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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA REPÚBLICA
Y PRESUPUESTOS PÚBLICOS
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1.- Ámbito de aplicación
La presente Ley regula el régimen económico-financiero de los órganos y entes administradores o custodios de los fondos públicos. Será aplicable a:
- La Administración Central, constituida por el Poder Ejecutivo y sus dependencias.
- Los Poderes Legislativo y Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, sus dependencias y órganos auxiliares, sin perjuicio del principio de separación de Poderes estatuido en la Constitución Política.
- La Administración Descentralizada y las empresas públicas del Estado.
- Las universidades estatales, las municipalidades y la Caja Costarricense de Seguro Social, únicamente en cuanto al cumplimiento de los principios establecidos en el título II de esta Ley, en materia de responsabilidades y a proporcionar la información requerida por el Ministerio de Hacienda para sus estudios. En todo lo demás, se les exceptúa de los alcances y la aplicación de esta Ley.
También esta Ley se aplicará, en lo que concierna, a los entes públicos no estatales, las sociedades con participación minoritaria del sector público y las entidades privadas, en relación con los recursos de la Hacienda Pública que administren o dispongan, por cualquier título, para conseguir sus fines y que hayan sido transferidos o puestos a su disposición, mediante partida o norma presupuestaria, por los órganos y entes referidos en los incisos anteriores o por los presupuestos institucionales de los bancos del Estado.
Las disposiciones de esta Ley no serán aplicables a los bancos públicos, excepto en lo correspondiente al trámite de aprobación de sus presupuestos, así como a lo ordenado en los artículos 57 y 94 y en el título X de esta Ley.
Las normas técnicas básicas para aplicar esta Ley serán dictadas por los órganos competentes del Poder Ejecutivo, previa consulta a la Contraloría General de la República, la
cual dictará las correspondientes a las universidades, municipalidades y los bancos públicos.
En cuanto al ámbito de aplicación de esta Ley, rigen las restricciones dispuestas en este artículo para el resto de las disposiciones establecidas.
ARTÍCULO 2.- Régimen económico-financiero
El régimen económico-financiero comprende el conjunto de sistemas, órganos, normas y procedimientos administrativos que facilitan la recaudación de los recursos públicos y su utilización óptima para el cumplimiento de los objetivos estatales, así como los sistemas de control.
ARTÍCULO 3.- Fines de la Ley
Los fines de la presente Ley que deberán considerarse en su interpretación y reglamentación serán:
- Propiciar que la obtención y aplicación de los recursos públicos se realicen según los principios de economía, eficiencia y eficacia.
- Desarrollar sistemas que faciliten información oportuna y confiable sobre el comportamiento financiero del sector público nacional, como apoyo a los procesos de toma de decisiones y evaluación de la gestión.
- Definir el marco de responsabilidad de los participantes en los sistemas aquí regulados.
TÍTULO II
PRINCIPIOS Y DISPOSICIONES GENERALES
DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
CAPÍTULO ÚNICO
ARTÍCULO 4.- Sujeción al Plan Nacional de Desarrollo
Todo presupuesto público deberá responder a los planes operativos institucionales anuales, de mediano y largo plazo, adoptados por los jerarcas respectivos, así como a los principios presupuestarios generalmente aceptados; además, deberá contener el financiamiento asegurado para el año fiscal correspondiente, conforme a los criterios definidos en la presente Ley. El Plan Nacional de Desarrollo constituirá el marco global que orientará los planes operativos institucionales, según el nivel de autonomía que corresponda de conformidad con las disposiciones legales y constitucionales pertinentes.
ARTÍCULO 5.- Principios presupuestarios
Para los efectos del artículo anterior, deberán atenderse los siguientes principios presupuestarios:
a) Principio de universalidad e integridad. El presupuesto deberá contener, de manera explícita, todos los ingresos y gastos originados en la actividad financiera, que deberán incluirse por su importe íntegro; no podrán atenderse obligaciones mediante la disminución de ingresos por liquidar.
b) Principio de gestión financiera. La administración de los recursos financieros del sector público se orientará a los intereses generales de la sociedad, atendiendo los principios de economía, eficacia y eficiencia, con sometimiento pleno a la ley.
c) Principio de equilibrio presupuestario. El presupuesto deberá reflejar el equilibrio entre los ingresos, los egresos y las fuentes de financiamiento.
d) Principio de anualidad. El presupuesto regirá durante cada ejercicio económico que irá del 1° de enero al 31 de diciembre.
e) Principio de programación. Los presupuestos deberán expresar con claridad los objetivos, las metas y los productos que se pretenden alcanzar, así como los recursos necesarios para cumplirlos, de manera que puedan reflejar el costo.
f) Principio de especialidad cuantitativa y cualitativa. Las asignaciones presupuestarias del presupuesto de gastos, con los niveles de detalle aprobados, constituirán el límite máximo de autorizaciones para gastar. No podrán adquirirse compromisos para los cuales no existan saldos presupuestarios disponibles. Tampoco podrán destinarse saldos presupuestarios a una finalidad distinta de la prevista en el presupuesto, de conformidad con los preceptos legales y reglamentarios.
g) Principio de publicidad. En aras de la transparencia, el presupuesto debe ser asequible al conocimiento público, por los medios electrónicos y físicos disponibles.
ARTÍCULO 6.- Financiamiento de gastos corrientes
Para los efectos de una adecuada gestión financiera, no podrán financiarse gastos corrientes con ingresos de capital.
ARTÍCULO 7.- Técnicas de formulación presupuestaria
En la formulación de los presupuestos, se utilizarán las técnicas y los principios presupuestarios aceptados, con base en criterios funcionales que permitan evaluar el cumplimiento de las políticas y los planes anuales, así como la incidencia y el impacto económico-financiero de la ejecución. Para ello, deberán atenderse elementos como la prestación de servicios, la producción de bienes y las funciones generales de dirección y apoyo de cada órgano, entidad o institución.
ARTÍCULO 8.- Contenido de los presupuestos
Los presupuestos considerarán como mínimo:
a) El presupuesto de ingresos, que comprenderá los generados por la recaudación de tributos, la prestación y venta de bienes y servicios, las transferencias, donaciones y otros, así como las fuentes de financiamiento, internas o externas.
b) El presupuesto de gastos, que comprenderá todos los egresos previstos para cumplir los objetivos y las metas.
c) La programación de actividades y metas esperadas para el período, según el nivel de detalle definido en el reglamento.
d) Los requerimientos de recursos humanos, según el detalle que se establezca en el reglamento respectivo.
e) Las normas que regulen exclusivamente la ejecución presupuestaria, las cuales se aplicarán durante el ejercicio económico para el que dicho presupuesto esté vigente
ARTÍCULO 9.- Obligatoriedad de las normas y los lineamientos
Los proyectos de presupuesto de los entes y órganos del sector público deberán prepararse acatando las normas
técnicas y los lineamientos de política presupuestaria dictados por el órgano competente.
ARTÍCULO 10.- Medios de pago
Los entes y órganos del sector público definirán los medios de pago que podrán utilizarse en procura de la mayor conveniencia para las finanzas públicas. Atendiendo los principios de eficiencia y seguridad, podrán establecer que para determinados pagos se utilice un medio único e implementar los mecanismos y las condiciones para captar y recibir los recursos.
