La necesaria policía municipal

 Hace diez años surgieron las primeras promesas legislativas de crear fuentes de financiamiento para la vigilancia local

 Bien concebida, la policía municipal puede llevar ventaja en el conocimiento del terreno y el contacto con la comunidad

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El año 1999 concluyó con los festejos acostumbrados y un golpe paralizador para los nacientes departamentos de policía municipal. A fines de diciembre, la Sala IV declaró inconstitucionales las tasas impuestas para financiar la vigilancia comunal, forzando el cierre o reducción de los recién creados cuerpos policiales. En enero del 2000 emanaron de la Asamblea Legislativa las primeras promesas de apurar los ajustes necesarios para financiar el esfuerzo asumido por municipalidades en todo el país, entre ellas las de San José, Pococí, Alajuela, Montes de Oca, Belén, La Unión, Santo Domingo y Heredia. Pasada una década, la promesa legislativa aún está en el tintero. El proyecto de ley existe, pero avanza con lentitud en la Comisión de Seguridad Ciudadana.

En términos generales, la idea es autorizar a las municipalidades a recaudar los fondos necesarios mediante incrementos de hasta un .10% en el impuesto sobre bienes inmuebles. Así, el impuesto podría pasar de .25% a .35%, en el peor de los casos. Cada concejo decidiría sobre la conveniencia de crear el cuerpo policial, fijaría la magnitud del aumento en el impuesto y escogería la zona de operaciones.

Una municipalidad como la de San Carlos, por ejemplo, podría restringir el servicio a Ciudad Quesada por no considerarlo indispensable en las zonas aledañas. En consecuencia, el incremento impositivo se aplicaría solo a los vecinos de la zona urbana. Esa flexibilidad resulta interesante en nuestro medio, donde mucho se habla sobre la conveniencia de descentralizar las decisiones y transferir responsabilidades a los gobiernos locales, aunque es necesario asegurar su compatibilidad con la Constitución para no arriesgar un segundo revés a los cuerpos de policía comunales, cuya existencia se justifica por la experiencia internacional, la necesidad de incrementar la vigilancia, los éxitos iniciales obtenidos en los años noventa y las ventajas de una policía local, más próxima en su funcionamiento y objetivos a las necesidades de la comunidad.

Bien concebida, la policía municipal puede llevar ventaja en el conocimiento del terreno y el contacto con la comunidad. Además, está mejor posicionada para responder con prontitud y precisión a las prioridades locales, no siempre bien servidas por los organismos de alcance nacional. La policía municipal no es un relevo para el Ministerio de Seguridad Pública, pero sí un complemento, capaz de hacer aportes invaluables frente a la principal preocupación expresada por los costarricenses a los encuestadores.

El aumento del impuesto sobre bienes inmuebles, amén de módico, se justifica por la clara relación entre seguridad y plusvalía. Pocos factores trasladan con mayor rapidez el valor de una zona a otra que la inseguridad ciudadana, ya sea real o imaginada. En este sentido, la seguridad es una inversión cuyo retorno va más allá de la tranquilidad, la preservación de la integridad física y la protección de bienes muebles. La delincuencia no se echa una casa a cuestas, pero su mera existencia es capaz de robarle valor, un crimen que nadie está en capacidad de denunciar.

Existen, también, estudios indicativos de una fuerte correlación entre el número de policías y el descenso de la criminalidad, porque el efecto disuasorio está más en la certeza del castigo que en la severidad de la pena. Ese argumento, en las actuales circunstancias, contribuye a la potabilidad del ajuste tributario, cuya principal virtud es la garantía de un destino específico para los fondos recaudados. La finalidad, está de más decirlo, es ampliamente compartida y los resultados serán palpables.