Jorge Vargas Cullell | jovargas@nacion.co.cr.

Enfoque

Politólogo

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Hay cosas a las que hay que prestar atención. No son espectaculares, pues están bajo el radar de la “gran política”, pero son eventos reveladores de un preocupante estado de situación. La semana pasada cerca de dos centenares de familias invadieron espacios públicos en la deprimida zona de Rincón Grande de Pavas y afincaron ahí sus precarios ranchos. Su desalojo, al día siguiente, originó disturbios que concluyeron con detenciones y personas golpeadas.

Como siempre, la situación es más compleja de lo que a primera vista parece. Frecuentemente, las invasiones urbanas combinan la desesperación por tener un techo digno con un negocio inmobiliario de carácter informal. Ante el lento avance de los programas de vivienda social, muchas familias optan por las vías de hecho para hacerse de un terreno y forzar, fait accompli , la negociación con las instituciones públicas. (Una manera de variar el orden en una larga fila). Mezclados entre los necesitados, están los tagarotes, negociantes que se cuelan para acaparar terrenos que luego “mercan” por medio de ventas de “derechos”, o alquilan a altos precios a familias desesperadamente pobres. Muchas de estas son inmigrantes ilegales, con pocas opciones para denunciar a estos usureros.

Por otra parte, la invasión de espacios públicos como parques infantiles y canchas deportivas refleja una ecología urbana deteriorada. Cuando lo que es de todos se torna en zona de nadie y, además, nadie en la comunidad se inmuta por su privatización a la fuerza, estamos en un sitio que hace rato perdió la esperanza. Necesitamos una ciudad donde lo público sea lugar de encuentro y no de usurpación.

Finalmente, los disturbios que se sucedieron no fueron desencadenados por la resistencia, hasta esperable, de parte de las familias que habían invadido el predio. Jóvenes de las cercanías vieron la ocasión de trabarse en un buen pleito con la Policía. En el fondo, la cuestión en disputa es el control sobre zonas urbanas deterioradas por parte de la institucionalidad pública.

¿Qué hacer? Necesitamos replantear los programas de erradicación de tugurios, atrapados por la inflexibilidad institucional y la politización endémica. Importante es, también, adaptar las normas urbanísticas no solo para agilizar los procedimientos, sino para encontrar soluciones creativas al desafío de diseñar asentamientos atractivos y dignos. Sin embargo, lo decisivo es la participación comunal organizada en el diseño y ejecución de los proyectos. Solo cuando la comunidad se convierte en actora y no en mera beneficiaria de los proyectos de vivienda social, la ciudad se vuelve en hogar de todos.