A la vez, los obligados tendrán el derecho de que el cajero general o el cajero auxiliar reciba el pago con la sola condición de que, en el comprobante utilizado, quede constancia de la información requerida para identificar tanto la causa de la obligación como al obligado.
ARTÍCULO 11.- Pago de obligaciones con el sector público
Ninguna suma de dinero depositada en cualquier oficina o institución, que no sea un cajero general o auxiliar debidamente autorizado, será reconocida como pago de obligaciones con la respectiva entidad.
Ningún funcionario público podrá recibir dineros en pago de obligaciones con el sector público, si no está formalmente autorizado para tal efecto; tampoco podrá percibirlos por otros medios distintos del prescrito en el párrafo anterior o en leyes específicas, so pena de la sanción correspondiente.
ARTÍCULO 12.- Requisitos para girar transferencias
Prohíbese a las entidades del sector público girar transferencias hasta tanto el presupuesto de la entidad perceptora que las incorpore no haya sido aprobado de conformidad con el ordenamiento jurídico.
ARTÍCULO 13.- Garantías
Sin perjuicio de las previsiones que deba tomar la Administración, todo encargado de recaudar, custodiar o administrar fondos y valores públicos deberá rendir garantía con cargo a su propio peculio, en favor de la Hacienda Pública o la entidad respectiva, para asegurar el correcto cumplimiento de los deberes y las obligaciones de los funcionarios. Las leyes y los reglamentos determinarán las clases y los montos de las garantías, así como los procedimientos aplicables a este particular, tomando en consideración los niveles de responsabilidad, el monto administrado y el salario del funcionario.
ARTÍCULO 14.- Sistemas de contabilidad
Los entes establecidos en el artículo 1 no podrán constituir fideicomisos con fondos provenientes del erario de no existir una ley especial que los autorice. Dicha ley regulará las condiciones generales que se incluirán en el contrato de fideicomiso. Estos entes se sujetarán a la legislación vigente en lo relativo a la contratación tanto de bienes y servicios como del recurso humano necesario para la consecución de los objetivos. Asimismo, dichos contratos de fideicomiso serán de refrendo obligado por parte de la Contraloría General de la República, la cual, para todos los efectos y en acatamiento del mandato constitucional, deberá fiscalizar el uso correcto de los dineros, aprobar los presupuestos de ingresos y egresos, así como emitir las directrices atinentes a procurar un manejo sano de ellos.
ARTÍCULO 15.- Criterios
El sistema de contabilidad de los entes y órganos del sector público, atenderá los siguientes criterios:
a) Estar basado en principios y normas de contabilidad pública generalmente aceptados.
b) Permitir la integración de la información presupuestaria del tesoro con la información patrimonial de cada entidad entre sí.
c) Reflejar la ejecución presupuestaria, los movimientos y la situación del tesoro, así como las variaciones, composición y situación del patrimonio de la entidad.
ARTÍCULO 16.- Prohibición de otorgar garantías en favor de personas privadas
Ningún órgano ni ente del sector público podrá otorgar avales o garantías de operaciones de crédito en favor de personas físicas o jurídicas de capital enteramente privado, salvo las operaciones típicamente bancarias de los bancos estatales y el Instituto Nacional de Seguros.
ARTÍCULO 17.- Sistemas de control
Para propiciar el uso adecuado de los recursos financieros del sector público, se contará con sistemas de control interno y externo.
ARTÍCULO 18.- Responsabilidades de control
El control interno será responsabilidad de la máxima autoridad de cada dependencia. En los procesos donde participen dependencias diferentes, cada una será responsable de los subprocesos o actividades que le correspondan.
El control externo corresponderá a la Contraloría General de la República, de acuerdo con su Ley Orgánica y las disposiciones constitucionales.
TÍTULO III
PROGRAMACIÓN MACROECONÓMICA Y FISCAL
CAPÍTULO ÚNICO
ARTÍCULO 19.- Programación macroeconómica
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 de esta Ley, el marco de referencia para preparar los presupuestos del sector público estará constituido por la programación macroeconómica que realizará el Poder Ejecutivo, con la colaboración del Banco Central de Costa Rica y cualquier otra institución cuyo concurso se requiera para estos fines, según el Reglamento.
ARTÍCULO 20.- Contenido de la programación macroeconómica
La programación macroeconómica consistirá en la evaluación y proyección del estado de la economía que, con fundamento en las principales variables económicas y sociales, tendrá el objetivo de formular directrices y lineamientos generales que procuren un alto grado de coordinación entre las políticas en el campo macroeconómico, respetando la autonomía del Banco Central de Costa Rica en materia cambiaria y monetaria.
Esa programación se fundamentará en las consideraciones de tipo estratégico, de orden económico y social, así como en
las prioridades definidas por los jerarcas de los respectivos Poderes.
ARTÍCULO 21.- Autoridad Presupuestaria
Para los efectos del ordenamiento presupuestario del sector público, existirá un órgano colegiado denominado Autoridad Presupuestaria. Además de asesorar al Presidente de la República en materia de política presupuestaria, tendrá las siguientes funciones específicas:
a) Formular, para la aprobación posterior del órgano competente según el inciso b) del presente artículo, las directrices y los lineamientos generales y específicos de política presupuestaria para los órganos referidos en los incisos a), b) y c) del artículo 1, incluso lo relativo a salarios, empleo, inversión y endeudamiento. No estarán sujetos a los lineamientos de la Autoridad Presupuestaria los órganos mencionados en el inciso d) del artículo 1, además de los entes públicos, cuyos ingresos provengan, mediante una legislación especial, del aporte de los sectores productivos a los que representan.
b) Presentar, para conocimiento del Consejo de Gobierno y aprobación del Presidente de la República, las directrices y los lineamientos de política presupuestaria para los órganos referidos en los incisos a) y c) del artículo 1. En el caso de los órganos citados en el inciso b) del artículo 1 de esta Ley, los mencionados lineamientos y directrices se propondrán a los jerarcas respectivos para su conocimiento y aprobación.
c) Velar por el cumplimiento de las directrices y los lineamientos de política presupuestaria.
ARTÍCULO 22.- Conformación
Conformarán la Autoridad Presupuestaria:
- El Ministro de Hacienda o su Viceministro, quien la presidirá.
- El Ministro de Planificación Nacional y Política Económica o un representante.
- Un Ministro designado por el Presidente de la República o su Viceministro.
La Autoridad Presupuestaria contará con un órgano ejecutivo cuyas funciones se dispondrán en el Reglamento de esta Ley. Dicho órgano estará a cargo de un Director nombrado por el Ministro de Hacienda. El Director de Presupuesto Nacional podrá ser designado para este puesto.
ARTÍCULO 23.- Lineamientos de política presupuestaria
A partir de la programación macroeconómica, la Autoridad Presupuestaria, tomando en consideración el Plan Nacional de Desarrollo, elaborará la propuesta de lineamientos generales y específicos de política presupuestaria del siguiente ejercicio económico, para los órganos y entes comprendidos en los incisos a), b) y c) del artículo 1 de esta Ley.
