Jorge Vargas Cullell | jovargas@nacion.co.cr.

Enfoque

Politólogo

	ENVIAR
	IMPRIMIR
	TAMAÑO

Hace semanas en Guatemala miles de personas casi no tienen qué comer. El Gobierno ha declarado “estado de calamidad”. Sin embargo, las raíces de esta horrorosa situación vienen de largo. Ya era conocido que en vastas zonas de ese país, asolado por la pobreza y la desigualdad, más de la mitad de los niños sufren de desnutrición crónica. Pero cuando a la exclusión social se le añade un evento catastrófico como una sequía, el resultado es que la gente se queda sin nada para comer. Ni tortillas. Y, como siempre, los rostros del hambre son indígenas y mestizos. A mí que me digan cómo es que no se les cae la cara de vergüenza a las élites políticas y empresariales guatemaltecas por lo que pasa.

Sé que la transformación de un país en una sociedad avanzada lleva tiempo. A los milagrosos países de Asia del Pacífico, que lo han hecho rapidísimo, les llevó toda una generación. Sin embargo, aquí hablo de otra cosa, de la incapacidad para asegurar mínimos de decencia humana. Mientras hay hambruna, Guatemala exporta productos agropecuarios y en las portadas de las revistas de negocios veo a capitanes de la industria de ese país ufanos de su éxito. ¡Una sociedad rural donde los pobres no tienen comida: barájenme ese trompo!

Nos informan de que muchas familias en grave situación les huyen a las instituciones públicas ( Proa 4/10/2009). ¿Cómo no iba a ser así, en un país donde la cara amable del Estado –los servicios públicos– está casi ausente? Cuando el Estado se ha acercado a las personas es para volar bala con impunidad, con el rostro feo del Ejército y sus paramilitares. En ese contexto, muchos piensan que cuanto más largo estén de las instituciones públicas, mejor. Caemos, entonces, en el peor de los mundos: un Estado que no funciona y que produce terror.

Al perro flaco se le pegan todas las pulgas. La hambruna no es el único problema de Guatemala. El país se encuentra atenazado por la violencia social, la penetración de todo tipo de actores ilegales (narcotráfico, traficantes de armas y de personas), la corrupción rampante y un Estado sin plata ni instituciones capaces, donde los que debieran no pagan impuestos.

Ante esta emergencia, el mínimo decoro que uno esperaría es, por el lado de los políticos, una moratoria de la robadera, algo así como “muchás, hagamos un pacto: dejemos de robar hasta el 31 de julio del 2010 y calda el que meta la mano en la lata”. Por el lado de los empresarios, una decidida y amplia acción filantrópica. Que se desprendan de una parte de su fortuna, compren alimentos en el mundo y los distribuyan por medio de sus organizaciones filantrópicas. Déjense de vainas: ante la hambruna, mueren las palabras. Injustificable.