Jorge Guardia | jguardia@nacion.com

En Guardia

abogado-economista

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Don Luis Liberman recibirá su respuesta. Pero tendrá que esperar. Hoy tengo cosas más importantes que decir.

Lo que acontece en Honduras atrapa toda la atención. ¿Por qué falló el Acuerdo de San José del presidente Arias después de 4 meses de infructuosas negociaciones? ¿Por qué Thomas Shannon, subsecretario de Estado de EE. UU., pudo llegar a un acuerdo en tan solo 24 horas? ¿Será ese acuerdo definitivo o es apenas el comienzo de otra negociación con el Congreso y la Corte aún más difícil?

Arias falló por su miopía al analizar lo que verdaderamente ocurrió en Honduras, su escasa visión jurídica de la Constitución (ofendió a los hondureños al considerarla un adefesio y la peor del mundo) y por su prepotencia al imponer su propia visión en vez de tratar de acomodar las dos versiones. Se dejó llevar por la opinión de Insulza, un izquierdista disfrazado de demócrata, de que en Honduras “se produjo un golpe de Estado militar y punto”. La Corte Suprema de Justicia consideró que “hubo una sucesión legítima y ordenada del titular del Poder Ejecutivo (Zelaya) por el presidente del Congreso (Micheletti) ante el desacato de Zelaya de abstenerse de convocar a una constituyente para reformar la Constitución, acción prohibida constitucionalmente y penada con 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos”.

Shannon, en cambio, sí contempló esa situación. Y presionó a Zelaya (cosa que nunca hizo Arias) para aceptar la posición de Micheletti conducente a que la restitución fuera decretada por el Congreso (los militares no tuvieron nada que ver con la designación de Micheletti) y que pasara previamente por el tamiz de la Corte Suprema de Justicia hondureña. En otras palabras: a Zelaya se le destituyó por razones jurídicas. Por tanto, solo por razones de derecho, no de hecho, podría volver a ejercer. Pero como cometió un ilícito, la Corte Suprema tiene capacidad para decidir si puede ser restituido.

A estas alturas del debate, no es posible predecir cuál será el resultado. ¿Ratificará la Corte Suprema su criterio de que Zelaya es culpable de lo actuado y, por tanto, no puede volver a ejercer porque así lo manda la Constitución? ¿Se apartará el Congreso del criterio de la Corte Suprema a sabiendas de que una opinión suya en ese sentido podría influir en el resultado de las próximas elecciones? El panorama todavía está muy borroso. Uno quisiera poder decir que, para tranquilidad de los hondureños y evitar la parálisis en que está sumido el país, lo más conveniente sería ratificar el acuerdo. Pero también debe prevalecer la Constitución. Y aunque a otros no les guste, es la única que existe. Y se debe respetar.