En lo que atañe a los órganos y entes incluidos en los incisos a) y c) del artículo 1, la propuesta de lineamientos de política presupuestaria será conocida por el Consejo de Gobierno y la aprobación definitiva corresponderá al Presidente de la República. Estos lineamientos deberán publicarse a más tardar el 31 de marzo del año que precede al ejercicio de que se trate y serán de aplicación obligatoria. La máxima autoridad de cada órgano y entidad será la responsable de cumplirlos.
En lo que respecta a los órganos aludidos en el inciso b) del artículo 1, las directrices referidas se propondrán a los jerarcas respectivos para su conocimiento y aprobación.
ARTÍCULO 24.- Cumplimiento de los lineamientos
Los órganos de la Administración Central cuyos presupuestos deben ser aprobados por la Contraloría General de la República, así como los incluidos en el inciso c) del artículo 1 de esta Ley, remitirán a la Autoridad Presupuestaria copia de sus documentos presupuestarios cuando los presenten a la Contraloría para su aprobación, con el propósito de verificar el cumplimiento de las directrices y los lineamientos generales y específicos de política presupuestaria. La Autoridad Presupuestaria informará a la Contraloría General de la República sobre los resultados de esta verificación.
ARTÍCULO 25.- Limitaciones al endeudamiento
La programación macroeconómica también será utilizada por la Autoridad Presupuestaria como marco para proponer el límite al crédito del sector público no financiero. Este precisará el monto máximo del crédito que la Administración Central y las instituciones públicas no financieras podrán obtener del Sistema Bancario Nacional, elementos que se incluirán en los lineamientos de política presupuestaria. Estos límites permanecerán vigentes durante toda la extensión del ciclo presupuestario subsiguiente.
TÍTULO IV
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
CAPÍTULO ÚNICO
ARTÍCULO 26.- Definición del Sistema
El Sistema de Administración Financiera del sector público estará conformado por el conjunto de normas, principios y procedimientos utilizados, así como por los entes y órganos participantes en el proceso de planificación, obtención, asignación, utilización, registro, control y evaluación de sus recursos financieros.
ARTÍCULO 27.- Órgano rector
El Ministerio de Hacienda será el órgano rector del Sistema de Administración Financiera.
ARTÍCULO 28.- Competencias del órgano rector
Serán competencias del Ministerio de Hacienda, en su papel de rector del Sistema de Administración Financiera, sin perjuicio de las potestades asignadas a la Contraloría General de la República ni de la independencia y autonomía de que gozan los órganos y entes referidos en los incisos b) y c) del artículo 1 de esta Ley, las siguientes:
a) Dirigir, coordinar y supervisar los subsistemas que conforman el Sistema de Administración Financiera.
b) Promover la eficiencia y eficacia del sistema de recaudación de los ingresos de su competencia y velar por él.
c) Promover el uso eficiente y eficaz de los recursos públicos y velar por él.
d) Coordinar las actividades de procesamiento de datos, para efectos del cumplimiento de esta Ley.
e) Dictar, con el Presidente de la República, los decretos relativos a la administración de los recursos financieros del Estado.
f) Propiciar la formación y capacitación de los funcionarios que laboren en el Sistema de Administración Financiera, para el cumplimiento efectivo de los objetivos de esta Ley.
g) Las demás competencias que otorguen la ley o los reglamentos.
ARTÍCULO 29.- Subsistemas
El Sistema de Administración Financiera comprende los siguientes subsistemas, que deberán estar interrelacionados:
a) Subsistema de Presupuesto.
b) Subsistema de Tesorería.
c) Subsistema de Crédito Público.
d) Subsistema de Contabilidad.
Asimismo, el Sistema de Administración de Bienes y Contratación Administrativa se concebirá como un sistema complementario.
TÍTULO V
SUBSISTEMA DE PRESUPUESTO
CAPÍTULO I
GENERALIDADES
ARTÍCULO 30.- Definición
El Subsistema de Presupuesto comprende los principios, las técnicas, los métodos y procedimientos empleados, así como los órganos participantes en el proceso presupuestario.
ARTÍCULO 31.- Objetivos
Los objetivos del Subsistema de Presupuesto serán:
a) Presupuestar los recursos públicos según la programación macroeconómica, de modo que el presupuesto refleje las prioridades y actividades estratégicas del Gobierno, así como los objetivos y las metas del Plan Nacional de Desarrollo.
b) Lograr que las etapas de formulación, discusión y aprobación del presupuesto se cumplan en el tiempo y la forma requeridos.
c) Velar porque la ejecución presupuestaria se programe y desarrolle coordinadamente, utilizando los recursos según las posibilidades financieras, la naturaleza de los gastos y los avances en el cumplimiento de los objetivos y las metas.
d) Dar seguimiento a los resultados financieros de la gestión institucional y aplicar los ajustes y las medidas correctivas que se estimen necesarias para garantizar el cumplimiento de los objetivos y las metas, así como el uso racional de los recursos públicos.
ARTÍCULO 32.- Competencias del órgano rector
Como órgano rector del Subsistema de Presupuesto, la Dirección General de Presupuesto Nacional, órgano al que se refiere el artículo 177 de la Constitución Política, tendrá las funciones y los deberes siguientes:
a) Elaborar, junto con la Contraloría General de la República, y dictar los criterios y lineamientos generales que informen las normas técnicas del proceso de programación, presupuestación y evaluación presupuestaria del sector público.
b) Dictar las normas técnicas del proceso de elaboración, ejecución y evaluación presupuestaria de la Administración Central.
c) Analizar los anteproyectos de presupuesto de los órganos y las dependencias de los entes y órganos incluidos en los incisos a) y b) del artículo 1 cuyos presupuestos deban ser aprobados por la Asamblea Legislativa y realizar los ajustes que procedan, de conformidad con los lineamientos establecidos dentro de los límites constitucionales.
d) Elaborar los proyectos de presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República y sus modificaciones.
e) Asesorar, en materia presupuestaria, a todas las entidades e instituciones del sector público regidas por esta Ley.
f) Poner a disposición de todas las entidades e instituciones del sector público, el privado o cualquier persona que lo solicite, la información relativa al contenido del presupuesto nacional aprobado. Deberán emplearse los medios especificados en esta Ley.
g) Elaborar, en coordinación con la Tesorería Nacional, la programación financiera de la ejecución del Presupuesto de la República de conformidad con lo establecido en el artículo 43.
h) Controlar y evaluar la ejecución parcial y final de los planes y presupuestos de la Administración Central, aplicando los principios de esta Ley, su reglamento y las normas técnicas pertinentes.
i) Proponer su propia organización, la cual se determinará mediante reglamento.
j) Todas las demás atribuciones que le otorguen la Ley y los reglamentos.
CAPÍTULO II
PROCESO PRESUPUESTARIO
SECCIÓN I
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA
ARTÍCULO 33.- Inicio del proceso
Formalmente, el proceso presupuestario se iniciará con la planificación operativa que cada órgano y entidad debe realizar en concordancia con los planes de mediano y largo plazo, las políticas y los objetivos institucionales definidos para el período, los asuntos coyunturales, la política presupuestaria y los lineamientos que se dicten para el efecto.
Las técnicas de programación presupuestaria se definirán mediante el reglamento de esta Ley.
ARTÍCULO 34.- Responsable de presentar el anteproyecto
El titular de cada ente y órgano incluidos en los incisos a) y b) del artículo 1 será el responsable de presentar el anteproyecto de presupuesto al Ministerio de Hacienda, atendiendo las disposiciones en cuanto a la forma y los plazos que se definan para ese efecto.
