Otto Vargas M.
Redactor La Nación

Rafael Ángel Calderón (der.) con su abogado, Gonzalo Castellón. Foto: LA NACIÓN

El Tribunal Penal de Hacienda concedió ayer un arresto domiciliario por tres meses -hasta el 22 de junio- para el expresidente Rafael Ángel Calderón, uno de los imputados en el caso Fischel-CCSS.

El juez Didier Mora dispuso para el exmandatario una fianza de ¢200 millones, pero también le restringió las visitas en su casa de Pinares, Curridabat, en San José.

Mora dejó sin efecto la prórroga de tres meses de cárcel que dictó el viernes pasado, ante pedido de la Fiscalía, el juez penal de Hacienda, Hugo Vargas.

"De conformidad con lo que dijo el propio fiscal, ya no queda más prueba por recabar. No existe ningún peligro de obstaculización" de la investigación, dijo el defensor del expresidente, Gonzalo Castellón.

Parte del monto de la fianza se cubrió con una garantía hipotecaria sobre la casa de la familia.

El resto del dinero sería aportado por allegados del exmandatario, quien permanecía encarcelado desde el 22 de octubre (estuvo allí cinco meses).

Al cierre de edición (2 p. m.), Calderón apuraba las gestiones para salir de La Reforma, en Alajuela.

El cambio de medida se produjo una semana después de que otro exmandatario (Miguel Ángel Rodríguez, investigado por el caso Alcatel-ICE) también fuera enviado a su vivienda en Escazú. En su caso pagó una fianza de ¢250 millones.

Los jueces que tuvieron a su cargo la decisión sobre el cambio de medida (Gabriela Jara, en el caso de Rodríguez) avalaron el decir de la Fiscalía en cuanto la inminencia del cierre de la investigación.