AL MARGEN DE LA ETICA

En esta parte se hace una interpretación sistemática de los hechos e irregularidades ocurridos en el Banco Anglo Costarricense, a la luz de la Transgresiones Éticas en que se pueden agrupar esas irregularidad.

A los Sofistas se debe, desde el Siglo V a.C. la distinción entre lo "Justo por Ley" y lo "Justo por Naturaleza". Con esta genial intuición echaron las bases de la valoración ética y racional del Derecho, hasta entonces considerado como sagrado e intangible en función de su origen religioso y antigüedad venerable. Desde entonces, ha sido una constante en la historia del pensamiento jurídico Occidental la preocupación por las conexiones entre lo que el Derecho es, como producto de la experiencia social concreta de la convivencia humana y lo que debe ser, de acuerdo con los valores éticos superiores que informan dicha convivencia.

A partir de la verificación de esa dicotomía, se ha construido el concepto, por demás extendido en su peor acepción, de que no todo lo que es legal es necesariamente justo o ético. Esto se ha tomado por algunos como pretexto para violar todos los imperativos morales, confiados en que si ello se puede hacer respetando los límites de la legalidad formal, tales acciones quedarán impunes y se podrán disfrutar tranquilamente las riquezas, bienes o ventajas derivadas de tan farisaico proceder.

Al comienzo mismo de la era en que vivimos y que está pronta a iniciar su tercer milenio, el Maestro Jesús condenó severamente la actitud de aquellos que, respetando la letra muerta de la ley, ignoraban el espíritu que la vivifica y le da su verdadero sentido. Nadie puede superar, por lo claro y rotundo de la imagen utilizada, el concepto que El acuñó para arrojarlo al rostro de quienes así se presentaban a su vista: "... porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia." (Mateo, 23: 24.)

El caso del Banco Anglo Costarricense es paradigmático de diversas manifestaciones de ésta patología que, como un SIDA moral, ha venido dañando el sistema de creación de antígenos del cuerpo social costarricense y lo expone a peligros y pérdidas tan grandes como los que ésta Comisión ha tenido la oportunidad de conocer. Este tipo de acciones quizá legales pero en todo caso axiológicamente inaceptables, se diferencia de las manifestaciones de la delincuencia común pura y simple en que, dentro de su atrocidad, al menos manifiesta abiertamente su carácter antisocial, sin ocultarlo tras figuras y velos formales. Las actuaciones al margen de la ética que se dieron en el Banco Anglo Costarricense, se han clasificado y se analizan en ésta parte del Informe bajo las siguientes categorías:

* Tráfico de Influencias.

* Conflictos de Interés.

* Negligencia e incumplimiento del deber.

* Abuso con los recursos públicos.

* Corrupción empresarial.

Este fenómeno se produce cuando los titulares de un cargo o posición dentro del Sector Público aprovechan las oportunidades que ese cargo pone a su alcance para lograr tratos de excepción o favorecer los intereses particulares de determinadas personas, en perjuicio de la objetividad, el trato imparcial, la eficiencia y eficacia y el interés público, que constituyen el fundamento de la acción y los servicios prestados por el Estado y sus instituciones.

Este uso abusivo del poder oficial abarca una amplia gama de modalidades, que va desde el nepotismo o desmedida preferencia mostrada en el trato oficial hacia parientes, hasta la percepción directa de sumas en dinero y participación en beneficios o utilidades económicas a cambio de la intervención en beneficio de particulares. Otras veces se produce como actuación en reciprocidad de beneficios análogos obtenidos previamente o a los que se quiere acceder en otras instituciones públicas, para la promoción personal o política, etc.

Dice la tratadista Marina Ramírez Altamirano en su obra "Ética en la función Pública": "Se da un tráfico de influencias cuando se hacen recomendaciones específicas para nombramientos u otorgamiento de beneficios; cuando se hacen sugerencias o mandatos velados a los encargados con el fin de que hagan o dejen de hacer una acción concreta, con favorecimiento para un tercero. Cuando se hacen recomendaciones para otorgar licencias o concesiones; cuando se sugiere o se ordena al subalterno la omisión o el facilitamiento de un trámite, etc. Si por su intervención el funcionario cobra un determinado precio, incurre además en una conducta delictiva".

Resulta importante señalar que la existencia de zonas de ambigüedad o insuficiencia normativa con frecuencia es utilizada -y hasta mantenida a propósito- para llevar a cabo el favorecimiento particular antes descrito, sin que necesariamente se produzca un quebrantamiento flagrante del régimen jurídico-formal que regula la materia, o bien, para hacer difícil o improcedente su establecimiento en instancias judiciales. De este modo, el tráfico de influencias suele esconderse y legitimarse bajo la conocida excusa que ante cuestionamientos de índole moral, responde alegando la "legalidad" formal de las actuaciones que en algún momento llegan a cuestionarse.

CASOS CONCRETOS ESTUDIADOS POR LA COMISIÓN

Los hechos que esta Comisión ha establecido con base en numerosos documentos y testimonios no dejan lugar a dudas de que en el extinto banco Anglo Costarricense se llevó a cabo un tráfico de influencias de descomunales proporciones. No de otra manera pueden explicarse los múltiples casos en los que, a contrapelo de las normas técnicas, de sana administración y ética en la función pública -y hasta comprometiendo en algunos casos el mismo cumplimiento de deberes legales, que a la hora de redactarse el presente Informe se discuten en estrados judiciales-, ciertas personas, empresas y grupos de interés relacionados se vieron beneficiados con sobregiros, créditos, contrataciones y otras ventajas que, a la postre, han terminado pagando todos los costarricenses.

En el transcurso de sus trabajos, la Comisión constató la consistente repetición de un fenómeno que corresponde a la noción de tráfico de influencias antes caracterizada. Se trata del señalado favorecimiento a parientes del Ex Gerente General Carlos Hernán Robles Macaya, o bien -y no necesariamente en forma excluyente a la anterior-, a personas que en su momento aparecieron como integrantes de las Juntas Directivas de otras instituciones bancarias, como propietarios, accionistas o miembros de órganos directivos o fiscalizadores de sociedades y empresas privadas, o pertenecientes o relacionadas con personajes de las altas esferas del Gobierno y la Administración. Ello incluyó también a familiares y allegados comerciales o políticos de éstos.

La Comisión también descubrió la existencia de una práctica consistente en nombrar Directivos bancarios o parientes cercanos de éstos en los órganos directivos o fiscalizadores de empresas que precisamente luego se vieron favorecidas con créditos, sobregiros u operaciones privilegiadas en el Banco Anglo Costarricense.

En esto llama especialmente la atención el caso de Juan Antonio Robles Aguilar, Ex-Directivo del Banco Central de Costa Rica, primo hermano del Ex Gerente General del Banco Anglo Costarricense Carlos Hernán Robles Macaya, amigo y asociado profesional y empresarial de los hermanos López Gómez desde hace muchos años. Este afirmó ante la Comisión que José Joaquín Jiménez, Ex Directivo del Banco Nacional de Costa Rica, Arquitecto y amigo de muchos años del Ex Presidente Rafael Angel Calderón Fournier, lo invitó a participar en la Junta Directiva de "Almacenadora del Norte".

Robles Aguilar fue nombrado Tesorero de la Junta Directiva de esa empresa, aunque alegó que nunca aceptó formalmente el cargo, ni participó en actividad alguna y que las afirmaciones en tal sentido se debieron a "errores registrales", Del mismo modo, manifestó que la renuncia puesta por él tardó mucho tiempo en tramitarse, aparentemente también debido a un error. Pero en el ínterin, "Almacenadora del Norte" recibió cuantiosos créditos y sobregiros del Banco Anglo Costarricense, los cuales aun se encuentran en mora.

Interrogado al respecto, José Joaquín Jiménez Méndez, Directivo del Banco Nacional cuando ocurrieron los hechos aquí narrados, aseguró a la Comisión que ni siquiera conocía a Juan Antonio Robles Aguilar. Lo cual no fue óbice para que éste figurara en la empresa de su propiedad antes indicada y para que hasta le hiciera llegar una carta confirmando las versiones del supuesto error registral y el atraso en la renuncia presentada por Robles Aguilar. Cuando se le consultó sobre el estado de sus obligaciones con el extinto Banco Anglo Costarricense, Jiménez aseguró tranquilamente no tener ninguna deuda pendiente, en razón de haber vendido la totalidad de las acciones de "Almacenadora del Norte" a una persona que en la actualidad se desempeña como dependiente de un estanco en Guadalupe y por cuyo medio la citada empresa fue luego adquirida por un misterioso grupo de supuestos "inversionistas extranjeros", cuyas identidades el Abogado encargado de toda esta maniobra, Raúl Carvajal Fernández, se negó a revelar invocando el secreto profesional.

