Juicio en Tribunales de Goicoechea
Absuelto Director de Tributación Directa denunciado por Calderón
Expresidente le atribuyó los delitos de fraude de ley y denuncia calumniosa
Planteó querella porque funcionario lo denunció por defraudación fiscal
El Tribunal de Juicio de Goicoechea dictó el martes anterior sentencia absolutoria a favor del director general de Tributación Directa, Francisco Fonseca Montero, por los delitos de fraude de ley y denuncia calumniosa.
La acusación, en este caso, la había presentado el expresidente de la República Rafael Ángel Calderón Fournier.
El proceso penal surgió porque el exmandatario Calderón, en su condición de querellante exclusivo, acusó al funcionario público luego que este lo denunció por defraudación fiscal.
Esto último, porque Tributación Directa consideró que Calderón no declaró ni canceló impuestos cuando recibió $520.000 como pago de una presunta asesoría profesional brindada a la Corporación Fischel.
Ese trabajo lo ejecutó, presuntamente, para que fuera adjudicado el préstamo que por $32 millones otorgó el Gobierno de Finlandia para la compra de equipo médico para la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Juicio. El debate contra Francisco Fonseca se realizó en dos audiencias realizadas el 19 de octubre y el 2 de noviembre. La sentencia se dictó el martes 3 de noviembre.
Durante la etapa de conclusiones, el abogado Maikel Hinrichs Quirós, en representación de Rafael Ángel Calderón, pidió que se impusiera a Francisco Fonseca la pena de tres años de cárcel, así como cinco años de inhabilitación para desempeñar cargos públicos.
La parte querellante sostuvo que Fonseca actuó fuera de las funciones que la ley le atribuye y presentó una denuncia contra una persona (Calderón) que era inocente.
Para fundamentar tal posición, el representante del querellante había demostrado durante el debate que Rafael Ángel Calderón pagó los impuestos y la respectiva multa por el atraso durante el mes de noviembre del 2004.
En aquella ocasión fueron depositados ¢40,3 millones, según confirmó en ese momento el abogado Gonzalo Fajardo, quien alegó desconocer las razones por las cuales el exmandatario no había declarado los ingresos por la presunta asesoría profesional.
En tanto, la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Corrupción y Tributarios , representada por Ileana Mora Muñoz, alegó la atipicidad de los hechos, es decir, que los hechos denunciados no son delito, informó la oficina de prensa del Ministerio Público.
Esa misma posición la había expresado durante la audiencia preliminar cuando un juez penal decidió que este asunto fuera a debate.
La representante del Ministerio Público destacó en las conclusiones que los funcionarios públicos tienen la obligación de denunciar de oficio todos los delitos de acción pública que conozcan en el ejercicio de sus funciones.
En la sentencia, los jueces Lorenzo Salas Castro, quien presidió; Ileana Méndez Sandí y Mercedes Muñoz Campos, del Tribunal de Goicoechea, resaltaron que el director de Tributación Directa actuó en cumplimiento de sus deberes y apegado en todo momento a la normativa vigente.
Aunque en dos ocasiones se habló con Maikel Hinrichs para conocer su opinión sobre el fallo y prometió llamar luego, al cierre de edición no lo había hecho.
FOTOS
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Para el Tribunal, Francisco Fonseca, director de Tributación, actuó en cumplimiento de sus deberes. Marvin Caravaca
Fallo de tribunal
Dinero pasó a poder del Estado
El caso que dio origen al juicio contra Francisco Fonseca fue porque el funcionario acusó a Calderón por defraudación fiscal al no pagar los impuestos por no declarar el ingreso de $520.000 por una presunta asesoría profesional. El exmandatario fue sobreseído en ese caso, pero el dinero fue depositado a favor del Tribunal de Juicio de Goicoechea mientras se tramitaba el llamado juicio por el caso Caja-Fischel.
Precisamente, ese Tribunal en la sentencia integral ordenó el decomiso de los $520.000 a favor del Estado, pues durante el debate Rafael Ángel Calderón no demostró que realizara algún tipo de trabajo para la Corporación Fischel, que justificara el pago. Para el Tribunal se trató del pago de comisiones ilícitas por las cuales se condenó a Calderón por peculado.
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