El juego de las deferencias

 Al amparo de su papel preponderante, el futbol ha sido beneficiario de deferencias no concedidas a otras actividades

 El país debe tener el futbol que los aficionados estén dispuestos a financiar y las dirigencias deportivas deben comprenderlo

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La Caja Costarricense de Seguro Social reclama al Deportivo Saprissa ¢720 millones en cuotas obrero-patronales e intereses correspondientes a supuestas omisiones en los informes de salarios pagados entre octubre de 1999 y agosto del 2004. Saprissa niega la existencia de la deuda y sometió sus argumentos a los tribunales, que en definitiva resolverán el diferendo. Mientras tanto, la Caja ejerce su potestad de cerrar el estadio tibaseño y exigir el pago o, cuando menos, un arreglo.

Si bien los jueces dirán la palabra definitiva, el caso revive las dudas existentes sobre los salarios declarados por los clubes de futbol a la seguridad social. Manuel Ugarte, gerente financiero de la Caja, resume la inquietud con extrema sencillez: los clubes, dice, reportan salarios cuyos montos oscilan entre ¢300.000 y ¢400.000, que no parecen corresponder con el estilo de vida y patrones de consumo de los jugadores.

Ugarte enfatiza que los derechos de imagen son parte del salario, según la jurisprudencia, y no pueden considerarse por separado a la hora de calcular las contribuciones fijadas por ley. Los equipos, afirma, no reportan los derechos de imagen y el resultado son cifras salariales muy alejadas de los verdaderos ingresos.

La diferenciación entre derechos de imagen y salario crea un fuerte incentivo para recargar los ingresos del lado del primer rubro y mantener el salario lo más bajo posible, con el objeto de eximir buena parte de los ingresos de la base de cálculo utilizada para fijar las contribuciones obreras y patronales. Es un portillo abierto para que los clubes y jugadores den la espalda a sus obligaciones, ofendiendo los principios de solidaridad e igualdad en que se funda nuestro sistema de seguridad social.

Independientemente de la disputa concreta con el Deportivo Saprissa, la Caja hace bien en defender los intereses de los asegurados con todos los recursos a su alcance. Si algún reclamo subsiste contra la institución, es por la tardanza en reaccionar con energía frente a los clubes de futbol. La importancia del deporte rey como fenómeno de masas en la sociedad costarricense es innegable. Al amparo de ese papel preponderante, los clubes han sido beneficiarios de deferencias no concedidas a otras actividades empresariales y deportivas.

El peso del futbol aletarga los ímpetus de quienes deben actuar, los hace propensos a posponer el cumplimiento de sus obligaciones e invita a volver la mirada hacia otro lado. De igual forma, presentarse ante el público como protector y mecenas del futbol, aunque sea a costa de los recursos estatales, produce réditos políticos. La historia de las últimas décadas registra generosas transferencias de recursos públicos a los clubes de futbol para diversos fines, entre ellos desarrollar y mantener infraestructura. Muchas de esas transferencias se hicieron al amparo de las tristemente recordadas partidas específicas.

Este trato preferencial se ha querido justificar por la trascendencia del balompié en la sociedad costarricense, pero olvida el carácter privado de las instituciones involucradas. También deja de lado que muchas páginas de gloria deportiva fueron escritas por organizaciones ayunas de trato preferencial, en épocas cuando el futbol era un negocio de dimensiones más modestas. El país debe tener el futbol que los aficionados estén dispuestos a financiar y las dirigencias deportivas, muchas de ellas abnegadas hasta el punto del sacrificio, deben comprenderlo. En buena hora la Caja despierta a esta realidad. Nada contribuirá más a encauzar el futbol por el buen camino que una actitud valiente y decidida de quienes están obligados a hacer cumplir la ley.