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Fernando Berrocal |
Exministro de Seguridad Pública
Como bien lo ha expuesto Francisco Dall’Anese en un reciente artículo en La Nación ( Foro , 12/junio/09), sin políticas públicas efectivas de prevención y tratamiento de las víctimas de la drogadicción, la lucha contra el narcotráfico está perdida. El problema es integral y no basta con las políticas de represión policial que son esenciales, pero que solo abarcan una parte del problema y no su totalidad.Este debe ser el punto de partida conceptual para la redefinición y profundización de lo que se está haciendo, que no es suficiente, porque esos esfuerzos adolecen de un verdadero y sólido soporte político y, mejor aún, de un consistente acuerdo nacional impulsado en y desde la Casa Presidencial.
Asunto de salud pública. Ese es el punto de fondo. A una visión activa de la prevención, se debe agregar, como correctamente lo hace el Fiscal General, la dimensión del tratamiento de las víctimas del narcotráfico que son los más de 200.000 muchachas y muchachos que, en nuestro país, padecen de la adicción a las drogas y que, ciertamente, delinquen en las calles y parques de nuestras ciudades para obtener dinero y poder consumir, pero que antes que nada son seres humanos que están enfermos, y frente a los cuales, el Estado costarricense adolece de una política de salud pública integral para su desintoxicación, el tratamiento médico y espiritual de su adicción y su reincorporación a la familia y a la sociedad a la que pertenecen. Para ello se necesita de la plena cooperación del Ministerio de Salud Pública, el IAFA, el INA y la CCSS, como activo eje articulador de este esfuerzo nacional.
La prevención, a su vez, debe comenzar con los niños desde la escuela primaria y secundaria, con la participación directa de los padres de familia, los educadores y directores escolares, reforzados por la Iglesia Católica y las Iglesias Cristianas, mediante la activa promoción de programas educativos esclarecedores y motivadores que existen y pueden ser obtenidos mediante cooperación internacional, con una visión integral del grave y destructivo problema de las drogas y sus consecuencias en la propia vida, en el núcleo familiar y en la estructura de la sociedad.
El programa debe ser visto e implementado de una forma integral y con la mística y la motivación de una campaña nacional de prevención y rescate de valores en Costa Rica. Para ello se necesita de la plena cooperación del Ministerio de Educación Pública y de mucho respaldo del sector privado y los medios de comunicación colectiva.
A la par de esos esfuerzos, claro está, no existe otra forma de entrarle a la amenaza del narcotráfico que no sea con el fortalecimiento presupuestario real y sostenido, al menos durante cuatro años, de los recursos del Ministerio de Seguridad Pública, dentro de un plan integral de profesionalización y aumento considerable del número de efectivos y de su capacidad técnica de investigación y respuesta policial, con mano dura y firmeza, al narcotráfico internacional y al crimen organizado. Un esfuerzo que, siempre habrá que repetirlo, solo se podrá materializar si es enfrentado y coordinado como una batalla transnacional de varios países interactuando y trabajando conjuntamente. De otra forma, también, la batalla estará perdida.
Desde la Presidencia. Definir, integrar, coordinar y hacer efectiva esa visión, solo se puede lograr desde el poder político y eso, en Costa Rica, se llama la Casa Presidencial. De la misma forma que aprobar la Ley contra el Crimen Organizado y el conjunto de leyes para el Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana y otras reformas que son igualmente necesarias, como el ajuste al Código Procesal Penal de 1998 y la creación de una nueva Jurisdicción de Delitos Menores, solo será posible si desde la Casa Presidencial, como fuente de poder político, se le da carácter de urgencia y prioridad a la agenda de seguridad nacional y de seguridad ciudadana y al flagelo o pandemia del consumo de drogas.
El espejo de lo que por décadas ha pasado en Colombia, la batalla actual de México y el caso angustiante de Guatemala, son más que dramáticos y ciertos para entender que es ahora o nunca para Costa Rica, y que este aspecto esencial y prioritario de la agenda país, es un tema de interés nacional que debe ser resuelto en las elecciones de febrero del 2010.
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