Otro empréstito frenado

 El crédito por $850 millones con el BID debe aprobarse lo antes posible

 El Gobierno y la oposición deben aclarar actitudes y negociar sus diferencias

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Nunca antes, en la historia de las relaciones de Costa Rica con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), esta institución nos había otorgado un crédito de tanta magnitud como el de $850 millones para la construcción de infraestructura pública. Sus condiciones son excelentes, en plazos e intereses, y la flexibilidad para desembolsarlo, mucho mayor que la usual: en lugar de destinarse a una lista de iniciativas preestablecida, el Estado puede decidir a qué proyectos destinar el monto.

Sabemos, además, que el país tiene un enorme déficit en carreteras, caminos y otras vías. Si logramos construir tales obras, mejoraremos nuestra competitividad; también, las condiciones de vida de muchos ciudadanos. Si no lo hacemos, retrocederá nuestra posición relativa respecto a otros países, con costos y efectos negativos generalizados.

A estas necesidades de fondo se suman otras de coyuntura, producto de la crisis económica que atraviesa el mundo: la urgencia de generar empleos y estimular la demanda interna –como vía para reactivar la economía–, pero mediante iniciativas que no amenacen las finanzas públicas ni estimulen la inflación.

Todo lo anterior lo atiende, precisamente, el empréstito del BID, aprobado hace un año por ese organismo. Sin embargo, aún está pendiente de ser ratificado en la Asamblea Legislativa, donde ocupa el quinto lugar de la agenda, genera discrepancias entre la oposición y el Gobierno, y ahora está virtualmente paralizado en su trámite porque, desde el 1º de mayo, no ha sido integrada la comisión de Asuntos Hacendarios, encargada de emitir el dictamen para conocimiento y votación en el Plenario.

En una visita realizada el lunes a San José, Luis Alberto Moreno, presidente del BID, se cuidó mucho de no emitir amenazas ni establecer plazos terminantes para la tramitación del empréstitos. Sin embargo, no ocultó la realidad. Tras advertir que las demandas crediticias actuales sobre su institución son “muy grandes”, añadió: “Nosotros no podemos seguir manteniendo esta oferta, por un monto tan significativo, si vemos que el país no lo está ejecutando (el crédito)”

Si la urgencia es evidente, si las necesidades son múltiples y si el riesgo de perder la oportunidad, aunque no inmediato, sí es cercano, ¿por qué, entonces, no aprobarlo con celeridad? La respuesta es que, de nuevo, estamos ante uno de esos enervantes casos en los que, por carencias de un adecuado planeamiento, vacíos de información, fallas o mezquindades en nuestra dinámica de negociación política, y entrabamientos en los procesos de decisión, postergamos beneficios e, incluso, arriesgamos perderlos.

En este caso, la responsabilidad fundamental corresponde a los diputados porque son ellos los que deben decidir y son ellos quienes más se han retrasado. Sin embargo, tampoco se puede desconocer que el Ejecutivo no ha sido suficientemente claro en explicar en qué proyectos y de qué manera se utilizarán los fondos, algo que ha producido dudas en legisladores de oposición.

Nos preocupa que, si esta situación no cambia, lejos de una discusión racional y una negociación bien intencionada y rápida, con el bien del país como norte, se genere un conflicto desde posiciones irreconciliables, para perjuicio de todos.

Por todo ello, formulamos una respetuosa, pero también enérgica, instancia a todos los sectores involucrados para que, de inmediato, se generen los canales que permitan llegar a acuerdos y aprobar el empréstito.