El caso antes expuesto ilustra a la perfección que por ese tipo de conexiones y por la influencia ejercida desde esa compleja trama de intereses privados en inextricable mezcla con funciones públicas, algunas personas o empresas obtuvieron un amplio y fácil acceso a los recursos y dineros del Banco Anglo Costarricense.

Las investigaciones conducidas por esta Comisión han evidenciado, más allá de toda duda razonable, que el tráfico de influencias, proclamando como secreto a voces desde hace años, es una práctica arraigada en nuestro país y trasciende las contingencias específicas del Banco Anglo Costarricense.

Lo peor es que con frecuencia ello ni siquiera es visto como algo reprochable sino, por el contrario, como una práctica perfectamente legítima y normal. Sobre todo cuando el ejercicio de la influencia se reviste con el púdico ropaje de una mera "sugerencia" o instancia aparentemente "respetuosa" de las normas y procedencia institucional del favor que de este modo se gestiona.

Los siguientes casos, que constan en detalle en la parte descriptiva del Informe, son otros tantos testimonios de esta patología:

Error! Reference source not found. Caso de las llamadas telefónicas que el Ex-Presidente Rafael Angel Calderón Fournier reconoció ante la Comisión haber hecho a Directores bancarios, con el fin de promover el estudio de ciertas solicitudes de crédito.

Error! Reference source not found. Caso de concesión de créditos y sobregiros a Oscar Cadet Fernández, Directivo del Banco Nacional de Costa Rica.

Error! Reference source not found. Caso de concesión de sobregiros a Bernardo Macaya Trejos, tío del ex-Gerente General del Banco Anglo Costarricense, Carlos Hernán Robles Macaya.

Error! Reference source not found. Caso de concesión de sobregiros a Juan Antonio Robles Aguilar, Directivo del BANCO CENTRAL DE COSTA RICA y primo hermano del Gerente General del Banco Anglo Costarricense.

Error! Reference source not found. Caso de concesión de créditos y sobregiros a Luis Fernando Chanto Carvajal, relacionado con Cadet Fernández y con Guillermo Madriz de Mezerville, los dos últimos altos funcionarios bancarios y gubernamentales de la Administración Calderón Fournier.

Error! Reference source not found. Caso de concesión de créditos y sobregiros a Fernando Contreras López, Directivo del BCR y de BICSA y cuñado del ex-Ministro de Obras Públicas y Transportes de la Administración Calderón Fournier.

Error! Reference source not found. No menos de 50 casos de concesión de créditos por montos mayores a ¢ 10 millones, en contra de los criterios de las instancias técnicas del Banco Anglo Costarricense, lo cual hace presumir que medió algún otro tipo de influencia para que las objeciones técnicas fueran obviadas. Aquí vuelven a aparecer nombres conocidos, como propietarios de las empresas o fiadores: Chanto, Cadet, Chaves, Peralta, etc.

Error! Reference source not found. Caso de Mario Quintana Musmanni, Vicepresidente del PUSC y ex- Jefe de campaña del precandidato Juan José Trejos Fonseca, tío de Carlos Trejos Cadaval, que recibió a título personal un sobregiro por ¢ 17.5 millones y otro por $115 mil. Por medio de "Inversiones Las Quintas ", de las que es propietario, recibió ¢ 15 millones y $ 70 mil, todos autorizados por Robles Macaya.

Error! Reference source not found. Caso de la evidente gestión del Gerente General del Banco Anglo Costarricense, Carlos Hernán Robles Macaya, en favor de los negocios de los López Gómez: compra del grupo de empresas AVC y mantenimiento de aquéllos en puestos relevantes aún después de adquiridas por el Banco Anglo Costarricense, entrega de la cartera de inversiones en bonos de deuda externa del Banco Anglo Costarricense a Ariana Trading and Finance en materia de precios, compra, venta, intermediación, custodia, participación por medio de Chiswick Holding en el negociado de la deuda externa de la JASEC, etc.

Error! Reference source not found. Caso del sobregiro de Eduardo León Páez, Tesorero del PUSC, a quien el Gerente General Banco Anglo Costarricense Carlos Hernán Robles Macaya le autorizó ¢ 54.2 millones, los cuales dicho Partido reconoció haber utilizado para su campaña política.

Error! Reference source not found. En general, no existe evidencia que demuestre la concesión de créditos en pequeños montos sin cumplir con los requisitos o sin tener las garantías de rigor. Las normas se esquivaron y la generosidad surgió en el caso de operaciones por montos elevados. Así, la "fiesta" de créditos y sobregiros irregulares favoreció únicamente a quienes "podían contribuir con el pago de la música".

Puede ser que la influencia no se traficara a cambio de algún tipo de pago, o de amistad y que la tendencia a beneficiar a grandes intereses se origine en otras razones. Si se tratase de un interés por atraer clientes grandes al Banco, los errores cometidos revelarían una incapacidad para administrar recursos públicos sin precedentes. Sin embargo, la aparición repetida de nombres asociados directamente con la alta jerarquía política del país revela que el poder político se traficó por créditos y sobregiros irregulares.

CARACTERIZACION:

Este fenómeno se presenta cuando las personas que directa o indirectamente ganan con la decisión de un órgano o ente público, participan en la toma de dicha decisión.

Al respecto Ramírez Altamirano indica: "Los conflictos de intereses pueden ser muy diversos, dependiendo del rango del funcionario, de la función que realiza, de su actividad en el sector privado, etc. Pero existe un rasgo común en todos ellos y es la proyección de la acción oficial en el ámbito exterior donde funciona la sociedad civil. Sea porque se ejerce una acción fiscalizadora sobre la actividad privada, porque se otorguen beneficios especiales a los particulares, porque se contrate con terceros, o porque se realicen actividades similares en el ámbito particular, el conflicto de intereses siempre muestra una interferencia entre ambos sectores: el público y el privado"

El conflicto de intereses se manifiesta de modo relevante en el caso de las relaciones entre órganos o entes públicos. El funcionario público que se ve en la situación de que las características de su cargo le ponen en la posibilidad de participar en el control, la autorización o la fiscalización de las actividades oficiales de otro, a quien se encuentra vinculado por razones de parentesco o por relaciones profesionales, empresariales, etc., debe abstenerse de tomar parte en tales decisiones. De lo contrario, incurrirá en un conflicto de intereses, que se agrava cuando de las referidas decisiones puedan derivarse, además, situaciones adicionales de ventaja para sí mismo o para su pariente o relacionado.

Aunque en nuestro Ordenamiento Jurídico existen prohibiciones, incompatibilidades e inhabilidades que tienen como objeto prevenir y sancionar el conflicto de interés, especialmente en el caso de los miembros de los Supremos Poderes, al igual que en el caso del tráfico de influencias, la existencia de algunos vacíos, ambigüedades o insuficiencias normativas en otros ámbitos del Sector Público favorecen la persistencia del fenómeno. Sin embargo, ello no es excusa. Como bien lo señala Ramírez Altamirano: "Cuando no hay norma legal expresa es de aplicación la regla ética que prohibe a todo funcionario público tomar parte en decisiones de las cuales pueda obtener un provecho en su actividad particular, o bien de la cual pueda eventualmente resultar perjudicado. La prohibición rige igualmente, cuando el conflicto de interés surja en relación con un pariente cercano, ya que lo que se objeta es la eventual falta de imparcialidad que pueda tener el funcionario a la hora de resolver." (Op. cit, pág. 100)

Y acto seguido añade: "La ética de la función impone esta obligación independientemente de las consideraciones personales del funcionario, fuera cual fuera el efecto que la decisión pudiera llegar a tener en la esfera privada del empleado o familiar cercano. Como en otros casos, la intención de la norma es garantizar al ciudadano que las decisiones se tomarán en forma objetiva e imparcial y esta seguridad sólo puede tenerla si ve una separación objetiva, fundada en reglas generales, entre los intereses del funcionario y los del Estado, sin que dependa de la moral individual del funcionario." (Ibídem.).

CASOS CONCRETOS ESTUDIADOS POR LA COMISIÓN:

Lamentablemente, en el caso del Banco Anglo Costarricense pudo comprobarse la aplicación de reglas exactamente contrarias a las antes indicadas. La muy particular y personal interpretación de algunos acerca del alcance de sus obligaciones éticas como funcionarios públicos les permitió participar activamente o beneficiarse de los resultados de esta patología pública, sin mayores reparos de conciencia, al parecer.

