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Entre líneasArmando González R. | agonzalez@nacion.com |
editor de opinión
Como Godot, la elección del nuevo magistrado propietario de la Sala IV se anuncia, pero no llega. Hace 20 meses que el país espera bajo el árbol, involuntario protagonista de una auténtica pieza de teatro del absurdo.
Si la Constitución diera sentido a nuestra vida política, la elección se habría celebrado en el plazo concedido por el artículo 163, pero eso echaría por tierra la imitación de Samuel Beckett. La Asamblea Legislativa no teme al absurdo, más bien lo abraza y se regodea en él, sin la menor consideración para los ciudadanos y el mandato constitucional.
Para muestra bastan las declaraciones del jefe de fracción del Partido Liberación Nacional. Según don Jorge Méndez, es difícil contar con los diputados en esta época porque están ocupados en actividades propias del próximo proceso electoral, lo cual “es entendible en un escenario político como este”.
Eso sí, el abandono de las obligaciones legislativas “no es exclusivo de este período ni de esta asamblea; siempre ha sido así.” Es necesario entender, dice el diputado, que “esto es normal”.
Es normal, entonces, que el Congreso desatienda la obligación constitucional de reponer al magistrado en el plazo fijado. Tan normal como no tomarse en serio el juramento de respeto a la Constitución hecho al asumir el cargo. No está claro cuándo comenzó el ciclo político paralizador del Congreso, pero, a juzgar por el tiempo transcurrido desde que surgió la necesidad de elegir al magistrado, los diputados abandonaron sus deberes hace cuando menos 20 meses.
Esta normalidad es una regla no escrita, sustentada en el derecho consuetudinario (“siempre ha sido así”) que de alguna forma se impone en jerarquía a la Constitución Política, cuyos autores alguna vez creyeron que los usos y costumbres ocupan el más bajo escalafón en la pirámide jurídica. Los constituyentes se referían, por demás, a los usos y costumbres legítimos y no a los contrarios a la Constitución, pero si las contradicciones no fueran tan grandes, no estaríamos en el escenario del absurdo.
Estos diputados, que dejaron de serlo hace tanto tiempo, tramitan un receso de seis semanas para incorporarse al cierre de la campaña. Aprobarán, entonces, una moción para persistir en la conducta asumida desde hace meses.
Como premio de consolación, los diputados ofrecen al país el extraordinario esfuerzo de reponer, con solo 15 días de retraso, la nómina de magistrados suplentes, cuyos nombramientos vencen el 5 de diciembre.
Así se garantiza la continuidad de la justicia constitucional, que está al borde de la parálisis, y también la subsistencia de nuestra absurda normalidad.
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