Jorge Guardia | jguardia@nacion.com

En Guardia

abogado-economista

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Don Rodrigo Arias se siente muy ufano con el dictamen de la Contraloría General de la República sobre las consultorías financiadas con recursos del BCIE. Tiene razón. Yo, en su lugar, presumiría igual. Es un dictamen complaciente.

Primero, interpretó que la donación del BCIE al Estado, por $5.000.000, eran fondos privados y no se debían presupuestar conforme a la ley vigente. Pero pudo haber dicho lo contrario, basada en el verdadero espíritu de la Constitución: todo dentro del presupuesto; nada en manos de los funcionarios. Abrió un portillo.

Luego, encontró serias omisiones en el procedimiento para contratar consultorías, seleccionar candidatos, identificar las necesidades públicas por satisfacer, determinar términos de referencia y verificar los resultados, pero lo exoneró de toda culpa por no encontrar, según ella, “daño” a la Hacienda Pública y por cumplir con las sugerencias que (a posteriori) le hizo para mejorar las deficiencias. Otra razón para absolverlo es que en el período 2002-03 hubo omisiones similares con las consultorías financiadas por Fuce y en esa ocasión, en vez de sancionar, se limitó a hacer simples advertencias.

¿Se pasará la vida la Contraloría advirtiendo sin cesar al mocoso travieso, como la madre complaciente, sin llegar a propinarle la merecida nalgada? Don Rodrigo aduce que no había normativa conducente a lograr mejores controles y, por tanto, podía manejar esos recursos a su antojo. ¡Craso error! Había toda una jurisprudencia administrativa en el caso de Fuce, donde la Contraloría había advertido: “con la información brindada no se puede opinar sobre la racionalidad de la contratación ni evaluar el producto o beneficio versus el monto cancelado”. Y luego agregó: “como se puede observar, en el informe de comentario se evidencian las mismas debilidades de control detectadas en la ejecución del Convenio con el BCIE”. ¿Por qué, entonces, lo exoneró?

Ese criterio era muy claro: no se pueden manejar donaciones al Estado sin demostrar que revisten un interés público y son convenientes para satisfacer necesidades reales, no para pagar favores políticos ni beneficiar a los amigos. Negar la existencia de un marco normativo, incluyendo la Constitución y los pronunciamientos de la Contraloría para administrar esos recursos, es pura hipocresía. Don Rodrigo no debe vanagloriarse por lo hecho. Actuó mal. Pero más mal actuó la Contraloría al hacerse de la vista gorda y abstenerse de actuar desde el inicio, pues debió actuar de oficio sin esperar que fuera La Nación la que destapara el tamal, sobre todo después de la experiencia de Fuce. Como dije alguna vez, se me fuce el fuce…