En tal sentido es especialmente reveladora la actitud de Juan Antonio Robles Aguilar, quien sostuvo ante la Comisión que no consideraba que hubiera existido conflicto de interés cuando su primo hermano Carlos Hernán Robles Macaya, entonces Gerente General del Banco Anglo Costarricense, le autorizó varios sobregiros en su cuenta en dólares en dicho Banco.

Tampoco sintió Robles Aguilar que hubiera conflicto de interés alguno cuando como Directivo del BANCO CENTRAL DE COSTA RICA participó en sesiones en donde se conoció la compra del Grupo AVC por parte del Banco Anglo Costarricense a los hermanos López Gómez, siendo él empleado de los López Gómez como Agente Residente en ABC y socio de ellos en varias empresas y, por lo tanto, compartiendo intereses económicos.

Lejos de abstenerse de participar en la discusión y decisión de tales asuntos, que entraban en la clara esfera de su interés propio y en la de sus amigos y asociados profesionales y empresariales de muchos años, más bien asumió un papel protagónico a favor de tales gestiones, como lo demuestran las Actas correspondientes. Otro miembro de la Junta Directiva BANCO CENTRAL DE COSTA RICA Carlos Muñoz Vega, no dudó en calificar, ante la Comisión, esas actuaciones, como ejemplos típicos de conflictos de interés.

Esa mezcla de lo público con lo privado se nota a lo largo de la triste historia de las irregularidades ocurridas en el Banco Anglo Costarricense. Pero, al igual que en el caso del tráfico de influencias, trasciende ese ámbito particular y se manifiesta en otros órdenes de cosas.

Error! Reference source not found. Caso de la carta de recomendación "amplia y sin reservas" de Rolando Laclé Castro a socios directos suyos y de su hijo, en varias actividades profesionales y laborales. En éste caso, el Ex-Ministro Laclé Castro usó el Ministerio de la Presidencia del cual era titular, para promover los intereses suyos y de un pariente cercano.

Error! Reference source not found. Caso de las gestiones del Ex-Presidente Rafael Angel Calderón Fournier en favor de BANCRECEN, entidad bancaria de la que hoy es asesor jurídico, denunciadas por Rafael Díaz Arias y confirmadas por el Ex-Presidente y por el Diputado Fajardo Salas, ante la Comisión.

Error! Reference source not found. Caso de la compra de AVC y la asociación comercial del Banco Anglo Costarricense y AVC con los hermanos López Gómez, que a su vez eran socios de un primo hermano -Juan Antonio Robles Aguilar- del Gerente del Banco Anglo Costarricense Carlos Hernán Robles Macaya. En éste caso los intereses económicos de la familia del Gerente -ganar bastante dinero- entraron en conflicto con los del Banco que administraba, el cual ganaba más, entre mejores resultaran sus operaciones con las empresas vinculadas a su primo.

Error! Reference source not found. Caso de Rafael Castro Silva, Director del BANCO CENTRAL DE COSTA RICA, entidad que ha prestado miles de millones de colones al Banco Anglo Costarricense, cuya recuperación depende, a su vez, de la recuperación de los créditos pendientes del Banco Anglo Costarricense. Este señor al mismo tiempo mantiene un contrato de cuota litis con JASEC, conforme al cual gana más honorarios entre menos pague JASEC de su deuda al extinto Banco Anglo Costarricense que la adquirió. En éste caso, su deber como Director del BANCO CENTRAL DE COSTA RICA -que se pague a la Junta Liquidadora Banco Anglo Costarricense-, está en conflicto con su interés como Abogado de JASEC -que no se pague a dicha Junta-.

Error! Reference source not found. Caso de Ricardo Castro Calvo, Directivo del Banco Crédito Agrícola de Cartago, entidad pública obviamente interesada en que se le paguen todas las deudas de principal e intereses. Este señor al mismo tiempo mantienen deudas multimillonarias ante la Junta Liquidadora del Banco Anglo Costarricense, sometidas al régimen de administración por intervención judicial, el cual le permite no pagar intereses a aquélla. En este caso los intereses que el señor Castro Calvo debe defender como Directivo de un Banco comercial del Estado -que las deudas se paguen-, entra en conflicto con su interés personal manifiesto por la figura jurídica a la que ha recurrido -que las deudas no se paguen-.

Error! Reference source not found. Casos de Oscar Cadet Fernández, de José Joaquín Jiménez Méndez y de Edwin Salazar hijo: en todos ellos su deber como banqueros o parientes de banqueros era velar porque se pagaran las deudas a los bancos, pero éste entró en conflicto con su interés personal de no pagar.

Intimamente relacionada con el tráfico de influencias y los conflictos de interés debe señalarse el carácter abusivo con que el Gerente General Robles Macaya, la Junta Directiva, la Comisión de Crédito, etc., procedieron a tramitar, autorizar y conceder créditos y sobregiros, excediendo de los límites establecidos o actuando a contrario criterio de las instancias técnicas del Banco Anglo Costarricense, con garantías insuficientes o inexistentes.

La lista de 50 casos representativos, en que se concedieron créditos por más de ¢ 10 millones en tales circunstancias es elocuente. Y las enormes dificultades que la Junta Liquidadora ha encontrado para poder cobrar las sumas adeudadas por esa complaciente y abusiva política, hacen presumir que los costos de esa irresponsable complacencia, posiblemente habrán de ser asumidos por todos los costarricenses, como parte de las pérdidas del Banco Anglo Costarricense.

CARACTERIZACION:

Cabanellas, en su "Diccionario de Derecho Usual", define la negligencia como : "Omisión de la diligencia o cuidado que debe ponerse en los negocios, en las relaciones con las personas, en el manejo de las cosas y en el cumplimiento de los deberes y misiones."

Por su parte, al explicar los deberes que fundamentan el servicio público, Ramírez Altamirano se refiere a la responsabilidad en los siguientes términos: "Fundada en el conocimiento del deber y de su aceptación, es también virtud fundamental que se exige al servidor público. Supone tener clara conciencia de los valores y fines del servicio y respecto a los medios para alcanzar ese fin. Actuar responsablemente es actuar teniendo muy claro cuál es la acción debida en cada circunstancia y el porqué de esa obligación."

La prudencia, el cuidado, la constante supervisión, la preocupación por el escrupuloso cumplimiento de las normas jurídicas y los preceptos éticos que regulan la función pública, son, pues, deberes fundamentales e ineludibles de todos los que son llamados a ejercer puestos de esa naturaleza. Y muy especialmente de aquellos a quienes se confía el manejo de dineros provenientes del ahorro público. De lo contrario se incurre en la negligencia, cuando no en el dolo.

¿Cómo pudo, entonces, ocurrir la catástrofe del Banco Anglo Costarricense? Esta es indudablemente una de las preguntas que con mayor frecuencia se ha presentado en torno a este sonado caso. De hecho, a Costa Rica le cabrá, en adelante, la dudosa distinción de ser el país en donde llegó a ocurrir lo inimaginable: el cierre forzado de una entidad bancaria estatal.

Lo anterior pone en primer plano el tema del aparente fallo de todos los mecanismos de control y supervisión que se supone existen precisamente para evitar que se produzcan hechos como los que esta Comisión ha podido establecer en sus trabajos.

Omitiendo toda referencia a posibles acciones de carácter delictuoso, cuya existencia se establecerá eventualmente en la sede judicial correspondiente, tal colapso o falla generalizada habría que atribuirla, en el mejor de los casos -y desde el punto de vista de los funcionarios vinculados al Banco Anglo Costarricense y a las entidades relacionadas con éste-, a una increíble negligencia y omisión de los más elementales deberes de responsabilidad.

Pero la responsabilidad derivada de la negligencia no alcanza sólo a quienes incurren en ella, sino también a quienes designan o nombran a esos funcionarios que llegan a actuar de esa forma. Especialmente si para ello median razones eminentemente políticas, como es sabido ocurre en los nombramientos de los integrantes de las Juntas Directivas de los bancos estatales.

El Ex-Presidente Rafael Angel Calderón Fournier fue consultado por esta Comisión acerca de los motivos que lo llevaron a nombrar a algunas de las personas que su Administración designó en la última Junta Directiva del Banco Anglo Costarricense. Sin negar el carácter político de tales nombramientos, manifestó que para ello se tomó en su momento en cuenta ya fuera la preparación profesional o la experiencia en el campo empresaria, o bien, la combinación de ambas.

