Columnista Rodolfo Cerdas

Ojo Crítico

Politólogo

	ENVIAR
	IMPRIMIR
	TAMAÑO

Hoy son constantes las violaciones al sitiado Código de Trabajo y al tan dañado ambiente; y de moda, las amenazas y violencias contra quienes denuncian y se oponen a los negocios y proyectos privados, social y ecológicamente perjudiciales.

Además de fiscales, jueces y testigos, la situación es grave. En mayo el Sindicato de Trabajadores y Empleados Públicos y Privados (Sitepp) denunció persecución sindical y haber recibido amenazas hasta de muerte. Cuatro personas intimidaron al sindicalista Aquiles Rivera para que dejara su activismo, o sería acallado; se irrumpió en la sede, robaron 15 expedientes y dañaron computadoras y equipos.

En muchas construcciones los trabajadores extranjeros laboran en condiciones infrahumanas. Recién un canadiense, que compró buena parte de Guanacaste, repitió las violaciones laborales, sin que el Ministerio de Trabajo saliera de su sopor. Entre los ecologistas aún perdura el pesar y la duda por las muertes en 1994, en Moravia, de tres colegas de la AECO, sobre todo cuando solo un mes después apareció sin vida el cuarto integrante del grupo, mientras luchaban contra la construcción de un muelle astillero en el golfo Dulce. En Sardinal hubo amagos de violencia y provocaciones que no pasaron a más porque, a pesar del peso echado en la balanza por el Gobierno en favor de los desarrolladores, la comunidad impidió ocultar las ilegalidades.

Ahora siguen las granjas atuneras, rechazadas por los ecologistas de Pretoma, que el Minaet autoriza en el golfo Dulce; y en el Cairo de Siquirres la contaminación con agroquímicos por Del Monte, en especial el ultratóxico bromasil, de las nacientes Milano, El Cairo, La Francia, y del río El Destierro; o bien, con la vía a Caldera, la de Calle Sánchez de Ciruelas por Autopistas del Sol, amén de las de la Dos Pinos en el Coyol de Alajuela.

Ciertamente algunas instituciones han actuado bien. Pero la última sentencia de la Corte de Derechos Humanos exige mucho más, pues “dada la relación entre la protección del medio y los otros derechos humanos” y “la importancia del papel que cumplen los defensores de derechos humanos en las sociedades democráticas... (ello) impone a los Estados el deber de crear condiciones legales y fácticas en las cuales puedan desarrollar libremente su función ”.

El Presidente habla, hace, anuncia que irá a Copenhague con el presidente Sarkozi, de Francia, a luchar contra el cambio climático. Mientras, aquí seguimos con la mina a cielo abierto declarada de interés público, la contaminación del golfo Dulce, de los ríos, el desastre ecológico de la costa pacífica, y trabajadores y ecologistas sin protección. Como diría el Padre Volio, queremos “hechos, no palabras”.