VI. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

A . Existencia de una estructura paralela.

Varios de los comparecientes a la Comisión Especial Investigadora han denunciado la existencia de una "estructura paralela" en el BAC. Señalan al señor Gerente General, Carlos Hernán Robles, como el artífice de la misma, lo que le rodeó de un grupo de personas que contaban con su apoyo y él con su confianza y lealtad. Eso le permitió actuar con mayor libertad en el desempeño de sus funciones y sin intromisiones de funcionarios del Banco que controlaran o pusieran en tela de juicio sus decisiones.

Así, al margen de la estructura organizativa del Banco, se crea otra, "paralela", que desplaza a la primera 260.

Al principio, Junta Directiva, Gerente y sub gerentes almorzaban juntos, comentaban cosas. Luego comenzaron a relegar a los sub gerentes, a excluirlos de las sesiones. Los funcionarios críticos no eran muy bien vistos 261.

Parte importante de esa estructura paralela la constituyó la inserción en el Banco de un grupo de ecuatorianos. Particularmente, uno de ellos, el señor Alex Mejía, mantuvo una estrecha relación con el Gerente, señor Robles Macaya, al punto de verse favorecido con un sobregiro de 80 mil dólares 262.

Estos "asesores", sin tener asignadas, expresamente, potestades administrativas, se las atribuían.

Hicieron uso de fondos. Simplemente el señor Carlos Hernán los autorizaba y gastaban a su gusto. Inclusive, viajaron fuera del país por cuenta del Banco.

Todo ello contaba con la firma autorizante del señor Gerente 263.

El señor Carlos Hernán Robles se rodeó de un grupo de asistentes (Alex Mejía, Marcos Reyes y Alejandro Bejarano) 264; el primero, Director de Mercadeo, fungía como asistente personal del Gerente.

El señor Marcos Reyes, era un funcionario de carrera en el BAC, con 30 años en la lnstitución.

No se trataba tan solo de divergencias entre un funcionario y el señor Gerente, sino que se fue creando una "ESTRUCTURA PARALELA" a la que se le recargaron muchas funciones. Poco a poco el Gerente fue concentrando la sección de recursos humanos, informática y planeamiento administrativo 265.

Esa estructura paralela se integró no con funcionarios de carrera, sino con personas que entraron directamente a ocupar puestos en los altos niveles 266.

Hay quienes aseguran 267 que existía en el Banco y que gozaba de atribuciones que funcionarios propios del Banco, nunca habían tenido 268.

B. Sustitución de funcionarios por empleados de confianza de la Gerencia.

Consecuencia lógica de la existencia de esa estructura paralela es el desplazamiento paulatino de funcionarios del BAC con permanencia de muchos años, por empleados que gozaban de la confianza del señor Gerente 269.

Se les fue excluyendo de tal manera, que sus atribuciones fueron disminuyendo para asignárselas a otras personas. Decisiones que debían ejecutar los sub gerentes, las ejecutaba el Gerente 270.

Personas como el señor José Emilio González Chacón, con 30 años de experiencia, don Víctor Arroyo, con 42 y don Fausto Pacheco, con 30, ven reducida su opinión a nada, porque de ello convenció el señor Mejía a la Junta Directiva 271.

Se ha afirmado en las comparecencias a la Comisión, que el señor Gerente ideó un procedimiento para contar con personas autorizadas por él para adquirir compromisos a nombre del BAC, haciendo gastos para los cuales les faltaba facultad expresa, aunque el Gerente avalara esas erogaciones.

Cuando el 8 de junio de 1992, al conocerse la oferta de ATF para inversión en bonos de deuda externa, el Sub Gerente de Operaciones se opone enérgicamente por el riesgo que entiende entraña el invertir a largo plazo dinero de los ahorrantes en contra de lo permitido a un banco, tardó sólo una semana en ese puesto. En la sesión siguiente, la del 15 de junio, la Junta Directiva le dice que él ha tenido mucho éxito en el manejo de las instituciones y que se dedicara, exclusivamente, a su atención. Se le separaba así de las áreas operativas del crédito 272.

Todo ello se debió al cambio de política en el manejo de las inversiones 273.

