Buenos Días Mauricio Martínez S. | mmartinez@nacion.com

Ganas de crear caos

Jefe de Información

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¿Qué temor puede desencadenar un proyecto de ley que se encuentra en el lugar 120 de la agenda del plenario legislativo y que nadie quiere tocar?

La respuesta no puede ser otra que un “ninguno”, contundente y definitivo.

El miércoles pasado, los porteadores, curiosamente como lo hicieron en el pasado sus adversarios, los taxistas, se valieron del viejo timo del “tortuguismo” para convertirse en paladines de la anarquía y bloquear el sagrado derecho constitucional del libre tránsito.

Por horas, miles se vieron impedidos de llegar a sus centros de trabajo o de estudio y 20.000 choferes estuvieron congelados en las presas capitalinas.

Choques, pérdidas de citas médicas y de horas laborales y quién sabe cuántos otros negocios frustrados, formaron parte de aquella agobiante mañana.

Y todo por una protesta demencial, desproporcionada y alentada por el propio Gobierno que, impasible, no dio instrucciones claras para impedir bloqueos que habían sido anunciados con 24 horas de antelación.

Los porteadores no solo echaron mano de una medida de presión inconstitucional, sino que asustaron con la vaina vacía: un proyecto de ley congelado por una moción de sus eternos incondicionales, los diputados libertarios.

Ese plan elimina el término “personas” del artículo 323 del Código de Trabajo y convierte en ilegal la labor del porteador.

Para que ese proyecto sea discutido, primero debe pasar dos mociones legislativas por 38 votos a favor. En el supuesto de que ocurriera algo así, algún ingenioso libertario podría volver a plantear una nueva moción (de avocación) y ¡zaz! la iniciativa volvería al último sitio de la agenda del plenario. El vacilón es eterno, inigualable.

Los porteadores merecen trabajar, pero el negocio debe regularse en aras de una sana y transparente competencia con los taxistas “formales”.

Para evitar nuevos enfrentamientos, conviene retomar, en un nuevo proyecto de ley, algunos acuerdos logrados por ambas partes en febrero pasado. Esto es, una nueva figura jurídica para cierta cantidad de porteadores, mayor plazo de vigencia de la concesión de los taxistas y normas sobre tarifas, zonas de parqueo y pólizas que deberían tener estos choferes.

El desparpajo con el que actuaron las autoridades ante las bien conocidas “manos ocultas” debe corregirse, posibilitando ese urgente acuerdo nacional.