Acusación ante Organización Internacional del Trabajo
Sindicatos denuncian al país por flexibilización laboral
Dos organizaciones sindicales denunciaron al Gobierno ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por impulsar iniciativas que permiten a las empresas la flexibilización laboral por la crisis.
La denuncia fue presentada por la Confederación Costarricense de Trabajadores Democráticos Rerum Novarum (CCTD.RN) en conjunto con el Sindicato de Empleados del Banco Nacional (Sebana).
Ambas organizaciones también presentaron un recurso de amparo ante la Sala Constitucional.
El ministro de Trabajo, Francisco Morales, informó mediante la oficina de prensa de que no opinará, pues aún no ha sido notificado.
Los sindicatos alegan que el Gobierno y el sector empresarial promueven un proyecto de ley “mediante el que ambos sectores buscan descargar todo el peso de la crisis económica en las espaldas de la clase trabajadora”.
Se trata del proyecto de ley para la protección del empleo en momentos de crisis. Esta iniciativa incluye la posibilidad de que los patronos reduzcan jornadas, salarios, cambien turnos y adelanten vacaciones a los empleados.
También denunciaron que el Ministerio de Trabajo dictó una directriz que incluye un procedimiento que autoriza a los patronos a acumular o disminuir jornadas de trabajo y reducir los sueldos.
A tenor de la directriz, alegan, se da permiso a los patronos para que, so pretexto de la crisis, desmejoren las condiciones de trabajo y quebranten los derechos fundamentales de los empleados.
Rodrigo Acuña, director nacional e inspector general de Trabajo de ese ministerio, negó categóricamente que la directriz en cuestión autorice a los patronos a reducir jornadas o salarios.
Tampoco el Ministerio ha dictado ni una sola resolución autorizando estas medidas, agregó.
De acuerdo con Acuña, el documento es una especie de guía para que los inspectores de trabajo sepan qué información deben incluir al visitar una empresa que solicite reducir jornadas y salarios.
Por ejemplo, deben demostrar que el 100% de los trabajadores está de acuerdo con la medida.
El Ministerio tiene documentadas unas 20 solicitudes de empresas, pero no ha resuelto ninguna.
Por su parte, representantes de diversas cámaras empresariales aseguran que muchas compañías han llegado a estos acuerdos con los empleados, aunque no existe respaldo jurídico, como única salida para evitar despidos.
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