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FECHA DE PUBLICACIÓN: 15 DE MARZO DEL 2005
Saldría de La Reforma hoy
Conceden a Miguel Ángel Rodríguez casa por cárcel
Redactor La Nación
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El Tribunal Penal de Hacienda concedió ayer al expresidente Miguel Ángel Rodríguez el arresto domiciliario en sustitución de la prisión preventiva que vencía el 29 de abril próximo.
La decisión la adoptó la jueza Gabriela Jara al resolver un recurso de apelación de la prórroga del encarcelamiento que dictó el Juzgado Penal de Hacienda. La misma Jara fue quien revocó en octubre el arresto domiciliario.
Para regresar a su casa a cumplir la medida cautelar, Rodríguez deberá depositar antes ¢250 millones, además de entregar una lista de nombres con cédulas de las personas que acudirán a su vivienda.
Nota relacionada
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La autoridad judicial ordenó vigilancia permanente por parte del Ministerio de Seguridad Pública, a pesar de que el abogado defensor de Rodríguez, Eduardo Araya (exviceministro de Seguridad), se presentó como garante personal de que el exmandatario respetará las condiciones establecidas.
Rodríguez, exsecretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), figura como imputado en la causa ICE-Alcatel que investiga la Fiscalía de Delitos Económicos.
Supuestamente, habría recibido comisiones ilegales provenientes de la empresa francesa Alcatel por una licitación de 400.000 líneas telefónicas celulares.
Salud. La audiencia para escuchar los alegatos de Rodríguez contra su encarcelamiento se inició el martes de la semana anterior.
Durante la comparecencia de ayer, Eduardo Araya aseguró que su cliente tiene un ensanchamiento anormal de una arteria en el estómago.
Por esa razón, según el abogado Araya, su cliente no podía permanecer encarcelado pues las condiciones de la celda podrían empeorar su estado de salud, aparte de que allí no puede recibir la atención médica especializada requerida.
Tras conocer el fallo de la jueza Jara, Araya dijo que la decisión es justa. "Lo que más me llamó la atención es que la jueza que cambió la medida es la misma que lo encarceló en octubre pasado; ello demuestra la objetividad de la justicia", expresó el abogado. Anoche Rodríguez aún permanecía en el centro penal La Reforma. Su abogado indicó que su salida se concretaráhoy en horas de la mañana.
Contralora a.Í. defiende refrendo a contrato con Ericsson
Contraloría congeló proceso de inhabilitación contra Alcatel
- Empresas cuestionadas son libres de participar en nuevas licitaciones
- Órgano contralor impedido de actuar hasta que exista una sentencia judicial
Ernesto
Rivera
Redactor La Nación
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La Contraloría General de la República tiene "congelado" el proceso administrativo para inhabilitar a la empresa Alcatel, cuestionada por pagar "premios" a funcionarios públicos para obtener un contrato de 400.000 líneas celulares con el ICE.
En octubre del año pasado, el anterior contralor, Álex Solís, anunció el comienzo de procesos administrativos contra las empresas involucradas en los escándalos de corrupción tanto en el ICE como en la CCSS.
El único que comenzó fue el de la compañía de francesa de telecomunicaciones Alcatel.
Pero la contralora a.í. Marta Eugenia Acosta, confirmó que el proceso de inhabilitación de Alcatel se encuentra "congelado" y que en los otros casos de empresas cuestionadas en el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) --como Ericsson de Costa Rica y Condicel-- nunca se inició.
La parálisis de los procedimientos se originó en una carta enviada por el Ministerio Público a la Contraloría en la que indicó que las pruebas sobre estos casos de corrupción están restringida al expediente judicial.
La "inhabilitación" está tipificada en el artículo 100 de la Ley de contratación administrativa. El castigo es un período de uno a cinco años sin poder participar como oferente del mismo producto o bien por el cual fue sancionada.
La contralora Marta Acosta puntualizó que, en la actual situación, las empresas cuestionadas están "técnicamente" habilitadas para participar en cualquier licitación que el Estado realice.
Señaló además que los procedimientos de la Contraloría continuarán una vez que terminen los procesos judiciales.
Refrendo apegado a ley
La Contralora a.í. defendió, junto al jefe de autorizaciones y aprobaciones de la entidad, Manuel Corrales, el refrendo que se dio el viernes anterior al contrato entre el ICE y la firma sueca Ericsson, para proveer 600.000 líneas celulares.
Los funcionarios aseguraron que lo único que se requería para este refrendo era que la empresa subsanara dos puntos objetados previamente.
Ambos destacaron que un voto de la Sala Constitucional resolvió uno de ellos (la objeción sobre la ejecución previa del contrato) y Ericsson resolvió el otro (el respaldo de su casa matriz).
Acosta aseguró que los técnicos de la Contraloría hicieron un análisis integral y concluyeron que lo que correspondía era refrendar.
Sin embargo, Acosta agregó: "La Contraloría no ignora las denuncias sobre este caso, pero sin una sentencia judicial que indique que efectivamente la empresa entregó dádivas tenemos que refrendar, es parte del estado de derecho. El proceso judicial tomará más de un año y la Contraloría tiene un plazo de ley para dar o negar el refrendo".
Los jerarcas aseguraron que, cuando exista sentencia judicial, si corresponde se inhabilitará a la empresa Ericsson.
Sin embargo, admitieron que esa sanción es " a futuro" y que no afectaría los pagos del contrato refrendado ahora.
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