La Asamblea Legislativa en su sesión nº 78 del 26 de setiembre de 1994 creó una Comisión Especial para que se "investigue las irregularidades ocurridas en el Banco Anglo Costarricense". Se otorgó un plazo de seis meses para rendir informe. Ese plazo fue prorrogado con posterioridad. La comisión quedó integrada por los diputados Gerardo Trejos Salas del Partido Fuerza Democrática, Francisco Antonio Pacheco Fernández, Ottón Solís Fallas y Luis Gerardo Villanueva Monge, del Partido Liberación Nacional y Bernal Aragón Barquero, Gonzalo Fajardo Salas y José Antonio Lobo Solera, del Partido Unidad Social Cristiana.
Competencia de esta Comisión Investigadora
Evidentemente, su acción tiene límites impuestos por el acuerdo de creación, por la lógica, y por el ordenamiento jurídico nacional que no puede trascender. Pero además, esos límites mismos, y su objetivo, investigar las irregularidades ocurridas en el Banco Anglo Costarricense, le crean una ámbito de acción, dentro del cuál puede y debe realizar una misión de alto interés para el país.
No puede por lo tanto, esta Comisión investigar cualquier tema, sino sólo aquellos que estén relacionados con el objetivo para el cual fue creada , y en función de éste. Así, por ejemplo, ha sido criterio de quienes suscriben este dictamen que el asunto del cierre del Banco y de si fue una decisión acertada o no, queda fuera de la competencia de la Comisión. Cuando se toma el acuerdo, ninguno de los señores diputados estaba pensando en que se investigara este tema. Aún si se considerara que el cierre fue una medida costosa o inconveniente, incluso si se cree -equivocadamente según nuestro criterio- que fue un error, el tema no tendría cabida en este informe. Se trataría, en efecto, de un acto políticamente criticable, pero no de una irregularidad en sentido estricto.
Comparar el cierre del Banco con el desastre del banco no sólo es un error de percepción sino que denota un peligro sistema de enfocar los asuntos públicos, pues busca equiparar actos delictivos, inmorales, dañinos para la integridad misma de la vida social, con medidas que en el peor de los casos podrían considerarse discutibles. La confusión entre lo inconveniente o conveniente, no guarda proporción con la contraposición entre el saqueo y la corrección en los asuntos públicos y privados, que es lo que cabe en este caso. Más adelante mencionaremos la tendencia desmoralizante que busca en toda acción ilegítima un empate, como si de ese empate pudiera derivarse la redención de actos inmorales, ilegales, trágicos para el país.
No obstante lo dicho, hemos decidido referirnos también al asunto del cierre, cuyos principales efectos son posteriores a la creación de la Comisión cuyo dictamen de minoría presentamos. Lo hacemos porque algunos diputados, particularmente lo de la Unidad Social Cristiana, invirtieron muchas horas en referirse a este asunto y no queremos que las ideas que presenten al respecto aparezcan como si fueran indiscutibles y mucho menos válidas, como no lo son. En su oportunidad, haremos los comentarios del caso.
La Comisión tiene una función diferente de la jurisdiccional
Según ha sido determinado por la Sala Constitucional, en el voto N° 441-91, de las dieciséis horas con quince minutos, del día veinte de febrero de mil novecientos noventa y uno, las comisiones investigadoras legislativas cumplen funciones específicas, diferentes de las que le corresponden a los tribunales de justicia. No se trata en efecto, de realizar la función jurisdiccional y por lo tanto de aplicar de manera estricta, al juzgar los actos de las personas, el principio de que no hay delito sin una tipificación legal previa. En otros términos, las comisiones legislativas no están sometidas a los principios estrictos, procedimentales, a que están sometidos los jueces, ni su cometido consiste en determinar, si el acto indebido que alguien cometió, cabe o no de manera estricta y precisa, en la definición de un código penal. La razón es muy simple: su propósito no es declarar derechos, ni condenar en sentido estricto a alguien para aplicarle una pena. Su función es establecer si se han cometido actos inadmisibles, corruptos, que afecten la marcha del país y si el comportamiento de quienes han participado en determinadas actividades resulta perjudicial, incorrecto, dañino para los intereses públicos.
