Columnista Rodolfo Cerdas

Ojo Crítico

Politólogo

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Uno de los aspectos más difíciles para las víctimas de crímenes atroces, es aceptar el papel del defensor en el juicio contra sus victimarios, porque si tales delitos provocan en el resto de la ciudadanía repudio e indignación, es natural que en aquellos que los padecieron se produzcan las reacciones más inesperadas y hasta violentas.

Es explicable, por ello, que puedan causar molestia y hasta indignación, tanto el respeto procesal por los derechos de los acusados, como los argumentos en su favor de quien los defiende, o la aplicación por el juez de formalidades que protegen esos derechos. Muchas veces, lo que se quiere es el castigo inmediato y máximo de los culpables y punto. Solo que, para poder establecer verdaderamente su culpabilidad, debe existir un sistema legal relativamente confiable que así lo establezca, capaz de juzgar a todos con el mismo rasero, incluyendo a aquellos cuya culpa nos pueda parecer indiscutible.

Decir que el defensor desempeña su labor porque no ha sido la víctima, es muy humano y comprensible, en especial si quien lo dice es un ofendido o su pariente. Pero no por eso deja de ser una opinión errónea. El defensor está allí porque es parte esencial de un sistema cuya misión es garantizar a todos su derecho a defenderse. Porque sin ese derecho, incluso para el criminal más vil, no habrá ningún verdadero sistema de justicia para nadie. Podrá haber un linchamiento o una venganza, pero no un acto civilizado de justicia. La defensa es un bastión esencial de nuestro sistema constitucional. Preocuparse solo de la fiscalía y no de los jueces, introduciría una deformidad que pondría a renquear el sistema contra el ciudadano. Ocuparse solo de los fiscales y jueces y descuidar la defensa, es garantizar de antemano la injusticia.

Nadie sabe cuál será su reacción ante un crimen en su contra, porque lo más probable es que su respuesta sea instintiva y visceral. Por eso el sistema de derecho tiene que trascender los sentimientos individuales, y ver la investigación, el juzgamiento y la pena no solo como una satisfacción a los derechos y sentimientos injustamente vulnerados de las víctimas, sino, sobre todo, a la luz de los intereses más generales y decisivos de la colectividad.

Una cosa es reclamar contra el abandono de las víctimas y otra, muy distinta, creer en condenas automáticas; y que, por lo obvio o brutal del delito, el reo pierde su derecho a defenderse. La justicia no se alcanzará sin un juicio contradictorio, bajo reglas preestablecidas y donde el acusado haya sido vencido y convencido en juicio. Esto, desde luego, tiene un alto precio, que no son los defensores ni el juzgador quienes deben pagarlo, sino toda la sociedad. Porque es el precio de vivir en democracia, en libertad y en un Estado de Derecho.