ARTÍCULO 35.- Facultades de la Dirección General de Presupuesto Nacional
La Dirección General de Presupuesto Nacional analizará los anteproyectos de presupuesto que deberán ser aprobados por la Asamblea Legislativa y efectuará los ajustes necesarios de conformidad con la política presupuestaria y en estricto cumplimiento de los artículos 176 y 177 de la Constitución Política. Igualmente, con la aprobación del Ministro de Hacienda, podrá aumentar cualquier partida a solicitud del titular respectivo.
ARTÍCULO 36.- Información del proyecto de ley
La Dirección General de Presupuesto Nacional elaborará el proyecto de Ley de presupuesto, atendiendo lo ordenado en
el artículo 8 de esta Ley sobre el contenido de los presupuestos.
En el proyecto de presupuesto deberá incluirse, además, una evaluación cuantitativa y cualitativa del impacto eventual en el mediano plazo, de las políticas de ingresos, gastos y financiamiento a partir de las cuales se elaboró dicho presupuesto, en las variables macroeconómicas, en especial en las finanzas públicas, según los requerimientos que se definan vía reglamento.
La Asamblea Legislativa, según las disposiciones de su Reglamento, podrá solicitar al Ministerio de Hacienda la inclusión de información adicional en el proyecto de ley a más tardar el 31 de mayo. Dicha solicitud deberá ser atendida obligatoriamente.
ARTÍCULO 37.- Clasificaciones presupuestarias
Las clasificaciones presupuestarias de ingresos y gastos se determinarán en el Reglamento de esta Ley. Para ello, se considerarán, entre otros asuntos, las necesidades de cada una de las etapas del proceso presupuestario. Tal reglamentación deberá elaborarse previa consulta a la Contraloría General de la República, en lo que corresponda dentro del cumplimiento de sus funciones constitucionales.
ARTÍCULO 38.- Fecha de presentación e información complementaria
El Poder Ejecutivo, por medio del Ministro de Hacienda, presentará el proyecto de Ley de presupuesto a conocimiento de la Asamblea Legislativa, a más tardar el 1° de setiembre anterior al año en que regirá dicha ley. Además, presentará la certificación de ingresos por parte de la Contraloría General de la República, y la del Banco Central de Costa Rica, en cuanto a la capacidad de endeudamiento del sector público y los posibles efectos sobre la economía nacional. Asimismo, al proyecto se le anexará un informe con los principales objetivos que se propone alcanzar, la información detallada sobre los compromisos plurianuales, el análisis, en un contexto de corto y mediano plazo de cinco años como mínimo, de los aspectos macroeconómicos y financieros considerados en la preparación, la explicación de las metodologías utilizadas en las estimaciones que se involucren, los criterios para definir prioridades y la información adicional que se considere oportuna.
ARTÍCULO 39.- Delimitación de facultades en materia presupuestaria
La iniciativa de los presupuestos corresponde al Poder Ejecutivo. La Asamblea Legislativa no podrá aumentar los gastos propuestos por el Poder Ejecutivo, salvo que fije las nuevas rentas o los ingresos necesarios a los presupuestados que hayan de cubrirlos, previo informe de la Contraloría General de la República sobre la efectividad fiscal.
ARTÍCULO 40.- Apoyo en el proceso de discusión
Para facilitar el análisis y la toma de decisiones, en el proceso de discusión del proyecto de presupuesto, la Asamblea Legislativa podrá requerir los servicios de funcionarios de otros órganos e instituciones públicas especializados en la materia.
La Contraloría General de la República enviará, a la Asamblea Legislativa, a más tardar el 30 de setiembre del año que corresponda, un informe técnico sobre el proyecto de ley de presupuesto nacional. Para ello, el Poder Ejecutivo le remitirá, en la fecha fijada en el artículo 178 de la Constitución Política, copia del proyecto junto con la información razonable que la Asamblea haya solicitado con la debida anticipación, de conformidad con el reglamento de esta Ley.
SECCIÓN II
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA
ARTÍCULO 41.- Procedimientos y etapas para la ejecución
Las etapas y los procedimientos necesarios para ejecutar el presupuesto nacional serán definidos mediante el Reglamento de esta Ley.
ARTÍCULO 42.- Programación financiera de la ejecución
La Dirección General de Presupuesto Nacional, en coordinación con la Tesorería Nacional, elaborará la programación financiera de la ejecución del presupuesto de la Administración Central, a partir de la información que deberán presentarle sus dependencias. Dicha información será especificada en el reglamento respectivo. En lo que corresponde a los entes y órganos incluidos en el inciso b) del artículo 1, deberán presentar la programación financiera de la ejecución de sus presupuestos a la Dirección General de Presupuesto Nacional.
De requerirse subejecutar la autorización inicial, al Consejo de Gobierno le corresponderá aprobar los lineamientos generales de la subejecución a propuesta del Ministerio de Hacienda; corresponderá a los jerarcas de cada ente u órgano la decisión final sobre las partidas que se subejecutarán.
ARTÍCULO 43.- Ejecución de transferencias presupuestarias
Los recursos que se asignen como transferencias presupuestarias, tanto a favor de sujetos de derecho público como de derecho privado, se mantendrán en la caja única del Estado y serán girados a sus destinatarios conforme a la programación financiera que realice el Ministerio de Hacienda, con base en la programación que le presenten los
respectivos destinatarios y la disponibilidad de recursos del Estado.
ARTÍCULO 44.- Financiamiento de nuevos gastos
Toda ley ordinaria que tenga efectos en el presupuesto nacional deberá indicar, explícitamente, de qué manera se efectuarán los ajustes presupuestarios para mantener el principio del equilibrio. En consecuencia, de acuerdo con el marco jurídico vigente, deberán realizarse los movimientos presupuestarios correspondientes.
ARTÍCULO 45.- Presupuestos extraordinarios y modificaciones
Podrán dictarse presupuestos extraordinarios y modificaciones del presupuesto nacional, según las siguientes consideraciones:
a) Quedan reservados a la Asamblea Legislativa:
i) Los que afecten el monto total del presupuesto.
ii) Los que conlleven un aumento de los gastos corrientes en detrimento de los gastos de capital.
iii) Las transferencias entre programas presupuestarios.
iv) Los que afecten el monto total de endeudamiento.
v) Las transferencias entre servicios no personales y servicios personales.
b) Quedan reservadas al Poder Ejecutivo todas las modificaciones no indicadas en el inciso anterior, de acuerdo con la reglamentación que se dicte para tal efecto.
ARTÍCULO 46.- Compromisos presupuestarios
Los saldos disponibles de las asignaciones presupuestarias caducarán al 31 de diciembre de cada año.
Los gastos comprometidos pero no devengados a esa fecha, se afectarán automáticamente en el ejercicio económico siguiente y se imputarán a los créditos disponibles para este ejercicio.
Los saldos disponibles de las fuentes de financiamiento de crédito público externo y las autorizaciones de gasto asociadas, se incorporarán automáticamente al presupuesto del ejercicio económico siguiente.