VI. ATRASO EN LAS ACTAS DE SESIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL BANCO ANGLO COSTARRICENSE:

El problema del atraso en la confección de las actas de sesiones de la Junta Directiva del Banco Anglo trasciende al mero aspecto formal. Se ha detectado adición de párrafos una vez concluida una sesión, reformas a lo dicho durante la sesión, falta de firmas, entre otras irregularidades.

El Inspector de Auditoría, Sr. Geovanni Rojas S., en AF-51/93 del 11 de mayo, le informa al señor Hernán Navarro F., Sub Jefe de Auditoría, que las actas de las sesiones de la Junta Directiva General que les remite la Secretaría General para la revisión correspondiente, se encuentran muy atrasadas , ya que a la fecha de la nota, la última que se había enviado era la No. 20 de marzo del 92.

Igualmente, con fecha 25-11-92 se devolvieron a la Secretaría para su corrección, las actas Nos. 12-13-15/92 y la citada No. 20, sin que hayan sido devueltas. 274

El 12 de mayo de 1993, sea al día siguiente, el Sr. Navarro F. envía nota (la AA-53/93) al Sr. Auditor, remitiéndole la del señor Rojas S., en la que le pide que ante la inactividad de los empleados correspondientes para resolver el problema, se tome una decisión firme al respecto para que la Administración del Banco actúe de inmediato y se normalice la situación. 275

A su vez, el señor Auditor, Sr. Jorge T. Quirós Rodríguez, en AU-075/93, del 17 de mayo 276, le remite las notas anteriormente citadas al Sr. Celín Zúñiga Díaz solicitándole tomar las medidas pertinentes para poner al día el tiraje de las actas oficiales.

Ante las indicaciones dadas, se efectúa una revisión de las Actas correspondientes al año 92, que dio como resultado la presencia de las siguientes anomalías:

1) Errores de transcripción:

En todas las actas aparecen errores en la transcripción, a lo que se suma el inconveniente de que en la corrección posterior que hace la Secretaría General se observan borrones, lo que hace dudar si se trata de meras correcciones o alteraciones del texto.

2) Falta de párrafos o artículos:

Según se dice en el informe, por "error", hay artículos o párrafos completos que no son transcritos, lo que dificulta su posterior inclusión, pues no queda espacio suficiente en el folio para hacer el agregado. 277

Al final de su Informe, el Sr. Rojas Salazar recomienda que, en caso de que se tenga que borrar algunas palabras, se proceda con sumo cuidado y que al final de cada acta se deje, por lo menos, un folio en blanco para así poder incluir frases, párrafos o artículos omitidos.

Visto el informe, don Jorge Tomás Quirós se lo hace llegar a don Celín Zúñiga 278. No duda que la causa del problema sea que no se confecciona un borrador para revisión antes de hacer el tiraje en limpio, tal y como lo había sugerido con anterioridad; esa es la única forma de hacer la corrección de errores de manera que las actas oficiales queden debidamente presentadas.

El señor Jorge Tomás se refirió a este problema de las actas en su comparecencia ante la Comisión Legislativa.

Explicó que el atraso de las actas no era propiamente responsabilidad suya. La función de la Auditoría Interna consistía en revisar las actas oficiales, primero leyéndolas (esto lo hacían los delegados del Auditor), mientras otra persona oía la transcripción. No conoció del atraso, sino hasta que fue informado de ello por un subalterno suyo. El procedimiento a seguir a partir de ahí fue encargar verbalmente los arreglos necesarios. Como el atraso continuaba, se comunicó con el Secretario General de la Junta Directiva. 279

Se empezó a poner las actas al día, cuando surgió otro problema: la firma de éstas. No sólo las actas no eran firmadas, sino que al recoger las firmas de los directivos y del Gerente General, hubo negativa de su parte para proceder a la firma. 280 A ello hay que agregar que la Secretaría General afrontaba un grave problema con el sistema de cómputo281.

