La discusión sobre si las propinas son parte o no del salario de saloneros y demás empleados de negocios gastronómicos enfrenta de nuevo a los diputados.
El proyecto de ley 14.677 pretende que se aclare con rango de ley que la propina de los saloneros no forma parte de su salario y, por lo tanto, que no se le apliquen las cargas sociales que pesan sobre los sueldos de los trabajadores.
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El plan cuenta con el impulso de los parlamentarios del Movimiento Libertario (ML) y del Partido Acción Ciudadana (PAC).
“Nuestro punto de vista es que el salario es un contrato entre el empresario y el trabajador, la propina no la impulsa el empresario, es variable”, opinó el jefe de los rojiamarillos Alberto Salom.
En las tiendas del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), del Frente Amplio y del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE) la oposición es total.
El jefe del PUSC, Jorge Eduardo Sánchez, dijo que si no se toma en cuenta la propina como parte del salario ello implica que este dinero no se puede calcular para efectos de beneficios como pensión, liquidación y vacaciones.
“Nos parece que es un retroceso absoluto y una injusticia de las más grandes para los saloneros de este país”, resaltó el diputado jefe la bancada socialcristiana.
PLN indeciso. En la bancada del oficialista Liberación Nacional (PLN) las opiniones sobre el proyecto se dividieron.
Hasta junio del año pasado la posición de la bancada era una: aprobar el proyecto.
Ayer el jefe de la fracción, Jorge Méndez, manifestó que hay dudas a lo interno y que todavía no tienen una posición en firme.
“Estamos programando sentarnos a revisar posiciones sobre el proyecto y definir cuál será el criterio”, declaró Méndez.
Los diputados retoman hoy el debate de este proyecto.
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Maureen Ballestero sustituyó a Francisco A. Pacheco. Aquí con el director del Congreso, Antonio Ayales, y el secretario, Guyón Massey. Alonso Tenorio
Registro Legislativo
Dall’Anesse aclara dudas hoy
k El fiscal general, Francisco Dall’Anesse, visita hoy la Asamblea Legislativa para aclarar dudas y sustentar sus observaciones sobre el proyecto de ley contra el crimen organizado.
Tanto la Fiscalía como la Corte Suprema de Justicia señalaron debilidades y errores en la redacción y el fondo del plan.
Por lo anterior los legisladores prefieren escuchar el criterio del especialista antes de presentar sus propuestas para arreglar el plan de ley, que se discute bajo el expediente 16.830.
El jefe de los liberacionistas, Jorge Méndez, recalcó que la cita es clave en las intenciones de los legisladores de aprobar una ley que sea aplicable en su totalidad una vez vigente.
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