Juicio Caja-Fischel

Fiscalía de Panamá avala prueba bancaria

 Oficial Mayor de Fiscalía afirmó que prueba se obtuvo de manera legal

 Defensor señala error en numeración de hojas y cuestiona gestión realizada

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El oficial mayor de la Primera Fiscalía Anticorrupción de Panamá avaló ayer los trámites legales con que se obtuvo la prueba bancaria para el caso Caja-Fischel.

La declaración la hizo Rolando Antonio Milor durante el debate que se realiza en los Tribunales de Goicoechea, donde el funcionario reiteró que las diligencias fueron coordinadas por la fiscal en aquel momento, Cecilia López, y que en ocasiones se contó con el apoyo de un perito de la Unidad de Análisis Financiero de la Presidencia de la República de Panamá.

Milor explicó que la solicitud de ayuda la hizo el Ministerio Público de Costa Rica por los medios establecidos en el Tratado de Asistencia Legal Mutua.

“La petición llega al Ministerio de Gobierno y Justicia, la pasa a la Procuraduría General de la República y es el Ministerio Público el encargado de conseguir las pruebas”, relató el funcionario judicial.

Cuestionamientos. Juan Marco Rivero, defensor del expresidente de la República Rafael Angel Calderón, cuestionó al funcionario judicial sobre los errores en la numeración de las hojas que se enviaron a Costa Rica. Al respecto, Rolando Milor dijo que en Panamá se pueden hacer correcciones “a mano” en la numeración.

Asimismo, lo interrogó sobre por qué en los documentos del Ministerio de Gobierno y Justicia pidiendo buscar los papeles bancarios requeridos por Costa Rica no se incluía la justificación legal para ejecutar esa diligencia judicial.

Milor explicó : “Esa respuesta debía darla el responsable de Justicia y no la Fiscalía”.

Juan Marco Rivero también lo cuestionó por la actuación tan diligente de la Fiscalía de Panamá que solicitaba pruebas allá pocos minutos después de recibida la petición de su homóloga de Costa Rica.

En este tema todavía está pendiente que los jueces que integran el Tribunal resuelvan sobre si aceptarán como válidas las pruebas bancarias del exterior. Esto porque cuando en noviembre pasado arrancó el juicio, los abogados defensores objetaron la forma cómo se obtuvieron. Precisamente, Juan Marco Rivero sostuvo que en muchos casos no hubo cartas rogatorias que se ajustaran a los requisitos legales. Detalló que faltó la solicitud de un juez y la gestión la hizo el Fiscal General.