Originalmente las actas de sesiones de Junta Directiva eran meros resúmenes sin una concreción de los acuerdos, o al menos, ello se daba muy pocas veces. El Secretario era quien debía sacar conclusiones y, si era del caso, preguntar al Presidente, para que concretara los acuerdos finales adoptados. 282 La situación fue variando. En ocasiones la Junta Directiva pedía que se hiciera una transcripción, a modo de las actas parlamentarias, pero no literal, sino que se redactaba lo que quedaba grabado, sin omitir nada, pero dándole "forma", lo que constituía, en palabras de don Celín, "un trabajo espantosamente laborioso". Posteriormente se volvió al sistema anterior de mero resumen del tema, concluyendo con el acuerdo. Es decir, no se copiaba todo; de lo que se oía, se sacaba lo esencial (a criterio del oyente, parece ser). Los miembros de la Junta Directiva y la propia Gerencia podían hacer modificaciones, pedir que se incluyera alguna intervención que para ellos era importante y no se había incluido, etc. Esto último sucedía con frecuencia. Lo fundamental era la claridad del acuerdo final para evitar distorsionar la decisión adoptada.

En conclusión, transcripciones literales no hay propiamente, porque se hacía corrección de estilo del texto y un resumen.

El mayor problema, según don Celín, se centraba en el atraso del "traslado" de las actas al libro legalizado. Las actas salían a tiempo, el inconveniente era lo otro. Las actas estaban al día, para ser entregadas a los Directores, los que, no obstante, alegaban que no les llegaban a tiempo; cosa que don Celín negó enfáticamente. La traba era que aunque se confeccionaba el acta, había problemas técnicos para plasmarla en el libro legalizado. Primero se usó un libro empastado, luego la Contraloría autorizó el uso de hojas sueltas selladas y legalizadas que finalmente se empastaban; pero el texto estaba impreso en hojas más pequeñas que las del libro, todo lo cual producía solo problemas. 283 El sistema de computación nunca funcionó como debía. Hasta el índice estaba atrasado y, según manifestó el propio don Celín, la Jefatura no le informaba de esos problemas. El firmaba las actas, pero una vez que la Auditoría había revisado el libro. Las actas no se firmaban de una en una, sino por grupos, dada la dificultad de estar buscando a los Directivos en sus despachos particulares, pues son personas que no están todo el día en el Banco.

Ante tantas irregularidades en el sistema de materialización de las actas, don Celín se dedicó a enviar cartas, que nunca tuvieron respuesta, o al menos no satisfactoria. 284

Toda la documentación relacionada con el contenido de las actas, queda depositada en la oficina correspondiente, a la que, sin embargo, tienen acceso los funcionarios de esa oficina.

Incluso, una vez terminada una sesión, algún directivo o miembro de la Gerencia, le decía: "mire, yo quiero que eso que dije quede" 285 y, entonces, se incluía en el acta, siempre que lo pedido hubiera sido expresado en la sesión. Es importante señalar que hubo ocasiones en las que alguna persona quería que se incluyera en el acta algo que no se había dicho durante la sesión y allí es donde operaba el enfrentamiento 286 entre él y esa persona.

Había acuerdos adoptados por la Junta Directiva cuya revisión final para efectos del acta, no la hacía él. Es el caso del "famoso acuerdo de los seis millones de dólares"287, que aparece en el acta que se aduce falsa por uno de los imputados del caso del Banco Anglo. Se trata del acta No. 43. Esta acta sí se confeccionó de forma irregular. El 31 de mayo de 1994 -relata don Celín- retiraron a la administración de la sesión, pues la misma iba a ser secreta. 288 Si bien la Junta Directiva tiene potestad para sesionar en secreto, pues conforme al artículo 31, in fine, de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional: "...no obstante lo antes dicho, a juicio del Presidente, la Junta podrá sesionar estando presentes únicamente sus miembros", la forma que adoptaba el Banco Anglo para hacerlo era, a juicio de don Celín, ilegal, puesto que la ley es clara al señalar quiénes deben conformar la sesión privada, sea los miembros de la Junta Directiva, mientras que en el caso del Banco Anglo, en las sesiones privadas participaba, además, el Gerente General. Ello se convirtió en la regla.