El monto no utilizado de la autorización por endeudamiento interno incluida en el presupuesto nacional, caducará el 31 de diciembre del año correspondiente; por ende, no podrá ser utilizado con posterioridad a tal fecha.
Mediante reglamento, se emitirán los criterios y mecanismos para aplicar este artículo.
ARTÍCULO 47.- Desconcentración de la ejecución
Facúltase al Ministerio de Hacienda para definir, en coordinación con la Contraloría General de la República en lo correspondiente a sus competencias constitucionales, los mecanismos y la organización que propicien la desconcentración de la ejecución del presupuesto de la República y su adecuada evaluación, en procura de la agilidad necesaria de ese proceso, con apego a la legalidad y la técnica propias de esta materia.
En lo que se refiere a los entes y órganos incluidos en el inciso b) del artículo 1, el Ministerio de Hacienda podrá coordinar con los respectivos jerarcas lo que corresponda, a efecto de propiciar la adecuada desconcentración y evaluación de los presupuestos de estos entes.
ARTÍCULO 48. Transparencia de la información
El Ministerio de Hacienda deberá coordinar lo correspondiente para que el presupuesto aprobado sea difundido ampliamente por los medios electrónicos o físicos disponibles, de manera que cualquier ciudadano tenga acceso a él.
SECCIÓN III
CONTROL Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA
ARTÍCULO 49.- Normas técnicas en materia presupuestaria
La Dirección General de Presupuesto Nacional, en coordinación con la Contraloría General de la República, determinará las normas técnicas generales necesarias para el control y la evaluación efectivos de la ejecución presupuestaria. Dichas normas servirán de base para que cada dependencia elabore normas específicas, de acuerdo con sus responsabilidades y área de gestión.
ARTÍCULO 50.- Liquidación contable
Finalizado el ejercicio económico, la Contabilidad Nacional, con el apoyo de las dependencias correspondientes, preparará el resultado contable del período y su efecto sobre el patrimonio nacional, así como la liquidación de los
ingresos y egresos del presupuesto nacional y los hará del conocimiento del Ministro de Hacienda.
ARTÍCULO 51.- Informe final sobre resultados
Para conocimiento de los Ministros de Hacienda y Planificación Nacional y Política Económica, la Dirección General de Presupuesto Nacional deberá preparar un informe
sobre el resultado de los programas ejecutados durante el período económico correspondiente.
ARTÍCULO 52.- Envío de informes a la Contraloría General de la República
A más tardar el 1ƒ de marzo, el Ministerio de Hacienda deberá remitir a la Contraloría General de la República los siguientes informes: el resultado contable del período, el estado de tesorería, el estado de la deuda pública interna y externa, los estados financieros consolidados de los entes y órganos incluidos en los incisos a) y b) del artículo 1, la liquidación de ingresos y egresos del presupuesto nacional, el informe de resultados físicos de los programas ejecutados durante el ejercicio económico respectivo y el informe anual sobre la administración de bienes.
También, a más tardar en esa misma fecha, el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica remitirá, a la Contraloría General de la República, el informe final sobre los resultados de la ejecución del presupuesto, el cumplimiento de las metas, los objetivos, las prioridades y acciones estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo y su aporte al desarrollo económico-social del país.
Tanto el informe de resultados físicos de los programas como el informe sobre el cumplimiento de las acciones estratégicas que elaborarán el Ministerio de Hacienda y el de Planificación Nacional y Política Económica respectivamente, incluirán los elementos explicativos necesarios para medir la efectividad de los programas, el costo unitario de los servicios y la eficiencia en el uso de los recursos públicos. De conformidad con las disposiciones constitucionales, la Contraloría deberá remitir estos informes y su dictamen a la Asamblea Legislativa.
SECCIÓN IV
ENTES SUJETOS A LA APROBACIÓN PRESUPUESTARIA
DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
ARTÍCULO 53.- Criterios para elaborar proyectos de presupuesto
Los entes y órganos cuyos presupuestos deban ser aprobados por la Contraloría General de la República, según las disposiciones constitucionales y legales vigentes, deberán preparar sus proyectos de presupuesto ordinarios o extraordinarios y sus modificaciones, atendiendo las normas técnicas dictadas por la Contraloría General de la República, los criterios y lineamientos generales citados en el inciso a) del artículo 31 de esta Ley y los lineamientos sobre política presupuestaria que emita el Presidente de la República o el órgano competente. Se presentarán a la Contraloría para su aprobación o improbación.
ARTÍCULO 54.- Lineamientos de ejecución
La ejecución presupuestaria se regirá por los lineamientos que disponga el Presidente de la República a propuesta de la Autoridad Presupuestaria y por las normas técnicas que defina la institución respectiva, en virtud del grado de autonomía y la naturaleza de las actividades desarrolladas.
SECCIÓN V
EVALUACIÓN
ARTÍCULO 55.- Informes sobre evaluación
Las entidades y los órganos indicados en los incisos a), b), c) y d) del artículo 1 de esta Ley, presentarán los informes periódicos y finales de evaluación física y financiera de la ejecución de los presupuestos, así como los informes de gestión, resultados y rendimiento de cuentas, conforme a las disposiciones tanto del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica como de la Contraloría General de la República, para los efectos de evaluar el sector público. Las fechas para presentar los informes periódicos serán fijadas por el Reglamento de esta Ley. Sin embargo, los informes finales deberán presentarse a más tardar el 1° de marzo de cada año.
Estos órganos establecerán la coordinación necesaria a fin de que los requerimientos de información sean lo más uniformes posible y consistentes con las necesidades de cada uno, sin que esto implique duplicidad de funciones.
ARTÍCULO 56.- Resultados de la evaluación
El Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, deberán evaluar los resultados de la gestión institucional para garantizar tanto el cumplimiento de objetivos y metas como el uso racional de los recursos públicos. Asimismo, elaborarán y presentarán, a las instancias correspondientes del Poder Ejecutivo y a la Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y el Gasto Públicos de la Asamblea Legislativa, informes periódicos sobre los resultados de la evaluación realizada según el artículo anterior, de conformidad con la materia de su competencia; todo sin perjuicio de las atribuciones correspondientes a la Contraloría General de la República, en materia de fiscalización superior de la Hacienda Pública.
Además, ambos Ministerios elaborarán conjuntamente un informe de cierre del ejercicio presupuestario y lo presentarán a la Autoridad Presupuestaria para que lo conozca y proponga recomendaciones al Presidente de la República. Todos los informes de evaluación generados por la Administración estarán a disposición de la Contraloría para los efectos del cumplimiento de sus atribuciones.
ARTÍCULO 57.- Suministro de información
Las entidades y los órganos comprendidos en el artículo 1 de esta Ley estarán obligados a suministrar la información económica, financiera y de ejecución física de los presupuestos, que el Ministerio de Hacienda les solicite para el cumplimiento de sus funciones.
TÍTULO VI
SUBSISTEMA DE TESORERÍA
CAPÍTULO I
GENERALIDADES
ARTÍCULO 58.- Definición
El Subsistema de Tesorería comprende tanto el conjunto de órganos participantes como las normas y los procedimientos utilizados en la percepción, el seguimiento y control de los recursos financieros del tesoro público y en los pagos de las obligaciones contraídas de conformidad con la Ley de presupuesto, así como la administración y custodia de los dineros y valores que se generen.
