Piruetas de la lógica del poder

Abogado

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Estos días los medios de comunicación han dado cobertura a la decisión del Tribunal Constitucional italiano de anular la ley que otorgaba una serie de privilegios a Silvio Berlusconi.

La legislación impedía, entre otras cosas, que el polémico presidente enfrentara varios juicios planteados en su contra. Como respuesta, il Cavaliere ha lanzado una ofensiva con la que intenta algo más que desprestigiar a los jueces llamándolos “izquierdistas” “rojos” y “enemigos”; su propósito expresado sin tapujos es claro: reformar la Constitución Política y limitar el control que ejerce el Poder Judicial.

Ha dicho “(…) que será una reforma que haga de Italia una verdadera democracia, que no esté sujeta a un poder –el judicial– que no tiene legitimidad electoral (…)”(www.elpais.com/articulo/internacional/elpepiint/20091014elpepiint_2/Tes )

Viejas tensiones. Más allá de la polémica figura del magnate, desde su –a veces inexplicable– ascenso al poder, su actitud autoritaria y su preocupante acercamiento a la más extrema y recalcitrante derecha neofascista italiana, hasta sus desmanes y tropelías de alcoba –no se si más inexplicables– y sus desenfocados e inoportunos comentarios –por ejemplo decir que el gabinete del jefe del Gobierno español era “demasiado rosa” por el número de mujeres que lo integran– lo que verdaderamente destaca de este nuevo episodio protagonizado por Berlusconi es el reflejo de algo que no es anecdótico pues se reproduce con mucha frecuencia: las tensiones que existen entre los jueces y los otros poderes públicos.

Se trata de un tema tan añejo como ampliamente discutido. Durante muchísimo tiempo, en Europa se defendió la idea de que los jueces eran solo la boca de la ley y que su función se reducía a hacer una aplicación cuasi matemática de la norma.

Sin embargo, en el último medio siglo este paradigma se modificó de manera sustancial y, el modelo europeo heredado por los países latinoamericanos experimentó una transformación.

En adelante, y teniendo como contexto las experiencias vividas durante la Segunda Guerra Mundial, se entendió que existe un ámbito que no debe ser traspasado, una esfera de lo “indecidible” para quienes ostentan el poder. El control de que ello no ocurra corresponde a los jueces.

Los argumentos a favor y en contra de lo que se ha llamado activismo judicial y la notable influencia que en la actualidad tienen los jueces son muchos, y algunos muy densos.

Protagonismo del juez. Más allá de si hay excesos o no, vale la pena insistir en el rol protagónico que en una democracia ha de ejercer la Administración de Justicia. En nuestra región algunos tribunales, especialmente constitucionales, han promovido verdaderas revoluciones de derechos.

Gracias a sus pronunciamientos, hemos presenciado reivindicaciones que por medio de otros actores políticos no fue posible alcanzar. La visión del juez subsumiendo hechos a normas jurídicas como un técnico más ha sido superada.

Sin embargo, este nuevo papel del juez activo que asume una parte esencial en la defensa de los valores fundamentales de la sociedad –aun en contra de quienes tienen el poder o incluso en contra de las mayorías– supone la implicación tanto de quienes se ven afectados por sus decisiones como de los propios jueces. El nuevo perfil institucional del Poder Judicial plantea retos que de cara al futuro deben ser abordados.

Si bien pese a las, muchas veces infundadas, críticas, Costa Rica exhibe instituciones judiciales fuertes, desde luego hay cuestiones –que no son nuevas– como la formación –desde cómo se redacta hasta cómo se razona una sentencia–, la ética judicial, los criterios de selección, etc., que deben seguir trabajándose. Junto a esto, pienso que es necesario insistir en algo: los jueces deben entender el carácter fundamental de su posición, deben verse a sí mismos no como reproductores de una cultura jurídica vertical plagada de formalismos y ritos que empantanan el acceso real a la justicia.

Todo lo contrario; deben verse como facilitadores privilegiados de una justicia verdaderamente incardinada en democracias de alta intensidad o que aspiran a serlo.

Reducir la Administración de Justicia únicamente al lugar donde se cobran pensiones alimentarias, se ejecutan deudas exiguas o se condena a delincuentes menores, es igual que renunciar a la posibilidad de potenciar uno de los ejes del funcionamiento de la democracia. Hay algo más. Aunque esto, como decíamos al principio, rompa con las febriles piruetas mentales de la lógica del poder que algunos –aquí y allá– puedan tener.