Esta Comisión, como cualquier otra que funcione al amparo del artículo 121 de la Constitución, en su inciso 23, puede incluso ocuparse de asuntos que estén pendientes de conocimiento en los tribunales de justicia, sin violar la correcta división de funciones entre los poderes del Estado. Quien lo niegue, estará confundiendo dos tipos diferentes de actividad o función, según lo ha dicho el referido voto. Por una parte, encontramos la función del Poder Judicial, que "investiga con el propósito de castigar penalmente, y por otra, la función de control de la Asamblea Legislativa, que investiga para denunciar ante la sociedad o para generar legislación que mejore campos descuidados en la materia objeto de la investigación, y por ese motivo tiene propósitos diferentes a los que persigue el Poder Judicial".
Lo que nos ha correspondido hacer y lo que hemos hecho, es formular "valoraciones políticas", que en definitiva, la Asamblea Legislativa aceptará, o no, bajo su riesgo como cuerpo eminentemente político que es. Nuestro límite, según se señala en la resolución mencionada, es "el recto ejercicio de la función y la sanción que encaramos, si no hemos cumplido bien la tarea, será una desvalorización política para la misma Asamblea, o para un sector de ella".
Es muy importante recalcar que al informe que salga de la Asamblea, "no se le percibe como un acto que surta efectos jurídicos concretos e inmediatos, per se, contra alguna persona, sino como recomendaciones que en el nivel político, deberán tomar en cuenta partidos y gobernantes, pues precisamente el propósito de las comisiones legislativas de este tipo, no vincula desde el punto de vista jurídico". Por lo tanto, estamos en una condición de superioridad con relación a un juez. Nuestra apreciación de la prueba puede darse más libremente, lo que nos permite llegar adonde el juez querría llegar, de acuerdo con su convicción moral, sin poder hacerlo, limitado como está, por el sistema penal que nos rige. En realidad nuestra convicción, honestamente sostenida y apoyada en indicios razonables, adquiere aquí un valor especial.
De todo lo anterior, se deduce que el dictamen que se nos ha pedido, debe tener, básicamente, un carácter moral. No somos jueces de derecho, aunque nos interesen las implicaciones jurídicas de los actos que hemos analizado. Como Comisión, eso es lo que nos diferencia de un tribunal judicial. Dentro de este orden de ideas, es fundamental aclarar, sobre todo a un lector de este dictamen, poco advertido, que cuando se mencionan valoraciones políticas, para definir los juicios propios de esta y de todas la comisiones investigadoras legislativas, ni el voto de la Sala Constitucional, ni nosotros, estamos subvalorando las opiniones que se emiten. Más bien, nos estamos refiriendo al hecho de que la actividad política para estos efectos, es la que se lleva a cabo -como bien los señala Hermann Heller, en su Teoría del Estado - como ejercicio autónomo de las facultades que se tienen, pues no aparecen predeterminadas, mediante precisas reglas jurídicas de carácter normativo. No se trata de la mera aplicación de las reglas jurídicas existentes. Al contrario, se trata de una actividad que engendra algo nuevo, que supone una dirección creadora de los asuntos públicos.
Es evidente que estamos hablando del juicio libre, que analiza, que llega a conclusiones para determinar el grado de corrección o de incorrección que hay en determinada actividad de interés público, con base en convicciones sinceras. El juicio que emitimos, si está bien dado, como esperamos, tiene que ayudar, creativamente, a conformar nuestro país de mejor manera. Puede ser que el sólo precedente de señalar errores, acciones presumiblemente delictivas, inmorales, ayude a mejorar la limpieza en los asuntos públicos. El cierre mismo del Banco así lo confirma.
En efecto, las consecuencias económicas del desastre del Anglo, de por sí gravísimas, estuvieron a punto de continuar su curso expansivo. Sólo la intervención oportuna del Gobierno de la República, pudo evitar que el mal se propagara a todo el sistema financiero, lo que hubiera causado estragos mayores. Pero también -y esto es lo que queremos subrayar-, sólo gracias a esa acción decisiva, el mal moral disminuyó su capacidad de contagio. Fue una verdadera campanada para directivos y funcionarios del sector público que según múltiples evidencias, se muestran hoy más cautelosos en la aplicación de las normas jurídicas y éticas. Esperamos que este dictamen obre en el mismo sentido.
