La toma del país

 Los porteadores paralizaron ayer el país, como antes los taxistas, ante un Estado inoperante y la ira de la gente agredida

 Se debe poner fin al monopolio y al descalabro entre la oferta insoportable y la demanda clamorosa para instaurar un servicio libre, seguro, transparente y regido por normas precisas

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Al día siguiente del nuevo asalto sindical contra los puertos de Moín y de Limón, con pérdidas económicas elevadas, les ha tocado el turno a los llamados porteadores, como antes, a los taxistas, todos en tropel contra el Estado de derecho y los derechos básicos de los ciudadanos, bajo el amparo de la total impunidad y la falta de autoridad.

Podríamos repetir el clamor de siempre: “basta ya”, pero no queremos exponernos al ridículo. Bien sabemos, además, que la violencia de los grupos de presión y de los gremios tiene siempre buena prensa y disfrutan del temor reverencial de los diputados y de los políticos. El negocio está, al parecer, no en las soluciones, sino en explotar políticamente los temas de la inseguridad ciudadana o en oponerse a las propuestas que podrían atraer la ira de los líderes gremiales o sindicales. Lo saben, por su parte, los dirigentes sindicales y gremiales: explotar la mina interminable de una campaña política para sacar tajada. Es el tiempo máximo de la veda de la autoridad y del interés público; esto es, de los ciudadanos sin valimiento ni organización para defender sus derechos legítimos.

Dados estos antecedentes, no queda más que exaltar a los dirigentes de estos grupos, convertidos, según su gusto y oportunidad, en maestros del chantaje y de la violación de los derechos de la gente frente a un Estado –lo que comprende, obviamente, a los diputados– benévolo y tolerante, cuya guía es “no hacer aguas”.

En estos días pusieron en jaque, por enésima vez, el Estado de derecho en Japdeva y, ayer, los porteadores paralizaron el país de manera planificada y organizada, en los puntos precisos para maximizar el daño, aunque tuvieron la delicadeza de anunciar ayer la hora y los lugares del ataque en un país donde cualquier bloqueo, por la falta de vías de salida o acceso, deja al conductor y a los pasajeros a merced de los secuestradores de las carreteras principales.

Todo comenzó, como otras desventuras del país, hace muchos años, cuando los taxis se convirtieron en mercadería del clientelismo político. Esa mala semilla ha producido una floración exquisita, al punto que no se sabe quiénes son, en realidad, los dueños de los taxis. Según el Instituto Nacional de Seguros (INS), 3.600 ni siquiera tienen seguro. Y como el servicio fue deficiente desde el principio y hasta selectivo, pues muchos taxistas se dan el lujo de escoger a los clientes, obviamente la brecha entre la demanda y la oferta avivó a los llamados porteadores, lo que originó una perversa competencia entre ambos grupos, cuyo campo de batalla o pasarela han sido las vías públicas, sin respeto alguno a la ley, al derecho al trabajo, a la salud o al libre tránsito de la gente.

La reforma legal sobre los porteadores ha sido pasto de luchas políticas entre los partidos. El interés público no ha contado para nada. Solo prevalece el clientelismo ante un Estado que ve, se lamenta y no soluciona nada. El problema de los taxis, irresuelto por todos los titulares del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) desde hace décadas, agravado luego por el de los portadores, no tendrá fin. Sin embargo, como se trata, en última instancia, de un descalabro entre la clamorosa demanda de un servicio pronto, seguro y cumplido, y, en el lado de la oferta, un monopolio de taxis (concesiones públicas) ineficiente, enfrentado con los porteadores, la solución está en romper el monopolio, que ha probado su incapacidad, para que el servicio de taxis sea libre, transparente y ordenado, sometido, eso sí, a una serie de requisitos de rigor, en salvaguardia del interés público y de los derechos de los usuarios. Hay que poner orden e imponer respeto, por la vía de la libertad y la responsabilidad, para que los taxistas y los porteadores no sigan pisoteando los derechos de las personas.