Aunque el nombramiento jurídicamente no fue de su resorte, sino de la Junta Directiva del Banco Anglo Costarricense, el Lic. Calderón Fournier también señaló el carácter profesional, la trayectoria dentro del Banco y su amplio conocimiento de las materias bancarias y financieras como elementos que abonaban la designación de Carlos Hernán Robles Macaya como Gerente General del Banco Anglo Costarricense.

No puede decirse, entonces, que en los más altos niveles del Banco Anglo Costarricense hubiera personas ignorantes, incapaces de captar el sentido y trascendencia de las cosas que aprobaban y ejecutaban, o que no pudieran interpretar las señales de alarma y cuidado que en su momento se les hicieron llegar con respecto a la forma en que se estaban conduciendo o variando las políticas crediticias, de inversiones en divisas, de otorgamiento de créditos, sobregiros, compra de empresas subsidiarias, etc.

Si se acepta el amplio margen de discrecionalidad política que opera en el nombramiento de las Juntas Directivas de las instituciones públicas y muy especialmente en las de los bancos, resulta entonces ineludible admitir un igual grado de responsabilidad política de parte de quienes los nombran y quienes, por lo tanto, tienen la obligación de evaluar constantemente su desempeño.

La alta discrecionalidad de que dispone un Presidente para nombrar funcionarios le exige una supervisión y evaluación permanente y le confiere méritos o responsabilidades si la gestión de quienes nombra resulta buena o mala, respectivamente. A manera de ejemplo, en otras actividades menos relevantes, pero de amplio arraigo en el país, como el fútbol, nadie dudaría en achacar serias responsabilidades al entrenador de una Selección que no escogiera los mejores jugadores, sino únicamente a aquéllos que le hubieran hecho regalos o hablado muy bien de él. Si después los resultados no son positivos y son atribuibles a esa mala selección, lo normal es la destitución del entrenador.

Es un hecho que la mayoría de los integrantes de la Junta Directiva del Banco Anglo Costarricense llegaron a ocupar esos puestos, porque gozaron del favor o apoyo político de la Administración Calderón Fournier. Por eso la responsabilidad política por el desastroso fin del Banco Anglo Costarricense, ocurrido bajo la égida de tal Junta Directiva y gerencia general, no puede dejar de alcanzar también a quienes en su momento los nombraron.

CASOS CONCRETOS ESTUDIADOS POR LA COMISIÓN:

Ha quedado establecido que el Banco Anglo Costarricense, bajo la conducción de su última Junta Directiva y Gerencia General, pasó en un plazo sorprendentemente corto de una situación financiera muy difícil a una de aparente recuperación y bonanza.

Los supuestos avances logrados en la condición del Banco Anglo Costarricense, apoyados por un gran aparato propagandístico, fueron ampliamente difundidos entre la opinión pública nacional. El ex-auditor a la AGEF Rafael Díaz Arias manifestó a la Comisión la sorpresa que experimentó al encontrarse a su regreso con un Banco Anglo Costarricense en apariencia muy boyante, cuando le era bien conocida su precaria condición anterior.

Por eso no resulta admisible el argumento que ahora, luego de la catástrofe, se ha usado para tratar de minimizar o negar del todo la responsabilidad política a la que antes se ha hecho alusión. Porque si la mencionada Junta Directiva y Gerencia General del Banco Anglo Costarricense efectivamente hubieran encontrado la fórmula para sanear una institución crónicamente afectada de graves problemas financieros, resultaba importantísimo, tanto para el Poder Ejecutivo, como para el Banco Central y la AGEF de ese entonces, estar muy al tanto de lo que se estaba haciendo en dicho Banco, a fin de aprovechar su experiencia y extenderla al resto del sector bancario estatal.

Si así se hubiera hecho, tal vez se habría podido descubrir a tiempo, las irregularidades y manejos inadecuados que a la postre culminaron con su quiebra y obligaron a su cierre.

Pero a nadie al parecer se le ocurrió interesarse por las causas y razones del supuesto "milagro financiero" que se estaba produciendo en el Banco Anglo Costarricense. El Ex Auditor General de Entidades Financieras dijo a la Comisión que esa asombrosa recuperación del Banco Anglo Costarricense lo llevó a tenerlo "en especial atención". Realmente no se comprende en qué puede haber consistido esa "especial atención" cuando lo cierto es que que no fue sino hasta que se cuestionó la supuesta utilidad de ¢ 800 millones que el Banco Anglo Costarricense reportó como producto de una venta de bonos de deuda externa a su propia subsidiaria AVC -y ya consumados los hechos que obligaron al cierre del Banco-, que se empezó a desenredar la madeja de irregularidades que venían ocurriendo en dicha institución. En realidad, el interés por el Anglo, sólo se produce muy tardíamente, en el período que va de las elecciones generales al cambio de gobierno.

La Comisión ha presenciado cómo los principales implicados en el desastre financiero del Banco Anglo Costarricense, tanto los ex-miembros de su Junta Directiva como el ex-Gerente General, se han enfrascado en una especie de competencia para ver cómo pueden descargarse de la responsabilidad que les pueda alcanzar, endilgándosela unos a otros. El más claro ejemplo de ésto lo constituyen las posiciones contradictorias expuestas con motivo de las pérdidas incurridas por el Banco Anglo Costarricense en el caso de las supuestas inversiones en bonos de la deuda externa de Venezuela.

El Ex-Presidente de la Junta Directiva Banco Anglo Costarricense, Carlos Trejos Cadaval ha sostenido ante la Comisión que tales pérdidas se originaron en un estudiado plan de engaño urdido por el ex-Gerente Carlos Hernán Robles Macaya, en acuerdo con José Luis y Mariano López Gómez. Según esa versión, Robles Macaya y los López Gómez actuaron por su cuenta, la Junta Directiva del Banco Anglo Costarricense -y también de AVC-, nunca supo lo que estaba pasando y sólo vino a enterarse cuando los hechos estaban consumados y fueron sacados a la luz al iniciarse el proceso de intervención. Por lo tanto, de acuerdo con esta versión, los ex-directivos son inocentes y el culpable es el ex-Gerente.

Carlos Hernán Robles Macaya, por su parte, niega lo aseverado por Trejos Cadaval y sostiene, en cambio, no sólo que la Junta Directiva del Banco Anglo Costarricense y AVC estaba perfectamente enterada de todos los pormenores de dichas negociaciones, sino que de hecho su actuación se limitó a ejecutar lo que dicha Junta Directiva acordaba. Por lo tanto, y según su versión, el ex-Gerente es inocente y los responsables son los ex-directivos.

El punto es que en un asunto de tan graves repercusiones, que implicó para una entidad bancaria estatal la pérdida de miles de millones de colones, no se puede admitir ninguna de tales versiones, maniqueas y simplistas. Cuando se manejan dineros ajenos, hay que tener mucho cuidado y exigir cuentas claras y precisas en todo momento. No se pueden librar los asuntos a las manos de una sola persona, ni tampoco se puede asumir una posición de mera ejecución automática y acrítica de las decisiones tomadas por otros.

Según lo que ha podido establecerse por esta Comisión, es un hecho que el Ex-Gerente General Robles Macaya fue el que presentó a consideración de la Junta Directiva la primera propuesta de negociación en deuda externa hecha al Banco Anglo Costarricense por José Luis López Gómez en nombre de Ariana Trading and Finance. Ciertamente puede decir que él luego ejecutó lo que la Junta Directiva acordó. Pero es innegable su esfuerzo por lograr que tal propuesta fuera aceptada.

Del mismo modo, mal puede Carlos Trejos Cadaval venir a achacarle toda la responsabilidad de los malos manejos en ese tipo de inversiones a Robles Macaya, cuando consta en las Actas de la Junta Directiva que fue a propuesta de él mismo que ésta, apartándose de las políticas hasta entonces vigentes en el Banco en la materia y desoyendo las advertencias del entonces Subgerente de Operaciones Victor Miguel Arroyo, decidió que fuera el Gerente general quien a partir de ese momento, se hiciera cargo en forma exclusiva de las inversiones en divisas.

Quienes primero entregan un poder semejante y luego de hecho se desentienden del uso que se esté haciendo del mismo, no pueden luego tratar de ocultar la grave negligencia de tal proceder alegando ignorancia y engaños. La Junta Directiva Banco Anglo Costarricense le fijó montos máximos de inversión a Robles Macaya, que éste excedió, en una actitud que puede calificarse de cualquier modo, menos de una simple y correcta ejecución de acuerdos. Pero también es cierto que en lugar de sancionarlo por ello, la Junta Directiva más bien tomó acuerdos para legitimar, a posteriori, las demasías incurridas por Robles Macaya en las inversiones realizadas. Más aún, le rechazaron su renuncia y le suplicaron que continuara como Gerente General. Después de algo semejante, la excusa de la ignorancia y el engaño es sencillamente ridícula.

