Seguridad ciudadana y jueces

 No existe una verdadera política integral de seguridad ciudadana

Abogado y consultor

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En coincidencia con las constantes protestas de la gente acerca de un Estado que pareciera haber fracasado en su mandato de proteger a los individuos, familias y sociedad contra el daño perpetrado por otros ciudadanos (delincuencia) y después de oír las retóricas presidenciales expresadas en la última reunión cumbre de los jefes de estado del hemisferio, parece razonable y oportuno que todos contribuyamos con ideas para fortalecer la seguridad ciudadana en general, y la defensa de nuestra sociedad ante la amenaza del crimen organizado.

Debemos admitir que no existe una verdadera política integral de seguridad ciudadana. Es urgente la formulación de un plan nacional donde se identifique claramente la misión y visión del sector seguridad y justicia. El plan debe establecer prioridades ya que los recursos, como siempre, son escasos. Establecer prioridades no se opone al carácter integral del plan.

Coordinación es clave. Debemos admitir que no hay una verdadera coordinación interinstitucional. Sobran los ejemplos que así lo demuestran. De alguna forma debemos pedir a las autoridades institucionales a que bajen su perfil, que dejen de promover sus personas ante los medios de comunicación colectiva y en su lugar, envíen un mensaje común, responsable y coordinado a la sociedad a la que sirven.

Debemos revisar si el discurso oficial del Poder Judicial está escondiendo grietas y fallas que, en la práctica, signifiquen una conversión del Estado de derecho en un Estado de criterios personales de jueces. Hay que preocuparse no sólo por la independencia externa y la interna; también hay que preocuparse por la independencia de caprichos, de personalismos y de interpretaciones de la ley que reduzcan la calidad objetiva del Derecho.

Debemos establecer un plan nacional de reformas legales que impida movimientos estentóreos y politiqueros en nuestra Asamblea Legislativa. Un plan de reformas de esta naturaleza responde a un proyecto país y no a las necesidades protagónicas de un partido político. También en sede legislativa no estamos viendo como efectiva ni funcional la asistencia que en materia de técnicas legislativas existe en nuestro país. Se impone, en consecuencia, un análisis que lleve a mejorar la calidad técnica de la nueva normativa para que no sea declarable inconstitucional o que genere conflictos con otras leyes secundarias.

¿Contamos con los mejores? Debido a las múltiples críticas sociales, urge hacer un estudio a fondo de la calidad, al menos técnica, de los recursos humanos ubicados en las instituciones públicas del sector. El gremialismo puede hacer tanto daño a una democracia como la concentración excesiva del poder en las alturas institucionales. Hay que establecer urgentemente indicadores de desempeño que permitan un sector justicia y seguridad de alta calidad.

Es preciso revisar el modelo constitucional y político de nuestra arquitectura judicial y de seguridad. No hay que temer revisiones que reformen y mejoren el desempeño conjunto de las instituciones democráticas. No es admisible la deslegitimación de la crítica social por cuanto sin ella no hay democracia; la condición de ciudadano no se da únicamente con el voto cada cuatro años. Posiblemente debamos reubicar y rediseñar institucionalmente instituciones como la DIS, el Ministerio Público, el OIJ y la Defensa Pública. También parece imperativo revisar las competencias y sistema de composición y organizacional de nuestros sistemas de control, tanto de legalidad como de constitucionalidad.

El primer paso para lograr cambios consiste en generar el momentum y establecer el consenso nacional acerca de la necesidad de la reforma. Sin ese impulso sostenido, todas estas preocupaciones ciudadanas quedarán para las calendas griegas preservándose un sistema que parece disfuncional. El segundo paso consiste en provocar un debate nacional que de ninguna forma puede ser guiado, pero que tampoco excluya a las actuales autoridades institucionales ni a los aspirantes a puestos públicos.

Se trata de un movimiento sostenido y vigoroso que debe responder a los principios, objetivos y valores de la gobernabilidad democrática. Sin sostenibilidad, liderazgo e impulso, todo será ruido y nada de nueces.