I. COMENTARIOS Y PROPUESTAS DEL REGULADOR GENERAL SOBRE LA SITUACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

1.1 SECTOR ELECTRICO

Energéticamente Costa Rica cuenta con un amplio potencial de recursos hidroeléctricos, que se explotan entre un 10% y un 12%. Sin embargo, la escasez de recursos para que el Estado siga invirtiendo en todos los proyectos necesarios para su desarrollo, la crisis mundial que ha provocado la exagerada alza en los precios del petróleo y sus derivados, la posibilidad de que en los próximos 2 o 3 años se presente nuevamente el fenómeno del Niño y consecuentemente el abundante régimen de lluvias disminuya considerablemente, obliga de nuevo a meditar sobre la posibilidad de crisis de suministro y por lo tanto a propiciar medidas para hacer un uso eficiente de los recursos energéticos en los cuales existe un evidente y exagerado desperdicio tanto en lo relativo a la energía hidroeléctrica como en la obtenida de los derivados del petróleo.

Desde finales de la década de los ochenta, se diagnosticaron los principales problemas y soluciones del sector energético de la mayoría de países en desarrollo; sin embargo en nuestro país por diferentes circunstancias, que no es la ocasión para analizar, no se han tomado las medidas para prevenir la crisis de abastecimiento que han sufrido muchos países. Poco se recuerda los costos y consecuencias que para la sociedad y economía tienen los apagones y suspensiones prolongadas en el suministro energético.

Los principales problemas que se describieron en los documentos, tanto del Banco Mundial (BIRF) como de la organización Latinoamericana de Energía (OLADE) vuelven a cobrar vigencia, como por ejemplo:

• Institucionales
• Falta de un verdadero manejo empresarial

• No hay solución única
• Mejora en el manejo empresarial del sector
• Posibilidades de conservación de la energía eléctrica
• Participación de la inversión privada
• Modalidades alternativas de financiamiento
• Definir el papel del estado en la etapa de transición
• Es posible un manejo ambienta sustentable

Durante este período se puso de manifiesto el gran apoyo que la opinión pública ha brindado a ésta Institución y que sin lugar a dudas es merecido por su trayectoria en la satisfacción de la demanda eléctrica y de telecomunicaciones, lo anterior ha sido objeto de una excelente recopilación, análisis y la realización de comparecencias que tienen lugar y resultan del trabaja de la COMISION ESPECIAL MIXTA de la Asamblea Legislativa que analizó los proyectos de transformación del ICE.

El Estado costarricense debe decidir cual será su rumbo en cuanto a su modelo de desarrollo y de inversión pública y privada, y particularmente su política en el campo energético. En diferentes ocasiones esta Institución se ha pronunciado en el sentido que se debe aprovechar al máximo nuestro "petróleo" consistente en los abundantes y desaprovechados RECURSOS HIDROELÉCTRICOS. Por medio de una apertura al sector privado, cooperativo y municipal se lograría llevar a cabo la inversión en proyectos de generación eléctrica y por tanto que el ICE sea liberado, tal como hubo pleno consenso en la opinión pública y en informes de la COMISION ESPECIAL MIXTA de la Asamblea Legislativa, de todas las ataduras y restricciones que le impiden invertir sus proyectos. Las reglas del juego legislativas, tarifas y reglamentarias, establecidas en las Leyes 7200 y 7508, deberán modificarse tal como también es el consenso nacional, por no existir las condiciones que a principios de la década de los noventa justificaron su establecimiento.

De no ser así será muy difícil tener una propuesta y una solución eficaz y eficiente para hacerle frente a las necesidades futuras de la sociedad, la que energéticamente será cada vez más exigente, particularmente si tomamos en cuenta el arribo de empresas electrointensivas y la exigencia de toda la sociedad por un suministro de altísima calidad.

Nuestra posición la podríamos resumir de la siguiente manera:

LA GENERACION puede y debe abrirse a la participación de la iniciativa privada, cooperativa o municipal. Los grandes proyectos hidroeléctricos, si se considera factible su construcción, estarían a cargo del ICE. Aunque debe tomarse en cuenta que en pocos años se presentará la posibilidad de usar tecnologías más avanzadas y baratas(abastecimiento de gas natural de Colombia, México o Guatemala) donde el bajo costo por kilovatio y rápida puesta en operación de las plantas de ciclo combinado, podrían no hacer rentable la construcción y operación de grandes proyectos hidroeléctricos.

La TRANSMISION por su complejidad y conveniencia estratégica debería seguir en manos del ICE y ser el medio para transportar e intercambiar energía tanto nacional como internacionalmente.

La DISTRIBUCIÓN: En este servicio público debe darse una posibilidad, sin ventajas tarifarifas o impositivas de ningún tipo a la empresa privada. Siendo esta la parte menos rentable y más difícil de operar desde el punto de vista empresarial, es cada vez más inconveniente y caro que una institución estatal con múltiples trabas operativas como las que tiene el ICE, pueda desempeñar a satisfacción de los usuarios esta función, sin incurrir en costos incrementales que siempre deberán pagarse vía aumentos tarifarios.