Pero la negligencia de la última Junta Directiva del Banco Anglo Costarricense no se contrae a ese único tema. Se ha podido determinar que en varias ocasiones el Auditor interino del Banco Anglo Costarricense Jorge Tomás Quirós envió oficios y comunicaciones en donde hacía ver los problemas que se estaban dando en asuntos tales como el manejo de la cartera crediticia y en la de otorgamiento de sobregiros. La Junta Directiva no resolvió nada al respecto. Eso no es otra cosa que una grave negligencia.

Existía un gran atraso en la transcripción y firma de las Actas de la propia Junta Directiva del Banco Anglo Costarricense en el libro legalizado para tales efectos. Sin embargo, a pesar de ser un asunto que les concernía directamente y de las múltiples instancias que el secretario Celín Zúñiga hizo para que se arreglara el problema, lo cierto es que tampoco se le puso atención. Eso no es otra cosa que negligencia, cuyas funestas consecuencias se comprueban ahora que en estrados judiciales se ventilan asuntos que giran en torno, precisamente, a la presuntas alteraciones o falsificaciones de las Actas de la institución.

Cuando Robles Macaya justificó ante la Junta Directiva del Banco Anglo Costarricense la conveniencia de adquirir AVC, abiertamente expuso que una de las ventajas era que por su medio se podrían hacer operaciones que al Banco Anglo Costarricense, como tal, le estaban vedadas por la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional Los miembros de la Junta Directiva no sólo no se preocuparon del obvio fraude de ley que ello implicaba, sino que apoyaron la idea, al punto que se terminaron autorizando la compra del grupo AVC y hasta participando en la constitución y funcionamiento de todo el tinglado de subsidiarias extranjeras por medio de las cuales se esfumaron los dineros del Banco Anglo Costarricense destinados a supuestas inversiones en deuda externa venezolana.

Lo anterior ocurrió a pesar de que el Auditor interino Jorge Tomás Quirós cuestionó la procedencia de la propuesta de Robles Macaya, aduciendo los límites que imponía al Banco Anglo Costarricense el Principio de Legalidad, señalando específicamente, que pensar en captar recursos sin encaje era quebrantar un principio básico de protección al inversionista. Además, haría luego serias objeciones en cuanto al fondo y al procedimiento usado para la adquisición de las empresas. En tales condiciones, el cargo de negligencia parece más bien sumamente favorable y benévolo.

La Junta Directiva Banco Anglo Costarricense encargó al Auditor titular Edwin Corella Rojas determinar la existencia de los títulos de deuda externa de Costa Rica propiedad del Banco Anglo Costarricense en CEDEL, Luxemburgo, luego de que un informe de la Auditoría Interna señaló que no había sido posible constatar su existencia en el Banco. El Auditor Corella se limitó a pedir información a Carlos Manuel González, Gerente de AVC, quien, a su vez, le transmitió el dicho de Mariano López Gómez de que tales títulos se encontraban en el lugar indicado, corroborando así las afirmaciones de Robles Macaya en tal sentido.

Con tan precario sustento, el Auditor Edwin Corella Rojas corrigió el informe antes citado y sin haberlo verificado como se le ordenó, legitimó el mito de la existencia de esos títulos en CEDEL. La Junta Directiva se dió por satisfecha, sin solicitar al Auditor Corella mayor evidencia de sus afirmaciones. Si el asunto se hubiera investigado en debida forma y se hubiera exigido comprobación fehaciente de la existencia y situación jurídica de esos títulos, a lo mejor la aventura de los bonos venezolanos no se habría llevado a cabo y el país no habría perdido unos $ 50 millones en ella. Una vez más, la acusación de negligencia en este caso resulta extremadamente benigna.

Por su parte, la Junta Directiva del BANCO CENTRAL DE COSTA RICA simplemente "tomó nota" de la compra a los hermanos López Gómez del grupo AVC, por parte del Banco Anglo Costarricense, notificada a ellos varios meses después de ocurrida. Se limitaron a escuchar las intervenciones de Juan Antonio Robles Aguilar, en favor de la procedencia de la referida compra, primo del entonces Gerente General del Banco Anglo Costarricense, Agente Residente de ABC, una de las empresas incluídas en el paquete a venderse al Banco Anglo Costarricense y socio de los que las vendían. Pero no hubo mayor interés en averiguar exactamente qué era lo que estaba haciendo o se proponía hacer el Banco por medio de esa subsidiaria. Si no hubiera mediado esa negligente complacencia y aceptación de hechos consumados, quizá los dineros perdidos del Banco Anglo Costarricense todavía estarían en su custodia y el Banco, como tal, todavía existiría.

Asimismo, la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica se limitó a volver a "tomar nota" de la solicitud de autorización formulada al Ex-Presidente Ejecutivo Jorge Guardia Quirós por Carlos Hernán Robles Macaya, con el objeto de que el Banco Anglo Costarricense pudiera seguir los trámites para obtener una licencia bancaria y abrir el Anglo American Bank en Panamá, por medio de su subsidiaria AVC.

El entonces Auditor General de Entidades Financiera recordó a la Junta Directiva del Central que en ocasión anterior el Banco Anglo Costarricense había interpretado la expresión "tomar nota" como una autorización y que por eso lo que procedía era tomar una decisión concreta al respecto. Sin embargo, por "instrucciones posteriores del Directorio", eso nunca se realizó.

Y efectivamente, ese "tomar nota" fue considerado por el Banco Anglo Costarricense como una señal de respaldo del Banco Central a sus planes en el sentido que queda indicado, llegándose a manifestar por parte de Robles Macaya en la nota de respuesta al oficio en donde se comunicaba tal circunstancia, que se sentían "estimulados" a seguir adelante por el apoyo así recibido.

Un estudio posterior de la AGEF determinó la improcedencia de la solicitud del Banco Anglo Costarricense. Pero si éste hubiera seguido adelante y por medio del AAB se hubieran cometido irregularidades como las que se produjeron mediante la estructura de AVC y las subsidiarias extranjeras, no cabe duda que buena parte de la responsabilidad recaería sobre quienes con tanta facilidad "dejaban hacer y dejaban pasar" las cosas en el Banco Anglo Costarricense, en clara violación a sus deberes de vigilancia y diligencia.

Salvo algunas excepciones, como los casos del Auditor interino Jorge Tomás Quirós, del Subgerente de Operaciones Víctor Miguel Arroyo García, del Subgerente Financiero José Emilio González, que en su oportunidad hicieron advertencias o al menos mostraron preocupación por ciertas cosas que están ocurriendo en el Banco Anglo Costarricense, es sorprendente que, en general, los niveles operativos y directivos de línea de la institución no hayan en apariencia detectado ni denunciado ninguna de las graves y reiteradas irregularidades que luego se supo habían ocurrido.

En la Comisión se usó la expresiva frase "por el Banco Anglo Costarricense pasó un transatlántico y nadie se dio cuenta de ello", que ilustra a la maravilla lo anteriormente dicho. La principal excusa que se ha esgrimido para justificar tal ceguera, ha sido la existencia de una estructura paralela montada y dirigida desde los altos niveles jerárquicos del Banco Anglo Costarricense, que supuestamente habría desplazado a las instancias de línea y operativas normales de la institución.

Pero independientemente de la realidad de tal estructura paralela, es los cierto que cuando los funcionarios tienen deberes y derechos correspondientes a sus cargos claramente especificados, no puede admitírseles que se los dejen arrebatar por instancias paralelas o informales, sin dejar por lo menos constancia de su protesta u oposición formal a tal forma de rodeo y desnaturalización de sus funciones. Eso también constituye una forma de negligencia, que debe ser claramente establecida en esta instancia.

El Subgerente de Crédito Edwin Aguilar Mojica, responsable directo de una de las áreas en donde se produjeron más irregularidades y que más daño le causó a la institución, declaró ante la Comisión que ni siquiera tenía idea de cuál era la composición y el estado de la cartera morosa del Banco Anglo Costarricense. Esa afirmación es una confesión de negligencia tan palmaria, que se le podría aplicar el conocido aforismo del derecho romano "Culpa lata, dolus equiparantur". Es decir, la extrema culpa o negligencia, equivale al dolo.

