Fondos públicos y universidades privadas

 Para acceder a fondos públicos, universidades privadas deben informar sobre sus ingresos

Catedrático, UCR

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En un artículo muy interesante ( Foro, La Nación , 19/5/2009), la señora Silvia Castro, rectora de ULACIT, reclama el derecho de las universidades privadas a competir por fondos públicos.

Tal reclamo se sustenta, en parte, en declaraciones que la señora Castro atribuye a los rectores de la UNA y del ITCR, Olman Segura y Eugenio Trejos, y al presidente del Sinaes, Guillermo Vargas, las cuales sugieren que no habría diferencias entre las universidades públicas y las privadas (sería interesante conocer si Yamileth González, de la UCR, y Rodrigo Arias, de la UNED, opinan de la misma manera).

En parte, ese reclamo se sustenta también en la idea de que el Estado debe contribuir a la educación de los alumnos de ingresos más bajos, que no encuentran espacio en las universidades públicas.

Apertura. La propuesta de la señora Castro merece, sin duda, ser tenida en cuenta; sin embargo, para que las universidades privadas pudieran competir por fondos públicos, o recibirlos como apoyo a la matrícula de los estudiantes de escasos recursos, sería necesario que se abrieran al conocimiento público.

Dicha apertura implicaría, por lo menos, que fuera posible conocer información básica sobre su personal docente (títulos, publicaciones, salarios, jornada laboral, opciones de ascenso), los cursos impartidos, las características de sus bibliotecas y laborato- rios y, en particular, acerca del número de alumnos que atienden, los ingresos obtenidos y la distribución de dichos ingresos.

La importancia de conocer esta información se puede apreciar en la comparación siguiente. En el 2007, las transferencias del sector público a la UCR fueron de poco más de $145 millones. Con esa suma, más otros ingresos ($49 millones), fueron atendidos casi 33.000 estudiantes, financiados cientos de proyectos de acción social y de investigación, producidas varias decenas de programas de radio y televisión, y publicadas, entre revistas, libros y otros materiales, varias centenas de textos científicos.

Con la única universidad privada con la que se puede intentar alguna comparación es con la Universidad Latina que, de acuerdo con la información disponible, es la empresa de educación superior con más estudiantes en el país: alrededor de 17.000. Si se asume que estos estudiantes pagan un promedio de $2.000 al año, resulta que la Latina tendría –en un cálculo moderado– unos ingresos anuales de alrededor de $34 millones.

¿Cómo se distribuye esta suma? Evidentemente, la sociedad costarricense tiene el derecho de conocer la respuesta a esta pregunta antes de asignar, de manera directa, fondos públicos a las universidades privadas (algo que ya hace, de manera indirecta, mediante Conape y el Sinaes).

Investigación. En razón de ese aporte indirecto, es necesario reconsiderar no solo la afirmación de la Sra. Castro de que “las universidades privadas nunca han recibido un cinco del Estado”, sino su planteamiento de que si “las universidades privadas no investigan” es por no contar con fondos públicos.

Si bien admiro la valentía y sinceridad de la señora Castro al reconocer públicamente lo anterior, creo que el motivo principal por el cual “las universidades privadas no investigan” es porque su concepción de la docencia universitaria no se basa en la producción de conocimiento científico.

Esto es lamentable no solo por las implicaciones que ha tenido y tiene para la calidad de la enseñanza, sino porque, al descartar la posibilidad de obtener ingresos a mediano plazo como resultado de la investigación, perpetúa como única opción de financiamiento para las universidades privadas los derechos que pagan los estudiantes.

Acceder a fondos públicos para superar la situación descrita es una opción que merece ser seriamente considerada; pero, para que ello sea posible, las universidades privadas deberían dar los primeros pasos, y qué mejor forma de hacerlo que mostrar a cuánto ascienden sus ingresos y cómo los distribuyen.