La Junta Directiva sesionaba ordinariamente con la sola presencia de los señores Directores y del señor Gerente y no se grababa nada, ni se adoptaban acuerdos.

En lo relativo a los seis millones de dólares 289, ese acuerdo se redactó después de celebrada una sesión y por uno de los redactores titulares, el señor Ever Ortega, siguiendo indicaciones de la señora Marta Castro, Jefa de la Oficina (de la Secretaría General), la que le dijo que había surgido un nuevo acuerdo, explicándole su contenido y él finalmente lo redactó. Como el acuerdo se adoptó el 31 de mayo, -según cree don Celín- pero la intención era que apareciera con fecha 23 de mayo, doña Marta tuvo que correr la numeración para ubicarlo. Todo ello se hizo según lo dispuso el señor Gerente General, Lic. Carlos Hernán Robles Macaya 290, quien indicó a la señora Castro que ese acuerdo lo había tomado la Junta Directiva. Eso es totalmente irregular.

Lo normal hubiera sido llamar a quienes habían estado fuera e informar (por parte del Presidente de la Junta) sobre el acuerdo que se ha adoptado. Como señaló don Celín en su comparecencia ante la Comisión Legislativa: "... este es un acuerdo muy importante, de una cuantía muy grande y que amerita mayor explicación. Por lo menos yo no he aceptado este texto. Yo hubiera pedido más explicación y además el acuerdo me lo tenía que dictar la Junta Directiva como cuerpo y no un funcionario administrativo." 291

Estas manifestaciones de don Celín contrastan con las que hiciera la señora Marta Castro en su comparecencia ante la Comisión Legislativa, quien, además de no recordar muy bien los hechos, incurrió en contradicciones tan severas como la de situar la fecha en que se adoptó el tan nombrado acuerdo de los seis millones de dólares.

El Sr. Ever Ortega confirmó lo dicho por don Celín, de que fue la señora Marta Castro quien le indicó que había que confeccionar un acta nueva que llevaría el # 43, " en esa semana, ya se había celebrado un acta con fecha lunes 30, la cual supuestamente llevaba como número 43, y la 45 se estaba celebrando ese martes 31..."292

Redactar un acta nueva, dijo, significa desordenar la numeración existente y así lo hizo ver a la señora Castro.293. Esta no solo le dio la orden para redactar el acuerdo de la nueva inversión el 31 de mayo de 1994,294 sino además todas las instrucciones necesarias para ello295, como los nombres de los directores "presentes" en esa sesión.

La señora Marta Castro hizo mención del acta 43 como resultante de una "sesión privada" , o al menos eso cree, por cuanto no estuvo presente.

Sin recordar el número de Sesión, pero sí el día, 23 de mayo, dice que después del medio día, el Sr. Carlos Hernán Robles, salió del salón de sesiones donde se encontraba con otros Directores, sin poder precisar quiénes y manifestó "hay que hacer un acuerdo para una inversión en AVC y dijo el monto que no recuerdo que eran seis o cinco punto cinco millones de dólares..."

Le comentó la idea a don Celín y éste le indicó que hablara con alguno de los redactores de actas para la redacción del acuerdo. No recuerda que fuera al Sr. Ever Ortega a quien le encargara la redacción y en el curso de su deposición también dudó de que don Celín estuviera presente cuando don Carlos H. dispuso que se redactara el acuerdo.

Al parecer don Celín no estaba ahí pues ella fue la que se encargó de hacer cumplir lo ordenado por el Sr. Gerente.

Tampoco tiene claro que ella diera las instrucciones para la redacción del acuerdo. Trasladó a don Celín la responsabilidad de los cambios de numeración y la revisión de las Actas.