La Junta Directiva Banco Anglo Costarricense, a solicitud del Auditor interino Quirós Rodríguez, encargó a la Sección Legal pronunciarse sobre si el Banco Anglo Costarricense podía adquirir la licencia de AVC, si realmente había una pretendida exclusividad de ésta para operar un almacén de valores, etc. Sin embargo, ello nunca se llevó a cabo, por lo cual debe señalarse a Bernal Feyth Escalante como responsable directo de esa omisión y de las demás consecuencias que de la referida adquisición se derivaron.

Sabido es que toda institución, pública o privada, constituye una especie de microcosmos, en donde a la par de los mecanismos formales, funcionan canales informales de comunicación, muchas veces más efectivos y oportunos que los primeros. El Banco Anglo Costarricense, al momento de ocurrir las irregularidades investigadas por esta Comisión, tenía una planta de personal de cientos de personas. Conociendo eso y teniendo en cuenta algunos rasgos característicos de la cultura nacional -se afirma que en Costa Rica no hay secreto que dure tres días-, es inverosímil imaginarse que nunca se haya filtrado ninguna información, ni haya trascendido un comentario, ni llegado a sospecharse nada de lo que estaba ocurriendo.

El tráfico de influencias, los conflictos de intereses, los abusos, los negocios raros con las subsidiarias y la incongruencia entre la imagen que se proyectaba y lo que realmente era la institución, estaban a la vista. Cosas así y del calibre que se ha determinado, simplemente no pueden pasar desapercibidas para todo el mundo, todo el tiempo.

Sin embargo, casi nadie se opuso o hizo denuncia de ello. En tales circunstancias, la negligencia es la menor y más benigna de las imputaciones que se puede hacer, en general, a quienes integraban los niveles operativos, de línea y de staff del Banco Anglo Costarricense. El precio de ese silencio vino a ser, a la postre, el cierre de la institución que les daba trabajo y en donde ciertamente también llegaron a pagar muchos justos por muchos pecadores.

CARACTERIZACION:

Cabanellas define lapidariamente el abuso como. "Exceso, mal uso o empleo arbitrario de un derecho o una facultad." (Op. Cit. Tomo I.) Es decir, que en derecho se entiende por abuso cualquier extra limitación en el ejercicio de un derecho, por ejemplo, la utilización arbitraria de la autoridad o de las oportunidades y ventajas que confiere un cargo público, el ejercicio despótico de un poder, el goce inmoderado de la propiedad o posesión de los bienes públicos o privados, etc.

El abuso, en suma, es la designación que debe dársele a todo acto fuera de razón o razonabilidad, proporción, equidad y justicia, o que constituya o pueda constituir un ataque más o menos manifiesto o solapado a las leyes, el derecho, la moral o el interés público.

El tema del abuso está íntimamente relacionado con el de la mesura, la austeridad y probidad, de las cual resulta su antítesis y contrafigura. Al hablar de ésta como uno de los valores informantes del servicio público, Ramírez Altamirano acertadamente señala: "Probidad es honradez, virtud esencial en toda acción, pero mucho más cuando se trata de administrar recursos públicos para obtener beneficios de interés común a todos los miembros de la sociedad. La honradez, como exigencia del servicio público, impone al funcionario el correcto uso del tiempo laboral y de los recursos públicos a que tiene acceso como medio para alcanzar aquel fin general."

Los romanos, con su genial sentido jurídico, acuñaron una frase que no necesita traducción, porque su alcance se capta de inmediato: "Abusus non est usus: sed corruptela". Que es prohibido que los funcionarios utilicen en beneficio propio o de terceros los bienes y recursos que la Administración pone a su disposición para el cumplimiento del interés público es algo de principio, que ni siquiera requeriría estar consagrado en normas jurídicas positivas. El mero sentido moral, la más elemental elegancia, señorío y autoestima deberían bastar para que los funcionarios públicos, especialmente los de mayor nivel, se abstuvieran de incurrir en conductas reñidas con ese primario y elemental deber.

Así procedían de modo natural no sólo los grandes próceres y patricios de antaño, sino el pueblo que forjó los mejores valores de la nacionalidad costarricense, esos sencillos campesinos para los que el honor y la honradez eran sagrados. Este es otro tema en el que el caso del Banco Anglo Costarricense, a pesar de todo, deja valiosas enseñanzas, porque ejemplifica con dramática claridad, hasta donde puede llegar una serie de vicios que, en general, se encuentran muy extendidos en el Sector Público y cuya denuncia y combate a menudo se trata de deslegitimar tildando a los que así proceden de puritanos, extremistas o, simplemente, de majaderos, cuando en realidad lo que tratan es de cuidar los recursos de todos los costarricenses.

CASOS CONCRETOS ESTUDIADOS POR LA COMISIÓN:

Lamentablemente, el caso del Banco Anglo Costarricense ilustra, con una gran cantidad de ejemplos, que los tiempos han cambiado y para mal de la República. El abuso del poder y las ventajas de que disfrutaban los altos niveles jerárquicos del Banco Anglo Costarricense -Junta Directiva y Gerencia General-, se convirtieron en algo cotidiano y "normal" en dicha institución, si es que cabe llamar normal a lo que es, por definición, anómalo y abusivo.

Pero ese tipo de corruptelas en modo alguno ha sido privativo del Banco Anglo Costarricense, ni se acabó con el cierre de éste. Por el contrario, sigue más vivo que nunca y por eso ésta Comisión debe exponer las lacras que carcomieron la fibra moral de esa institución, como un espejo en donde deberían mirarse muchos otros funcionarios, órganos e instituciones públicas que aún las practican y padecen.

La Comisión -y toda la opinión pública costarricense- tiene evidencia del verdadero "Festín de Baltazar" que se llevó a cabo en el Banco Anglo Costarricense, para beneficio de unos pocos. Los integrantes de la Junta directiva pecaron por omisión y complicidad, encontrando muy de su agrado disfrutar de toda suerte de comodidades, atenciones, beneficios y ventajas personales, pagados con los recursos del Banco. El Gerente General pecó activamente, procediendo a tomar las decisiones y medidas en virtud de las cuales aquello se llevó a cabo y disfrutando de las mismas, en pie de igualdad con los Directivos. Los ejemplos son elocuentes y hasta da cierta vergüenza enumerarlos, por su falta de gusto y elegancia.

Gastos exagerados en servicios de alimentación a los Directivos y Gerente General. Robles Macaya dijo ante la Comisión que, en su opinión, en el Banco Anglo Costarricense se había procedido con mucha mesura en materia de gastos, pero que los que se habían realizado se justificaban bajo su personal criterio de que se puede y se debe gastar un colón si de ello se van a ganar dos. Esas fueron sus palabras. Tal filosofía quizá esté muy bien y sea valedera, si el que la practica en pro de sus negocios y lucro personal, lo hace con sus propios recursos. Pero es inadmisible cuando se trata de una institución de servicio público, como lo es un Banco del Estado y cuando se financia con los recursos de éste. Aún en el muy discutible caso de que tal práctica pudiera de alguna manera justificarse bajo el criterio de ser algo necesario para atraer clientela y así obtener ganancias para la institución -que es el fondo del argumento de Robles Macaya-, no se comprende porqué se convirtió en algo cotidiano.

El pueblo de Costa Rica aún está esperando que se le explique porqué debía alimentarse a los Directivos y al Gerente del Banco Anglo Costarricense con exclusivos servicios de ""catering"" o atendérseles en los mejores clubes y restaurantes, en las repetidas ocasiones en que se reunieron para cumplir con lo que constituía simplemente el cumplimiento de los deberes de unos cargos que nadie los obligó a aceptar y por los que, además, estaban bien remunerados con sus dietas y sueldos.

La señora Arlene Lutz Vargas adquirió deudas con el Banco Anglo Costarricense y ante problemas para hacerles frente, declaró ante la Comisión que llegó a un arreglo para que las facturas de su servicio de "catering" brindado a la Junta Directiva y a la Gerencia General del Banco Anglo Costarricense se utilizaran como abonos a las referidas deudas. Este mecanismo de pago en especie o servicio, que ninguna Asamblea de Accionistas de un Banco privado aceptaría, en una institución bancaria estatal no sólo es ilegal e inmoral, sino inaudito. Hasta esos extremos puede llegar el abuso de los bienes públicos, que comienza con la llamada "corrupción hormiga": llamadas telefónicas hechas desde las oficinas para fines privados, sustracción de papelería y útiles de oficina, robo de tiempo laboral para asuntos personales, etc. y pueden llegar a terminar por quebrar un Banco.

