Como los mecanismos de control que debía seguir no estaban especificados, la Contraloría General de la República eximió de responsabilidad al ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, por el inadecuado manejo de las consultorías que donó el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Rodrigo Arias informó de la resolución ayer, en conferencia de prensa, durante la cual afirmó haber sido víctima de una difamación por publicaciones de este medio.
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La Nación reveló en julio la existencia de las consultarías sobre las cuales la Casa Presidencial se negaba a dar detalle.
Para Arias, el informe de la Contraloría demostró que siempre actuó “de buena fe, con transparencia y apego a la ley”. No obstante, admitió que la investigación dejó lecciones para un mejor manejo de este tipo de fondos en el futuro.
“Esto nos deja un rica experiencia administrativa, jurisprudencia nueva de cuáles mecanismos son los que se pueden usar en el futuro, mecanismos que no existían, que no han existido. No se puede juzgar a una persona por normativa que no existía”, manifestó Arias.
Sin responsabilidad. De acuerdo con la resolución PA-55-2009 que la Contraloría emitió el 17 de setiembre, a Arias se le atribuyeron cinco faltas en contra del Régimen de Control Interno.
No obstante, las deficiencias no resultaron atribuibles a él porque no había mecanismos determinados a los que estuviera obligado. Por el contrario, existía discrecionalidad para aplicar los controles, que no fueron los adecuados.
Por ejemplo, sobre las fallas en la ejecución de las consultorías y el pago de los consultores la Contraloría encontró que el ministro Arias contrató consultores antes de que el propio BCIE lo aprobara.
“Sobre este tema resulta evidente que operó un debilitamiento del sistema de control interno, aspecto que nunca debió haber ocurrido (…) En este punto debemos ser claros en que esta actuación no debe repetirse”, dijo ese organismo.
Entretanto, sobre la falta de definición detallada de las funciones de los subalternos, la Contraloría encontró que pese a la inexistencia de un documento donde Arias estableciera los deberes de cada uno, no hubo total ausencia de controles.
La Contraloría tomó en cuenta, que el jerarca siguió recomendaciones para corregir los problemas de control, que además no causaron daño económico al Estado.
En todos los casos, el órgano fiscalizador determinó que las actuaciones del ministro no fueron por dolo o culpa grave, lo que generaría responsabilidad administrativa. En su criterio, las fallas que se verificaron pudieron subsanarse con fiscalización y no con sanciones.
En la Asamblea Legislativa, diputados de oposición coincidieron en que pese a la resolución de la CGR había asuntos por explicar sobre el manejo de las consultorías.
FOTOS

Arias mostró el ejemplar de febrero que informó de la investigación de la Contraloría. Casa Presidencial para LN
Hallazgos
Funciones. No se formalizó en un documento las funciones de cada servidor en los proyectos que usaron fondos del BCIE, lo que hubiera facilitado la rendición de cuentas. Aun así, la Contraloría General no determinó que no existiera claridad sobre las labores.
Selección. Faltó un procedimiento formal y técnico para definir los requerimientos de las consultorías. A pesar de la carencia, la Contraloría no halló prueba de que los requerimientos no cumplieran con los objetivos del proyecto.
Información. La información de las consultorías no era satisfactoria desde el punto de vista del control interno, pero el Ministerio de la Presidencia corrigió tras las recomendaciones.
Fuente: Resolución PA-55-2009 emitida por la Contraloría General de la República.
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