En el asunto del Banco Anglo Costarricense están involucradas cuestiones de muy diversa índole. Por una parte, resulta imprescindible plantearse el tema de la organización del Estado y la manera como se cumple con sus funciones, particularmente, la orientación de los beneficios sociales que se supone que ofrece la actividad estatal. Surge también, -y así ocurrió desde el principio- la inevitable materia de los controles a que deben estar sometidas las entidades financieras, lo que no se puede desligar de la eficiencia. Pero a todo esto hay que añadir obligadamente, el tema de la corrupción política y las relaciones entre poder político y poder económico. Porque desde el punto de vista del interés público, no hay tema que supere en importancia al tema de la moral en la función pública que se extiende también a la moral de los empresarios y de los particulares, en sus relaciones con las entidades del Estado. Este asunto, en algún sentido, comprende a los demás, los sintetiza, les da un sentido que trasciende las pautas pragmáticas de costo beneficio, a que parece reducirse el mundo para muchos.
Costa Rica pasa por una aguda crisis moral, como ha sido dicho con frecuencia. La sensación de impunidad que domina el ambiente, engendra más corrupción. Por una parte, se tiene la impresión fundada de que los más graves hechos que se cometen en el ámbito público, quedan impunes. Por otra parte, esto invita a las personas poco escrupulosas a continuar su actividad ilícita y hasta incrementarla. O el país sienta responsabilidades, morales, políticas en el mejor sentido del término, o la espiral de corrupción terminará por tragarse las posibilidades de mantener un sistema civilizado de convivencia.
Si la corrupción en todas sus manifestaciones duele, y debe ser objeto de nuestras preocupaciones, la corrupción en los asuntos públicos resulta mucho más angustiante aún. Porque, al agravio que comporta todo acto destructivo, inmoral, se añade, como en el caso del Banco Anglo Costarricense, una lesión a la justicia social. Los dineros arrancados al pueblo de Costa Rica y que se han estimado al menos en un 2% del Producto Interno Bruto, se le están sustrayendo al pueblo, los estamos pagando todos, pero con mucho más dolor y perjuicio, los más pobres. Baste pensar que con ese dinero, se hubieran podido construir miles de viviendas para los más necesitados, o se pudo haber constituido un fondo para el mejoramiento de la educación nacional de enorme impacto, en el futuro del país, o se pudo evitar en buena medida, el aumento del impuesto de ventas.
La liviandad y hasta el desparpajo con que algunos procedieron, resulta insultante para el país. Pero lo que más exacerbó la conciencia de la gente, fue la circunstancia de que los autores se aprovecharan para cometer sus acciones indebidas, de una institución pública, de un banco que se suponía que estaba -como debía estarlo- al servicio del país. El principio de que Costa Rica es un Estado social de derecho, fue claramente violado, por funcionarios que tenían un compromiso con la corrección en el desempeño de sus funciones, como cualquier empleado del ámbito privado, pero además un compromiso con los ideales que animan el Estado costarricense.
Existe en el país una tendencia que afecta la vida pública y al sector privado. Es un nuevo estilo de hacer negocios, de anteponer las utilidades a cualquier cosa, aún en los bancos de desarrollo, en los de orientación social, es decir, en los del Estado. Las ganancias han sustituido los principios ideológicos de justicia social, han suplantado bajo la forma de ley de la oferta y la demanda, los sistemas estatales que propician formas de distribución equitativa del producto nacional, menos injustas. Dentro de estas orientaciones -merecerían más bien el calificativo de desorientación- es que se han producido los hechos del Banco Anglo Costarricense.