Esta Comisión debe señalar la inmediata necesidad de que se tomen las medidas legislativas y administrativas necesarias para desterrar para siempre de todos los ámbitos del Sector Público la vergonzoza y desmoralizante práctica de que algunos funcionarios se hagan alimentar finamente, con cargo a los recursos que el pueblo debe aportar con sus tributos y sacrificios. Y para que se entienda que la lucha contra la "corrupción hormiga" y los abusos de aparente poca monta, no es ninguna majadería, sino la primera línea de batalla contra otros niveles de corrupción, sólo diferentes en su escala, pero no en su naturaleza intrínsecamente inmoral.

En el mismo orden de cosas debe recordarse los abusos incurridos en el Banco Anglo Costarricense en cuanto gastos de representación, viajes al extranjero -con sus correspondientes pagos de viáticos, pasajes, etc.-, costosas matrículas de estudios, uso de vehículos oficiales, teléfonos celulares pagados por la institución, recepciones y fiestas, etc.

Otro aspecto que el caso del Banco Anglo Costarricense convierte en paradigmático, pues corresponde a una una problemática que afecta a la mayoría de los órganos e instituciones del Estado, es el que concierne a los elevadísimos gastos en propaganda incurridos por dicha institución. La Comisión y el país, han establecido que existió una gran distancia entre la imagen que el Banco Anglo Costarricense vendió acerca de sí mismo, como la más eficiente institución bancaria del país y la realidad que la llevó a su lamentable quiebra. Lo anterior demuestra la inanidad y los peligros de una modalidad de propaganda que se acostumbra hacer en el Sector Público, centrada únicamente en la elevasión de la imagen y la promoción personal de sus jerarcas.

Como la propaganda que hacen los órganos e instituciones estatales se paga con fondos públicos, hacer uso de ella para los fines antedichos, no es otra cosa que una abusiva corruptela. Esta Comisión debe impulsar las reformas legales y administrativas necesarias para que, de una vez por todas, sólo se permita la publicidad oficial destinada a informar a la ciudadanía acerca de situaciones de interés público general, tales como, por ejemplo, instrucciones sobre cómo proceder en caso de desastres o calamidades públicas, prevención de enfermedades infecto-contagiosas, lucha contra la delincuencia, promoción de valores cívicos, etc., o bien, sobre cómo hacer un mejor y más eficiente uso o ejercicio de los servicios y prestaciones públicas y los derechos y garantías consagrados en la Constitución Política.

También entra en el orden de los abusos, la sistemática utilización del mecanismo de la contratación directa, por medio de la cual la Gerencia General del Banco Anglo Costarricense pudo allegarse diversos servicios de asesoría mediante los cuales se implementó la llamada "estructura paralela", que a su vez le permitió concentrar poderes y actuar al margen de las líneas e instancias institucionales regulares del Banco Anglo Costarricense. Ese abuso, sumado al del fraccionamiento indebido de necesidades previsibles, expresamente sancionado en la legislación de administración financiera de la República, también posibilitó muchas de las situaciones antes reprochadas, dado que para su contratación y pago, no se necesitaba pasar por los canales ordinarios de la institución.

CARACTERIZACION:

El caso del Banco Anglo Costarricense, tan revelador y ejemplarizante en lo que concierne a las manifestaciones más típicas y graves de la patología político-institucional costarricense, también arroja luz sobre un área especialmente sensible, como lo es la ética empresarial.

A lo largo de la presente mitad del siglo se fue desarrollando una clase de políticos empresarios o empresarios políticos, que consolidaron un gran poder dentro de las agrupaciones políticas del país, no por su capacidad empresarial, talento, ingenio, visión, responsabilidad social e imaginación para abrir nuevos campos a la actividad económica, sino por su fácil acceso a los recursos de la banca estatal, logrado gracias a su participación directa o a sus conexiones y relaciones políticas.

Por cierto, en los últimos tiempos una parte de esa clase político-empresarial, después de haber utilizado al Estado y sus recursos financieros para acrecentar su poder económico, se ha volcado ahora al culto del dogma neoliberal, que promueve la privatización de la Banca. Es sabido que los posesos por esta ideología utilizan como uno de sus tópicos favoritos la tesis de que el libre juego de las fuerzas del mercado, al eliminar a los productores y empresarios ineficientes y permitirle sobrevivir sólo a los mejores y más capaces de satisfacer adecuadamente las necesidades de los consumidores, a la larga beneficia a toda la sociedad.

En esta perspectiva, el denominado intervencionismo estatal en la Economía es denunciado como perjudicial y se convierte en la cabeza de turco a la cual se le achaca la inmensa mayoría de los males económicos, políticos y sociales. El oportunismo y el carácter ideológico de esa tesis se evidencia cuando quienes la profesan no tienen el menor reparo, ni se sienten inconsistentes al aceptar, promover y hasta exigir esa intervención estatal, cuando ello conviene a sus particulares intereses. En esta esquizofrénica visión de las cosas, que un Banco del Estado le preste con tasa de interés subsidiada al propietario de una pequeña finca, para que compre insumos, equipos y herramientas, semillas, etc. es un insoportable intervencionismo estatal que debe ser eliminado, para no incurrir en un Apocalipsis económico. Pero que una transnacional hotelera o frutera se lleve miles de millones de colones en subsidios e incentivos, es algo así como la panacea que nos pondrá en el camino de la salvación integral de la República.

El más descarado extremo de esta doble moral lo constituye la tesis que propone que las ganancias siempre deben ser privatizadas, pero que las pérdidas han de ser, en lo posible, publificadas o socializadas. De este modo, si un empresario pide financiamiento a los bancos estatales para realizar actividades económicas y éstas tienen éxito, las ganancias son exclusivamente suyas. Pero si por cualquier motivo fracasa, entonces tratará de hacer uso de todos los mecanismos existentes para trasladarle la pérdida a la sociedad o del todo no pagar sus obligaciones, aunque su nivel de vida siga siendo suntuoso al amparo de velos jurídicamente aceptables, pero moralmente detestables.

El fraccionamiento de activos en diferentes sociedades, la administración por intervención judicial, las FODEAS y FONAGANES -siempre listos a resurgir, bajo nuevas modalidades y con nuevos pretextos-, son algunos tristes ejemplos de ésta legalidad formalmente regular pero moralmente viciada.

CASOS CONCRETOS ESTUDIADOS POR LA COMISIÓN:

Pese a todo, el punto culminante de estos excesos se alcanza cuando suceden cosas como las que pasaron en el Banco Anglo Costarricense, en donde un grupo de privilegiados, entre personas físicas, empresas y grupos de interés económico, sacaron dinero a manos llenas de la institución y ahora, simple y llanamente, se niegan a hacer frente a esas deudas. El efecto multiplicador de éstos vergonzosos ejemplos ha hecho estragos en la vena moral del país, en el tanto al pequeño prestatario no se le perdona nada y se le ejecutan las hipotecas -en muchos casos la vivienda de su familia-, sin el menor reparo.

Es poderosamente sugestivo el hecho de que en la tragedia del Banco Anglo Costarricense, el único que experimentó pérdidas reales fue éste y, por su medio, todos los costarricenses, que hemos de pagar la factura de su quiebra. Pero ninguno de sus principales autores, protagonistas y beneficiarios ha perdido nada en lo personal. Los que llegaron a la Comisión lo hicieron en automóviles de lujo, usando teléfonos celulares, etc. y, sin sonrojarse, proclamaron que eran buenos empresarios... ! Cómo si la calidad de empresario se midiera por la magnitud de las deudas no pagadas por éste!

El nivel y estilo de vida de éstos personajes no sólo no ha disminuído, sino que, incluso, de las pérdidas del Banco Anglo Costarricense se coligen ganancias para ellos. Tampoco ha desaparecido su relación con sus poderosos padrinos político-empresariales. Esta se ha visto, a lo sumo -y obligada por las circunstancias-, a hacerse algo más discreta, mientras se espera que el escándalo del Banco Anglo Costarricense se vaya borrado de la memoria del pueblo que está pagando sus consecuencias. Por eso es deber de ésta Comisión dejar constancia de ellos en este Informe.

Como el más palmario ejemplo, baste con señalar que en la descabellada e irresponsable aventura de las supuestas inversiones en deuda externa venezolana, está muy claro que los omnipresentes y omniabarcantes hermanos López Gómez sí cobraron sus ganancias, comisiones, participaciones, precios, etc. Mariano López al menos en eso fue sincero ante la Comisión, cuando reconoció que que ni a él ni a su hermano les ha gustado nunca trabajar de gratis. Los López Gómez no perdieron nada. El único que perdió fue el Banco Anglo Costarricense. Lo más revelador de éste estilo de hacer negocios con el dinero de los costarricenses fue la conocida nota en donde González Lizano y Robles Macaya se comprometieron ante José Luis López Gómez, de Ariana Trading and Finance, a que AVC asumiera el costo de las pérdidas, librando a aquélla de toda responsabilidad sobre el particular.

