Nuestra cruzada

 El desplome de un helicóptero con droga es un nuevo episodio de un acoso sin tregua del narco

 Hay que velar para que la política y el deporte no sean blancos del narcotráfico o de la corrupción

El helicóptero TI-BBT, de matrícula costarricense, propiedad de la compañía Grecem MRJ, que se desplomó, el viernes pasado en el cerro de la Muerte, con 347 kilos de cocaína, confirma la penetración de la droga en nuestro país y posiblemente abra nuevas pistas en relación con otros carteles latinoamericanos, de México o Colombia.

El plan de vuelo de dicho helicóptero (aeropuerto Tobías Bolaños, bahía Drake, en el Pacífico, y Turrialba (hotel Pochotel), ilustrado en nuestra infografía de la edición de ayer, así como la compra previa de dicho hotel, dan cuenta de la variedad de ardides del narcotráfico puestos en práctica desde hace mucho tiempo en nuestro territorio. Por tierra, aire y mar, y al amparo de un poder financiero ilimitado y de poderosos recursos tecnológicos, todo está a su disposición, frente a un Estado y una sociedad que han hecho grandes esfuerzos para defenderse. El balance, sin embargo, ha favorecido en gran medida a los carteles de la droga, un dato que, además, se reproduce en todos los países atacados por ellos.

El itinerario y proceso de la penetración de la droga en nuestro país ha obedecido a un plan de acción minucioso en el que se han realizado todas las etapas. Así lo ponen de manifiesto los decomisos en grande, sobre todo del 2006 al 2008, el correspondiente bodegaje (que no es reciente, como ha dicho un funcionario de Seguridad Pública) y la conversión del territorio nacional, desde hace varios años, en escala para la redistribución en otros países, preferentemente EE. UU. y Europa. El sistemático enfrentamiento del Gobierno colombiano contra las FARC y los narcotraficantes, y el ataque del Gobierno mexicano contra los carteles internos han agravado nuestra situación interna. Su desplazamiento hacia Centroamérica es un hecho de sobra probado.

El accidente del helicóptero en el cerro de la Muerte y la revelación de otro episodio más en esta lucha desigual debe servirnos para reiterar algunas observaciones, además de la libertad de acción con que estos grupos trabajan. En primer lugar, debe investigarse su conexión con el cartel de Sinaloa, como, sin comprobación objetiva aún, se ha afirmado. En segundo lugar, es motivo de honda preocupación la complicidad de nacionales, profesionales y no profesionales, en el negocio de la droga, no solo como simples mandaderos, sino como aliados y gestores. Su número se acrecienta día con día, máxime cuando encuentran un sustrato de corrupción pública o privada.

Nuevos factores deben ser, asimismo, motivo de reflexión y de acción: la información publicada ayer por La Nación sobre 15 cambios en el texto contra el crimen organizado que pueden favorecer a los delincuentes; la sutileza, eficiencia y entrega con que trabajan los capos del crimen, la droga y la corrupción deben aleccionarnos para que la ley sea un escudo y no una puerta entreabierta. Por otra parte, la mano del sicariato y de las amenazas personales o familiares han comenzado a abrirse paso en el futbol nacional. Es preciso ahondar en este capítulo inédito de la inseguridad ciudadana. También la abundante experiencia de otros países debe estimular a nuestras autoridades y a todo el país para que la fuerza financiera de la droga no penetre en la política nacional o en el Estado.

En materia tan grave y sensible se sabe muy bien que cualquier relación indebida con los carteles de la droga o las mafias de la corrupción entraña la pérdida de la libertad y, con ello, la reducción a una especie de servidumbre, que afecta, por la posición que se ocupa, el funcionamiento del Estado de derecho, las instituciones democráticas o el interés público. No es nuestra intención dramatizar. Esta es la realidad.