Hay que acompañar las conclusiones a que llegue el país, de un esfuerzo de educación intenso que le enseñe a la gente a jerarquizar, a apoyarse en valores consagrados por una larga experiencia colectiva, que enseñan a distinguir en el campo público, lo que son el bien y el mal, sin grandes esfuerzos. Necesitamos muchos costarricenses que no estén dispuestos a arriesgar el patrimonio del país, colectivamente entendido, con especulaciones, con actos falsos que tienden a imitar a los ejecutivos de las series de televisión, con despilfarro, que conducen a pérdidas para la sociedad y a ganancias para unos cuantos. La trampa en que parece haber caído una parte de jóvenes profesionales, es la tentación de disponer de sumas gigantescas de dinero, con el sólo esfuerzo de la especulación, de la estafa, de la malversación. Pero esto no hubiera ocurrido, si no estuviera distorsionada la imagen de lo que debe ser un hombre de bien, que se distingue más por lo que es que por lo que tiene.
En ese sentido, nuestra responsabilidad como Comisión es enorme. Si procedemos complacientemente, si ocultamos lo que a todas luces se hace evidente, propagaremos los males del país, la disolución de la convivencia civilizada, propiciaremos el desastre de la vida social. Si apoyamos las fuerzas más sanas de la vida nacional -justamente indignadas por lo que ha ocurrido-, enfrentando los hechos con el rigor necesario, como se hace en este dictamen, contribuiremos a preservar lo mejor de nuestras tradiciones.
Hay amplio consenso en el sentido de que la fiscalización política que se realiza por medio de las comisiones investigadoras parlamentarias, se dirige a "investigar negocios o conductas de los entes, órganos o funcionarios públicos". Así lo reconoce, con toda razón, el voto N° 1618-91 de la Sala Constitucional, de las catorce horas y dieciséis minutos, del veintiuno de agosto de 1991. Ese mismo voto, le da un carácter restrictivo a esa función, puesto que considera que no se puede exceder, investigando la conducta de particulares. Si bien es cierto que los hechos aquí analizados, tienden a concentrar nuestra atención en actos de funcionarios, no debemos dejar pasar la ocasión sin hacer un comentario, al respecto.
Un análisis superficial del asunto, podría conducir a la idea equivocada de que la Sala prohibe de manera absoluta el análisis de conductas de personas que no desempeñan cargos públicos. Ciertamente, el voto mencionado, como es de suponer, tiende a plantear el asunto desde una perspectiva jurídica exclusiva y en cierto modo parece desatender la condición política del asunto. Este aspecto lo resaltan más evidentemente, el primer voto que ya fue comentado, y un voto salvado que acompaña este segundo pronunciamiento de la Sala que comentamos ahora y que obedece a una consulta de constitucionalidad.
En efecto, si las comisiones legislativas adoptaran un criterio restrictivo podrían ser omisas, gravemente omisas. Las acciones incorrectas de alta significación política no pueden atribuirse a individuos clasificables según el criterio formal, jurídico, que los agrupa en particulares y funcionarios. Existen protagonistas -podríamos citar el ejemplo de los candidatos a diputados o de los precandidatos a la Presidencia de la República- que no son funcionarios, no ostentan cargos públicos, y cuyos actos, sin embargo, podrían ser examinados con toda razón, en una Comisión como esta. No se podría alegar derecho a la privacidad en este caso. Pensamos también en altos dirigentes de un partido político.
Así termina por reconocerlo el voto N° 1618-91, cuando dice que la Asamblea, sus comisiones y los diputados, "se ven muchas veces en la necesidad de investigar y conocer, incluso hasta de mencionar, las actuaciones de personas particulares que hayan tenido o tengan participación en los negocios públicos". Claro está, el pronunciamiento insiste en la necesidad de salvaguardar la privacidad, de los particulares, "aún cuando fueren culpables de acciones delictuosas, ilegales o indebidas, porque esto sólo los tribunales de justicia pueden pronunciarlo". Esta afirmación exagerada, por suerte, la atempera la Sala, al afirmar que en este aspecto, "lo único que puede hacerse es apelar a la responsabilidad moral de los representantes populares". Como en la situación planteada hay que escoger entre principios de diversa índole, tales como la defensa de la moral pública para bien de la sociedad y el derecho a la privacidad de quienes han cometido actos de repercusiones públicas de enorme gravedad, ha sido nuestro criterio moral el que de nuevo, nos ha sido útil para resolver qué es lo que debemos decir y lo que debemos callar. Debemos señalar que hemos preferido la transparencia, a un silencio que podría juzgarse como complicidad.