Los López Gómez ganaron con la venta del Grupo AVC y ganaron más de la cuenta, según se ha podido establecer. Ganaron en el asunto de las inversiones. Ganaron cuando hicieron negocios y obtuvieron créditos apadrinados por su cercana y larga relación con Juan Antonio Robles Aguilar. Ganaron cuando los dineros del Banco Anglo Costarricense pasaban y volvían a pasar por las cuentas de Ariana Trading and Finance y de sus otras empresas, hacia destinos ajenos a su propósito original, algunos conocidos y otros aún en el misterio. Quién sabe en qué más ganaron. Lo que sí es claro es que nunca perdieron. La que perdió fue Costa Rica. Pero sus padrinos político-empresariales aún hoy sostienen que los López Gómez son unos inversionistas distinguidos y unos empresarios honrados.

Y por allí es donde marchan las cosas. En los tiempos que corren -para desgracia de nuestro país-, muchos consideran que hacer negocios extraños, obtener ganancias exorbitantes o deber dinero y no pagarlo, no les quita su carácter de empresarios y personas honradas, si el crédito es público.

Calixto Chaves Zamora le debe al extinto Banco Anglo Costarricense mucho más de $8 millones de dólares, por capital e interéses. Ha hecho uso de todos los mecanismos legales disponibles para diferir el pago de esa deuda, que sigue sin cancelarse. Valga la oportunidad para señalar que la administración posterior a la intervención del Banco lo ha tratado a él y a todos los deudores con el rigor debido. Esto ha denotado objetividad y un trato que no ha hecho discriminaciones injustificadas, como son las de carácter político.

Chaves Zamora intentó, asimismo, obviar el pago de intereses tratando de acogerse a mecanismos legales pero inmorales, como la figura de la Administración por intervención judicial, que permite obviar el pago de intereses, aunque los deudores tengan de sobra bienes para hacer frente a lo que deben y aunque sigan disfrutando de un alto nivel de vida. Pero parafraseando a Shakespeare en su inmortal obra "Julio César", Calixto Chaves Zamora es un empresario honrado.

Este subterfugio jurídico del que no pudo beneficiarse Chaves Zamora, les ha permitido a otros, grandes e injustificados beneficios, pues se han refugiado tras el nombre de una sociedad, caso, este último, queles permitió acogerse a la Administración Judicial.

José Joaquín Jiménez Méndez, por medio de Almacenadora del Norte, le llegó a deber al Banco Anglo Costarricense más de ¢ 427 millones. Como ahora la vendió a un incógnito grupo de inversionistas extranjeros, ya no debe nada. De éste modo José Joaquín Jiménez sigue siendo un profesional y empresario honrado.

Es de suponer que los anónimos y esquivos inversionistas que le hicieron a Jiménez Méndez el "favor" de comprarle sus deudas, también son personas honradas. Quizá por eso no quieren que sus nombres sean conocidos por el pueblo de Costa Rica.

Luis Fernando Chanto Carvajal le debe más de ¢ 220 millones al extinto Banco Anglo Costarricense, con sus intereses. El alega que la Junta Liquidadora de esa entidad no le permite pagar. Por eso Luis Fernando Chanto Carvajal sigue siendo un empresario honrado.

Oscar Cadet Fernández recibió sobregiros del Banco Anglo Costarricense por más de ¢ 13 millones. Pero como la Junta Liquidadora tampoco le permite pagar, al igual que su gran amigo Chanto Carvajal, eso no quita que Oscar Cadet Fernández sea un empresario honrado.

Oscar Echeverría Heigold, casado con Milena Batalla Gallegos, hermana de Roberto Batalla Gallegos, casado a su vez con Damaris Robles Aguilar, hermana de Juan Antonio Robles Aguilar y prima hermana de Carlos Hernán Robles Macaya, recibió préstamos del Banco Anglo Costarricense por más de ¢ 886 millones. Estos préstamos tienen más de 3 años de no pagarse, ni en principal ni en intereses. Lo que no es óbice para que Oscar Echeverría Heigold siga siendo un honrado empresario bananero de la Zona Sur del Pacífico costarricense.

Carlos Rodó Ortuño, y un grupo de empresas relacionadas le deben a la Junta Liquidadora del BAC poco más de ¢ 363 millones producto de 18 sobregiros que se han pasado al cobro judicial por morosidad. Sin embargo Carlos Rodó Ortuño continúa siendo un empresario honrado.

Fabio Chaves Guzmán aparece obligado mediante sus empresas en créditos y sobregiros cuyos saldos ascienden a 85 millones. Al presentarse sus deudas al cobro, se acogió al complaciente mecanismo de administración por intervención judicial. Como Directivo del BCR, su deber genérico es que las deudas con las entidades bancarias se honren cumplidamente. Pero sus acruaciones denotan un interés personal en no pagar las suyas propias. Interrogado por la Comisión acerca de las dificultades que experimentó con cheques que giró sin respaldo suficiente y que de hecho se convirtieron en recursos atipicos de financiamiento personal, manifestó que eso no era motivo para renunciar a su puesto a fin de defenderse de los cuestionamientos que se le hacían al respecto. Es más: dijo que debía hacerlo precisamente desde su cargo como Directivo BCR, dadas las características de la sociedad costarricense. Pero claro que Fabio Chaves Guzmán no es otra cosa que un empresario honrado.

Ricardo Castro Calvo y sus familiares más cercanos deben más de ¢ 1000 millones al finado Banco Anglo Costarricense. A pesar de esa enorme deuda, Castro Calvo sólo dedica el tiempo requerido para asistir en San José a una sesión semanal de la Junta Directiva de sus empresas dedicadas a esa actividad. De ese modo tenemos que 1000 millones de los costarricenses no sólo están mal garantizados, sino que el principal responsable de pagar esa enorme deuda ni siquiera se dedica como es debido a la actividad para la cual se desembolsó. Pero tanto Ricardo Castro Calvo como sus parientes son empresarios honrados.

Alfredo Peralta Volio, recurriendo a mecanismos legales pero inmorales aceptó ante la Comisión que está dejando de pagarle al fenecido Banco Anglo Costarricense cerca de ¢ 50 millones anuales, únicamente en intereses. Pero eso no es razón para dudar de que Peralta Volio sea otro empresario honrado.

Y así podrían seguirse citando los cientos o miles de ejemplos de deudas por créditos, sobregiros, utilización de tarjetas de crédito otorgadas por el Banco Anglo Costarricense, etc., en las que los responsables, aprovechando la catástrofe, no las han pagado o que se han convertido en litigiosas y difíciles de recuperar para la Junta Liquidadora. Es la misma actitud de aquéllos paradigmáticos empresarios-políticos, en una escala mucho más modesta, pero igual de nociva.

Los lectores de éste Informe deben percatarse que los nombres citados no abarcan la totalidad de los llamados empresarios enemigos de pagar sus deudas. Su selección ha sido al azar y, en parte, originada en la magnitud de sus deudas y el cinismo de sus respuestas ante la Comisión. El criterio seguido para sugerir que moralmente se sitúan a la par de los sinvergüenzas y para denominarlos "chapulines con corbata" es que la verdadera honradez se manifiesta pagando lo que se debe, aún a costa de bienes jurídicamente no comprometidos en las deudas y del nivel de vida que se ostenta. Únicamente cuando una persona ha vendido todo y está viviendo en la pobreza -sin fiestas, sin viajes, sin comidas en Restaurantes, sin automóviles, sin Escuelas, Colegios y médicos privados- puede justificarse el no pago de una deuda.

Cualquier concesión en relación con éste criterio crearía un antecedente nefasto, pues si fuera correcto evitar ser pobre robándole a los acreedores, también lo sería hacerse rico robándole a los que tienen. Institucionalizar el robo como forma de mantener o lograr un nivel de vida podría ser la mejor receta para destruir la fibra moral de la sociedad costarricense.

Por todo lo anterior, el aprendizaje que hemos tenido los miembros de la Comisión sobre la desfachatez con la que personas que al observar su nivel de vida es evidente que tienen cómo pagar y sin embargo no lo hacen, debe servir para advertir que esa es una práctica inmoral, deshonesta y corrupta y que los afortunadamente pocos empresarios que la llevan a cabo, están al nivel moral de los "chapulines" u otro tipo de delincuentes contra la propiedad.