ARTÍCULO 59.- Objetivos
Los objetivos del Subsistema son los siguientes:
a) Mantener al menor costo posible la liquidez necesaria, para cumplir oportunamente los compromisos financieros de la ejecución del Presupuesto de la República.
b) Propiciar la recaudación adecuada de los ingresos correspondientes al tesoro público.
c) Realizar, de manera eficiente y eficaz, los pagos que correspondan.
d) Administrar la liquidez del Gobierno de la República en procura del mayor beneficio de las finanzas públicas.
e) Mantener al día el servicio de la deuda pública.
ARTÍCULO 60.- Órgano rector
La Tesorería Nacional será el órgano rector del Subsistema de Tesorería; por consiguiente, coordinará el funcionamiento de todas las unidades y dependencias que lo conforman.
ARTÍCULO 61.- Atribuciones de la Tesorería Nacional
La Tesorería Nacional tendrá las funciones y los deberes siguientes:
a) Elaborar, con la Dirección de Presupuesto Nacional, la programación financiera de la ejecución del presupuesto nacional.
b) Preparar el flujo de fondos y administrar el sistema de caja única establecido en el artículo 65 de esta Ley, efectuar las estimaciones y proyecciones presupuestarias del servicio de la deuda del tesoro y darles seguimiento.
c) Procurar el rendimiento óptimo de los recursos financieros del tesoro público.
d) Emitir letras del tesoro, de conformidad con el artículo 75 de esta Ley.
e) Custodiar los títulos y valores del Gobierno de la República o de terceros que se pongan a su cargo; para esto, podrá contratar entidades especializadas en prestar estos servicios, de conformidad con la Ley de Contratación Administrativa y la reglamentación que se emita sobre este particular.
f) Velar por la percepción adecuada de las rentas recibidas por los cajeros auxiliares autorizados para tal efecto.
g) Establecer, en coordinación con la Contraloría General de la República, los requerimientos de información y procedimientos que deberán atender las entidades públicas y privadas para recibir transferencias de recursos de la Administración Central, para asegurarse de que se realicen de acuerdo con la ley y los reglamentos.
h) Autorizar el uso de cajas chicas en las dependencias de la Administración Central para gastos menores, conforme a la reglamentación que se dictará para el efecto.
i) Proponer su propia organización, la cual se determinará y regulará mediante reglamento.
j) Definir los procedimientos de emisión, colocación y redención de la deuda interna del Gobierno de la República.
k) Los demás deberes y las atribuciones que le asignen la Constitución, la Ley o los reglamentos.
CAPÍTULO II
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
ARTÍCULO 62.- Cajero general
Las funciones de cajero del Estado serán confiadas al Banco Central de Costa Rica, que tendrá el carácter de cajero general. En cuanto realice esas funciones, se considerará como auxiliar de la Tesorería Nacional; queda sujeto a sus disposiciones y no podrá disponer de los fondos del Gobierno,
ni pagar suma alguna con cargo a ellos, si no es mediante la orden de pago respectiva.
ARTÍCULO 63.- Contratos
El Ministerio de Hacienda tendrá plenas facultades para efectuar los contratos necesarios con los bancos del Sistema Bancario Nacional y otras entidades autorizadas por ley, para los efectos de contar con los servicios de recaudación, procesamiento de la información y depósito de las sumas que corresponda depositar en las cuentas definidas por la Tesorería Nacional en el banco cajero general, según los principios de la Ley de Contratación Administrativa.
ARTÍCULO 64.- Cumplimiento de plazos por parte de cajeros auxiliares
El banco cajero general deberá exigir a los cajeros auxiliares el depósito de las sumas percibidas, en los plazos que fije la Tesorería Nacional. En caso de incumplimiento se aplicará, en favor del tesoro público, una comisión que determinará la Tesorería Nacional, sin menoscabo de otras consecuencias jurídicas que procedan de acuerdo con la reglamentación y los contratos firmados.
ARTÍCULO 65.- Procedimientos para el envío de información
La Tesorería Nacional, en coordinación con la Contabilidad Nacional, definirá los procedimientos para enviar la información, así como los comprobantes sobre las sumas recaudadas y los pagos realizados por cuenta del tesoro público.
ARTÍCULO 66.- Caja única
Todos los ingresos que perciba el Gobierno de la República, cualquiera que sea la fuente, formarán parte de un fondo único a cargo de la Tesorería Nacional. Para administrarlos, podrá disponer la apertura de una o varias cuentas en colones u otra moneda, en procura del mayor beneficio para la Hacienda Pública.
Los recursos recaudados en virtud de las leyes especiales que determinen su destino se depositarán en cuentas autorizadas por la Tesorería Nacional, en cualquiera de los bancos del sector público. Estos recursos financiarán total o parcialmente, según lo disponga la ley respectiva, el presupuesto de gastos del ente responsable de la ejecución del gasto.
ARTÍCULO 67.- Cuentas para manejar recursos del crédito externo
En lo referente a los proyectos financiados con recursos del crédito externo que reciban los entes y órganos incluidos en los incisos a) y b) del artículo 1, la Tesorería Nacional podrá abrir cuentas, en colones u otras monedas, en el banco cajero general o en los cajeros auxiliares, para agilizar el recibo de estos recursos y transferirlos a las unidades ejecutoras respectivas.
ARTÍCULO 68.- Información de caja al Ministro de Hacienda
Periódicamente y según lo defina el Reglamento, la Tesorería Nacional estará obligada a informar al Ministro de Hacienda sobre la situación de caja del Gobierno.
ARTÍCULO 69.- Limitación a la emisión de pagos
No podrán emitirse órdenes de pago si no existen fondos para hacerlas efectivas.
ARTÍCULO 70.- Desconcentración de los pagos
Sin perjuicio de las disposiciones legales vigentes, la Tesorería Nacional podrá determinar los procedimientos y criterios para la ejecución desconcentrada de los pagos por medio de las dependencias y los entes así como los órganos incluidos en los incisos a) y b) del artículo 1.
ARTÍCULO 71.- Publicación de los acuerdos de pago
Antes de pagar las autorizaciones contenidas en los acuerdos respectivos, la Tesorería Nacional solicitará la publicación en La Gaceta, que deberá concretarse en un plazo máximo de quince días, contados a partir del recibo de la solicitud.
ARTÍCULO 72.- Caducidad de las órdenes de pago
Durante seis meses a partir de la emisión de las órdenes de pago, la Tesorería Nacional las mantendrá a disposición de los interesados; transcurrido este plazo, procederá a anularlas. No obstante, los interesados conservarán el derecho de solicitar su revalidación durante el plazo improrrogable de seis meses. Si el administrado no empleó ambos plazos, deberá acudir a la vía judicial para solicitar su cancelación. Cuando la orden de pago se haya materializado mediante giros o cheques, según el caso, y estos se encuentren en poder de los beneficiarios, se aplicará lo dispuesto en el Código de Comercio en cuanto a la caducidad de cheques.
ARTÍCULO 73.- Operaciones de cobertura de riesgo
En procura del mayor beneficio para el tesoro público, la Tesorería Nacional, en consulta con el Banco Central de Costa Rica, podrá adquirir instrumentos formalmente definidos en los mercados internacionales para la cobertura del riesgo cambiario o de tasas de interés, o bien adquirir divisas anticipadamente, de conformidad con la reglamentación que se dictará para el efecto. En dichas operaciones deberán imperar los principios de publicidad, seguridad y transparencia.
