Una política de seguridad

 Los índices de violencia y criminalidad muestran un severo deterioro

 Se necesita un esfuerzo integrador y bien coordinado para salir adelante

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Así como, en medio de tropiezos y contradicciones, nuestro país ha logrado articular políticas de largo plazo en materia de salud, educación y ambiente, así requerimos, con urgencia, desarrollar y poner en práctica una verdadera política de seguridad. La seriedad de los problemas que enfrentamos en esta materia es tal, su crecimiento tan alarmante y la preocupación ciudadana tan extrema, que no podemos darle más largas al asunto.

En nuestra edición de ayer dimos a conocer un conjunto de datos que, por desgracia, respaldan plenamente la preocupación. De acuerdo con el Estado de la Nación de este año, entre el 2007 y el 2008 la tasa de homicidios dolosos subió de 8 a 11 por cada 100.000 habitantes; es decir, un incremento de 37%, que implicó pasar de 369 a 512 asesinatos. Además, los crímenes por sicariato se incrementaron en 6% entre ambos años. A esto hay que sumar que, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el porcentaje de hogares cuyos miembros han sido víctimas de algún delito prácticamente se duplicó entre 1997 y el 2008, al pasar de un 15% a un 28% del total nacional.

Si nos comparamos con los demás países de Centroamérica, que se ha convertido en la zona sin guerras más violenta del mundo, podemos sentirnos bien. Por ejemplo, los datos regionales más recientes, del 2006, revelan un promedio regional de 29,3 asesinatos por cada 100.000 personas, y Costa Rica es el país con menor tasa.

Sin embargo, en una materia como la de seguridad, ese tipo de comparaciones son perversas, porque pueden conducir a la parálisis. No se trata de ver si otros están peor, sino de percatarnos de lo que nosotros mismos hemos empeorado y qué hacer al respecto.

En este sentido, otra serie de indicadores se añaden a los ya mencionados, como muestras claras de la inseguridad creciente, con implicaciones que afectan múltiples ámbitos de la sociedad, siempre para mal.

Es por esto que se impone una verdadera política de seguridad, que no se puede entender, simplistamente, como una “guerra” contra los delincuentes, sino como un conjunto de normas, objetivos, recursos y acciones bien articulados para frenar el deterioro actual e, idealmente, reducir la magnitud del problema.

Una política de seguridad, para que se pueda llamar como tal y realmente surta efectos, debe contemplar, como mínimo, la adecuada coordinación de nuestros múltiples cuerpos de policía; la custodia y mantenimiento del orden en ciudades, áreas rurales y zonas fronterizas; el combate de la delincuencia organizada, pero sin descuidar la de pequeña escala; el patrullaje eficaz de nuestros mares y costas, sea con medios propios o de países amigos; los adecuados controles migratorios; la mejora en los métodos de investigación; la adecuación de la legislación a los cambios en la realidad delictiva del país y el mundo; la acción oportuna, eficiente y eficaz de los tribunales de justicia, y el establecimiento de algún mando superior conjunto que dote a la política y el sistema de seguridad nacionales de una visión y dirección realmente coordinadas.

Junto a lo anterior, se impone que la dimensión preventiva en materia de seguridad sea una de las variables en las políticas sociales, que deben tener el desarrollo de oportunidades de educación, empleo e inserción social de los jóvenes como parte de sus prioridades.

En algunos de estos ámbitos hemos mejorado. No obstante, además de que el avance ha sido insuficiente, ha tenido un carácter aislado y errático. Lo que falta, precisamente, es la visión política integral e integradora que, además, trascienda a un partido o al Poder Ejecutivo y deba incorporar, desde el liderazgo de este, una participación amplia de los actores relevantes, para otorgarse arraigo y sostenibilidad.

Varios países de larga tradición civilista y eficaces políticas de seguridad están dispuestos a ayudar. Por desgracia, el tema se ha politizado en extremo durante la actual campaña, de ahí que este no parezca el mejor momento para avanzar en el sentido mencionado. Sin embargo, tan pronto pasen las elecciones, tanto los ganadores como los perdedores y el Gobierno deben comenzar a actuar. No tenemos que esperar a que exista tal política para tomar medidas concretas. Pero mientras no contemos con el marco conceptual, el diseño institucional y la integración que aún no existen, seguiremos con una postura meramente reactiva y, por ende, cada vez menos exitosa.