Costa Rica gestiona ante Naciones Unidas la redefinición de sus límites submarinos en el Océano Pacífico para poder explotar zonas más allá de las 200 millas de la Zona Económica Exclusiva actual.
La Cancillería costarricense presentó este lunes información preliminar para trazar los nuevos límites de la plataforma continental, lo cual le permitiría un mayor aprovechamiento de recursos vivos e inertes en el lecho marino y el subsuelo.
Se trata de áreas ubicadas hacia el noroeste y el sureste de la Isla del Coco, bajo aguas internacionales.
La presentación de documentos no detalló con precisión cuántos kilómetros cuadrados del suelo marino pretende el país adherir a sus derechos de explotación, según el abogado Arnoldo Brenes, coordinador de una comisión creada para estos fines.
La gestión deja de lado cualquier petición sobre las aguas ajenas a la Zona Económica Exclusiva, como el derecho de pesca.
De lograr el país su cometido, podría, por ejemplo, buscar minerales o extraer hidrocarburos, en caso de que existan, explicó el abogado Brenes.
El país se basa en lo que establece el artículo 76 de la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, de cuyo tratado fundamental es parte Costa Rica.
Brenes aseguró que faltan más estudios para precisar la solicitud de una mayor plataforma continental.
En los estudios participan representantes de la Cancillería, del Ministerio de Ambiente y Energía, de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) y del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori), además de especialistas de la Universidad Nacional y de la Universidad Nacional, entre otros.
“Se trata de un verdadero esfuerzo por lograr el reconocimiento de la extensión de los límites. De ser exitoso, le permitiría al país gozar de derechos de explotación y conservación (...) sin afectar los espacios vigentes con nuestros vecinos”, declaró el canciller Bruno Stagno, mediante un comunicado de prensa distribuido ayer.
De acuerdo con información difundida por el oceanógrafo Guillermo Quirós, el suelo marino que el país pretende colinda con el de países como Colombia y Ecuador, debido a la extensión marina que la Isla del Coco proporciona al país, por estar ubicada a 532 kilómetros.
La gestión se formalizará en un máximo de tres años, pues Brenes catalogó como “complejo” el proceso. “Todo debe ir fundamentado de manera muy sólida”, aseguró.
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