Investigación de Contraloría sobre consultorías del BCIE
Sala IV deja seguir caso contra Rodrigo Arias, pero frena fallo
La Contraloría General de la República puede seguir su investigación contra el ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, pero está impedida de dictar una resolución final, según definió la Sala IV.
La resolución final sobre el funcionario no se podrá emitir hasta tanto la Sala Constitucional resuelva un recurso de amparo que el funcionario interpuso.
Así lo ordenó la instancia judicial al admitir para su estudio la gestión del Ministro. La decisión fue tomada el viernes por el presidente interino de la Sala, Adrián Vargas, según informó la oficina de prensa del Poder Judicial.
El recurso de amparo quedó bajo conocimiento del magistrado Ernesto Jinesta, quien debe elaborar un proyecto de sentencia que luego someterá a consideración de los demás miembros de la Sala.
Con la admisibilidad del recurso, el ente contralor está en posibilidad de recibir a Arias en audiencia el 10 de marzo. No obstante, no podrá dictar medidas finales.
La División de Asesoría y Gestión Jurídica de la Contraloría abrió el procedimiento administrativo de la hacienda pública el 2 de febrero, para determinar si hay responsabilidad o no de Arias por la falta de control al contratarse asesorías pagadas con $2 millones que donó el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Estos hechos forman parte de dos informes que la misma Contraloría emitió el 22 de octubre del 2008 y el 10 de febrero pasado.
Rodrigo Arias impugnó la apertura del procedimiento, pero ante el rechazo a sus gestiones, acudió a la Sala Constitucional.
Arias alega ante la Sala “irregularidades en el traslado de cargos y violación al debido proceso”.
Su argumento fundamental es que le aplican normativa de control de fondos públicos cuando los que están en cuestión son dineros de un donante internacional, el cual los ejecutó y nunca ingresaron al presupuesto del Gobierno.
“Los órganos acusatorios de la Contraloría General de la República construyen artificiosamente un régimen jurídico aplicable a dichas cooperaciones, creando obligaciones hipotéticas, reglas virtuales, con faltas aparentes, pero sanciones reales”, sostiene Arias.
Arias pide a la Sala “anular el procedimiento administrativo” en su contra y el pago de costas.
FOTOS
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El ministro Arias llamó a conferencia para hablar del caso. Archivo
Contraloría
El informe
La División de Asesoría y Gestión Jurídica de la Contraloría señaló: “La causal de responsabilidad administrativa se origina por la eventual violación a los preceptos de transparencia, rendición de cuentas y debilitación del sistema de control interno (…) Para efectos de la eventual responsabilidad administrativa, no es relevante la naturaleza de los fondos, sino que la gestión de las contrataciones se produzca como consecuencia obligatoria de la actividad operacional del ente público, sin cuya mediación la relación entre el consultor y el BCIE no hubiera sido posible, por lo cual carece de interés hacer una distinción entre si los consultores son remunerados o no con cargo al Presupuesto de la República”.
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