Y es que lo público y lo privado, particularmente en materia de corrupción se enlazan, casi de manera indisoluble, al punto de que es muy difícil separarlos. Una comprensión adecuada de los fenómenos de corrupción pública nos lleva a considerar que rara vez, es separable de la actividad privada. Más bien, lo público y lo privado parecen ser, en este caso, caras de una misma moneda. Es más, la corrupción ocurre dentro del Estado, casi en todos los casos, por la incapacidad perniciosa que tienen algunos de distinguir entre los intereses privados y los públicos, por la confusión consciente o inadvertida entre ambas categorías, por la violación del principio de legalidad que ha de regir los actos públicos.
Por otra parte, algunos de los personajes que se mencionan en este documento y que aparecieron durante las comparecencias que efectuó la Comisión, ya han sido, por muchos medios, presentados en sus aspectos menos positivos, de aquí que no estemos incurriendo en actos de delación, de desprestigio, de descrédito.
Un ejemplo de la confusión entre intereses privados y públicos
Aún cuando no tiene que ver directamente con el Banco Anglo, una de las situaciones que mejor ilustra la confusión entre los intereses públicos y privados, quedó registrada en las actas de la Comisión , en las que figuran las declaraciones dadas de viva voz, por protagonistas de primera magnitud. Nos referimos a las vinculaciones del Presidente Calderón Fournier con la empresa mexicana BANCRECEN , con la que pasó a trabajar, después de finalizadas sus funciones como Jefe de Estado y con cuyo Director General, tenía amistad de años.
De las manifestaciones recogidas se sigue que el "grupo financiero tenía interés en que no solamente don Gonzalo Fajardo fuese el que llevara adelante su acción sino -el Expresidente Calderón habla en primera persona- que también yo participara" El diputado Fajardo Salas tuvo la amabilidad de completar el cuadro en la sesión Nº 83, donde explicó que había tenido mucha relación con las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con México y que "había conocido grupos de inversionistas y de grupos privados mejicanos, y en esa relación, se acercaron sabiendo que yo -nos dice el diputado Fajardo- estaba fuera del Gobierno y me contrataron. Este grupo BanCrecen hizo intentos por adquirir algún banco establecido, para entrar en alguna alianza estratégica con algún otro banco para poder operar de inmediato, pero por el tipo de tecnología y las estrategias de este Banco, consideraron preferible iniciar los trámites de constitución de un nuevo Banco".
Había que materializar la idea, constituir el Banco, pero eso, lógicamente, demandaba el cumplir con requisitos, el seguir trámites. Es ahí, donde aparece Don Rafael Díaz, Auditor General de Entidades Financieras, quien insistió, en el seno de la Comisión Investigadora, en que recibió presión del entonces Presidente Calderón, para aligerar la aprobación que la AGEF debía dar a fin de que el Banco de sus amigos y del que llegaría a ser colaborador, tiempo después, recibiera la aprobación que requería para funcionar. De su negativa, se derivó, en criterio del Auditor General, animadversión hacia él, por parte del entonces Presidente de la República. Esto lo llevó a preguntarse: "¿Será que me reclama que no pude complacerlo respecto a algunas gestiones que él hizo personalmente, siendo yo el titular de la Auditoría General de Entidades Financieras?"
