Acertijos del interés público

Investigador, Programa Estado de la Nación

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Es muy reveladora la entrevista a la Ministra de Obras Públicas y Transportes publicada por este diario el día lunes 15 de junio. Plantea con claridad la marcada orientación de nuestro sistema judicial a proteger el interés privado e individual a costas del interés público.

La sectorización del transporte en San José, el proyecto de rutas intersectoriales y, más recientemente, la eliminación de la restricción vehicular así lo evidencian.

Sugerentes interrogantes. ¿Cuánto ganarían los empresarios del sector transporte con mecanismos de cobro electrónico que eviten los robos y les garanticen mayor control? ¿Cuántas personas estarían dispuestas a cambiar sus vehículos por autobuses y trenes seguros y eficientes?

¿En cuánto podríamos reducir las emisiones de gases contaminantes y la factura petrolera con un buen sistema de transporte público? ¿En cuánto mejoraría nuestra calidad de vida al poder invertir el tiempo que dedicamos diariamente a lidiar con los embotellamientos a leer un buen libro, hacer ejercicio o dormir un poco más?

Seguramente, usted coincidirá conmigo en que las respuestas a estas preguntas apuntan a jugosos beneficios individuales, sectoriales y colectivos, tangibles e intangibles. Desde el disfrutar de un aire más limpio hasta la generación de empleo y mejoras en la productividad. Entonces, ¿cuál es el origen de los criterios que alimentan el quehacer de nuestro sistema institucional y político que los hace decidir en dirección contraria?

Nueva transacción. Desde hace algún tiempo, hemos venido perdiendo la capacidad para descubrir y dimensionar en los bienes públicos nuestro beneficio y bienestar individual. Esta que fue otrora la amalgama que nos permitió construir los principales logros de nuestra historia como nación, se está erosionando.

La imposibilidad de contar con un sistema de transporte público moderno y eficiente así lo evidencia, pero los síntomas van mucho más allá y trascienden fronteras temáticas, políticas y temporales. Esos síntomas son claros al ver la imposibilidad de lograr una reforma tributaria comprensiva, que garantice al Estado los recursos que necesita para invertir más y mejor, el deterioro de la seguridad ciudadana y la creciente contaminación y degradación de los recursos naturales y el ambiente.

Quizás sea tiempo de detenernos a reflexionar, dialogar y buscar nuevas fórmulas para fundar las bases de un nuevo contrato entre Estado, instituciones y política para recuperar y darle vitalidad a nuestra democracia. En vísperas de elecciones, este es un debate ineludible para quienes aspiren a regir los destinos de este país. ¿Aspiración ingenua o demasiado optimista?