Señalamos una a una las contradicciones:

a) El Sr. Ever Ortega dice que doña Marta Castro le indica que debe redactar el nuevo acuerdo. Doña Marta no recuerda si se lo encargó a él.

b) Don Ever señala que doña Marta, además, le gira las instrucciones que él anota para confeccionar el acuerdo. Ella no lo recuerda, primero; luego acepta que "tal vez" le dio la idea, pero nada más.

c) Don Celín y don Ever concuerdan en que la fecha de aprobación de la inversión es 31 de mayo. Doña Marta, eso sí lo recuerda bien, dice que fue el 23 de mayo.

d) Doña Marta dice que informa a don Celín y éste la remite a uno de los redactores y la tranquiliza respecto al problema con la numeración de actas. Pero don Ever dijo ser él, quien mostró esa inquietud y ella quien le restó importancia y don Celín, según sus manifestaciones, no aceptó lo que calificó de irregular, por lo que difícilmente, de ser así, puede darse veracidad a lo que doña Marta indicó sobre su conformidad.

e) Doña Marta dijo que " a quien le hubiera dado la idea fue inmediatamente " o sea después del almuerzo, entre 2 y 3 de la tarde. Don Ever dijo que se le informó alrededor de las 5:30pm. Lo que sí asegura es que fue don Carlos H. quien dio la orden; no sabe si esa inversión se aprobó o no por Junta Directiva, si bien el Sr. Gerente dijo que lo había sido.

Se dice que la sesión no existió, que la sesión existió pero que ese acuerdo no se tomó y que la sesión existió y el acuerdo se tomó.

En el actual estado de la investigación, se puede tener por cierto que la famosa acta 43 se confeccionó de modo irregular, insertando en ella un acuerdo que al parecer sí se tomó, pues así lo declaró el Sr, Trejos Cadaval, si bien con un fin distinto al que dice le dio el Sr. Robles.296

Preguntado sobre el tema,297 el Sr. Carlos Trejos Cadaval, expresidente de la Junta Directiva del BAC, corrobora el dicho de que el acta Nº 43 es falsa, por cuanto la sesión a que hace referencia, nunca se celebró.

No obstante don Celín Zúñiga, afirma que el Acta no es falsa, sino que se confeccionó de forma irregular.

Lo cierto es que el acuerdo sobre la inversión de dólares se redacta y agregó "después"; la falsedad existe y reside en insertar en el acta documento una información que no es veraz, puesto que aparece como conocido y aprobado por la Junta Directiva algo que ésta no conoció ni aprobó.

El Sr. Carlos H. Robles, en su comparecencia ante la Comisión298 aseguró que la negociación la realizó personalmente el expresidente de la Junta Directiva del banco, el Sr. Trejos Cadaval con el Sr. José L. López.

Sin embargo, el Sr. Trejos Cadaval presentó en su comparecencia, una filmina donde se ven las firmas de Carlos H. Robles y José L. López en un documento que refleja la transacción de cinco millones y medio de dólares299

Es cierto que la Junta Directiva aprobó esa inversión, pero según dice el Sr. Trejos Cadaval, para salvar el portafolio de inversiones, porque así mostraron la situación los señores Robles y López, como una emergencia. No obstante, todo fue un engaño, ya que hay pruebas de que para los días 14 y 29 de marzo y 4 y 16 de abril, todos de 1994, ya se habían liquidado todas las inversiones que tenían AVC y el BAC.

Por tanto, a la fecha de la aprobación, ya no había nada que salvar.

El libro de actas legalizado estaba listo para la firma cuando don Celín se retiró del Banco Anglo, (se acogió a la pensión a partir del 3 de agosto de 1994 y hasta el 13 de diciembre trabajó ad honoren), pero no logró que fuera firmado. Tuvo que levantarse un acta notarial cuando se apersonó en el despacho del señor Presidente de la Junta Directiva, quien no quiso firmar. El señor Robles Macaya y el señor Amrheim le indicaron que firmaban una vez que lo hiciera el señor Presidente; finalmente se dio un "círculo vicioso" y nadie firmó.

El señor Rodrigo Bolaños, Ejecutor de la Intervención solicitó a don Celín que se presentara en la Auditoría General de Entidades Financieras. Fue atendido por el Lic. Guzmán y preguntado por el Acta No. 43 de repetida cita, reiteró que había sido irregular. 300

Esta es la cronología que construye la autoridad jurisdiccional:

El 23 de mayo de 1994, la Junta Directiva del BAC realizó una sesión extraordinaria (la No. 42-5-94) a partir de las 14 horas en la que conoció y tramitó asuntos de carácter administrativo, concluyendo a las 16 horas 301. Cinco minutos después se inicia la sesión extraordinaria No. 43-5-94 en la que se autoriza a la administración a realizar una nueva inversión por 6 millones de dólares. Diez minutos después la sesión ya había concluido.

