Julio Rodríguez | envela@nacion.com

En Vela

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Ayer publicó La Nación un comentario, en la sección respectiva, de la periodista Giannina Segnini, jefa de Redacción, sobre la embestida brutal, contra ella, su hijo y su novio, de un grupo de policías de EE. UU. a la hora del concierto de U2 en Tampa, Florida, el 9 de octubre.

El Gobierno de la República debe presentar la queja y denuncia pertinentes ante la embajada de EE. UU., por la agresión física y moral, el ensañamiento, el abuso y el despliegue demenciales de la Policía, todo lo cual configura una violación flagrante de los derechos humanos y las leyes vigentes en EE. UU., cuyos autores deben ser enjuiciados. Debe sentarse un precedente pues son numerosas las quejas de los turistas o de los visitantes extranjeros por el matonismo policíaco y también por no pocos oficiales de Migración fuera de EE. UU. o en los aeropuertos. La respuesta, en esta ocasión, de un policía a la periodista Segnini sobre la sinrazón con que él actuaba fue la siguiente: We can do whatever we want (“Podemos hacer lo que queramos”).

Esta frase engloba un estilo policíaco y hasta político, propio del gobierno de Bush, pero jamás del pensamiento y visión del presidente Obama, expresión de las mejores tradiciones democráticas de EE. UU. Está en el interés y prestigio del Gobierno estadounidense poner fin a estas villanías. Estamos seguros de que no se guarecerá, como ciertos regímenes conocidos, en el silencio o el disimulo.

La periodista de La Nación pidió razones, en defensa de sus derechos, mas un policía la persiguió, le acercó “un foco iluminado a los ojos”, la tomó por la fuerza, le exigió abandonar el estadio. Esta justa defensa personal “activó un despliegue policial”, un oficial la “alzó por los brazos”, “otros policías arrinconaron a su novio contra una pared”, mientras su hijo “gritaba desesperadamente”; fue esposada y arrestada en una celda del estadio, le pusieron esposas en los pies y la subieron en un camión para prisioneros, donde viajó, a oscuras, por una hora; la ingresaron en una prisión del condado; ahí le tomaron sus datos personales y médicos, y sus huellas digitales. Le prohibieron llamadas por teléfono externas y un policía la acusó de agresión. Tras el pago de una fianza por $2.000, fue liberada en la madrugada. Hoy, como ella dice, su fotografía y sus datos “criminales” desfilan por Internet.

Ningún funcionario público, policía, chofer, diputado o presidente de la República, puede hacer lo que quiera. Esta es la diferencia entre un Gobierno regido por leyes y un Gobierno regido por matones. La cuestión de fondo se llama dignidad. Dignidad del funcionario y dignidad del administrado, no importa rango o posición social.