ARTÍCULO 74.- Redención anticipada
La Tesorería Nacional, de común acuerdo con los tenedores, podrá redimir anticipadamente los títulos valores colocados, siempre que existan los recursos suficientes y la operación resulte beneficiosa para las finanzas públicas y que en ellas se utilicen procedimientos garantes del cumplimiento de los principios de publicidad, seguridad y transparencia.
ARTÍCULO 75.- Letras del tesoro
Cuando por una situación especial de caja esté amenazado el interés público ante eventuales incumplimientos de pago por parte del Gobierno, el Ministerio de Hacienda, por medio de la Tesorería Nacional, previa resolución que lo justifique, podrá emitir obligaciones de corto plazo a cargo del Estado denominadas letras del tesoro. El Banco Central de Costa Rica podrá adquirirlas por el monto necesario para cubrir el déficit temporal. La suma total de dichas obligaciones pendientes de pago no podrá ser superior a un veinteavo del presupuesto ordinario de la República.
El pago de los intereses de las letras del tesoro deberá cargarse a las partidas presupuestarias para el servicio de la deuda interna.
No podrán emitirse letras del tesoro para financiar la cancelación de otras ya emitidas.
ARTÍCULO 76.- Vencimiento de las letras del tesoro
Las letras del tesoro se emitirán con vencimiento hasta de noventa días; pero, en ningún caso, su vencimiento podrá exceder del 31 de diciembre del año en que se emitan.
ARTÍCULO 77.- Adquisición de letras del tesoro por parte del Banco Central de Costa Rica
La solicitud debidamente justificada del Ministerio de Hacienda para que el Banco Central de Costa Rica adquiera letras del tesoro, será tramitada conforme a la Ley Orgánica de este y su reglamento.
TÍTULO VII
SUBSISTEMA DE CRÉDITO PÚBLICO
ARTÍCULO 78.- Definición
El Subsistema de Crédito Público estará conformado por los mecanismos y procedimientos utilizados, así como por los organismos que participan en la obtención, el seguimiento y control de los recursos internos y externos originados por la vía del endeudamiento público, de mediano y largo plazo.
ARTÍCULO 79.- Objetivos del subsistema
Los objetivos del Subsistema de Crédito Público serán:
a) Promover la utilización adecuada del financiamiento por parte del sector público, dentro de las limitaciones que la ley establezca para el efecto y los lineamientos que dicten los órganos correspondientes.
b) Obtener y controlar los recursos internos o externos provenientes del endeudamiento público y darles seguimiento.
c) Propiciar la utilización de las fuentes de financiamiento más favorables para el país, por parte de las dependencias del sector público.
d) Procurar que se mantenga al día el servicio de la deuda pública interna y externa.
e) Registrar adecuadamente la deuda pública externa e interna; asimismo, tener disponible la información sobre los mercados financieros internacionales.
ARTÍCULO 80.- Órgano rector
La Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda será el órgano rector del Subsistema de Crédito Público. Como tal, tendrá las siguientes competencias:
a) Proponer a la Autoridad Presupuestaria la política de endeudamiento público, de mediano y largo plazo, considerando, entre otros, la capacidad de endeudamiento del país.
b) Definir los criterios de elegibilidad de los préstamos.
c) Disponer los procedimientos para la negociación, el trámite y la contratación del crédito público por parte de la Administración Central.
d) Recomendar a la Autoridad Presupuestaria la autorización de las solicitudes de las entidades y los organismos del sector público para contratar operaciones de crédito público. Sin dicha autorización, ninguna entidad del sector público, excepto las del sector financiero bancario, podrá realizar préstamos externos ni internos.
e) Definir, mediante reglamento, los procedimientos aplicables a la negociación, contratación, renegociación y amortización de la deuda externa del Gobierno de la República. Tal reglamento y sus modificaciones deben someterse a consulta, previo a su promulgación, ante la Contraloría General de la República.
f) Apoyar y orientar las negociaciones tendientes a la contratación de préstamos.
g) Mantener un registro actualizado sobre el endeudamiento público, debidamente separado, desglosado y detallado en sus categorías de interno y externo e integrado al Sistema de Contabilidad Nacional.
h) Establecer las estimaciones y proyecciones presupuestarias del servicio de la deuda pública y darles seguimiento.
i) Presentar a la Autoridad Presupuestaria propuestas de medidas tendientes a enfrentar y reducir el saldo y el servicio tanto de la deuda pública interna como externa.
j) Todas las demás competencias que le asigne la Ley o su reglamento.
ARTÍCULO 81.- Mecanismos de endeudamiento
El endeudamiento resultante de las operaciones de crédito público se denominará deuda pública y podrá originarse en:
a) La emisión y colocación de títulos de deuda y obligaciones de mediano y largo plazo, es decir, aquellas cuyo vencimiento supere el ejercicio económico en el cual son contraídas.
b) La contratación de créditos con instituciones financieras, sean estas nacionales o internacionales.
c) El otorgamiento de avales, fianzas y garantías, cuyo vencimiento supere el período del ejercicio económico en que se contraen.
d) La consolidación, conversión y renegociación de deudas.
e) La adquisición de bienes y servicios que se paguen total o parcialmente en el transcurso de un ejercicio económico posterior al período de su presupuestación.
ARTÍCULO 82.- Deuda del tesoro
Las obligaciones adquiridas durante un ejercicio económico con vencimiento en el mismo período, se considerarán como deuda del tesoro.
ARTÍCULO 83.- Política de endeudamiento
La aprobación de las políticas de endeudamiento y reducción de la deuda pública tanto interna como externa, para el corto, mediano y largo plazo, compete al Presidente de la República, a propuesta de la Autoridad Presupuestaria, la cual considerará la programación macroeconómica establecida en el título III de esta Ley. Esta política deberá ser respetada en la formulación de los presupuestos del sector público.
ARTÍCULO 84.- Facultades del Ministerio de Hacienda en negociación de crédito externo
Sin perjuicio de la participación conjunta de otros órganos en el proceso de negociación, el Ministerio de Hacienda será el único agente con capacidad legal de endeudamiento, gestión y control de la deuda pública de la Administración Central, sin perjuicio de las facultades de asesoramiento del Banco Central de Costa Rica.
ARTÍCULO 85.- Ámbito de aplicación de los lineamientos
Los procedimientos que conforme a esta Ley determine el órgano rector, serán aplicables a toda operación del sector público. No obstante, se exceptuarán los siguientes casos:
a) Los créditos externos que contrate el Banco Central de Costa Rica como único obligado, de acuerdo con su Ley Orgánica.
b) Los créditos que contraten o garanticen los bancos estatales a personas y entes privados dentro de su actividad ordinaria, los cuales serán normados por el Banco Central y la Superintendencia General de Entidades Financieras en lo que corresponda.
c) Los créditos que contraten las universidades.
d) Los créditos que contraten las municipalidades.
ARTÍCULO 86.- Renegociación de la deuda
El Ministerio de Hacienda podrá efectuar operaciones de crédito público para reestructurar la deuda pública del Gobierno de la República, mediante su consolidación, conversión, renegociación o condonación, en la medida que impliquen un mejoramiento de las finanzas públicas.