Esto último según el relato que hace la autoridad jurisdiccional y el Ministerio Público a setiembre de 1995. Ya hemos visto que, no obstante, no hay certeza de cuándo se adoptó el acuerdo, pero al parecer debía aparecer como decidido el 23 de mayo, antes de conocer la prohibición de la AGEF y no el 31 de mayo.

A esto hay que agregar que el acta No. 43 de la sesión correspondiente, efectivamente realizada, aparece con fecha 30 de mayo, 302 y que es el señor Carlos Hernán Robles Macaya quien aparece como responsable de la ideación y creación de la tan nombrada acta No. 43.

En la sesión ordinaria de Junta Directiva del BAC No. 41-5-94, se conoció la comunicación de la AGEF No. 661 del 19 de mayo de 1994 en la que se establece que AVC Almacén de Valores Comerciales S.A., aparte de realizar actividades permitidas por la ley, efectuó otras como la emisión de certificados de inversión y el otorgamiento de préstamos, en oposición a lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, por lo que se ordenó al BAC suspender toda operación ilegítima de AVC.

Esta sesión se celebró a partir de las 16:15 horas del 23 de mayo de 1994 hasta las 16:45 horas.

Si bien numéricamente es lógico pensar que el orden de las sesiones ha de ser 41, 42 y 43, las horas de celebración dejan ver como si la sesión 41 fuera la primera en llevarse a cabo, luego la 43 y por último, la número 42.

Según se lee del auto de procesamiento de setiembre de 1995 los imputados, miembros de la Junta del BAC, deliberadamente "pusieron" hora a cada sesión según su conveniencia, pues al aprobar en la número 43 la inversión de los 6 millones, ésta debía haberse celebrado antes de la número 41, que es en la que se conoce el informe de AGEF citado más arriba, como si con ello pudiera obviarse lo dispuesto por la AGEF.

Las declaraciones de los señores Fernando Castro Madrigal y Mauricio Guardia Jiménez, así como lo manifestado por el señor Trejos Cadaval ante la Comisión Legislativa, apoyan la hipótesis de que el día 23 de mayo no hubo tal sesión No. 43; que el 23 de mayo se aprobó en AVC un aporte de 5.5 millones de dólares para "salvar" las inversiones existentes, pero que nunca la Junta Directiva aprobó una "nueva" inversión por 6 millones de dólares.

Es decir, que nunca se aprobó destinar sumas a AVC para comprar más bonos sino invertir una suma para proteger lo que ya se había comprado (operación de salvamento) y que según se supo luego, ya estaba perdido. Esto se aprobó así en la sesión No. 102 de la Junta Directiva de AVC (Panamá) el 23 de mayo de 1994, artículo 2: "La Junta Directiva con el único fin de salvaguardar la inversiones del portafolio y basado en la recomendación del señor José Luis López, ACORDÓ hacer una inversión adicional de cinco millones y medio de dólares y apalancar los fondos necesarios para conservar los bonos existentes e iniciar un ciclo que permita en el tiempo la reestructuración del portafolio".

Recordemos que según la documentación de ATF, analizada, los últimos bonos se vendieron el 29 de abril de 1994.

La supuesta acta 43, confeccionada irregularmente, sirvió para autorizar la salida del Banco de recursos y probablemente intentar justificar, contablemente, la operación que se realizó con ATF no para sostener el portafolio de inversiones sino para seguir comprando bonos que finalmente acumularon pérdidas al BAC. 303 y con el agravante de que la opción de compra se hizo a nombre de ATF y no del BAC; la compra de bonos no ha sido probada por lo que existe la posibilidad de que el dinero tomara otro rumbo.

Finalmente la suma girada por el BAC fue de 4.5 millones de dólares, sin que pueda precisarse su destino. Ver informe, SUGEF del año 94 ahí están los destinos del dinero.

