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Página QuinceJaime Daremblum | Jdaremblum@aol.com |
Politólogo
Jaime Daremblum es director del Centro de Estudios Latinoamericanos del Hudson Institute en Washington D.C.
Muy pocas veces la Organización de Estados Americanos (OEA) se ha agitado tanto en torno a un solo tema. Si el motivo hubiera sido la tragedia humanitaria en Haití, o la defensa de la democracia en los países miembros donde está más amenazada (Venezuela, Nicaragua y Bolivia), se podría entender. Pero, lejos de lo que se espera de esta entidad, la OEA se apresuró, la semana pasada, a despejar la reincorporación del régimen cubano cuya participación ha estado suspendida desde 1962.
En una especie de carrera contra el tiempo, los miembros de la OEA aprobaron por consenso, el 3 de junio último, el derecho de Cuba a pedir el reingreso al organismo. Irónicamente, Fidel Castro respondió no querer saber nada de esta organización. El jefe estalinista volvió incluso a tildar a la OEA de “cómplice de todos los crímenes cometidos contra Cuba”. Asimismo, el presidente de la Asamblea Nacional cubana, Ricardo Alarcón, anunció que a pesar de la histórica decisión, el régimen comunista no tenía ningún deseo de volver a la OEA.
Estados Unidos apoyó la resolución, pero insistió en que se incluyera una cláusula según la cual el regreso de La Habana debería hacerse de acuerdo con “las prácticas, propuestas y principios” de la OEA. En otras palabras, el retorno no iba a ser automático. El proceso aprobado requiere que Cuba solicite inicialmente un diálogo, y que su Gobierno cumpla con varias condiciones. “Ser miembro de la OEA conlleva responsabilidades”, dijo la secretaria de Estado, Hillary Clinton, “y nuestra obligación es cumplir con los estándares de democracia y gobierno que tanto progreso han traído a nuestra región”.
Sin cambios. Una mayoría de países latinoamericanos y caribeños –encabezados por el presidente nicaragüense y jefe sandinista, Daniel Ortega– argumentó que la readmisión de Cuba debía ser sin condiciones. “A la hora de exigir condiciones, Estados Unidos está muy aislado”, informó la agencia noticiosa AP.
Resulta preocupante que tantos Gobiernos de la región se mostraran dispuestos a avalar que un régimen totalitario se uniera a un organismo de democracias sin pedir a cambio compromisos sobre los derechos humanos. La resolución de la OEA de 1962 era muy clara: “el actual Gobierno de Cuba, que oficialmente se ha identificado como un gobierno marxista-leninista, es incompatible con los principios y propósitos del Sistema Interamericano”.
Casi medio siglo después, Cuba sigue siendo un gobierno comunista que no tolera la disidencia y que encarcela a sus opositores. Su sistema político continúa siendo, en 2009, igual de incompatible con “los principios y objetivos” de la OEA que en 1962. Además, los 34 Estados Miembros de la OEA se comprometieron a cumplir con la Carta Democrática Interamericana adoptada en 2001. Su lenguaje es inequívocamente claro: “Los Estados Miembros reafirman su intención de fortalecer el sistema interamericano de protección de los derechos humanos para la consolidación de la democracia en el Hemisferio”.
Abrir las puertas de la OEA a una dictadura, equivale a burlarse de esas palabras. Pero la ausencia de La Habana de la organización se había convertido en una obsesión regional. Es evidente que las presiones para que Cuba volviera a la OEA forman parte de un esfuerzo más amplio para acabar con el aislamiento de ese régimen.
Si los Gobiernos patrocinadores del reingreso se preocuparan más por las severas violaciones de los derechos humanos en Cuba gozarían de mayor credibilidad. Desgraciadamente, ya se ha vuelto costumbre en los foros regionales denunciar acremente el embargo estadounidense, pero callar cuando se trata de criticar la represión cubana o, para los mismos efectos, el aplastamiento de los derechos fundamentales en Venezuela, Nicaragua y Bolivia.
Vergonzoso. El abandono de la oposición antichavista no es ciertamente algo que pueda enorgullecer a América Latina. Algunos de los líderes actuales de la región –incluido el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y la chilena Michelle Bachelet– fueron en su día disidentes demócratas que luchaban contra dictaduras y en aquellos tiempos recibieron el apoyo de los demócratas venezolanos. Hoy, cuando la democracia venezolana se hunde bajo las botas de un dictador, la mayoría de los Gobiernos guarda silencio.
La transformación política de América Latina fue, sin duda, uno de los grandes logros de finales del siglo XX. Pero ahora, mientras Haití se hunde en su tragedia y la libertad es atropellada en Venezuela y otros países, muchos políticos en la región han decidido que tenderle la mano a una satrapía estalinista es más importante que ayudar a una nación misérrima o defender la democracia. Deberían avergonzarse.
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