ARTÍCULO 87.- Nulidad de operaciones irregulares
Las operaciones de crédito público realizadas contraviniendo las normas de la presente Ley serán nulas, sin perjuicio de la responsabilidad personal de quienes las ejecuten.
ARTÍCULO 88.- Autorización legislativa
Tratándose del Gobierno de la República toda emisión de títulos de deuda pública requerirá ser autorizada por la Asamblea Legislativa.
ARTÍCULO 89.- Características de los instrumentos de deuda
Para negociar los títulos de deuda interna del Gobierno de la República correspondientes al crédito interno aprobado en la ley de presupuesto nacional, la Tesorería Nacional podrá utilizar los mecanismos que estime convenientes, siempre que respete las limitaciones en cuanto al monto y otros aspectos que disponga dicha ley.
Para ese efecto y mediante la reglamentación correspondiente, podrán definirse las características, los procedimientos y, al menos, los aspectos operativos, presupuestarios y contables, para lo cual se considerará el criterio de los órganos rectores de los restantes subsistemas de la Administración Financiera en las materias correspondientes. Entre las características de los títulos podrán establecerse las tasas de interés fijas o variables, la denominación en colones u otra moneda y la colocación con descuentos y premios, de conformidad con la política de endeudamiento.
Las renegociaciones de deuda interna que impliquen su conversión a moneda extranjera requerirán el criterio previo favorable de la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica.
TÍTULO VIII
SUBSISTEMA DE CONTABILIDAD
CAPÍTULO ÚNICO
ARTÍCULO 90.- Definición
El Subsistema de Contabilidad Pública estará conformado por el conjunto de principios, normas y procedimientos técnicos para recopilar, registrar, procesar y controlar, en forma sistemática, toda la información referente a las operaciones del sector público, expresables en términos monetarios, así como por los organismos que participan en este proceso. El objeto será proporcionar información sobre la gestión financiera y presupuestaria y servir de apoyo al Sistema de Cuentas Nacionales.
ARTÍCULO 91.- Objetivos
El Subsistema de Contabilidad Pública tendrá los siguientes objetivos:
a) Proveer información de apoyo para la toma de decisiones de los jerarcas de las distintas instancias del sector público responsables de la gestión y evaluación financiera y presupuestaria, así como para terceros interesados.
b) Promover el registro sistemático de todas las transacciones que afecten la situación económico-financiera del sector público.
c) Proveer la información contable y la documentación pertinente de conformidad con las disposiciones vigentes, para apoyar las tareas de control y auditoría.
d) Obtener de las entidades y organismos del sector público, información financiera útil, adecuada, oportuna y confiable.
e) Posibilitar la integración de las cifras contables del sector público en el Sistema de Cuentas Nacionales y proveer la información que se requiera para este efecto.
ARTÍCULO 92.- Operaciones interinstitucionales
Además de las características generales descritas en el artículo 15, la contabilidad del sector público considerará los mecanismos técnicos de relación entre las cuentas contables que correspondan a operaciones inter-institucionales.
ARTÍCULO 93.- Órgano rector
La Contabilidad Nacional será el órgano rector del Subsistema y, como tal, tendrá los siguientes deberes y funciones:
a) Proponer, al Ministro de Hacienda para su aprobación, los principios y las normas generales que regirán el Subsistema de Contabilidad Pública.
b) Establecer procedimientos contables que respondan a normas y principios de aceptación general en el ámbito gubernamental. Dentro de este marco, definirá la metodología contable por aplicar, así como la estructura y periodicidad de los estados financieros que deberán producir las entidades.
c) Velar porque las instituciones del sector público atiendan los principios y las normas mencionados en el inciso anterior.
d) Asesorar técnicamente a todas las entidades del sector público nacional, en las materias de su competencia.
e) Llevar actualizada la contabilidad de la Administración Central.
f) Mantener registros destinados a centralizar y consolidar los movimientos contables.
g) Preparar cada año el informe correspondiente a la liquidación del presupuesto y el estado de situación del tesoro público y del patrimonio fiscal, para que el Ministro de Hacienda pueda cumplir con lo dispuesto sobre el particular.
h) Aprobar la terminología y los formularios que deban adoptar las dependencias de la Administración Central para realizar las transacciones que generen registros contables.
i) Archivar, documentalmente o por otros medios, la información originada en las operaciones de la Administración Central durante un lapso de cinco años.
j) Proponer su propia organización la cual se determinará y regulará mediante reglamento.
k) Ejercer todas las demás funciones que deba cumplir en su carácter de rector del Sistema de Contabilidad, así como todas las que le asignen la Ley y sus reglamentos.
Para cumplir con lo establecido en los incisos a), b) y h), deberá contar con la opinión de la Contraloría General de la República, en lo que corresponda.
ARTÍCULO 94.- Obligatoriedad de atender requerimientos de información
Las entidades y los órganos comprendidos en el artículo 1 de esta Ley, estarán obligados a atender los requerimientos de información de la Contabilidad Nacional para cumplir con sus funciones.
ARTÍCULO 95.- Estados consolidados del sector público
La Contabilidad Nacional deberá realizar la consolidación requerida para el efecto de obtener los estados financieros agregados del sector público.
ARTÍCULO 96.- Informes contables básicos
La Contabilidad Nacional presentará al Ministro de Hacienda, a más tardar el último día de febrero de cada año, los siguientes informes, referidos al 31 de diciembre del año anterior:
a) La liquidación de la ejecución del presupuesto.
b) El estado de la deuda pública.
c) Los estados financieros de la Administración Central y consolidados del sector público.
d) El análisis de la gestión financiera consolidada del sector público.
TÍTULO IX
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
CAPÍTULO ÚNICO
ARTÍCULO 97.- Definición
El Sistema de Administración de Bienes y Contratación Administrativa estará conformado por los principios, métodos y procedimientos utilizados así como por los organismos participantes en el proceso de contratación, manejo y disposición de bienes y servicios por parte de la Administración Central.
ARTÍCULO 98.- Objetivos
El Sistema de Administración de Bienes y Contratación Administrativa tendrá los siguientes objetivos:
a) Propiciar que los bienes y servicios se administren atendiendo criterios técnicos y económicos.
b) Promover el mantenimiento adecuado de los bienes de la Administración Central.
c) Favorecer el desarrollo de mecanismos ágiles y eficientes para disponer de los bienes en desuso u obsoletos.
d) Suministrar información sobre el estado, la ubicación y el responsable de los bienes muebles e inmuebles de la Administración Central.
e) Propiciar la integración de los registros de los bienes del Gobierno al Sistema de Contabilidad.
f) Propiciar que los bienes se adquieran oportunamente y a satisfacción del interés público, atendiendo los principios de publicidad y transparencia.
ARTÍCULO 99.- Órgano rector
La Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa será el órgano rector del Sistema; por tanto, le corresponderán los siguientes deberes y funciones:
a) Ejecutar las acciones necesarias para establecer políticas en materias propias del sistema regido por ella.
b) Evaluar los procesos de contratación periódicamente y al cierre del ejercicio; para esto podrá requerir la información pertinente de las dependencias públicas o privadas con financiamiento público.
c) Proponer las modificaciones necesarias p