La gestión que realizó el Expresidente Calderón, en este caso, fue directa, de acuerdo con el Auditor Díaz. Según testificó, bajo juramento, lo llamó por teléfono: "me dijo que él tenía mucho interés en que se autorizara en esa semana la apertura del banco, porque iba a ser uno de los primeros acontecimientos importantes relacionados con el Convenio que Costa Rica había celebrado con el Gobierno de Méjico", convenio que, agregamos nosotros, ni había sido ratificado por Costa Rica, ni regulaba directamente ningún asunto de interés en la materia. Pero las huellas de la presión presidencial parecen haber ido más lejos. También bajo juramento, el Auditor Rafael Díaz, agregó: "Me dijo que inclusive, que si yo daba el dictamen, la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica estaba dispuesta a sesionar extraordinariamente el viernes, el último día hábil de esa misma semana, para conocerlo y eventualmente dar la autorización correspondiente". De la aprobación inmediata en el Banco Central, que hubiera obtenido la propuesta de Calderón Fournier, de llegar ahí, a nadie le cabe la menor duda, dada la influencia que tenía sobre ese cuerpo directivo. Esto es tan cierto que en la misma sesión a que se refiere el acta en que aparecen estos comentarios, los diputados de la Unidad dedicaron un rato a demostrar que a don Rafael Díaz, lo había nombrado Auditor General de la AGEF, el Banco Central, porque contaba con la bendición del Presidente de la República, don Rafael Angel Calderón. "Quisiera decirle a usted que don Rafael Angel fue consultado y que vio con muy buenos ojos su regreso a la AGEF" , sentenció uno de los diputados de la Unidad, dirigiéndose al señor Díaz. Y otro, remató, con una pregunta de respuesta obvia: "Lo que yo quiero que me diga es si usted considera que si don Rafael Angel se hubiera opuesto a su nombramiento en 1993, pese al criterio de don Rafael Angel. ¿la Junta Directiva lo hubiera nombrado? Cuando don Rafael Díaz contestó: No me habría nombrado, hubo satisfacción con la respuesta entre los diputados de la Unidad.
La versión de los hechos que ya consignamos, la reiteró don Rafael Díaz cuantas veces fue necesario. Así, por ejemplo, explicó: "me dijo que tenía mucho interés en que el Banco quedara autorizado para operar antes de entregar su Presidencia y que la Junta Directiva del Banco Central estaba dispuesta a realizar una sesión extraordinaria el viernes de esa semana para que, en caso de que la Auditoría diera el dictamen de ley, la Junta lo conociera y resolviera. Esa fue la conversación sostenida con el señor ex Presidente, no lo que él dice, que me llamó para darme referencias de los eventuales socios del Banco. Repito, eso es bajo juramento, por lo que reitero la conversación que tuve con el señor ex Presidente"
Pero la confirmación palmaria de la presión ejercida por el entonces Presidente de la República, para que BANCRECEN recibiera un trámite de privilegio, viene de uno de los diputados que son sus partidarios, el diputado Fajardo, quien afirmó, literalmente: "Por el honor de mi palabra, recuerdo que le dije al Licenciado Calderón un día de abril que me lo encontré en la inauguración de alguna obra; ante la pregunta de él: "Don Gonzalo, ¿cómo va el asunto del Banco ya que los señores de México llaman?" Le contesté: "Mire don Rafael, yo preferiría que este asunto se quede para que sea visto en la administración entrante para que el Banco salga muy sólido. Además, dígale a esa gente que materialmente es imposible". Había una gestión normal de inversionistas por lo que le preguntaban al Presidente sobre el caso de la autorización."
Y de ahí viene el problema. Los presidentes de la República no deben ejercer este tipo de presiones en apoyo a empresas financieras privadas, ni siquiera nacionales, mucho menos de las extranjeras. El hecho de que más tarde fuera contratado por los que pudieron haber sido beneficiarios de su empeño, le quita aún, más elegancia -por usar un término discreto- a lo actuado. Lo que se califica de gestión normal de inversionistas, no es para nada normal. Ni es admisible. Este tipo de actitudes totalmente impropias deben desterrarse de la vida nacional.
Ciertamente, lo que hemos señalado no tiene relación directa con el Banco Anglo, pero es un excelente ejemplo para ilustrar esa confusión entre la función pública y la actividad privada, de la que el país tiene que desprenderse, y pronto.
