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Página QuinceKevinCasas Z. |
Exvice-presidente de la República
El regreso a Honduras del presidente Manuel Zelaya ha alterado, dramáticamente, la evolución de la crisis en el hermano país centroamericano.
Para empezar, ha desplazado hacia asuntos muy urgentes el foco de atención, situado desde hace semanas en la elección de noviembre y la decisión de conferir o no legitimidad a sus resultados. La presencia de Zelaya en Honduras casi con seguridad desplazará el conflicto a las calles.
Si bien su retorno es un acto audaz que crea serios problemas para el gobierno de facto, también pone a Zelaya bajo la presión de mostrar que tiene un apoyo popular masivo en Honduras, algo que ha sido incierto a lo largo de este episodio.
Sacar a sus seguidores a las calles es también la mejor opción para el gobierno de facto, a menos, claro está, que decida enfrentar con la fuerza la movilización de los seguidores de Zelaya. Esto último sería una locura (no la primera que hemos visto en esta historia), habida cuenta de la precaria posición internacional del gobierno actual.
Así, casi con certeza, lo que veremos en los próximos días será un ciclo de manifestaciones y contra-manifestaciones en Tegucigalpa. En un país polarizado y cundido de armas, es imposible saber adónde puede conducir ese proceso. Evitar la violencia en Honduras debe ser la prioridad absoluta de la comunidad internacional en este momento.
Solución negociada. Alcanzar una solución negociada que ponga fin a este peligroso impasse luce hoy mucho más difícil que unos días atrás, pero no imposible. Requiere, para empezar, la aplicación de algunos de los elementos del Acuerdo de San José, labrado por el presidente Óscar Arias, en cuenta una amplia amnistía que cubra las violaciones legales en que han incurrido ambos bandos y un esquema de poder compartido de aquí a enero próximo, condiciones ambas que, en lo fundamental, han sido aceptadas por todos.
Otros elementos del acuerdo, como la restitución inmediata de Zelaya como Presidente, deberán ser repensados. Su restitución sigue siendo válida como un asunto de principio, pero amenaza con convertirse en un muro infranqueable para cualquier solución negociada, incluso alguna capaz de prevenir la violencia y resolver algunos problemas de fondo que sub-yacen a este conflicto.
Con poco más de dos meses para la elección, es muy improbable que la presión internacional sea capaz de obligar a Roberto Micheletti a permitir el retorno al poder de Zelaya. En esta situación, la opción obvia para aumentar la presión es, por supuesto, cambiar los términos de referencia del gobierno de facto, negándose a aceptar como legítimos los comicios de noviembre.
Esa amenaza ya ha sido desplegada por bastantes países, en cuenta los Estados Unidos. Ejecutar esa amenaza sería, sin embargo, un grave error. Con todas sus imperfecciones, la elección todavía ofrece la mejor ruta para restaurar alguna semblanza de normalidad en Honduras, de modo que el colapso de las instituciones democráticas no sea total.
A menos de que existan pruebas claras de que las autoridades hondureñas están sistemáticamente acosando a los sectores opositores, así como a la prensa, de lo cual hasta hoy no hay más que evidencia aislada, no existe mayor razón para negar reconocimiento diplomático al ganador de la próxima elección.
Las actuales autoridades tienen un punto válido cuando afirman que el proceso electoral estaba en curso desde mucho antes del golpe, que su calendario ha sido escrupulosamente respetado y que los comicios están abiertos a la observación internacional.
Olvidemos por un momento el desagradable espectáculo de oír a luminarias democráticas como Hugo Chávez o Daniel Ortega, negando la validez de esos argumentos. Pero que países serios en nuestro hemisferio –como los Estados Unidos o Brasil–, que no tuvieron mayor problema para acabar aceptando los resultados de la elección en Irán, se decidieran a convertir en un paria al ganador de una elección libre y transparente en Honduras, sería un acto de suprema hipocresía y tontería.
Esa sería la manera más segura de prolongar indefinidamente esta crisis. El precio de ello lo pagaría, como siempre, la gente más pobre de Honduras.
Sin embargo, las autoridades actuales y futuras de Honduras deben entender que ya no hay almuerzos gratis cuando se trata de legitimidad democrática. El presidente Arias o la secretaria Clinton o el presidente Lula –ahora que ha sido arrastrado a esta opereta– deben decirles que tendrán que pagar un alto precio si quieren que el mundo reconozca los resultados de la elección y se haga de la vista gorda ante la deposición de Zelaya.
Compromisos. El próximo Presidente de Honduras deberá formar un gobierno de unidad nacional y comprometerse a convocar un amplio proceso de diálogo, bajo supervisión internacional, en el cual los sectores zelayistas y el propio Manuel Zelaya tengan un papel prominente. Si desean recoger el premio de la legitimidad, los candidatos mayoritarios, Elvin Santos y Porfirio Lobo, deben comprometerse, inequívocamente, a observar ambas condiciones.
Ese proceso de diálogo nacional deberá conducir a una revisión profunda de la Constitución de Honduras, un documento demencial, cuyas insensateces se encuentran en la base de la crisis actual.
Sobre todo, ese proceso deberá conducir a algunas reformas sociales, así sean limitadas, que reduzcan las injusticias que hacen inevitable la tentación populista en Honduras. En este escenario, Zelaya no recuperaría la presidencia que legítimamente le pertenece, pero obtendría algo bastante cercano a la Asamblea Constituyente que desencadenó este conflicto.
Esta es una entre muchas posibilidades. Lo que más urge son ideas que expandan el rango posible de las soluciones negociadas y creen incentivos para que ambas partes las acepten. Insistir porfiadamente en las mismas opciones que han fracasado en poner fin a la crisis en Honduras es cortejar un desastre.
A lo largo de este desafortunado episodio, muchas cosas han brillado por su escasez, tanto dentro como fuera de Honduras. El liderazgo, la responsabilidad y el realismo son solo las más obvias entre ellas. Eso debe cambiar cuanto antes si hemos de evitar una tragedia en Honduras, porque, en este momento, lo más escaso de todo es el tiempo.
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