Jorge Guardia | jguardia@nacion.com

En Guardia

abogado-economista

	ENVIAR
	IMPRIMIR
	TAMAÑO

Estoy enervado por las cosas que han pasado. Ando arrecho (como diría Nicanor) y con machete en mano, dispuesto a dar cuatro filazos. ¡Quítense el tiro!

Lo ocurrido en las bravas aguas del río Grande de Tárcoles me revuelve el estómago. Ahí hay cocodrilos de voraces fauces. Yo lo sé. Conozco bien la zona. Cuando están hambrientos se desplazan cauce arriba, sigilosamente, desde los vastos playones esparcidos bajo el puente principal sobre ese mismo caudal, unos pocos kilómetros más abajo. Pienso en los niños. La tragedia pudo haber sido más dolorosa. ¡ A yayay!

Karla González tenía que renunciar. Pero no podrá evadir su responsabilidad. Su negligencia tipifica la triste crónica de una muerte anunciada. Todo el mundo se lo advirtió. Pero ella, quizás por no ser ingeniera, no supo valorar los riesgos. Engavetó las sugerencias técnicas de los japoneses, minimizó las recomendaciones del Colegio de Ingenieros e ignoró las vehementes súplicas humanitarias de los alcaldes de Orotina y Turrubares.

Engavetó los materiales necesarios para la reconstrucción, consintió el despido de los inspectores de puentes –craso error profesional– y en vez de comprender que son seres humanos los que transitan por los puentes, compelidos por la urgencia de movilizarse por el sustento diario o atender otras necesidades vitales, se limitó a restringir el tránsito por razones de tonelaje, pretendiendo con ello lavarse las manos. Una vez más, el fácil expediente de restringir la circulación en vez de encarar y resolver los problemas. Toda su argumentación exculpatoria en la televisión y por la prensa escrita es inadmisible. En vez de tratar de inculpar vanamente a los demás, debió haber aceptado su propia responsabilidad.

El presidente Arias y sus ministros de Hacienda y Planificación también son de inculpar. ¿Cómo es posible que se necesitaran cinco trágicas muertes y tantos heridos para decidir girar de $15 millones y reparar los puentes? ¡Ah!, pero sí había plata para consultorías complacientes en el BCIE, ¢2.000 millones en el MOPT, Fuce (se me sigue frunciendo), propaganda innecesaria, vuelos privados en avionetas públicas, partidas específicas para comprometer diputados y… El chofer del autobús, propietarios de la línea de transportes y todos los funcionarios del MOPT, incluidos inspectores, ingenieros y demás personal que, por acción u omisión, causaron el accidente, deben responder al decir de ley civil y penal. Si el Ministerio Público, después de su investigación, decide excluir a los peces más gordos, le haría un daño a la institucionalidad del país. Y ahora sí, dicho esto, machete estate en tu vaina.