No podemos dejar de mencionar la ética y la política, este par de conceptos que muchos, equivocadamente, consideran incompatibles. El caso que nos ocupa, muestra -quienes suscribimos este dictamen estamos convencidos de ello- que las acciones omisas o deliberadamente culpables de los políticos, el desertar de sus responsabilidades públicas o el poner sus esfuerzos en beneficiarse y no en cumplir con las obligaciones del cargo, conducen necesariamente a la sanción colectiva, a la pérdida del apoyo popular. Durante el periodo en que ocurrieron los hechos a que se refiere este informe y precisamente por ellos, la moral política cayó a niveles difícilmente comparables a lo largo de nuestra historia.
Hace tiempo se viene jugando con un truco que conduce a la impunidad y a la desmoralización y es el de refugiarse detrás del falso principio de que toda denuncia, incluso de que toda comprobación de un hecho incorrecto de gravedad, obedece a la politización, al designio oscuro, a un complot montado por el enemigo. Este primer truco, se combina con otro, más sutil: el de confundir objetividad con empate. La prensa debe cuidarse de este otro recurso que garantiza la impunidad y estimula también, la desmoralización general. Todo da igual, todo está corrupto, unos y otros son iguales. En este caso, nosotros lo aseguramos, las responsabilidades no pueden atribuirse por partes iguales entre partidos, o grupos. La objetividad obliga a reconocer que hay una marcada desigualdad en la culpa. Cada palo, como dice nuestro pueblo, que aguante su vela.
Quien pretenda que hubo empate, trata de confundir deliberadamente al país, sobre todo que para muchas personas no constituye un secreto lo que ocurrió. Varios periodistas y una buena parte de los políticos saben perfectamente quienes son en definitiva los innombrables, los que teniendo en última instancia la responsabilidad mayor -y posiblemente una buena parte de los beneficios políticos y económicos que produjo la debacle del Anglo- no pueden ser mencionados por sus nombres sin provocar una crisis política, sin entrabar la Asamblea, sin afectar la marcha del país.
Tenemos que volver a una Costa Rica más respetuosa de la moral pública, más parca en las ambiciones de las gentes, más sobria. El Estado y sus instituciones, no pueden darse lujos que corresponden a otros niveles de desarrollo y a otras tradiciones que han conocido el fasto que siempre se evitó en el país. El jet y los símbolos de status no pueden preceder la generación efectiva de riqueza que nunca será el producto de la simple especulación con dinero ajeno, sino del trabajo productivo, del esfuerzo, del ahorro. El Estado tiene que garantizar gracias al ejemplo de sus funcionarios y a un sistema educativo bien concebido, sistemas lógicos y justos de distribución de los beneficios del capital. La distorsión principal en el proceso de desarrollo de nuestras sociedades no es producto de la interferencia del Estado en el curso que fijan la ley de la oferta y la demanda. La verdadera distorsión proviene de la corrupción en la actividad pública que provocan los particulares para su beneficio, estén disfrazados o no, de funcionarios. En la cúspide de la pirámide del desastre moral y financiero, al menos en este caso, se sitúan los innombrables, con su carga máxima de responsabilidad.
Hacia una nueva Comisión Investigadora
Quienes suscribimos este dictamen estamos convencidos de que las labores de la Comisión están lejos de haber completado las posibilidades de esclarecimiento de los hechos que condujeron al cierre del Banco Anglo. Precisamente, en el momento en que el país dispone de nuevas pruebas e indicios que permitirían completar la visión de las cosas, nos hemos visto obligados, contra nuestro criterio a concluir la tarea.
Se hace indispensable, investigar los más de tres mil folios que han llegado del exterior y que se encuentran en poder del Juzgado IV de Instrucción e incluso, con fundamento en lo que ahí figure, proseguir con otro tipo de indagaciones. Este punto de vista se refuerza aún más, con la noticia que ha circulado en estos días, de que llegará al país más prueba, lo que permitiría trazar con precisión el destino que siguieron los fondos desaparecidos o al menos, parte de ellos.
Guardamos la esperanza de que finalmente, los otros partidos recapaciten y se pueda tomar la decisión de ampliar el período de esta misma Comisión o incluso, de crear una nueva. Esto le da a nuestras conclusiones un cierto carácter provisional, cuyo valor global permanecerá, según creemos, pero que podría enriquecerse con nuevos aportes capaces de cambiar, eventualmente, algunos de los juicios que aquí se emiten.