1.1.2 CNFL:

Esta empresa tiene a su cargo la distribución de la energía eléctrica principalmente en el Area Metropolitana y tiene el mayor y más intenso número de abonados. Es urgente que a la CNFL se le defina su status institucional y empresarial, por su característica patrimonial de ser propiedad del ICE en una casi totalidad de su capital de acciones, opera aprovechándose del status jurídico de una empresa privada; carácter que así ha sido definido y ratificado por la Sala Constitucional en diferentes fallos, opera bajo al amparo del Contrato Ley de 1941 que todavía existe en el país, aunque fuera reformado sustancialmente en 1988 cuando el ICE la compró a la EBASCO. Tal vez por esas características de empresa privada es que ha sido utilizada para una serie de obras y proyectos.

En el sector cooperativo existen cuatro:

La brillante experiencia que nuestro país ha tenido desde hace más de tres décadas por el excelente desempeño de estas cooperativas, nos hace pensar y recomendar que junto con las empresas municipales de servicio público, este esquema institucional y empresarial daría excelentes resultados para satisfacer las grandes necesidades que tienen nuestras comunidades.

La mejor prueba de lo anterior, es que estas cuatro cooperativas no fueron afectadas por la crisis y desprestigio que afectó a gran parte del resto del sector cooperativo y que demostró su plena capacidad para la construcción a tiempo y a menos costo de lo presupuestado el Proyecto Hidroeléctrico de San Lorenzo.

Pero desafortunadamente y si no se produce una revisión de sus objetivos, metas, organización y gestión, algunas de ellas podrán estar condenadas a su desaparición, pues al ser meras distribuidoras de la energía del ICE, deben añadir sus propios costos, llegando a niveles que pueden provocar una situación innecesaria e inconveniente para los mismos usuarios, que es lo que al finalmente a todos nos interesa defender y proteger. Una solución a la que no se ha prestado la debida atención, es que su empresa de integración: CONELECTRICAS, aproveche la excelente experiencia y recursos financieros derivados de la construcción del Proyecto San Lorenzo para desarrollar uno nuevo y más grande que abastezca todas sus necesidades presentes y de mediano plazo. Esto les garantizaría, junto con el desempeño de otros servicios públicos (para lo cual tiene toda la experiencia y capacidad),su razón de ser en el largo plazo.

Por el deterioro y debilidad que tiene el régimen municipal costarricense a las empresas de este tipo de organización y propiedad, se les debe otorgar la obligada autonomía técnica, administrativa y financiera para que operen en forma independiente y no sean contaminadas por los defectos y politiquería que afectan a las municipalidades.

En el año 2000 se produjo un debate que inclusive llegó a "satanizar" la participación privada en la generación para la venta al ICE. Aunque es cierto que el esquema legal, operativo y tarifario que disfrutan los generadores privados según está establecido en las leyes 7200 y 7508 y los reglamentos respectivos deberán revisarse y adecuarlos a las circunstancias y necesidades actuales y futuras del país, no se deben olvidar las graves circunstancias energéticas y de otra índole que afrontaba el país a finales de los ochenta y principios de los noventa que propició esta participación privada. Se han cuantificado las ventajas por los técnicos de la Autoridad Reguladora y la ventaja puede ser, según sea el escenario que se escoja, de varios cientos de millones de dólares. También hay que tomar en consideración, que las tarifas que el ICE propone y aprueba antes el SNE y ahora la ARESEP por disposición legal y técnica obligatoriamente se deben fundamentar en el costo marginal de largo plazo y evitado del ICE, sin tomar en cuenta los costos o resultados propios del empresario privado.

Ante la escasez de recursos financieros, la urgencia de revisar el modelo estatal y la crisis que por ambos factores y serie de restricciones que para el desarrollo de proyectos afectan al ICE, se deben considerar la apertura de opciones para que participe la iniciativa privada, y las organizaciones cooperativas y municipales que ya mencionamos, e introduciendo los obligadas reformas al marco legal y técnico vigente, se tenga el necesario aporte al desarrollo del país, bajo reglas claras de inversión, operación y regulatorias.

Hasta la fecha, en las dos leyes vigentes: N° 7200 de 1990 y su reforma en la No.7508 de 1995, sólo contemplan la generación eléctrica privada para su venta al ICE. En el futuro y cuando se defina la política gubernamental sobre el papel del ICE y de las otras instituciones de servicio público y por lo tanto del rol que desempeñará la empresa privada, se podrá elaborar en mucho mejor forma cómo y cuando esta participación tendrá lugar para así explotar más nuestros recursos hidroeléctricos y fomentar un suministro eléctrico bajo mejores condiciones y precios, y exportar los excedentes energéticos a los países vecinos que la requieran.

