EDITORIAL |
Al conmemorarse, el miércoles, 50 años de la rebelión contra el dominio chino del Tíbet, que condujo a una terrible masacre y al exilio de casi cien mil budistas en la India, entre ellos su líder espiritual, el Dalái lama, la forma como este calificó la situación de su territorio no pudo ser más fuerte: un “infierno en la tierra”.
La frase, sin duda, estuvo destinada a generar impacto, pero también encierra un alto grado de realidad. Porque durante este medio siglo, con intensidades y métodos muy diversos, el Gobierno de Pekín ha seguido una deleznable política de virtual genocidio cultural y religioso en el Tíbet, acompañada de incontables muertes, apresamientos arbitrarios, represión voraz y estrictos controles sobre los movimientos de la población.
En 1950, un año después de que Mao Zedong y el Partido Comunista tomaran el poder, su régimen envió miles de tropas al Tíbet, para ejercer su control. No era la primera vez que, en una larga historia de disputas, los chinos se imponían en esa región, que tradicionalmente han considerado suya. Pero la invasión sí marcó una inédita voluntad de absorción total, congruente con el carácter totalitario del régimen.
Usando un cruel eufemismo, el Tíbet fue declarado “región autónoma”. Sin embargo, lejos de la autonomía, se establecieron estrictas normas de control y se inició una persecución sistemática de los monjes y la religión budista. A la vez, Pekín impulsó la migración de población étnica china para cambiar el balance demográfico tibetano.
El descontento fue tal que, en marzo de 1959, se produjo una rebelión generalizada. Como era de esperarse, China la controló a sangre y fuego, el Dalái lama huyó a la India y se estableció un nuevo Gobierno, directamente dependiente del poder central. Durante la infame “Revolución Cultural”, en la segunda parte de la década de 1960 y parte de la de 1970, la mayoría de los monasterios fueron destruidos y la represión fue más cruel y primaria.
Nada de lo anterior, sin embargo, ha logrado sepultar las ansias de autonomía de los seis millones de tibetanos. Muchos de ellos viven desperdigados por el mundo, con un Gobierno en el exilio, dirigido por el Dalái lama, en la ciudad india de Dharamsala. Pero la mayoría permanece en el Tíbet y en otras cuatro provincias de China, donde también están sometidos a estricto control, a pesar del cual guardan lealtad a su religión.
Las más recientes acciones multitudinarias de protesta, que comenzaron en marzo del año pasado, poco antes de las Olimpiadas, fueron reprimidas con renovada crueldad. Según estimaciones independientes, hubo decenas de muertos y aún no se sabe la suerte de más de mil detenidos.
Ni el Dalái lama, quien obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 1989, ni la inmensa mayoría de los tibetanos pretenden la independencia de su territorio. Además, ninguna nación disputa la soberanía china sobre él. Lo que sí exigen el líder espiritual y su pueblo, con toda razón, es real autonomía, respeto a su religión, fin de la represión y reconocimiento de su derecho a regresar sin ataduras.
Por desgracia, a pesar de un último intento de diálogo en octubre del pasado año, nada ha cambiado. De hecho, para este aniversario el régimen tomó un conjunto de medidas “preventivas” de inusitada intensidad, dirigidas a evitar cualquier brote de protesta y limitar el acceso desde el exterior. Hasta ahora han sido eficaces en sus objetivos puntuales. Pero, más allá de lo inmediato, la única forma legítima, humana y eficaz de producir estabilidad y paz duraderas en el Tíbet es atendiendo el clamor autonómico. Aunque los autócratas de Pekín se nieguen a hacerlo, deben seguir exigiéndolo tanto los tibetanos como los ciudadanos de buena voluntad en cualquier parte del mundo.
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