Advierten de que no aplicarán al menos 11 disposiciones

Magistrados objetan nueva Ley de Notificaciones

 Alegan que Sala IV tiene estándares más avanzados de comunicación

 Normativa entró a regir ayer con el fin de agilizar procesos judiciales

La Sala IV no acatará aquellas disposiciones de la nueva Ley de Notificaciones que “no resulten compatibles” con la prácticas que tradicionalmente ejerce ese alto tribunal en materia de comunicaciones judiciales.

Así lo acordaron los magistrados constitucionalistas el pasado 25 de febrero.

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Dicha ley, que entró a regir ayer, pretende agilizar las comunicaciones y los procesos judiciales mediante el uso de nuevos medios de notificación como el correo postal, el fax y el correo electrónico.

No obstante, la Sala IV comunicó ayer que no adoptará al menos 11 artículos de la nueva Ley.

Por ejemplo, no aplicará el período de la notificación (cinco días siguientes al dictado de la resolución respectiva).

Tampoco utilizará casilleros ni estrados como medios para notificar. Asimismo, no empleará la notificación automática.

Esta alternativa se utiliza cuando la parte no indica el medio con el que se le puede notificar, por lo que las resoluciones se darán por notificadas en el transcurso de las 24 horas posteriores a su emisión.

Además, los magistrados impulsarán que cada notificador cuente con un carné y una insignia que lo identifique como funcionario de la Sala Constitucional.

Razones. Mediante un comunicado de prensa, los magistrados de la Sala IV aseguraron ayer que dicho órgano llevará las disposiciones de la nueva Ley de Notificaciones más allá de lo que ella establece.

Alegaron que el alto tribunal ya superó los estándares de notificación o comunicación incorporados en esa normativa.

“Cualquier cambio que se introduzca lo será, siempre, en aras de garantizarle a la ciudadanía una mayor prontitud y rapidez, pese al elevado circulante que enfrenta”, destaca la nota.

Los promotores de la nueva ley señalan que esta normativa permitirá poner un alto a las acciones deliberadas de ciudadanos que pretendan evadir notificaciones de demanda. Entre ellos figuran aquellos que se “esconden” para no ser informados del cobro de la pensión alimentaria.