.

® SOBRE LAS POTESTADES DE LAS COMISIONES ESPECIALES INVESTIGADORAS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA:

20. Se recomienda legislar con el fin de incluir el delito de falso testimonio cuando un compareciente faltare a la verdad ante una Comisión Investigadora de la Asamblea Legislativa, previo juramentación, garantizándose así que estas Comisiones tengan mejores elementos de juicio para emitir sus criterios.

DADO EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMISION PERMANENTE DE ASUNTOS SOCIALES, EL LUNES 10 DE JUNIO DE 1996.

BERNAL ARAGON BARQUERO GONZALO FAJARDO SALAS

DIPUTADO DIPUTADO

JOSE ANTONIO LOBO SOLERA

DIPUTADO