Con vagonetas, tractores y el apoyo de 250 policías, la Municipalidad de San José desalojó ayer, por segunda ocasión en menos de dos meses, a un grupo de precaristas que había invadido 11 terrenos públicos en el distrito de Pavas.
En total expulsó a 400 familias las cuales, en su mayoría, no mostraron mayor resistencia ante la acción de las autoridades.
La Cruz Roja no informó de personas heridas y solo hubo ocho detenidos, quienes fueron aprehendidos por presentar “amagues de violencia”.
El operativo comenzó a las 6:30 a. m. y concluyó a avanzadas horas de la tarde. Las acciones se concentraron en tres puntos: La Libertad, Rincón Grande y Villa Esperanza.
Una vez demolidos los ranchos, se procedió a retirar las latas de zinc y pedazos de madera con vagonetas. Después, un tractor removió la tierra.
El primer desalojo tuvo lugar el 11 de setiembre en los mismos sitios. En esa ocasión hubo disturbios, enfrentamientos entre pandillas locales y policías, así como decenas de heridos.
Además, tan solo días después los terrenos fueron de nuevo invadidos, en algunos casos por las mismas personas que habían sido expulsadas, pero también por nuevos precaristas.
Para evitar esto, el ayuntamiento asegura que la Policía Municipal monitoreará los terrenos, al menos hasta que termine el año.
Rafael Arias, funcionario municipal encargado del desalojo, dijo que como complemento a esta acción colocarán mallas y candados.
Por su parte, las diferentes asociaciones de desarrollo comunal del distrito de Pavas conformaron la semana pasada una red de vigilancia ciudadana.
La misión de esta es alertar a la Policía en el momento en que se esté levantando un precario.
Ayer también se demolió una casa de concreto, construida en tierras del ayuntamiento.
De igual forma, se destruyeron las ampliaciones ilegales (de entre uno y seis metros cuadrados) de 30 casas, las cuales se ubicaban en terrenos municipales.
Ola de invasiones. Rafael Arias indicó que los operativos de desalojos responden a una creciente ola de invasiones que, según declaró, se vienen produciendo en el cantón josefino en los últimos meses.
“Desde agosto hasta ahora invadieron un montón de terrenos municipales. Nunca antes se habían dado tantos en tan poco tiempo”, aseguró el funcionario.
Rafael Arias informó de que el costo del operativo superó los ¢10 millones y que, de llegar a presentarse más invasiones, procederán a realizar desalojos similares al de ayer
Precaristas consultados por La Nación expresaron que buscan apropiarse de un terreno con el fin de que el Estado les brinde una solución de vivienda.
Unas de ellas fue Carmen Rojas, quien dijo que tanto ella como el resto de quienes habitaban en el precario “Nueva Juventud” en Villa Esperanza estaban realzando los trámites para ser beneficiarios de un proyecto habitacional.
“Ahora no tenemos dónde ir”, se lamentó Rojas.
FOTOS

Los precaristas de “Managuita” tuvieron la opción de rescatar algunos de los materiales (madera y latas de zinc) con los que fabricaron los ranchos donde vivían. No obstante, la mayoría de dichos materiales fueron trasladados con vagonetas municipales al botadero de basura. Mario Rojas
Sin techo

nombre: Jonathan Cordoncillo
Edad: 24 años
Precario: ”managuita”
“Nosotros sabemos que esto es ilegal (invasión de tierras), pero no teníamos dónde ir. Intentamos hablar con la Municipalidad, pero no tuvimos respuesta. No queda más que irnos”.

nombre: Carmen Quintana
edad: 29 años
Precario: ”Nueva Juventud”
“Esto es muy duro, yo vivo aquí con mi compañero y mis dos hijos pequeños. No tenemos dónde ir. Antes vivíamos en Rincón Grande, nos vinimos aquí hace dos meses”.
Carencias
Tugurios y hacinamiento
Un estudio elaborado por la Oficina de Desarrollo Social de la Municipalidad de San José, con datos del Estado de la Nación y el Centro Centroamericano de Población, señala que en el distrito de Pavas hay 18.900 viviendas y en 2.200 de ellas hay hacinamiento (más de tres personas por dormitorio). 6.200 son tugurios. Se estima que existen alrededor de 17 precarios, 5.800 hogares están en situación de pobreza y 2.900, en pobreza extrema. Todo esto se manifiesta en un déficit habitacional de 4.000 casas.
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