Una sola educación superior en Costa Rica

 Indirecta o directamente, universidades –públicas y privadas– dependen por igual de fondos estatales

Presidente, CAMTIC

	ENVIAR
	IMPRIMIR
	TAMAÑO

La publicación de artículos de opinión sobre la educación superior costarricense, es una constante en la prensa nacional. Pero, recientemente, la Dra. Silvia Castro, rectora de la ULACIT, ha dirigido el debate en una dirección distinta por la que hace rato no transitaba.

Sus dos provocadores artículos de opinión (“Sobre la rendición de cuentas en las universidades”, La Nación , Foro 27/5/09 y “Educación superior, razón y persuasión”, Foro 23/6/09) hacen una propuesta de fondo: construir una sola educación superior en Costa Rica. Los ataques que la Dra. Castro ha recibido en el Canal 15 de la UCR o en prensa escrita (por ejemplo, Rodrigo Arias, “¿Existe un sistema universitario” Foro 16/6/09), no van al fondo, y por tanto, no debilitan su argumento al que aún se le pueden sacar varias derivadas más.

La educación superior costarricense, toda, tiene que rendir cuentas al país. Universidades públicas y privadas dependen por igual de fondos estatales. Las primeras de forma directa del Presupuesto Nacional y las segundas de manera indirecta, vía los préstamos de Conape, que generan la mayor parte de sus flujos de ingresos.

La sociedad, por medio del poder del legislador, ha otorgado a las primeras la autonomía constitucional más amplia imaginable y a las segundas, el derecho de operar y coadyuvar al Estado en su función con un marco jurídico razonable. Lo anterior las obliga moral y éticamente a esa rendición de cuentas.

No obstante, esa rendición de cuentas está vagamente definida. No es claro sobre qué se deben rendir cuentas o los parámetros de aceptación. No hay plazos y no es claro a quién se dan esas cuentas. Tampoco es claro cómo corregir el rumbo cuando esas cuentas no cierran o no convencen. Hay un vacío institucional en el país sobre cómo medir y valorar su trabajo. Parece evidente que el sistema tiene una seria deficiencia institucional y que compete al Legislador resolverlo.

Excelencia académica. Esta es la principal función de una universidad y el Estado debe asegurarla por igual en el sistema público y privado. Los “fraudes de titulación”, que algunos señalan por la mercantilización o la masificación de la educación superior y que otros atribuyen a la debilidad de rectoría y supervisión del Estado, tienen que terminarse por igual en la universidad pública, como en la privada. Posiblemente, esta es la tarea más urgente y estratégica que el Estado debe asumir en esta materia.

El estímulo de la investigación con rigor debe darse por igual en la universidad pública y en la privada, y las iniciativas del Estado deben cubrir ambas. Los países desarrollados son el claro ejemplo de que, al madurar, los Estados dan igual prioridad a proyectos privados y públicos al asignar dinero a la investigación, pues el discriminador no está en la naturaleza –pública o privada– de quien ejecuta la investigación, sino en la eficacia y eficiencia con que se logran los resultados.

Quien demuestra capacidad y determinación para estudiar y convertirse en profesional, debe poder hacerlo. Tener o no medios económicos propios no debe ser el discriminador que abra la posibilidad al estudio, y el Estado debe distribuir, de forma equitativa, el talento hacia la educación superior pública y privada.

El actual modelo de becas que permite a personas sin capacidades excepcionales y sin dificultades económicas beneficiarse en detrimento de otros con verdaderos méritos o necesidad, debe variarse y aplicarse uniformemente en toda la educación superior, como también lo hacen los países desarrollados.

Bienvenido el debate. Todos esperamos que los académicos eleven su nivel de discusión en estos temas. Todos debemos poner nuestro grano de arena para que haya una sola educación superior en Costa Rica.