Al respecto debemos mencionar el Proyecto SIEPAC, en el cual se ha venido trabajando desde hace varios años, y cuyo origen se remonta al desarrollo del Proyecto BORUCA, que por su gran tamaño, aunque luego fue reducido, excedía las posibilidades de financiación y utilización, y que con la red centroamericana en desarrollo con financiación del BID y la Comunidad Económica Europea, constituirá posibilidades de mercado realmente interesantes para colocar nuestro potencial hidroeléctrico.

Las características de la curva de carga del sistema eléctrico nacional refleja con toda claridad los dos períodos de horas pico o de mayor demanda, una al final de la mañana y la otra en las primeras horas de la noche, debidas escencialmente al uso que se hace de la electricidad para la cocción de alimentos; utilización que es ineficiente. Para satisfacer esta demanda en los períodos de punta ya citados, se necesita hacer fuertes y continuas inversiones en plantas generalmente hidroeléctricas, que permanecen ociosas o con poca utilización en los períodos fuera de punta. Si a eso se añade que el uso de la energía eléctrica en otras actividades tanto residenciales, como industriales y comerciales tampoco es eficiente, principalmente por el mal estado de las instalaciones eléctricas y de alumbrado, baja eficiencia de los electrodomésticos, ineficiencia de motores, etc. tenemos que el desperdicio energético es realmente grave y preocupante. Existen ejemplos donde se demuestra que la inversión de $ 700 u $800 en un NEGAVATIO (kilovatios ahorrados) contra $2000 o más por KILOVATIO (de las nuevas plantas a construir), constituye un evidente ahorro nacional que además por constituir una reducción franca en el consumo que hacen los usuarios, traerá consigo importantes rebajas en la factura mensual, que con el deterioro de la situación económica de los usuarios es una posibilidad interesante que se debería explotar.

Extraña que algo tan elemental y realmente conveniente tanto para la economía del país como para los habitantes en forma individual, no se haya propiciado con mayor intensidad y agresividad. La aprobación y vigencia en 1994 de la Ley 7404 de Uso Racional de la Energía, todo lo que se ha hecho hasta la fecha son tímidas campañas de cambio de bombillos o de costosas campañas propagandísticas de dudosa eficacia.

Desde hace más de cuatro décadas prevalecieron en Costa Rica las denominadas tarifas sociales, que consisten en lo siguiente: Los abonados del área metropolitana subsidian a los del área rural, mientras que los usuarios industriales y comerciales subsidian a los del sector residencial y los abonados con relativo bajo consumo (250 a 350 kilovatios) son subsidiados por los clientes con mayores niveles de consumo.

El ICE es el operador dominante de sector de las telecomunicaciones que es mucho mas rentable y menos capital intensivo que el eléctrico, aunque expuesto a obsolescencia de sus instalaciones por el vertiginoso avance tecnológico de esta industria. Por aspectos o políticas institucionales, el alto rendimiento financiero de las telecomunicaciones y dentro de ellas de las llamadas internacionales, éste sistema subsidió y soportó financieramente en un alto grado al otro sistema.

La denominada globalización, el avance tecnológico y la utilización de medios ilegales para evadir el pago del uso de las instalaciones del ICE, provocó una severa caída en los ingresos y de las tarifas por servicios internacionales de telecomunicaciones, aspecto que contribuye a lo que se ha llamado un rebalanceo de las tarifas telefónicas, para que éstas cubran su costo verdadero. Por lo cual habrá una tendencia hacia aumentos tarifarios cada vez mayores para los abonados telefónicos locales que hasta ahora han disfrutado de tarifas subsidiadas por las internacionales y porque tarde o temprano se deberá producir una apertura y participación privada, principalmente en los servicios de valor agregado (aquellos distintos a la telefonía o al servicio público básico). Esta tendencia mundial, debida principalmente a causas tecnológicas y de la globalización, de no producirse los cambios de política estatal y de legislación, dejarán al país y al ICE con la parte más difícil de atender y menos lucrativa, que es telefonía básica, la rural y la pública.

Lo anterior debe tenerse muy en cuenta porque el aporte o apoyo financiero que brindó durante muchos años la actividad de las telecomunicaciones a la eléctrica, ya no existirá ni será posible. Por ello se deberán propiciar nuevos y mejores esquemas tarifarios así como REBALANCEOS para ajustar los costos de suministro a las tarifas que se cobran entre los abonados urbanos y rurales, y entre los de los sectores residenciales y comerciales e industriales del negocio eléctrico.

Además deberá tenderse hacia un mejor y más eficiente manejo empresarial de todas las empresas prestatarias del servicio público lográndose un estricto control de inversiones y costos para propiciar la mayor eficiencia posible y así brindar el suministro eléctrico con la calidad esperada y a precios competitivos con los otros países, principalmente al sector productivo.

Los subsidios que el Estado considere que se deban seguir otorgando para garantizar un mínimo de calidad de vida a los abonados urbanos o rurales, deberán ser explícitos.

 

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