VI. II GASTOS SUPERFLUOS

Remodelación del primer y segundo piso (primera etapa) de las oficinas centrales

En la Sesión de Junta Directiva del BAC No. 19, del 8 de marzo de 1993, se conoció la carta No. 2286 de febrero del 93 304, suscrita por el Supervisor y el encargado del Departamento de Organismos Descentralizados de la Contraloría General de la República, a la que se adjunta el informe rendido por la Dirección General de Auditoría de ese Departamento, No. 12/93, titulado "Informe sobre la evaluación de la estructura de control interno de algunas actividades que realiza el Banco Anglo Costarricense".

En la página 62 del informe se dice que en cuanto a los aspectos relacionados con las obras de remodelación del primer piso y la primera etapa del sexto piso de las oficinas centrales de ese Banco, se concluye que: en muchas de las contrataciones efectuadas para la realización de las remodelaciones citadas NO se cumplió con el número mínimo de invitaciones a cotizar, con el consiguiente perjuicio para la Institución; no se tomaron las previsiones necesarias para dotar a esas contrataciones de un marco contractual adecuado que salvaguardara los intereses del BAC; se realizaron pagos sin contarse con los justificantes adecuados; la omisión de confección de órdenes de compra generó otras como la no separación previa de fondos presupuestarios, se hicieron algunas a nombre de personas que no eran precisamente los adjudicatarios de las obras (aun cuando tuvieran relación con estos); además los procedimientos contables no fueron lo más adecuados posible; se giraron adelantos sin tener garantías suficientes que les sirvieran de respaldo al Banco para cualquier eventualidad.

La Junta Directiva "vio con buenos ojos" el informe rendido por la Contraloría y dispuso tomar en consideración las observaciones que en él se hacen.

Pero es que ya desde el año 92 el Inspector de Auditoría, Sr. Marvin Camacho Rodríguez, siguiendo instrucciones emitidas en asignación de Auditoría No. AA-AE-08/92, hizo un estudio sobre la correcta contabilización de operaciones del BAC("cuentas por liquidar" - oficina central), y le indicaba al señor Jorge Tomás Quirós, Auditor a.i., que la utilización del procedimiento de "pago directo" para liquidar los trabajos de remodelación del sexto piso, contraviene las normas números 501.05 y 502.02 del Manual de Normas Técnicas sobre Presupuesto, así como el Reglamento de Proveeduría.

Si bien la remodelación fue concluida a finales de abril del 92, no fue sino hasta el 26 de junio de ese año que se hizo la liquidación correspondiente. Se compraron alfombras 305. Cabe destacar que dentro de los ¢14.209 miles contabilizados en mejoras, van incluidos ¢209.218.80 que corresponden a la compra de 12 jardineras tipo maceteras construidas en material plástico y un rollo de plástico que se utilizó para proteger la alfombra mientras se continuaba con la remodelación. Esta situación se origina al no existir políticas establecidas respecto a los desembolsos por adquisiciones que pueden capitalizarse.

En fin, se aprecia una falta de interés de la Administración de controlar y darle seguimiento a las partidas registradas en las sub cuentas 306.

Gastos en comida

El BAC presentaba deficiencias inclusive a nivel de control interno, sobre todo el uso, trámite y control de los vales de comida. Sólo al mes de agosto de 1993, se había gastado, por este concepto, ¢24.566.700; o sea, un promedio de ¢3.063.337.00 mensual, monto que es relevante por el rubro en sí 307.

Gastos de representación

El 9 de diciembre de 1993 (DP-245/93), el señor Minor Quesada Granados, Jefe de la Revisión de Presupuesto del BAC, informaba al señor Oscar Calderón Fallas, Director General de la Dirección General de Presupuestos Públicos de la Contraloría General de la República, sobre la normalidad en el incremento en la subpartida "Gastos de representación", dado el nuevo concepto de administración bancaria que se estaba aplicando con el lema "Pensamos como usted" 308.

Se argumentó que se contaba con una banca empresarial en la cual "se busca al cliente y no el cliente nos busca a nosotros". De ahí que para atraer nueva clientela, en especial de tipo corporativo, es preciso incurrir en ese tipo de gastos e